Sentencia de Tutela nº 557/11 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2011

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RESUMEN

Integridad física y psicológica, crecer en un ambiente de afecto, unidad familiar, solidaridad. El demandante convivió con su compañera permanente durante ochos años y en dicha unión fueron procreados dos hijos. La pareja se separó y los niños se radicaron con su madre en la ciudad de ocaña (norte de santander). Por posibles actitudes sexuales abusivas en contra de los menores, por parte del nuevo compañero de la... (ver resumen completo)

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T-557-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-557/11

Referencia: expediente T-2983421

Acción de tutela instaurada por Pedro contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal N° 4 de Ocaña (Norte de Santander).

Magistrada Ponente:

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil once (2011)

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

En el proceso de revisión del fallo proferido, en única instancia, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña el primero (1°) de febrero de 2011, dentro de la acción de tutela promovida por Pedro contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal N° 4 de Ocaña (Norte de Santander).

El expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio del Auto de diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011), proferido por la Sala de Selección Número Tres.

La Corporación ha adoptado como medida de protección de la intimidad de los menores involucrados en este proceso, suprimir de esta providencia y de toda futura publicación de la misma, sus nombres y el de sus familiares, al igual que los datos e informaciones que permitan su identificación. Debido a que son varias las personas a quienes se les debe suprimir el nombre y a la extensión de la sentencia, la Sala de Revisión ha preferido remplazar los nombres reales de los menores y sus familiares por nombres ficticios en lugar de cambiarlos por letras, como acostumbra a hacer la jurisprudencia constitucional en estos casos.[1] Cuando se trate de un nombre ficticio, éste se escribirá en cursiva y no se usarán apellidos.

I. ANTECEDENTES

Pedro interpuso acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la unidad familiar, así como el derecho de sus hijos menores de edad, Ana y Juan, a una protección especial, los cuales considera vulnerados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal N° 4 de Ocaña (en adelante ICBF), al haber otorgado la custodia provisional de sus hijos a Ruth, abuela materna de los menores, cuya titularidad radicaba en él, por orden judicial, y sin haberle notificado del inicio del procedimiento administrativo, ni de la decisión en él adoptada.

  1. Hechos

    1.1.   Pedro convivió con María durante ocho años, y en el seno de dicha unión permanente fueron procreados los menores Ana[2] y Juan[3], de 9 y 11 años de edad, respectivamente.

     

    1.2.   Los compañeros permanentes decidieron separarse y en el año 2007 María se radicó en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), junto con sus dos hijos menores.

    1.3.   El actor afirma que  el actual compañero permanente de la madre de sus hijos, “tenía actitudes sexuales abusivas con la niña y en presencia de los dos niños la pareja realizaba actos sexuales”[4], poniendo en peligro su integridad psicológica.

    1.4. En virtud de tal situación, el peticionario inició el proceso de custodia y cuidado personal de sus hijos. El conocimiento de la demanda correspondió al Juez Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña, el cual, mediante sentencia de 14 de septiembre de 2009,[5] decidió otorgarle la custodia y cuidado personal de los dos niños, con fundamento en el dictamen psicológico de 6 de mayo de 2009, en el que quedó registrada la descripción efectuada por la niña Ana, de la conducta del padrastro y para no separar a los dos hermanos. Como consecuencia de la decisión judicial, fueron trasladados a la ciudad de Bogotá, donde residían con su padre.[6]

    1.5. Pedro señala que en el mes de noviembre de 2010, al momento de terminación del año lectivo de sus hijos, en conversación sostenida con la madre de los menores, esta última le solicitó que los dejara pasar las vacaciones con ella en la ciudad de Ocaña, con el compromiso de regresarlos a Bogotá antes del 31 de diciembre siguiente. El accionante accedió a la petición y autorizó a los niños Ana y Juan a que viajaran a Ocaña a reunirse con su madre durante el período de vacaciones, siempre y cuando se quedaran en el domicilio de la abuela materna, no en el de la madre de los niños, para evitar su cercanía con el compañero permanente de esta última.

    1.6. El actor sostiene que la madre de los niños incumplió el compromiso al que habían llegado, por cuanto no regresó a los menores a la ciudad de Bogotá en la fecha acordada, esto es, antes del 31 de diciembre de 2010. María adujo para ello que en el mes de enero se radicaría de nuevo en la capital del país, y que viajaría con los niños en ese momento.

     

    1.7. Agrega que el 31 de diciembre de 2010, la madre de los niños, en compañía de Ruth, abuela materna de estos, acudió al ICBF, con el fin de solicitar su custodia y cuidado personal. El mismo día, afirma el accionante, la entidad accionada adoptó la decisión de otorgar su custodia provisional a la abuela de los niños, sin haberle notificado de las actuaciones adelantadas.

    1.8. Asegura el tutelante que viajó a la ciudad de Ocaña el 3 de enero de 2011 a recoger a sus hijos, en vista de que María no se los llevaba de nuevo a Bogotá. Indica que al llegar al domicilio de Ruth, abuela materna de los menores, descubrió que los niños no permanecían allí y que se habían quedado en el lugar de residencia de la madre y su compañero permanente, en desconocimiento de lo acordado verbalmente por los dos. Adicional a lo anterior, sostiene que al llegar el Policía de Infancia y Adolescencia, la señora Ruth exhibió la resolución del ICBF por la cual le fue otorgada a ella la custodia provisional de los menores.

    1.9. Pedro afirma que desde el momento en que le fue otorgada la custodia de sus hijos, la madre no ha cumplido con el pago de la cuota alimentaria fijada por el juez, bajo el argumento de que se encuentra desempleada.[7]

    1.10. Para finalizar, mantiene que los niños se encontraban en excelentes condiciones mientras vivieron con él en la ciudad de Bogotá, tal como da cuenta la historia socio familiar que obra en el Centro Zonal de Ciudad Bolívar del ICBF[8]. Además, considera que la interrupción en su proceso educativo es altamente perjudicial para ellos, pues los niños tenían un desempeño académico inmejorable en el colegio en que estudiaban en Bogotá,[9] y que el exitoso proceso escolar se verá truncado a causa de la arbitraria decisión del ICBF Centro Zonal N° 4 de Ocaña de darle la custodia provisional de los menores a la abuela materna.

    1.11. Por todo lo anterior, solicita la revocatoria del acto administrativo expedido por el ICBF de Ocaña, y que la custodia y cuidado de sus hijos menores sea restablecida en su favor, de conformidad con la decisión judicial proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa misma ciudad.

  2.   Respuesta de la entidad accionada

    2.1. El Defensor de Familia del ICBF Centro Zonal Ocaña, no se pronunció sobre la acción de tutela. Dio respuesta adjuntando copia de la Resolución N° 008 del 31 de diciembre de 2010, por la cual se otorgó de manera provisional la custodia de los niños Ana y Juan a la abuela materna, señora Ruth,[10] así como del informe psicológico sobre los menores.

    2.2. La Resolución se fundamenta en el informe psicológico que expresa que al momento en que agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia se presentaron en casa de la madre de los menores solicitando que fueran enviados de manera inmediata a la ciudad de Bogotá con su padre, por petición de este último, los niños entraron en pánico y manifestaron su deseo de permanecer junto a su progenitora y a su familia materna.[11]

  3. Sentencia de instancia

    El Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña, por sentencia del 1 de febrero de dos mil once (2011), negó el amparo solicitado por Pedro.

    Como fundamento de su decisión, el juez consideró que la actuación surtida por el ICBF no es vulneratoria de los derechos fundamentales de Pedro ni de sus menores hijos. Señaló que la Ley de la Infancia y la Adolescencia no estipula ningún procedimiento específico para que el ICBF asigne provisionalmente la custodia de un menor, por cuanto se toma sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes que pueden iniciarse y sólo cuando es imperioso intervenir en protección de los niños. De esta manera, el trámite necesario es el de constatar las situaciones amenazantes en que se encuentra un niño, lo cual, a su juicio, se llevó a cabo en el presente caso a través de la psicóloga que rindió el informe respectivo.

    De esta suerte, ante la premura de la situación y la inminencia del traslado de los menores a la ciudad de Bogotá a la casa de su progenitor, el ICBF debió dar una respuesta inmediata, más cuando los niños se encontraban en estado de pánico y solicitaron no ser trasladados.

    La decisión no fue apelada. 

II. ACTUACIÓN ADELANTADA Y DOCUMENTOS ALLEGADOS EN SEDE DE REVISIÓN

  1. Solicitud telefónica de información al ICBF Centro Zonal N° 4 de Ocaña

    1.1. La Corte Constitucional en el ejercicio de su función de Revisión de fallos de tutela ha considerado, en diversas oportunidades, que en ocasiones, para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales resulta pertinente, e incluso necesario, requerir información por vía telefónica a los peticionarios, sus familiares o a autoridades públicas sobre algunos aspectos fácticos puntuales que requieran mayor claridad dentro del trámite de la acción[12]. Esta decisión encuentra pleno sustento en los principios de celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad que guían la...

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