Sentencia de Tutela nº 744/09 de Corte Constitucional, 19 de Octubre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 208168071

Sentencia de Tutela nº 744/09 de Corte Constitucional, 19 de Octubre de 2009

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RESUMEN

Vida, salud, dignidad, igualdad. La defensoría del pueblo actúa en representación del señor edward barrios quien se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de combita, el representado presenta un delicado estado de salud y el médico del establecimiento, recomendó remitirlo a una institución de salud psiquiatrica del circuito penitenciario, la defensoría del pueblo, ha solicitado al ... (ver resumen completo)

ÍNDICE
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T-744-09 Sentencia T-744/09 Sentencia T-744/09

DERECHOS DEL INTERNO-Relación especial de sujeción con el Estado

DERECHOS DEL INTERNO-Goza de mayor o menor restricción de acuerdo a las circunstancias específicas

DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Ambito de protección y acceso a los servicios de salud que requieran/DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Atención oportuna, idónea, eficaz y continua

DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Vulneración por cuanto el INPEC no le ha brindado atención médica adecuada para su enfermedad mental ni ha ordenado su traslado a una institución psiquiátrica

Los médicos consideraron que el interno requería ser trasladado a una institución psiquiátrica del circuito penitenciario. Observa la Sala que, a pesar de los conceptos médicos existentes, el INPEC no tomó ninguna medida al respecto, ni siquiera atendió los requerimientos presentados por la Defensoría del Pueblo para que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida, salud e integridad del recluso, ni muchos menos, ordenó su traslado a un centro psiquiátrico en el que se le pudiera prestar la atención necesaria para la enfermedad mental que padece. Por lo anterior, encuentra esta Corporación que el INPEC, con su conducta omisiva, desconoció la obligación que le asiste de garantizar el derecho a la salud de quienes, por causa del poder punitivo del Estado, se encuentran privados de la libertad. Ello, como quiera que la entidad, conociendo los conceptos médicos que daban cuenta del estado de salud del actor, no ordenó la práctica del correspondiente dictamen médico legal, ni, de ser necesario, dispuso su traslado a un centro médico idóneo, que le pudiera prestar un tratamiento especializado y adecuado para la enfermedad mental que lo aqueja.

Referencia: expediente T-2.268.653

Accionante:

Blanca Patricia Villegas de la Puente, Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en nombre y representación de Edward Orlando Barrios Arias

Accionado:

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-

Magistrado Ponente:

Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil nueve (2009).

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente,

SENTENCIA

dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a partir de la acción constitucional de tutela promovida por Blanca Patricia Villegas de la Puente, Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en nombre y representación de Edward Orlando Barrios Arias, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.

I. ANTECEDENTES

  1. La solicitud

    El 9 de marzo de 2009, Blanca Patricia Villegas de la Puente, Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, presentó acción de tutela en nombre y representación del recluso Edward Orlando Barrios Arias, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad que, según afirma, le vienen siendo vulnerados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, debido a que esa entidad, conociendo las enfermedades mentales que padece el interno, no ha ordenado su reubicación en un centro de rehabilitación de salud mental, cerca de su núcleo familiar, para que se le brinde un tratamiento adecuado.

  2. Reseña Fáctica

    2.1 El señor Edward Orlando Barrios Arias fue condenado a la pena privativa de la libertad de 30 años de prisión, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Pena que cumplía, al momento de la presentación de esta acción de tutela, en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander.

    2.2 El Doctor Ángel Francisco Acevedo Pabón, médico del Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá, el 24 de noviembre de 2007, encontró que el interno presentaba un “Estado General de salud REGULAR. Paciente con evolución satisfactoria y pronóstico MALO, para futuro de no ser manejado por médico psiquiatra en institución nivel III-IV ibídem. Pendiente remisión a institución de salud psiquiatrita del circuito penitenciario y determinar diagnostico que a continuación se mencionan:

  3. EZQUIZOFRENIA EBEFRENICA? EN TRATAMIENTO

  4. TRANSTORNO AFECTIVO BIPOLAR? EN ESTUDIO

  5. HISTERIA LEVE A MODERADA.

  6. CLAUSTROFOBIA SEVERA

  7. HIPOCONDRIACO???. ”

    2.3 La Defensoría del Pueblo conoció de la condición médica del accionante, y desde el mes de noviembre de 2007 solicitó, en diversas oportunidades, al Instituto Nacional Penitenciario, en adelante INPEC, que, con carácter urgente, adoptará “las medidas necesarias para proteger la vida e integridad” del interno Edward Orlando Barrios Arias, y, específicamente, que lo remitiera a una Unidad de Salud Mental, conforme con lo previsto para el efecto por el artículo 107 de la Ley 65 de 1993.

    2.4 Posteriormente, el 2 de febrero de 2008, el Doctor Wilson Fernando Rodríguez Huertas, también, médico del Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá, confirmó el diagnostico inicial, en el sentido de considerar que el accionante sufría de:

    “1. Trastorno depresivo mayor.

  8. Riesgo suicida moderado secundario a 1.

  9. Gastritis crónica.”

    2.5 Para la Defensoría del Pueblo el INPEC “no ha atendido el estado de salud mental del interno Barrios Arias, conforme con las disposiciones legales para su tratamiento, ni las reiteradas solicitudes de la delegada para la Política Criminal y Penitenciaria (…), con vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana del recluso diagnosticado con trastorno mental”. En efecto, señala que, “en lugar de darle una ubicación adecuada para su rehabilitación al interno enfermo mental, la Dirección General del INPEC mediante las Resoluciones N° 5565 de junio 12 de 2007, la N° 14037 de diciembre 14 de 2007 y la N° 3656 de abril 2 de 2008, ha ordenado el traslado del (sic) Edgard (sic) Orlando Barrios Arias, a los establecimientos de reclusión de Combita, Boyacá; Valledupar, Cesar, y Girón, Santander, respectivamente, sin tener en cuenta el estado de salud mental del interno, que impone su traslado en (sic) un centro de salud mental.”

  10. Pruebas

    · Copia del oficio del 13 de noviembre de 2007, suscrito por la Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaría, dirigido al Director del Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá, en el que le solicita que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad, del interno Edward Orlando Barrios Arias (Folio 17).

    · Copia del oficio del 25 de marzo del 2008, en el que la Defensoría del Pueblo solicita a la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, el traslado del interno Edward Orlando Barrios Arias a una Unidad de Salud Mental (Folio 31).

    · Copia del Resumen de Historia Clínica y Dictamen de Estado de Salud General, Actual, de Edward Orlando Barrios Arias, elaborado el 24 de noviembre de 2007, por el médico Ángel Francisco Acevedo Pabón, profesional adscrito al Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá (Folios 20 y 21)

    · Copia del Resumen de Historia Clínica Actual del interno Edward Orlando Barrios Arias, elaborado el 2 de febrero de 2008, por el médico Wilson Fernando Rodríguez Huertas, profesional vinculado al Establecimiento Penitenciario de Combita, Boyacá (Folios 29 y 30).

  11. Consideraciones de la parte actora

    La Defensoría del Pueblo inicia por indicar que, conforme con la jurisprudencia constitucional, algunos de los derechos de las personas condenadas o detenidas preventivamente, están limitados por esa causa, sin que ello implique que se altere su núcleo esencial.

    Específicamente, con relación al derecho a la salud de quienes se encuentran privados de la libertad, señala que para la Corte Constitucional, tal garantía no se encuentra restringida por causa de la reclusión, y en consecuencia, le corresponde al Estado velar porque tal derecho sea respetado. Ello, teniendo en cuenta que, en la medida en que son sujetos que se encuentran privados de la libertad, “no pueden velar por sí mismos por su propia salud”.

    Por otra parte, manifiesta que “el concepto general de enfermedad mental, se encuentra que esta (sic) consiste en un desorden de la mente que interfiere con el comportamiento normal y hace la vida diaria más difícil. Esto trasladado al ámbito de cualquier establecimiento carcelario o penitenciario, sin duda se magnifica. Por ello el Estado, a través del INPEC, debe brindar a las personas que presentan tal cuadro clínico las condiciones mínimas de subsistencia que le permitan sobrellevar su padecimiento y asistirlo para reincorporarlo al entorno social y familiar.”

    En ese sentido, considera que le corresponde al INPEC, “atendiendo a los deberes de protección a su cargo, y frente a la protección especial que demandan los internos con enfermedad mental sobrevenida, debe diseñar políticas y adelantar programas a favor de este grupo especialmente vulnerable, garantizando una igualdad material real”.

    Indica que el sustento constitucional de su solicitud de amparo, radica en los artículos 13 y 47 Superiores, según los cuales, el Estado debe adelantar una política de rehabilitación de los disminuidos psíquicos. En aplicación de este mandato y, particularmente, para el caso de las personas privadas de la libertad, considera que por esa causa el legislador estableció, en el artículo 107 de la Ley 65 de 1993, que:

    “Si un interno presentare signos de enajenación mental y el médico del centro de reclusión...

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