Sentencia de Tutela nº 560/09 de Corte Constitucional, Agosto 06, 2009

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RESUMEN

Debido proceso. El actor comenta que fue adelantada en su contra una querella de lanzamiento, ante la inspección de policía accionada, la cual resolvió abstenerse de verificar el lanzamiento y dejar a las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria, la parte querellante interpuso recurso de apelación, la sala de decisiones de contravenciones civiles del consejo de justicia de bogotá, revocó la decisión y... (ver resumen completo)

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T-560-09 Sentencia T-560/09 Sentencia T-560/09

NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TERCERO CON INTERES LEGITIMO EN TUTELA-Personas determinadas o indeterminadas

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Concepto

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración

TEMERIDAD-Configuración

TEMERIDAD-Casos específicos en que no se configura

AUTORIDAD DE POLICIA-Función jurisdiccional en procesos posesorios

PROCESO POLICIVO-Naturaleza

PROCESO POLICIVO DE UNICA INSTANCIA

PROCESO DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Concepto

DEBIDO PROCESO EN QUERELLA POLICIVA DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Competencia

VIA DE HECHO EN PROCESO POLICIVO-Trámite de recurso de apelación no procedente

 

RATIO DECIDENDI-Precedente vinculante

PRECEDENTE O RATIO DECIDENDI-Conformación

PROCESO DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Son impugnables las decisiones

ACCION DE TUTELA-Improcedencia en proceso judicial de lanzamiento por ocupación de hecho puesto que el Código de Policía de Bogotá de manera expresa consagra el recurso para las actuaciones de los inspectores en los procesos policivos

Referencia: expediente T-2209517

Accionante:

Juan Eustacio Torres Acero

Demandado:

Inspección 9ª A de Policía  y

Consejo de Justicia de Bogotá

Magistrado Ponente:

Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009).

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial, las que le confiere el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,

SENTENCIA

Dentro del proceso de tutela identificado con el número de radicación T-2209517 instaurado por Juan Eustacio Torres Acero, contra la Inspección 9ª A de Policía  y el Consejo de Justicia de Bogotá.

I.   ANTECEDENTES

  1.      La solicitud

    Juan Eustacio Torres Acero, presentó, a través de apoderado judicial, el 27 de octubre de 2008, acción de tutela en contra de la Inspección 9ª A de Policía  y el Consejo de Justicia de Bogotá, para la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades accionadas debido a que tramitaron, dentro de un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho que se siguió contra el accionante, un recurso de apelación que no está previsto en el ordenamiento jurídico.

  2.       Información a los demandados y a terceros eventualmente afectados

    Mediante auto de 28 de octubre de 2008, la Juez 36 Civil Municipal de Bogotá, decidió asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia y ponerla en conocimiento de las entidades accionadas.

  3.       Contestación a la demanda

    La Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, intervino para oponerse a las pretensiones del tutelante.

  4. Los hechos

    4.1.   La Sociedad Constructora Los Sauces Ltda. instauró querella de Lanzamiento por Ocupación de Hecho contra Juan Eustacio Torres Acero y el proceso se adelantó ante la Inspección 9ª A Distrital de Policía.

    4.2.   La Inspección, mediante providencia de 17 de febrero de 2007, resolvió abstenerse de verificar el lanzamiento y dejar a las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos. Señaló que contra dicha providencia procedían los recursos de ley.

    4.3.   La parte querellante interpuso el recurso de apelación, el cual se surtió ante la Sala de Decisiones de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá, autoridad que revocó la decisión adoptada por la Inspección y le ordenó proceder a verificar el lanzamiento del señor Torres Acero y demás ocupantes indeterminados del predio.   

    4.4.   La Inspección 9ª A, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Justicia, el día 9 de julio de 2008, realizó el lanzamiento.

  5. Fundamento de la acción

    Para el accionante la normatividad vigente y aplicable al proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se encuentra en la Ley 57 de 1905 y el Decreto Reglamentario 992 de 1930, ordenamientos en los cuales se establece que contra las decisión proferida en dichos procesos no  procede recurso alguno. Esto es, señala el accionante, la ley ha previsto que este tipo de procesos son de única instancia.

    Agrega que es preciso tener en cuenta que el Consejo de Estado, en Sentencia del 19 de septiembre de 1975, anuló el artículo 7º  del Decreto 992 de 1930, que permitía la apelación de las providencias proferidas por el alcalde en las actuaciones de lanzamiento por ocupación de hecho.

    De este modo, sostiene, el Inspector 9º A Distrital de Policía, al disponer la procedencia de recursos contra la decisión que le ponía término a su actuación, creó una instancia no prevista en la ley e incurrió en vía de hecho.

    En el mismo defecto, prosigue, incurrió el Consejo Distrital de Justicia, al conceder el recurso de apelación y adelantar el trámite que culminó en la revocatoria de la decisión que había sido ilegalmente impugnada.

    Con el objeto de sustentar las anteriores consideraciones, el accionante transcribe los artículos 15 de la Ley 57 de 1905 y 1 y 13 del Decreto 992 de 1930, así como algunos apartes de sentencias de la Corte Constitucional en los que, por un lado, se fijan los alcances del derecho al debido proceso[1], y, por otro, se define la naturaleza del proceso policivo, y, en un caso similar al presente, se declaró la ocurrencia de una vía de hecho debido a que una Alcaldesa Municipal dio trámite a un recurso de apelación que no era procedente[2].     

     

    Para desvirtuar el argumento del Consejo de Justicia de Bogotá, conforme al cual su competencia para conocer de los recursos de apelación que se presenten contra las decisiones de los Inspectores de Policía en los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho se deriva del Código de Policía de Bogotá, argumenta que el recurso previsto en los artículos 191 y 219 de dicho Código (Acuerdo 79 de Enero 20 de 2003), no puede predicarse de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, puesto que los mismos han sido previstos por la ley como de única instancia, al punto que el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 dispone que la decisión final en esos procesos no es susceptible de recurso alguno.

    Concluye que es conocido el carácter residual de las normas de policía, razón por la cual el Código de Policía de Bogotá no puede establecer procedimientos diferentes a los fijados en normas de superior jerarquía. De acuerdo con la ley y con los principios procesales, prosigue, la segunda instancia es taxativa, sin que sea posible establecerla por fuera de los casos contemplados en la ley. Así, dice, no cabe establecer un recurso de apelación para procesos que, de acuerdo con la ley, son de única instancia.    

  6.      Pretensión

    Para la protección del derecho  fundamental que considera le ha sido vulnerado, el accionante solicita:

     

    1. Que se deje sin efecto la providencia mediante la cual el Consejo de Justicia de Bogotá ordenó a la Inspección 9ª A Distrital de Policía realizar el lanzamiento por ocupación de hecho, para que, en su lugar, el Consejo ordene que se reestablezca al accionante en la posesión que había venido ejerciendo.

    2. Que se disponga la indemnización en abstracto por el daño emergente que ha recibido desde el momento en el que, en una actuación claramente ilegal y arbitraria, se le privó de su legítimo derecho.  

  7.       Oposición

    La Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, se opuso a las pretensiones del tutelante, con base, fundamentalmente, en la consideración según la cual, por los mismos hechos, el peticionario ya había presentado otra acción de tutela por violación del debido proceso, que fue negada en las dos instancias,  y que, si bien, en esta oportunidad  la solicitud se refiere a un aspecto que no fue planteado en la primera solicitud de amparo, se trata de un asunto preexistente al momento en el que la misma se interpuso, razón por la cual  debió haber sido ventilado en ella, sin que quepa, una vez conocida la decisión de negar el amparo, presentar una nueva acción.       

    1.      TRAMITE PROCESAL

  8.       Primera instancia

    Mediante Sentencia del 11 de noviembre de 2008, el Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá decidió negar por improcedente la acción de tutela de la referencia.

    Consideró el juzgado que en este caso se configura el supuesto de actuación temeraria en el proceso de tutela, puesto que  ya el accionante había presentado, en relación con los mismos hechos, otra solicitud de amparo y que, “aunque los hechos relatados en aquella y las pretensiones difieren en parte con lo establecido en ésta, es claro que ambas tutelas tienen el mismo sustrato y van encaminadas a la realización del mismo fin, el cual es declarar sin efecto la providencia No. 49 del 24 de abril de 2008, y el amparo del mismo derecho constitucional, de tal manera que le sea permitida al accionante la posesión sobre el predio relacionado en los hechos  …”.     

    No obstante lo anterior, el juez hizo algunas consideraciones en torno al fondo del asunto, aspecto en relación con el cual señalo que en la actuación impugnada “… no se dan los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para que se configure la vía de hecho, pues de conformidad con lo establecido en los artículos 216 y 219 del Código de Policía de Bogotá, (Acuerdo 79 de 2003), la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del Consejo de Justicia de Bogotá D.C. es competente para conocer del presente asunto …”, en la medida en que allí se establecen los recursos que proceden contra las actuaciones de los funcionarios de policía, entre los cuales se encuentra el de apelación.    

    ...

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