Auto nº 219/11 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2011

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RESUMEN

Con el presente auto la sala de seguimiento de la sentencia t-025 constata, que la declaratoria de estado de cosas inconstitucional continúa a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y de los resultados obtenidos, los cuales no alcanzan a demostrar  un avance sistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, ni... (ver resumen completo)

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A219-11 REPUBLICA DE COLOMBIA Auto 219/11

Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y autos 185 de 2004, 176, 177 y 178 de 2005, 218 y 266 de 2006, 233 de 2007, 116 de 2008, 008 y 011 de 2009, y 385 de 2010.

Seguimiento a las acciones adelantadas por el gobierno nacional para la superación del estado de cosas inconstitucional, declarado mediante sentencia T-025 de 2004.

Magistrado Ponente:

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil once (2011)

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2009 y sus autos de cumplimiento, integrada por los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

  1. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”[1] En desarrollo de esta norma, la Corte Constitucional ha proferido, además de la sentencia T-025 de 2004, numerosos autos de seguimiento respecto de las medidas adoptadas para la superación del estado de cosas inconstitucional, así como para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

  2. Dada la importancia de la efectividad de la protección de los derechos de la población desplazada y la magnitud del proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, la Sala Plena de esta Corporación creó una Sala Especial de Seguimiento, la cual ha mantenido y mantendrá su competencia para tal efecto hasta la superación del estado de cosas inconstitucional, tal como lo dispone el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

  3. La Sala Especial de Seguimiento continúa evaluando el estado actual de las principales problemáticas que afronta la población desplazada en el país, así como los avances, obstáculos y retrocesos que han surgido en la reformulación, ajuste e implementación de cada uno de los componentes de la política pública en materia de atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado, con el fin de adoptar medidas correctivas y eficaces para avanzar de manera acelerada en la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado y en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada por la violencia.

  4. Tal como ha sido señalado por la Corte Constitucional en varios autos de seguimiento, el criterio para declarar la superación del estado de cosas inconstitucional no es la realización de un esfuerzo presupuestal específico, el rediseño de políticas públicas, la expedición de nuevas y mejores leyes, la creación de macro estructuras administrativas, la entrega periódica de asistencia en especie o en dinero a las víctimas del desplazamiento, o el simple paso del tiempo, sino la garantía efectiva de los derechos de la población desplazada. En esa medida, dado que una de las razones para reconocer la existencia de un estado de cosas inconstitucional fue la vulneración generalizada y reiterada de los derechos de la población desplazada por la ausencia de políticas públicas idóneas, por la falta de capacidad institucional para atender adecuadamente a esta población y por la insuficiencia de los recursos asignados para la atención de este amplio grupo poblacional, corresponde a la Corte Constitucional verificar que las acciones adoptadas por el gobierno con la finalidad de atender la problemática del desplazamiento, conduzcan efectivamente al goce efectivo de los derechos de esta población.

  5. En esa medida, la indagación por el goce efectivo de derechos se convierte en un asunto de la mayor relevancia: la superación de los problemas estructurales señalados en la sentencia T-025 de 2004 a partir de los análisis realizados por el gobierno mismo, por órganos de control, por organizaciones no gubernamentales y por organismos internacionales, únicamente puede verificarse cuando ello se traduce en la garantía efectiva de los derechos constitucionales. Por ello, ni la idoneidad o eficacia del diseño, la mejor ejecución y evaluación de las políticas públicas, el desbloqueo institucional, el mejoramiento de la coordinación institucional o el mayor esfuerzo presupuestal, pueden ser valorados en abstracto y sin referencia al mejoramiento efectivo de las condiciones bajo las cuales vive la población desplazada, en términos de dignidad, igualdad, libertad y seguridad. Tal como fue señalado en el auto 385 de 2010, “no podría admitirse que una política pública es idónea y eficaz en la protección de la población desplazada, si por otro lado no conduce a un goce efectivo de derechos; de igual modo, no podría considerarse que el esfuerzo y el manejo presupuestal es el adecuado, si por otro lado resulta insuficiente para asegurar los derechos constitucionales de la población afectada; y a la inversa, únicamente puede entenderse que existe un desbloqueo institucional y unas asignaciones presupuestales adecuadas, cuando tanto lo uno como lo otro se traducen y materializan en la garantía de derechos.”

  6. Es por ello que en el auto 385 de 2010 se solicitó expresamente al gobierno un pronunciamiento concreto sobre los siguientes aspectos:

    - La continuidad del Plan de Fortalecimiento Institucional presentado en los Informes del 30 de octubre de 2009 y 1 de julio de 2010 y el impacto de los cambios institucionales propuestos en los proyectos de ley que serán próximamente aprobados por el Congreso, en términos de adecuación de la capacidad institucional, coordinación institucional tanto entre las entidades que hacen parte del SNAIPD como con las entidades territoriales, la claridad sobre las competencias específicas en relación con la atención de la población desplazada, y la determinación de la responsabilidad para certificar el desempeño institucional del resto de entidades de conformidad con lo ordenado en el auto 008 de 2009.

    - La identificación de las posibles contradicciones del nuevo enfoque planteado con las exigencias constitucionales que ha señalado la Corte en relación con los problemas de registro, temporalidad de la ayuda, efecto reparador de programas de asistencia social brindados a la población desplazada, y de cesación de la condición de desplazado, así como una evaluación preliminar sobre el impacto de los cambios institucionales y de enfoque propuestos en términos de goce efectivo de los derechos de la población desplazada, así como la precisión del plan gubernamental para asegurar que los ajustes propuestos contribuyan al goce efectivo de los derechos de la población desplazada y a la superación del estado de cosas inconstitucional una vez se haya consolidado el proceso de reforma.

    - El mantenimiento del compromiso presupuestal y del ritmo de apropiación presupuestal presentado por el gobierno el 1 de julio de 2010, así como los ajustes propuestos para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y para avanzar hacia la superación del estado de cosas inconstitucional.

    - La valoración, en el marco de los procesos de retorno y reubicación, del impacto de los cambios en la estructura demográfica de los entes territoriales por razón del desplazamiento forzado interno, en términos de los montos asignados por el Sistema General de Participaciones a las entidades territoriales.

    - La forma como se incluirá expresa y específicamente a la población desplazada en las iniciativas legislativas propuestas en materia de desarrollo, generación de ingresos, atención integral, servicios sociales, de tal manera que sea posible identificar y hacer seguimiento específico en términos de impacto en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y de superación del estado de cosas inconstitucional.

    - El impacto de las iniciativas legislativas en los mecanismos existentes para garantizar la vida, la seguridad y/o los bienes de la población desplazada, así como en términos de articulación entre las distintas entidades que hacen parte del SNAIPD, y la valoración de los riesgos y las medidas que serán adoptadas para reducir el eventual daño que produzcan tales acciones en términos de goce efectivo de los derechos de la población desplazada y de superación del estado de cosas inconstitucional.

    - El ritmo, las metas, las prioridades y las responsabilidades estatales para la superación del estado de cosas inconstitucional y el avance en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, dados los cambios propuestos.

  7. En respuesta a la solicitud hecha por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional remitió un informe el pasado 16 de marzo, propuso una nueva metodología orientada a garantizar la atención integral básica de la población desplazada por la violencia, basada en la integralidad, es decir en “la articulación de esfuerzos institucionales, sectoriales y oportunidades de complementariedad para garantizar los mínimos de protección que siempre deben ser satisfechos por el Estado a esta población.” Para tales efectos, presenta cambios en varios subcomponentes de la política. Así, si para el 2009 se tenían cinco subcomponentes que integraban la atención integral,[2] para el 2011 se reducen a 4 componentes.[3]

  8. Justificándose en el capítulo IV del Plan Nacional de Desarrollo donde se aborda la política para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia y en la revisión del anexo 5 de la Sentencia T 025 de 2004 y el análisis de los informes de Gobierno Nacional presentados durante el 2009 y 2010, y con el ánimo de responder de manera integral y acorde con las necesidades y vulnerabilidades de la población víctima de desplazamiento...

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