Sentencia de Tutela nº 192/12 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2012

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RESUMEN

Estabilidad laboral reforzada, seguridad social. Se interpone la acción de tutela para buscar la protección de derechos fundamentales vulnerados por la agrícola guacarí ltda., en tanto dio por finalizada la vinculación laboral suscrita con el actor, bajo el argumento de la terminación de la empresa y la firma de un acuerdo para finiquitar el contrato por mutuo acuerdo, sin que en dicha actuación... (ver resumen completo)

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T-192-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-192/12

(Bogotá D.C., marzo 12)

Referencia: expediente T- 3.249.494

Accionante: Marco Antonio Rodríguez Montaño

Accionado: Agrícola Guacarí Ltda.

Fallos de tutela objeto revisión: Sentencias proferidas por el Juzgado  Laboral del Circuito de Zipaquirá y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Cundinamarca.

Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO.

ANTECEDENTES

  1. Demanda de tutela[1].

    1.1. Derechos fundamentales invocados: el accionante interpuso acción de tutela contra la Empresa Guacarí Ltda. por considerar vulnerados sus derechos  a la  igualdad, vida digna, seguridad social, mínimo vital y estabilidad laboral reforzada asegurada a las personas con discapacidad física.

    1.2. Conducta que ocasionó la vulneración: El despido del accionante quien padece discapacidad por enfermedad profesional.

    1.3. Pretensiones del actor: (i) se tutelen los derechos invocados y en consecuencia se ordene a la empresa accionada el reintegro al cargo que desempeñó desde el 3 de noviembre de 1993 o aquél que la ARP Colpatria determine que pueda desarrollar de conformidad con su estado de salud; (ii) que se ordene a la empresa accionada pagar la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa.

    1.4. Fundamentos de la pretensión:

    Con fecha  3 de noviembre de 1993, el accionante suscribió contrato a término fijo por dos años con la empresa Agrícola Guacarí Ltda. Posteriormente fue vinculado por contrato a término indefinido a partir del 15 de Enero de 1997 para desarrollar labores de operario de cultivo.

    Como parte de los requisitos exigidos por la empresa para la celebración del contrato de trabajo, le fue practicado un examen médico de ingreso, el cual no arrojó ninguna novedad especial respecto a su sistema motriz.

    A mediados del mes de septiembre del año 2008 empezó a presentar serios problemas de salud relacionados con el túnel carpiano y con una discopatía lumbar. Desde el 26 de Mayo de 2009 los médicos determinaron incapacitarlo en forma continua por dos años, hasta el 24 de abril de 2011.

    El 30 de Octubre de 2009 la Administradora de Riesgos Profesionales Sura le notifica sobre la calificación de profesionalidad de la patología relacionada con el túnel carpiano, pero niega el carácter de profesional a la enfermedad referida a  la  discopatía lumbar.  Este dictamen  fue apelado en su momento teniendo en cuenta el trabajo desempeñado y los factores de riesgo a los cuales estaba expuesto el accionante. Con fecha 25 de febrero de 2010 la Junta Regional de  Calificación de Invalidez determinó lo siguiente :

    “ De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, en relación a la controversia en la calificación del origen de la patología: Discopatía múltiple, entre la ARP Sura y el trabajador, nos permitimos presentar la ponencia respectiva y determinar lo siguiente: Se   trata de trabajador expuesto a factor de riesgo ergonómico (levantamiento de carga flexión de tronco), que presenta desenlace plausiblemente relacionado (discopatia L4-L5, L5-S1) Nota: La discopatia hace mención a segmentos L4-L5 y L5- afectada por los factores de riesgo descritos concluyendo que: se trata de una enfermedad profesional.”

    Indica el accionante, que  la empresa accionada lo cambió a la ARP COLPATRIA, quien impugnó la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y el 28 de febrero de  2011, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen número 11338855 determinó:

             “Una vez revisados todos los elementos de carácter médico laboral obrantes en el expediente, considerando los argumentos de la impugnación, teniendo en cuenta el concepto de la terapeuta ocupacional de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se propone a los miembros de la primera sala calificar de la siguiente manera: con relación al origen de la patología discopatía degenerativa lumbar hernia discal L4 / L5, L5IS1 se tiene que:

             En relación al  factor de Riesgo Ergonómico Carga Física laboral el Estudio de Puesto de Trabajo evidencia asociación de postura, fuerza, movimiento durante la jornada laboral. Por lo anterior la SALA UNO de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez considera suficiente la frecuencia e intensidad del Factor de Riesgo Ergonómico Carga Física Laboral para relacionar con la patología en estudio. Diagnóstico: discopatía degenerativa lumbar hernia discal L4/L5, 15/SI Enfermedad Profesional.”

    Indicó el accionante que actualmente se encuentra en proceso la calificación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, razón por la cual la Administradora de Riesgos Profesionales aun no ha pagado ninguna prestación por este concepto.

    Pese a todo lo narrado y sin tener en cuenta que estaba incapacitado por dos años desde el mes de mayo de  2009, la empresa decidió invitarlo a renunciar a su puesto de trabajo. Esta propuesta fue rechazada  por el accionante, en razón a su estado de salud  y a la posibilidad de quedarse sin salario y desprotegido de la seguridad social.

    El 25 de abril de 2011 se reintegró a laborar con algunas recomendaciones médicas que hizo  conocer a la  jefe del área de Salud Ocupacional de la empresa Agrícola Guacarí; sin embargo,  se le dio la  orden de regresar  a su casa argumentando que no tenían puesto de trabajo adecuado para designarle. El 27 del mismo mes nuevamente se presentó a trabajar en el  turno de las 6 de la mañana y  tampoco le fue permitido el ingreso al sitio de trabajo.

    Señala el peticionario que ante esa precaria realidad y sintiéndose presionado para renunciar, con fecha 28 de abril de 2011 radicó ante el Ministerio de la Protección Social copia de un  derecho de petición[2] dirigido al Jefe de Talento Humano de la empresa Guacarí solicitando explicación sobre  el proceder de la empresa al no dejarlo trabajar y poniendo de presente la actitud de acoso laboral que  percibía en el comportamiento  de la misma.

    No obtuvo respuesta escrita, pero la jefe de personal de la empresa lo mandó a reintegrar el  día 3 de mayo de 2011. No obstante,  el 12 de mayo de 2011  recibe de la empresa nuevamente carta[3] de invitación firmada por el gerente general a una reunión  que tenía como finalidad presentar el “ Plan obligatorio de retiro voluntario”. En esta reunión recibió el accionante una liquidación  que según su parecer, no se ajustaba  a sus  derechos e incluso “no relacionaba el pago de las incapacidades causadas en ese momento.”

    Con posterioridad a esta reunión, se le dio la orden de ingresar nuevamente, pero se  suspendió el servicio de transporte. Esta situación duró hasta el 11 de julio de 2011, fecha en la cual le informaron que la empresa se había terminado y  debía por tanto presentarse a los diez días hábiles para firmar la carta de renuncia y/o acuerdo unilateral de terminación de contrato de trabajo; indica el accionante que en esa fecha se firmó un documento en donde se entendía que terminaban las labores de la empresa y que el contrato se finiquitaría  igualmente a los 10 días siguientes. Para esta época, aduce el accionante, pudo  constatar que la empresa no estaba pagando la seguridad social a la cual tenía derecho.

    -A los diez días del mes de agosto de 2011, se celebró una diligencia  en la Inspección del trabajo, Ministerio de la Protección Social de Zipaquirá, para atender “diligencia de carácter administrativo laboral”  sin que la empresa asistiera ni justificara ante esa entidad su inasistencia.

    -El día 11 de agosto de 2011, en la Inspección del Trabajo de Chía, en donde también se adelantó una diligencia para reclamar prestaciones laborales por parte de varios trabajadores de la empresa,  se hizo presente una funcionaria de la empresa accionada, quien le entregó una correspondencia y/o compromiso de abono de nomina de Junio 30 de 2011. Destaca el accionante, el hecho de que en el documento entregado no figuraba ya la empresa Guacarí Ltda. sino  Americaflor Ltda “lo que conlleva a pensar que todo lo que la empresa había  hecho era cambiar su razón social”.

    El accionante aportó como pruebas:[4]

    -Fotocopia de su cédula de ciudadanía

    -Copia de la calificación de enfermedad profesional emitida por la ARP SURA.

    -Copia de la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez  con fecha 28 de febrero de 2011.

    -Copia del documento de ARP Colpatria – concepto médico de aptitud laboral- de fecha 15 de abril de 2011.

    -Copia de derecho de petición de 28 de  abril de 2011 el cual se le dio a conocer al Ministerio de Protección Social de Zipaquirá por incluir aspectos relacionados con el “acoso laboral”.

    -Copia de la carta de invitación de la empresa Agrícola Guacarí LTDA. de fecha 5 de mayo de 2011 para proponerle un plan de retiro.

    -Copia de la diligencia en la Inspección  de trabajo de Zipaquirá- Ministerio de Protección Social- de fecha 10 de agosto de 2011 certificando  la inasistencia de la empresa accionada....

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