Sentencia de Tutela nº 411/11 de Corte Constitucional, 17 de Mayo de 2011

1. Hechos

   El señor R.H.R., quien argumenta que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, presentó acción de tutela solicitando que se le ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida digna, a la libre escogencia de régimen pensional y a la protección de los derechos adquiridos, los cuales consideró vulnerados por el Instituto de los Seguros Sociales – ISS, al no dar respuesta a su solicitud de traslado al régimen de prima media con prestación definida.

   El accionante fundamentó su solicitud en los siguientes hechos:

   1.1. R.H.R. nació el 27 de septiembre de 1949[1] y el 11 de julio de 1973 se afilió al Instituto de Seguros Sociales.[2] El 28 de abril de 1998 se vinculó al fondo de pensiones administrado por Colfondos y, finalmente, el 26 de abril de 2006 se trasladó nuevamente al Instituto de Seguros Sociales.[3]

   1.2. El 30 de septiembre de 2009, el actor radicó ante el Instituto de Seguros Sociales solicitud de reconocimiento y pago de su pensión de vejez, argumentando que cumplía con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta que era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

   1.3. El Instituto de Seguros Sociales mediante Auto de Competencia No. 115 del 4 de diciembre de 2009,[4] negó el reconocimiento de la pensión de vejez argumentando que el tutelante se había trasladado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, razón por la cual fue incluido en el Comité de Múltiple Afiliación, instancia que consideró que “[…] la entidad competente para atender [la] solicitud de reconocimiento y pago de la pensión es la A.F.P. COLFONDOS; y no el ISS”.[5] Esta decisión tuvo como fundamento lo establecido en la Ley 797 de 2003 en la que se establece que, el afiliado que le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez no podrá trasladarse de régimen. En consecuencia, el Instituto de Seguros Sociales ordenó la devolución de los documentos contentivos de la solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de vejez del actor.

   1.4. El 25 de junio de 2010, el señor R.H.R. presentó un derecho de petición ante el Departamento de Multiafiliación del Instituto de Seguros Sociales, solicitando el traslado al régimen de prima media con prestación definida, argumentando que se acogía a lo dispuesto en la sentencia C-1024 de 2004 ya que reunía los requisitos para acceder al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El tutelante informó que al momento de interponer la acción de tutela no había recibido una respuesta de fondo a su petición por parte del Instituto de Seguros Sociales.

   1.5. El 6 de julio de 2010, el actor radicó un derecho de petición ante Colfondos solicitando el retiro del régimen de ahorro individual con solidaridad y el traslado al régimen de prima media. Esta solicitud fue respondida por Colfondos mediante comunicación del 23 de julio de 2010, en la que se reitera que el 26 de abril de 2006 se trasladaron los aportes del actor al Instituto de Seguros Sociales por petición expresa de esta última entidad.[6]

   1.6. Con fundamento en los anteriores hechos, el tutelante solicita que se ordene al Instituto de Seguros Sociales autorizar el traslado de su afiliación al Sistema de Seguridad Social, del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida. Como petición subsidiaria, el actor solicitó que se deje sin efectos el Auto de Competencia No. 115 del 4 de diciembre de 2009, por el cual el Instituto de Seguros Sociales resolvió la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor R.H.R., y que se ordene a la entidad accionada que profiera un nuevo acto administrativo reconociendo su derecho a la pensión de vejez.

2. Actuación adelantada por el juez de primera instancia

   El Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá mediante Auto del 10 de septiembre de 2010 admitió la acción de tutela, ordenó el traslado de la misma al Instituto de Seguros Sociales y vinculó al proceso a Colfondos.[7]

3. Respuestas de la entidad accionada y de la entidad vinculada

   3.1. La Compañía Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. (en adelante Colfondos) presentó informe sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela informando que el señor R.H.R. estuvo afiliado al fondo de pensiones por ellos administrado hasta el 26 de abril de 2006, fecha a partir de la cual fueron trasladados sus aportes al Instituto de Seguros Sociales.

   Con fundamento en lo anterior, la entidad vinculada manifestó que la resolución de la solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de vejez del actor le correspondía al Instituto de Seguros Sociales, no habiendo vulnerado los derechos fundamentales del actor y que la acción de tutela en su contra carecía de objeto. Por las razones anteriores, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.

   3.2. Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

4. Fallo de primera instancia

   El 16 de septiembre de 2010, el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá profirió sentencia tutelando el derecho de petición del señor R.H.R. y ordenando al Instituto de Seguros Sociales que en el término improrrogable de tres días contados a partir de la notificación de la sentencia, respondiera la solicitud de traslado al régimen de prima media con prestación definida presentada por el tutelante.

   El juez de instancia consideró que en el caso en estudio sólo era procedente el amparo del derecho de petición del actor, porque la solicitud de traslado de régimen pensional radicada por el tutelante el 25 de junio de 2010 no había sido respondida por el Instituto de Seguros Sociales dentro de los plazos legales y, sin esa respuesta, el juez de tutela no tiene argumentos para decidir si se han vulnerado o no los derechos invocados. Específicamente dijo:

   “[E]s oportuno destacar que, si bien el juez de tutela ha abordado el estudio de los traslados de los fondos privados al administrado por el ISS, ello lo ha sido cuando se ha producido una respuesta negativa en dicho trámite por alguna de las entidades participantes, por lo que no puede pretenderse que a través de este medio se aborde una respuesta que sólo le compete al ente territorial descentralizado por servicios”.[8]

   Adicionalmente, declaró la improcedencia de la acción de tutela en contra de Colfondos porque dicha entidad si dio respuesta a la petición presentada por el tutelante el 6 de julio de 2010.

5. Impugnación

   El señor R.H.R. impugnó el fallo de primera instancia argumentando que su pretensión principal era la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la libre escogencia de régimen pensional y a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida digna, por ello pide que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que autorice su traslado al régimen de prima media con prestación definida.

   Adicionalmente, informó que el 15 de septiembre de 2010, fecha posterior a la interposición de la acción de tutela, recibió respuesta del Instituto de Seguros Sociales a su derecho de petición, en la que se le informó que en el programa de consulta de Asofondos aparecía una solicitud de reconocimiento de su derecho a la pensión de vejez, razón por la cual debía esperar a que se resolviera primero dicha solicitud para posteriormente recibir respuesta a su solicitud de traslado de régimen.[9]

6. Sentencia de segunda instancia

   El 22 de noviembre de 2010, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia, porque consideró que a pesar de que la pretensión del tutelante es el reconocimiento de su derecho a la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, para que el juez de tutela pueda proteger sus derechos requiere “como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico la vulneración al demandante de un derecho fundamental o, por lo menos, la amenaza seria y actual de vulneración, circunstancia que en el caso concreto no se ha presentado, pues el Seguro Social no ha realizado actuación alguna en ese sentido luego de presentada la petición de reconocimiento y pago de la pensión de vejez que reclama R.H.R., razón por la cual no se puede aducir que desconoce los derechos invocados.”.[10]

   Con fundamento en lo anterior, el juez de segunda instancia consideró que el pronunciamiento solicitado debía girar en torno al derecho de petición, y teniendo en cuenta que el Instituto de Seguros Sociales para la fecha del fallo aún no había dado una respuesta de fondo, era necesario confirmar el fallo de primera instancia.

   2. Consideraciones y fundamentos 1. Competencia

   Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del caso y formulación del problema jurídico

   El Instituto de Seguros Sociales le negó al señor R.H.R. el reconocimiento de la pensión de vejez argumentando que dicha solicitud debía ser resuelta por Colfondos. Teniendo en cuenta lo anterior, el señor R.H.R. presentó un derecho de petición ante el Departamento de Multiafiliación del Instituto de Seguros Sociales solicitando que se admita su traslado al régimen de prima media con prestación definida, petición que no ha sido resuelta de fondo.

   Los jueces de instancia consideraron que en el caso en estudio se debía proteger el derecho de petición del tutelante, porque la pretensión del actor sólo se podía resolver hasta que el Instituto de Seguros Sociales profiera una decisión de fondo sobre el asunto.

   Sin embargo, la Sala de Revisión considera que la posible vulneración a los derechos fundamentales del actor se generó con el Auto de Competencia No. 115 del 4 de diciembre de 2009, expedido por la Jefe de Departamento de Atención al Pensionado de la Seccional Cundinamarca del Instituto de Seguros Sociales, en la cual se ordenó devolver los documentos contentivos de la solicitud pensional elevada por el actor, argumentando que el Comité de Multivinculación del Instituto de Seguros Sociales decidió que la entidad competente para atender la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión es la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y C.S.A. –C., pese a que en el año 2006 se autorizó el traslado de la afiliación del tutelante al Instituto de Seguros Sociales.

   En consecuencia, la Sala de Revisión deberá resolver el siguiente problema jurídico:

   ¿Vulnera una entidad encargada del reconocimiento y pago de derechos pensionales (Instituto de Seguros Sociales) el derecho fundamental a la seguridad social de un afiliado (R.H.R.) al no resolver la solicitud de reconocimiento y pago del derecho a la pensión de vejez presentada, argumentando que el tutelante estaba en situación de multiafiliación y era el fondo privado de pensiones al cual estuvo afiliado hasta el año 2006 (Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y C.S.A. –C.) quien debía resolver la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión, sin tener en cuenta que en el año 2006 el Instituto de Seguros Sociales autorizó el traslado de régimen pensional?

   Antes de abordar la resolución del anterior problema jurídico, la Sala verificará la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho a la seguridad social y la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto. En caso de resultar procedente, reiterará su jurisprudencia sobre la multiafiliación en el Sistema General de Pensiones, para finalmente, dar solución al problema jurídico planteado.

3. Procedencia de la acción de tutela para amparar del derecho a la seguridad social cuando se niega la pensión argumentando que el afiliado está en situación de múltiple afiliación

   En el caso en estudio, la Sala de Revisión encuentra que el señor R.H.R. es una persona que el 27 de septiembre de 2009 cumplió con la edad para adquirir el derecho a la pensión de vejez, bajo los requisitos del régimen de prima media con prestación definida[11] y desde ese momento ha solicitado el reconocimiento de su derecho, pero hasta la fecha el Instituto de Seguros Sociales y Colfondos se han negado a reconocerlo argumentando que el tutelante está afiliado a la otra entidad.

   En la sentencia T-686 de 2010 (MP. H.A.S.P., la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela que comparte grandes similitudes con el asunto objeto de estudio. En esa oportunidad, se estudió el caso de una persona de 61 años, que se afilió al Instituto de Seguros Sociales desde 1979 y, al cumplir 60 años de edad solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez, pero la administradora del régimen de prima media con prestación definida le negó el reconocimiento de su derecho argumentando que se encontraba en situación de múltiple afiliación y que su comité había decidido que la entidad encargada de asumir el pago de su pensión era la Administradora de Fondos de Pensiones Citicolfondos. En esa ocasión, al momento de estudiar la procedencia de la acción de tutela, la Corte consideró:

   “De otro lado, teniendo en cuenta que la consecuencia directa del problema administrativo de multiafiliación, ha sido la imposibilidad del demandante de gozar de su mesada pensional, se ve afectado su derecho al acceso a las garantías de seguridad social, con la consecuente amenaza de su mínimo vital. Esto, por cuanto se ha obligado al tutelante a soportar un perjuicio derivado de una situación administrativa que está fuera de su alcance, pues a su cargo está únicamente el deber de cotizar. Por ello el actor, al pretender certificar mediante los documentos allegados al expediente el cumplimiento de la edad y de las semanas cotizadas exigidas para acceder a su pensión, resulta en una situación que no es equitativa al encontrar que la entidad que recauda sus aportes no es la misma que tiene activa su afiliación, y que por ello no puede conseguir su pensión. Por supuesto lo anterior es razón suficiente para autorizar la intervención del juez de tutela, aunque no sobra señalar, que el caso también se considera constitucionalmente relevante en la medida en que su estudio se desarrolló equivocadamente a partir del análisis de líneas jurisprudenciales de esta Corporación relativas a la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales.”[12]

   En el caso en estudio, el Instituto de Seguros Sociales también le negó el reconocimiento de la pensión de vejez al señor R.H.R. argumentando que se encontraba en situación de multiafiliación, y que su Comité había decidido que la entidad que debía asumir el pago de su pensión era la AFP Colfondos, sin embargo, esta entidad argumenta que trasladó los aportes del actor al Instituto de Seguros Sociales desde el 26 de abril de 2006. En este caso, el actor argumenta que cumplió con los requisitos para que se le reconozca su derecho a la pensión de vejez hace más de un (1) año y seis (6) meses, solicitó el reconocimiento de su derecho en forma oportuna, pero las administradoras de los regímenes pensionales a las cuales ha estado afiliado ni siquiera han establecido cual será la entidad encargada del reconocimiento y pago de su pensión, retrasando en forma injustificada tal reconocimiento.

   En una situación como estas, la decisión de las administradoras de los regímenes pensionales a las cuales ha estado afiliado el señor R.H.R. de no tramitar su solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez afecta su posibilidad de acceder a las prestaciones que lo protejan contra las contingencias derivadas de la vejez, entre las cuales se encuentra su mesada pensional, situación que claramente amenaza su derecho fundamental al mínimo vital, y las cuales deben ser garantizadas en forma oportuna por el Sistema General de Pensiones teniendo en cuenta que el actor cumplió por más de treinta años con su deber de aportar al sistema.[13]

   Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el perjuicio que se le está causando al actor al impedirle acceder a su mesada pensional en forma oportuna es producto de una situación administrativa que está fuera de su alcance, pues desde el año 2006 se autorizó su regreso al régimen de prima media. Por lo tanto, obligar al actor a que inicie una acción judicial para que un juez declare una situación que quedó consolidada hace más de cinco (5) años, sería adoptar una decisión contraria a la equidad, pues se le estaría imponiendo una carga adicional a una persona que como el actor, ha sido respetuosa de sus deberes y que merece, de la misma manera, se le reconozcan en forma oportuna sus derechos. Por las razones expuestas, la Sala de Revisión considera que la acción de tutela es procedente para evitar que se continúen amenazando los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor R.H.R..

4. La multiafiliación en el Sistema General de Pensiones

   En el artículo 16 de la Ley 100 de 1993 se estableció que “[n]inguna persona podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema General de Pensiones”. La situación antes descrita ha sido denominada multiafiliación, y consiste en la afiliación simultánea de una persona a los dos regímenes pensionales que coexisten en estos momentos en Colombia, el régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales[14] y el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones creadas por autorización de la Ley 100 de 1993 tales como Colfondos.[15]

   Teniendo en cuenta que la Ley 100 de 1993 prohibió la multiafiliación pensional, pero por distintas razones, muchas personas quedaron afiliadas a los dos regímenes pensionales, situación que causó confusión sobre cuál era la administradora que debía responder por sus prestaciones,[16] el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 3995 del 16 de octubre de 2008 “[p]or el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993”, estableciendo los criterios para determinar cual es la afiliación válida en situaciones de múltiple vinculación.

   En el parágrafo del artículo 1 del mencionado Decreto, el Gobierno Nacional estableció que se excluiría de la aplicación de la norma a las personas “cuya situación de múltiple vinculación haya sido decidida conforme a las normas vigentes antes de la entrada en vigencia del presente Decreto.”[17]

   Igualmente, al consagrar los criterios de solución de las situaciones de múltiple afiliación, el Decreto 3995 de 2008 estableció:

   “El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos que establece la Ley 797 de 2003. Cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos previstos en la ley, esta última vinculación no será válida y el afiliado incurrirá en múltiple vinculación. La vinculación válida será la correspondiente al último traslado que haya sido efectuado con el cumplimiento de los términos legales antes de incurrir en un estado de múltiple vinculación.”

   Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Instituto de Seguros Sociales no resolvió la solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de vejez del señor R.H.R., argumentando que su Comité de Múltiple vinculación había decidido que la entidad encargada del reconocimiento y pago del derecho era Colfondos, es necesario establecer si efectivamente el peticionario se encontraba en una situación de múltiple vinculación, pues de lo contrario, será el Instituto de Seguros Sociales la entidad encargada de reconocerle y pagarle su derecho a la pensión de vejez, en aplicación del derecho a la libre escogencia de régimen pensional.

5. El traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida para los beneficiarios del régimen de transición. Reiteración de jurisprudencia.

   Esta Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el derecho de los beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a trasladarse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida cuando se afiliaron previamente al régimen de ahorro individual con solidaridad.

   Inicialmente, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-789 de 2002 sobre la constitucionalidad de los parágrafos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en los cuales se establecía que el régimen de transición no se aplicaría a las mujeres y los hombres que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tuvieran más de 35 y 40 años de edad respectivamente, cuando dichas personas se acogieran voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad, ni tampoco cuando decidieran cambiarse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida. En esa sentencia, la Corte declaró que las disposiciones demandadas no son aplicables a los trabajadores que hubieran cotizado más de 15 años al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, siempre que al momento de regresar al régimen de prima media con prestación definida: “a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media”.[18]

   Posteriormente, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse en la sentencia C-1024 de 2004[19] sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 797 de 2003, en lo referente a la modificación introducida por la mencionada norma al literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de establecer que el afiliado no podrá trasladarse de régimen pensional cuando le falten 10 años o menos para cumplir la edad mínima para tener derecho a la pensión de vejez. En esa sentencia, la Corte declaró la exequibilidad de la norma pero reiteró que “las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002”.[20]

   Sin embargo, en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 se estableció una diferencia en la distribución de las cotizaciones de los afiliados entre los dos regímenes pensionales,[21] lo cual hacía imposible que los beneficiarios del régimen de transición que quisieran regresar al régimen de prima media con prestación definida cumplieran con el requisito de trasladar sus ahorros en una suma equivalente al monto del aporte legal correspondiente en caso de que no se hubieran trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad.

   Esta dificultad fue estudiada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-062 de 2010,[22] en la cual se consideró que con la expedición del Decreto Reglamentario 3995 de 2008, en el que se estableció que el traslado de recursos del régimen de ahorro individual al régimen de prima media debe incluir los aportes de los afiliados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima[23] dejaba de existir la imposibilidad de cumplir con el requisito de trasladar los ahorros en una suma equivalente al monto del aporte legal correspondiente si el afiliado hubiera permanecido en el régimen de prima media. En consecuencia, la Sala Plena de esta Corporación reiteró su jurisprudencia establecida en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, señalando que: “algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la [L]ey 100 de 1993. Estas personas son las que cumplan con los siguientes requisitos:

   (i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.

   (ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual

   (iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media”.[24]

   Igualmente, la Corte señaló que no se podía negar a los beneficiarios del régimen de transición el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por no cumplir del requisito de la equivalencia del ahorro “sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media”.[25]

6. El Instituto de Seguros Sociales está vulnerando el derecho a la seguridad social del señor R.H.R. respecto de su derecho a la libre escogencia de régimen pensional, al no tramitar su pensión de vejez argumentando que se encontraba en situación de multiafiliación.

   6.1. El señor R.H.R. solicitó la protección de sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida digna, a la libre escogencia de régimen pensional y a la protección de los derechos adquiridos, los cuales consideró vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales, al negarle el traslado al régimen de prima media con prestación definida, sin tener en cuenta que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

   La Sala de Revisión considera que los derechos fundamentales del actor fueron vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales, con la expedición del Auto de Competencia No. 115 del 4 de diciembre de 2009, en el cual se ordenó devolver los documentos contentivos de la solicitud pensional elevada por el asegurado R.H.R., sin resolver la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez del actor.

   Ahora bien, tal como se señaló en el numeral 4 de la parte considerativa de esta sentencia, es necesario determinar si el señor R.H.R. se encontraba efectivamente en situación de multiafiliación, para así determinar si la decisión del Instituto de Seguros Sociales de negarse a tramitar la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez del actor estuvo justificada.

   Del análisis de los documentos que obran en el expediente, se encuentra que el señor R.H.R. es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque al 1 de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad,[26] había estado afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde el 11 de julio de 1973,[27] y para el 1 de abril de 1994, había cotizado al Instituto de Seguros Sociales 980 semanas aproximadamente.[28]

   Por lo tanto, pese a que el tutelante se afilió al régimen de ahorro individual el 28 de abril de 1998[29] y que al 26 de abril de 2006, momento en que se trasladó nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, le faltaban menos de 10 años para cumplir los requisitos para pensionarse,[30] el actor tenía derecho a que se aceptara su solicitud de traslado, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,[31] de lo cual se concluye que el traslado al régimen de prima media realizado el 26 de abril de 2006 es válido y debe producir efectos jurídicos.

   Por las razones anteriores, la Sala de Revisión considera que la decisión del Instituto de Seguros Sociales de no tramitar la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor R.H.R. vulnera su derecho a la seguridad social, porque el argumento de que Colfondos es la entidad responsable de reconocer y pagar la pensión de vejez del actor no tiene fundamento normativo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3995 de 2008. En este caso el tutelante no se encuentra en situación de multiafiliación, pues su solicitud de traslado al régimen de prima media con prestación definida presentada en el año 2006, fue decidida conforme a la normatividad legal aplicable a su caso.

   Por las razones expuestas, la Sala Primera de Revisión revocará los fallos de instancia proferidos por el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, los cuales tutelaron el derecho fundamental de petición del señor R.H.R. y, en su lugar, tutelará el derecho fundamental a la seguridad social del actor.

   En consecuencia, ordenará al Instituto de Seguros Sociales que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia, responda la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez del señor R.H.R., mediante el estudio de la misma en los términos legales y jurisprudenciales vigentes, haciendo caso omiso del concepto proferido por el Comité de Multiafiliación del Instituto de Seguros Sociales, y de encontrar que cumple con los requisitos para ello, sea reconocido su derecho e incluido en la nómina de pensionados.

   Por último, la Sala de revisión considera que el término razonable con el que cuenta el Instituto de Seguros Sociales para responder la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, es el correspondiente al de los derechos de petición contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Esto, porque la petición fue presentada el 30 de septiembre de 2009[32] y hasta la fecha no se ha tramitado la solicitud del actor y, porque en la parte considerativa de esta sentencia se aclaró que está vinculado actualmente con el Instituto de Seguros Sociales, de ahí que el estudio a cargo de la entidad accionada se debe limitar a determinar si el señor R.H.R. cumple con los requisitos legales para que se le reconozca su derecho a la pensión de vejez.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,