Sentencia de Constitucionalidad nº 203/11 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2011

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RESUMEN

Ley 1395 de 2010. Por la cual adoptan medidas en materia de descongestión juiucial demanda de inconstitucionalidad contra un aparte de su artículo 49, inciso 3º, por el cual se modifica el artículo 93 del código de procedimiento del trabajo y la seguridad social. El aparte demandado es el siguiente: … si la demanda no reúne los requisitos, o. A juicio del demandante, el texto acusado vulnera los... (ver resumen completo)

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C-203-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-203/11

Referencia: expediente D-8237

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 49, inciso 3º de la ley 1395 de 2010, por el cual se modifica el artículo 93 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social

Actor: Edwing Jabeth Arteaga Padilla.

Magistrado Ponente:

JUAN CARLOS HENAO PEREZ

Bogotá, DC., veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

  1. Demanda y admisión

    El ciudadano Edwing Jabeth Arteaga Padilla, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 40 de la Constitución y fundamentando su actuación en el Decreto Reglamentario 2067 de 1991, instauró demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 49, inciso 3º de la ley 1395 de 2010, por considerar que tal disposición viola los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución.

    La demanda fue admitida mediante Auto del 2 de septiembre de 2010 (folio 9), que simultáneamente ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera concepto en los términos de los artículos 242-2 y 278-5 de la Carta Política . Además, se dispuso la comunicación de la iniciación del presente proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Protección Social, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Confederación General del Trabajo, a la Central Unitaria de Trabajadores, a la Confederación de Trabajadores de Colombia, a la Organización Internacional del Trabajo-Oficina Regional para los Países Andinos, a la Asociación de Abogados Laboralistas al Servicio de los Trabajadores, al Colegio de Abogados Laboralistas y a los decanos de las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, EAFIT, Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre las normas demandadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991. Finalmente, se fijó en lista para que cualquier ciudadano participara en el asunto. 

  2. Las normas demandadas

    A continuación se transcribe el texto de la disposición donde se encuentra la proposición acusada:

    Ley 1395 de 2010

    publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010

    “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”

    EL CONGRESO DE COLOMBIA

    DECRETA:

    Artículo 49 de la Ley 1395 de 2010: El artículo 93 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social quedará así: Repartido el expediente en la Corte, la Sala, dentro de los veinte días hábiles siguientes, decidirá si es o no admisible el recurso. Si fuere admitido, dispondrá el traslado al recurrente o recurrentes para que dentro de este término presenten las demandas de casación. En caso contrario se procederá a la devolución del expediente al sentenciador de origen.

    Presentada en tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se ajusta a los requisitos antes señalados. Si así lo hallare ordenará el traslado de ella a quienes no sean recurrentes, por quince días hábiles a cada uno, para que formulen sus alegatos.

    Si la demanda no reúne los requisitos, o no se presentare en tiempo, se declarará desierto el recurso, y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales.

    (El aparte resaltado es el que se acusa).

  3. Contenido de la demanda

    El actor estima que el aparte acusado vulnera los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución.

    En su concepto y con relación al artículo 13 Constitución Política , el precepto acusado contempla una misma sanción para dos situaciones diferentes: Una para el apoderado judicial que presenta la demanda de casación laboral sin el lleno de los requisitos formales y otra relacionada con su presentación extemporánea. De este modo, el ciudadano estima que el legislador vulneró el principio de igualdad, al juzgar de igual forma situaciones jurídicas distintas, pues no es admisible que tengan el mismo tratamiento la interposición de un recurso en el término legal pero sin los requisitos, que su no interposición por la negligencia de presentarlo en el término de ley.

    Lo anterior por cuanto “el derecho a la igualdad no solamente implica dar trato igual a personas o situaciones iguales, sino también dar un trato diferente a situaciones distintas”. Porque, sigue el actor, “si en el primer evento la demanda no reúne con [sic] los requisitos formales, es obvio, que la consecuencia debe ser la declaratoria de desierto del recurso, pero otra muy distinta es imponer una sanción pecuniaria idéntica a la que se le impone al apoderado que, conociendo cual [sic] es su oportunidad procesal, hace uso de un recurso cuando se ha vencido el término que le confiere la ley (…)” (folio 3).

    Por lo demás observa que la presentación del recurso de casación laboral por fuera del término, es “un asunto de valoración objetiva”, lo que no ocurre con respecto de los requisitos legales dispuestos para su sustentación, pues si bien están contemplados en la ley, su valoración “tiene un elemento muy subjetivo”.

    También expone el actor que el aparte acusado representa una violación a la igualdad en relación con el acceso a la casación en otras jurisdicciones. En efecto, afirma que la casación como recurso extraordinario reviste particularidades en cada jurisdicción, que en definitiva lo que reflejan es el acceso al máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, como órgano llamado a unificar la jurisprudencia. Sin embargo, lo previsto en el precepto acusado determina “una carga injustificada” sobre el recurrente que presenta una demanda que se estima no reúne los requisitos, “al castigarlo con una sanción económica por no cumplir con los requisitos legales” (folio 4), situación aún más gravosa cuando se trata de un conflicto de derecho público, que no se impone para los conflictos de derecho privado, como sucede en la casación civil, donde la falta de requisitos sólo acarrea declarar desierto el recurso y ordenar devolver el expediente al tribunal de origen.

    A este respecto precisa el ciudadano que “es absurdo que la disposición demandada imponga unas sanciones por falta de requisitos formales en un derecho que es de orden público, ‘proteccionista’ de los derechos de los trabajadores, mientras que en el régimen de derecho privado, en donde, por lo general son controversias patrimoniales, no exista[sic] una disposición de tal naturaleza, en el sentido que imponga una sanción a los profesionales del derecho por faltar a los formales [sic] para la presentación de un recurso de casación” (folio 4).

    Con relación al artículo 229 de la Constitución Política , observa el actor que no obstante al ser un recurso extraordinario, la existencia de requisitos tan gravosos para la demanda de casación laboral, restringen de forma injustificada la posibilidad que tiene un ciudadano para el acceso a la justicia. Con la medida que se acusa, dice la demanda, el legislador convierte a la Sala de Casación Laboral en una sala disciplinaria, que sanciona a los profesionales del derecho que, por alguna razón, no dieron forma apropiada al recurso. Destaca además que al ser los fines primordiales de la casación la unificación de la jurisprudencia nacional y la realización del derecho objetivo y al representar el derecho laboral un régimen novedoso y complejo, en especial en materia de seguridad social, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es la llamada a crear la jurisprudencia orientadora, que no se podrá obtener a través de la creación de restricciones irrazonables de acceso al recurso de casación.

    Finalmente, sobre el artículo 29 constitucional, dice el ciudadano demandante  que se vulnera con la disposición acusada, pues no se contempla recurso alguno contra la decisión que impone la multa por indebida presentación del escrito de solicitud de casación, lo cual, aún sin tratarse de una medida disciplinaria, en todo caso sanciona la actuación del abogado. Por ello estima que el legislador debió contemplar la posibilidad de controvertir la medida. “Esta disposición –concluye el actor- no hace sino afrentar en mayor medida la dignidad de los profesionales del derecho, quienes ahora podrían ser sancionados por ejercer en forma legítima su actividad profesional haciendo uso de los recursos conferidos por la Ley” (folio 6).

    Solicita en definitiva, declarar inexequible la expresión demandada del artículo 49 de la ley 1395 de 2010, o en su defecto, constitucionalmente condicionada bajo el entendido de que el recurso se declare desierto pero sin imponer sanción por causa de la inadmisión.

  4. Intervenciones

    4.1. Universidad Nacional de Colombia

    Mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2010, la Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar inexequible el precepto acusado (folios 36-41).

    A este respecto estima, siguiendo jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-596 de 2000), que las reglas del recurso de casación son de competencia autónoma del legislador dentro de los límites constitucionales. En ese orden, su incumplimiento debe traer las consecuencias que la misma ley establece, sin que con ello se vulnere el principio de prevalencia del derecho sustancial (sentencia C-446 de 1997).

    En todo caso se indica que existen mandatos en la Constitución que acotan el poder de configuración legislativa, como son los derechos, deberes, garantías, así como la razonabilidad de las normas en términos de los fines que se pretende alcanzar. Con base en lo anterior, encuentra que el aparte acusado, como elemento que ordena el procedimiento para el recurso de casación...

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