Sentencia de Tutela nº 583/11 de Corte Constitucional, 27 de Julio de 2011

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RESUMEN

Debido proceso, mínimo vital y salud. El accionante ostenta la calidad de pensionado en virtud de una sentencia proferida por la jurisdicción ordinaria laboral, en la cual se ordenó a la empresa accionada pagar la pensión de vejez a favor del actor, como sanción moratoria por no haber cancelado el pago de sus prestaciones sociales. Mediante la presente acción de tutela, se reclama el pago... (ver resumen completo)

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T-583-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-583/11

Referencia: expediente T- 3.021.116

Acción de Tutela instaurada por Alfredo de Jesús Miranda Orozco en contra de Fábrica de Muebles Barranquilla – Juan B. Arguello e Hijos Ltda.

Magistrado Ponente:

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011)

La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política , ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de revisión de la Sentencia proferida el veinte (20) de enero de dos mil once (2011) por  el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Barranquilla, en cuanto denegó la tutela incoada por el señor Alfredo de Jesús Miranda Orozco contra Fábrica de Muebles Barranquilla – Juan B. Arguello e Hijos Ltda. 

  1. ANTECEDENTES

    De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional, mediante Auto del quince (15) de abril de dos mil once (2011) escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.

    De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.

    1.1. SOLICITUD

    El señor Alfredo de Jesús Miranda Orozco, demanda al juez de tutela proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la salud presuntamente vulnerados por la Fábrica de Muebles Barranquilla – Juan b. Arguello e Hijos Ltda., al no cancelar en forma oportuna y completa su mesada pensional.

    Sustenta su solicitud en los siguientes hechos y argumentos de derecho:

    1.1.1. Hechos y argumentos de derecho

    1.1.1.1. Relata que en virtud de Sentencia del 19 de mayo de 2005 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso ordinario adelantado en contra de la Fábrica de Muebles de Barranquilla – Juan B Arguello e Hijos Ltda., se le reconoció y ordenó a la parte demandada el pago de su pensión de vejez, a partir del 24 de febrero de 2004 y en cuantía igual al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, con sus respectivos incrementos anuales. Dicha providencia no fue recurrida dentro de su oportunidad legal.

     

    1.1.1.2. Indica que la empresa accionada nunca ha cancelado el pago de las prestaciones sociales que debían ser canceladas una vez ejecutoriada la sentencia, como la sanción moratoria por el retardo en la cancelación.

    1.1.1.3. Afirma que la Fábrica de Muebles Barranquilla se ha limitado a pagar ocasionalmente sumas por el valor de $50.000, $30.000 o $70.000 pesos semanales, sin que nunca se le haya cancelado a cabalidad su mesada pensional, alegando para ello que la empresa atraviesa por una grave crisis económica.

    1.1.1.4. Manifiesta que la falta de pago oportuno y completo de su pensión de vejez afecta gravemente su derecho fundamental al mínimo vital, teniendo que recurrir a la ayuda económica de sus hijos para su subsistencia y la de su esposa, quien no percibe renta alguna y depende en forma exclusiva de él.

    1.1.1.5. Enfatiza que la crisis económica que alega está atravesando la empresa accionada, no la exime de la obligación de pagar en forma oportuna e integral su pensión de jubilación.   

    1.1.1.6. Por lo expuesto, solicita al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar a la empresa demandada cancelar las prestaciones sociales dejadas de percibir y la cancelación oportuna y cabal de su mesada pensional. 

    1.2. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

    Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Barranquilla procedió a admitirla y ordenó correr traslado a la Fábrica de Muebles Barranquilla – Juan B Arguello e Hijos Ltda., quien guardó silencio frente al requerimiento del juez de tutela.

    1.3. PRUEBAS DOCUMENTALES

    En el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:

    1.3.1. Copia de la Sentencia 0-113-2005 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, que en su parte resolutiva señala: 1° CONDÉNESE  a la demandada FÁBRICA DE MUEBLES DE BARRANQUILLA – JUAN B ARGUELLO E HIJOS LTDA, a reconocer y pagar al actor, señor ALFREDO DE JESÚS MIRANDA OROZCO, una pensión vitalicia de vejez a partir del 24 de febrero de 2004 y en cuantía igual al salario mínimo legal mensual vigente con sus incrementos anuales y mesadas adicionales.

    1.3.2. Recibos de pago a nombre del señor Alfredo Miranda por concepto de pagos fraccionados de su mesada pensional[1]. 

    1.3.3. Declaración juramentada extraproceso rendida por el señor Alfredo de Jesús Miranda Orozco en la que certifica que convive en unión marital de hecho desde hace 55 años con la señora Gilma Miranda Hernández, quien depende económicamente y en forma exclusiva de él.

  2. DECISIONES JUDICIALES

    2.1. DECISIÓN ÚNICA DE INSTANCIA – JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA.

    El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Barranquilla, mediante sentencia proferida el veinte (20) de enero de dos mil once (2011), decidió denegar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Alfredo de Jesús Miranda Orozco, con fundamento en los siguientes argumentos:

    Inicialmente, resaltó la procedencia de la acción de tutela frente a particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente un interés colectivo, o, como en el caso objeto de estudio, respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión. 

    No obstante, advirtió que en el sub examine lo perseguido por el accionante es el pago de acreencias laborales, derivadas de la sentencia proferida en el curso del proceso ordinario laboral fallado a su favor. Lo anterior, deviene en la improcedencia de la tutela, en virtud de la existencia de otros medios de defensa judicial, de conformidad con lo reiterado por el máximo Tribunal Constitucional, quien ha indicado que dado el carácter excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos, la acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico[2]. 

     

    Por otro lado, pese a reconocer la procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales cuando se configura un perjuicio irremediable, arguyó que esta circunstancia no implica que deba soslayarse el requisito general de la inmediatez, el cual junto con la subsidiaridad son características ineludibles de la acción constitucional impetrada. 

     

    En esta medida, concluyó que no se cumple con el requisito de la inmediatez, teniendo en cuenta que la providencia mediante la cual se reconoció a favor del accionante su derecho pensional data del año 2005 y la presentación de la acción de tutela sólo se dio hasta el 14 de diciembre de 2010, tiempo que sobrepasa el plazo razonable para la interposición de la acción.

  3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

    3.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD.

    La Sala Séptima de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia.

    3.2.    PROBLEMA JURÍDICO

    El señor Alfredo de Jesús Miranda Orozco ejerce la acción constitucional de tutela con el objeto de solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la salud, toda vez que la empresa Fábrica de Muebles Barranquilla- Juan B Arguello e Hijos Ltda., se ha negado a cancelar en forma oportuna y completa su mesada pensional.

    Expone el demandante que ostenta la calidad de pensionado en virtud de sentencia proferida por la jurisdicción ordinaria laboral, en la cual se ordenó a la accionada el pago de la pensión de vejez a favor del actor, providencia que no fue impugnada por la empresa demandada y, sin embargo, ha hecho caso omiso a lo allí ordenado aduciendo problemas económicos y presupuestales.

    En el asunto de la referencia, la Sala debe establecer si la empresa Fábrica de Muebles Barranquilla – Juan B Arguello e Hijos Ltda., ha vulnerado los derechos fundamentales del peticionario, al cancelar en forma fraccionada e incompleta las mesadas pensionales a que tiene derecho.

      

             Con el fin de solucionar el problema jurídico, esta Sala estudiará: primero, la procedencia de la acción de tutela contra particulares; segundo, el requisito de la inmediatez; tercero, la procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de fallos judiciales y; cuarto, el caso concreto.

     

    3.2.1. La procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando el afectado se encuentra en estado de indefensión

    Antes de avanzar en el análisis sustancial del asunto que ahora ocupa a esta Sala, es necesario analizar sumariamente la procedencia de la acción de tutela contra particulares, toda vez que la presente actuación se encuentra dirigida contra una empresa privada, esto es, la Fábrica de Muebles Barranquilla – Juan B Arguello e Hijos Ltda.

    Inicialmente ha de señalarse que el artículo 86 de la Carta Política en su inciso primero, de manera general, establece:

    Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

    Por su parte, el referido artículo contempla en su quinto...

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