Sentencia de Constitucionalidad nº 1190/08 de Corte Constitucional, 3 de Diciembre de 2008
| Número de sentencia | 1190/08 |
| Número de expediente | D-7340 |
| Fecha | 03 Diciembre 2008 |
| Materia | Derecho Constitucional |
C-1190-08 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-1190/08
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL-Competencias para la determinación de su estructura/ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL-Modificación de estructura orgánica de las entidades que la conforman por el Gobierno
Existe una distribución de competencias entre las ramas legislativa y ejecutiva del poder público, en cuanto la Constitución Política le ha asignado al Congreso Nacional la facultad para crear, mediante ley, los organismos que hacen parte de la administración nacional debiendo señalar también sus objetivos generales y su estructura orgánica, y al P. de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria, la función específica de modificar tales entidades -ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, etc- atendiendo a las reglas y principios básicos que para tales efectos establezca el legislador.
CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia sobre decretos de naturaleza administrativa
DECRETO REGLAMENTARIO-Incompetencia de la Corte Constitucional
Los D. 990 y 991 de 2002, mediante los cuales se modifica la estructura y la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, fueron dictados con base en las facultades constitucionales y legales que le otorgan al P. de la República los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo o de conformidad con el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 54 y 115 de la Ley 489 de 1998, al tenor de cuya motivación resulta claro para la Corte que no constituyen, en manera alguna, decretos con fuerza de ley como tampoco decretos legislativos expedidos bajo el amparo de los artículos 212, 213 y 215 del mismo ordenamiento Superior, razón por la cual esta Corte carece de competencia para entrar a conocer y fallar de fondo respecto de éstos.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN ADMINISTRACION NACIONAL-Modificación de estructura con sujeción a principios y reglas que defina la ley
Esta Corte ha sido clara al expresar que de una interpretación sistemática del numeral 7 del artículo 150 CN y del numeral 16 del artículo 189 de la CN, se infiere que las facultades para expedir decretos o actos administrativos que modifiquen la estructura de las entidades u organismos administrativos de orden nacional son del resorte propio de las facultades ordinarias concedidas al Ejecutivo num. 16 del artículo 189 CN-, pero que no obstante dicha facultad se encuentra sujeta a los principios, objetivos y criterios generales y mínimos que previamente fije y determine el legislador, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política, parámetros que en el presente caso fueron fijados por el legislador en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR CARENCIA DE JURISDICCION
Referencia: expediente D-7340
Demanda de inconstitucionalidad contra los D. 990 y 991 del 21 de mayo de 2002
Demandante: M.A.P.J.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008)
La S. Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En ejercicio de la Acción Pública de inconstitucionalidad el ciudadano M.A.P.J. e l P.J. conclusiones de carsentados por los actores carecen de especificidadl juez nto privativa de l________, presentó demanda contra los D. 990 y 991 del 21 de mayo de 2002. Lo anterior, bajo el supuesto de que fueron dictados con base en las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, el cual fue declarado inconstitucional por esta Corte mediante la sentencia C-702 de 1999, y que por tanto tales decretos infringen la Constitución Política en sus artículos 150 num. 10, y 189, al adolecer de inconstitucionalidad por consecuencia.
Mediante auto del dieciocho (18) de julio de dos mil ocho (2008), fue inadmitida por el Despacho la demanda presentada por el actor, al no cumplir con el requisito señalado en el numeral 3 del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, concediéndosele al demandante un término de tres (3) días para que la corrigiera, de conformidad con lo expuesto en dicha providencia.
Dentro del término de ejecutoria del auto de inadmisión de la demanda, el ciudadano presentó escrito de subsanación de su libelo, el cual fue admitido mediante auto calendado el treinta y uno de julio de dos mil ocho (2008), por reunir las exigencias formales establecidas en el artículo 2 del decreto 2067 de 1991.
En consecuencia, se dispuso fijar en lista el presente proceso en la Secretaría General de la Corte por el término de (10) días para efectos de permitir la intervención ciudadana; correr traslado del expediente al P. General de la Nación para que emitiera el concepto de su competencia; comunicar la iniciación de este trámite al P. del Congreso, al P. de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, y al Departamento Administrativo de la Función Pública, para que si lo consideraban conveniente, intervinieran directamente o por intermedio de apoderado escogido para el efecto, indicando las razones que a su juicio, justificaban la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas; e invitar a participar a la Academia Colombia de Jurisprudencia, a las Facultades de Derecho de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Popular del C., de la Universidad del Norte y de la Universidad del Atlántico.
Surtidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de acción pública de inconstitucionalidad, esta Corte procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
Trascripción de las disposiciones normativas demandadas, acorde con su publicación en el Diario Oficial No. 44 809 del 23 de mayo de 2002:
DECRETO NUMER 990 DE 2002 (Mayo 21)
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
El P. de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
otorgan el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 105 de la
Ley 142 de 1994 y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
Que para efectos de modificar su planta de personal, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, presentó al Departamento Administrativo de la
Función Pública el estudio técnico de que tratan los artículos 41 de la Ley 443 de 1998
y 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998;
Que la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público otorgó la viabilidad presupuestal mediante el oficio número 16912 del
11 de marzo de 2002;
Que mediante el Decreto número ... de 2002, se modificó la estructura de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se determinaron las funciones
de sus dependencias;
Que el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, consagra los principios y reglas generales
conforme a los cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los
Organismos Administrativos del orden nacional;
Que el literal n) del precitado artículo prescribe que se deberá adoptar una nueva
planta de personal,
DECRETA:
CAPITULO I
Naturaleza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y principios que orientan su actuación
Artículo 1°. Funciones Presidenciales de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. El P. de la República ejercerá el control, la
inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos
domiciliarios y los demás servicios públicos a los que se aplican las Leyes 142 y
143 de 1994, 689 de 2001 y demás leyes que las adicionen, modifiquen o
sustituyan, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y, en especial, del Superintendente y sus D..
Artículo 2°. Naturaleza. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
es una entidad descentralizada de carácter técnico, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonial.
El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios obrará con plena
autonomía de criterio al cumplir las funciones que se derivan de la Constitución y
la ley.
Artículo 3°. Principios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en
desarrollo de la finalidad social del Estado, ejercerá la función Presidencial de
inspección, vigilancia y control, de acuerdo con el nivel de riesgo, características y
condiciones de las personas prestadoras, atendiendo los siguientes principios:
1. Garantía a los usuarios del acceso a los servicios y su participación en la
gestión y fiscalización de su prestación.
2. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.
3. Prestación continua e ininterrumpida de los servicios públicos domiciliarios, sin
excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o
de orden técnico o económico que así lo exijan.
4. Control y vigilancia de la observancia de las normas y de los planes y
programas sobre la materia.
5. Organización de sistemas de información, capacitación y asistencia técnica.
6. Respeto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista ninguna
práctica discriminatoria en la prestación de los servicios.
7. Integralidad de los análisis de gestión y resultados de los prestadores de
servicios públicos sometidos a su inspección, vigilancia y control.
8. Prevalencia del interés general sobre el interés particular en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios.
P.. La Superintendencia de Servicios Públicos aplicará los principios
contenidos en el capítulo primero del título preliminar de la Ley 142 de 1994,
cuando se presenten dificultades de interpretación al aplicar las normas sobre
servicios públicos y para suplir los vacíos que se presenten.
Artículo 4°. Dirección y representación legal de la Superintendencia. La dirección y
representación legal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
corresponde al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, éste
desempeñará sus funciones de control, inspección y vigilancia con independencia
de las Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos Domiciliarios y con la
inmediata colaboración de los Superintendentes D.. El Superintendente
será de libre nombramiento y remoción del P. de la República. El
Superintendente de Servicios Públicos es la primera autoridad técnica y
administrativa en el ramo del control, inspección y vigilancia de los servicios
públicos domiciliarios, sus actividades complementarias e inherentes.
P.. Los Superintendentes D. serán de libre nombramiento y
remoción por, parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
CAPITULO II
Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Artículo 5°. Funciones de la Superintendencia. Las personas prestadoras de
servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las hagan
sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, 689 de 2001 y demás leyes
que las adicionen, modifiquen o sustituyan, estarán sujetas al control y vigilancia
de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de ésta, las
siguientes:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte
en forma directa e inmediata a usuarios determinados y sancionar sus violaciones,
siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.
2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de
servicios públicos y los usuarios, apoyar las labores que en este mismo sentido
desarrollan los Comités Municipales de Desarrollo y Control Social de los servicios
públicos domiciliarios y sancionar sus violaciones.
3. Vigilar las empresas que no sean de servicios públicos en los términos del
artículo 73, numeral 2 de la Ley 142 de 1994.
4. Adelantar las investigaciones por competencia desleal y prácticas restrictivas de
la competencia de los prestadores de servicios públicos domiciliarios e imponer
las sanciones respectivas, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 142 de
1994.
5. Adelantar las investigaciones cuando las Comisiones de Regulación se lo
soliciten en los términos del artículo 73.18 de la Ley 142 de 1994 e imponer las
sanciones de su competencia. En este caso el Superintendente informará a las
Comisiones de Regulación sobre el estado y avance de dichas investigaciones,
cuando éstas así se lo soliciten.
6. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de
servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuerdo con los
indicadores definidos por las Comisiones de Regulación; publicar sus
evaluaciones y proporcionar, en forma oportuna, toda la información disponible a
quienes deseen hacer evaluaciones independientes.
7. Acordar programas de gestión con las empresas que amenacen de forma grave
la prestación continua y eficiente de un servicio, cuando así lo estime.
8. Imponer las sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar
sujetas en los términos del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y artículo 43 de la
9. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las
quejas de los usuarios.
10. Sancionar a las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuando no
apliquen al cobro de sus tarifas residenciales, las estratificaciones adoptadas por
decretos de los alcaldes, máximo cuatro (4) meses después de vencidos los
plazos previstos en el artículo 3° de la Ley 732 de 2002.
11. Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de
la comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten
en forma directa uno o más servicios públicos e invitar a una empresa de servicios
públicos para que ésta asuma la prestación del servicio en los términos del
numeral 6.4 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
12. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan
con los requisitos técnicos que hayan señalado los Ministerios.
13. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben
aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el
monto de sus activos, con sujeción siempre a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
14. Establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Unico de Información.
15. Elaborar el formato único de información que sirva de base para alimentar el
Sistema único de Información.
16. Implementar mediante el Sistema Unico de Información, el control y la
vigilancia permanente del cabal cumplimiento de la aplicación de las
estratificaciones adoptadas por decretos de los alcaldes al cobro de las tarifas de
servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas.
17. Verificar la consistencia y la calidad de la información que sirve de base para
efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las personas que
presten servicios públicos sometidos a su inspección, vigilancia y control, así
como de aquella información del prestador de servicios públicos que esté
contenida en el Sistema Unico de Información.
18. Mantener un registro actualizado de las personas que presten los servicios
públicos sometidos al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de
Servicios Públicos.
19. Adoptar las categorías de clasificación de los prestadores de servicios
públicos, de acuerdo con los niveles de riesgo, características y condiciones que
establezcan las Comisiones de Regulación.
20. Definir por vía general la información que las empresas deben proporcionar sin
costo al público y señalar en concreto los valores que deban pagar las personas
por la información especial que pidan a las empresas de servicios públicos, si no
hay acuerdo entre el solicitante y la empresa.
21. Señalar, de conformidad con la Constitución y la ley, los requisitos y
condiciones para que los usuarios puedan solicitar y obtener información
completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o
indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre y
cuando no se trate de información calificada como secreta o de reserva por la ley.
22. Definir por vía general las tarifas de las contribuciones que deban pagar las
entidades sujetas a su inspección, control y vigilancia a las que se refiere el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
23. Supervisar el cumplimiento del balance de control, en los términos del artículo
45 de la Ley 142 de 1994.
24. Solicitar documentos, inclusive contables; practicar visitas, inspecciones y
pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
25. Ejercer las facultades contenidas en el numeral 11 del artículo 19 de la Ley
142 de 1994.
26. Disponer, en el evento en que haya lugar a ello, que solo se emitan títulos de
acciones por valores superiores a una décima parte de un salario mínimo, cuando
se produzca una reducción en el valor nominal de los aportes de las empresas de
servicios públicos domiciliarios cuyo capital esté representado en acciones.
27. Velar por la progresiva incorporación y aplicación del control interno en las
personas que presten servicios públicos sometidos a su inspección, vigilancia y
control. Para ello, vigilará que se cumplan los criterios, evaluaciones, indicadores y
modelos que definan las Comisiones de Regulación y podrá apoyarse en otras
entidades oficiales o particulares.
28. Velar porque los prestadores sometidos a su inspección, vigilancia y control
contraten una Auditoría Externa permanente con personas privadas
especializadas.
29. Conceder o negar, mediante resolución motivada, el permiso a que se refiere
el artículo 51 de la Ley 142 de 1994.
30. Recomendar a la administración de los prestadores sometidos a su
inspección, vigilancia y control, la remoción del Auditor Externo cuando encuentre
que éste no cumpla cabalmente sus funciones, de conformidad con el artículo 51
de la Ley 142 de 1994.
31. Solicitar a los Auditores Externos la información indispensable para apoyar su
función de control, inspección y vigilancia, y para evaluar la gestión y resultados
de los prestadores de servicios públicos, conforme con los criterios,
características, indicadores y modelos que definan las Comisiones de Regulación,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 142 de 1994.
32. Vigilar que los prestadores de servicios públicos publiquen las evaluaciones
realizadas por los Auditores Externos por lo menos una vez al año, en medios
masivos de comunicación en el territorio donde presten el servicio si los hubiere, y
que dichas evaluaciones sean difundidas ampliamente entre los usuarios.
33. Vigilar y controlar la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los
prestadores.
34. Exigir que las empresas de servicios públicos le comuniquen a la
Superintendencia las tarifas, cada vez que sean reajustadas y que adicionalmente
las publiquen por una vez en un periódico que circule en los municipios donde se
preste el servicio o en uno de circulación nacional.
35. Exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que
presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se
ajustan a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 o demás leyes que la modifiquen,
sustituyan o complementen, cuando a ello haya lugar.
36. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y
los municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la
forma prevista en las normas pertinentes.
37. Tomar posesión de las empresas de servicios públicos, en los casos y para los
propósitos señalados en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994 y las disposiciones
concordantes.
38. Ordenar, cuando haya lugar a ello, la reducción simplemente nominal del
capital social de la empresa, la cual se hará sin necesidad de recurrir a su
asamblea o a la aceptación de los acreedores, en el evento en que ésta haya
perdido cualquier parte de su capital, previo concepto de la Comisión de
Regulación respectiva.
39. Solicitar, cuando a ello haya lugar, a las autoridades competentes, en el
evento de toma de posesión, que declaren la caducidad de los contratos de
concesión, en los términos del artículo 121 de la Ley 142 de 1994.
40. Celebrar, cuando así lo estime, el contrato de fiducia en virtud del cual se
encargue a una entidad fiduciaria la administración de la empresa en forma
temporal, en el evento de la toma de posesión de alguna de las entidades
sometidas a su inspección, vigilancia y control.
41. Designar o contratar, al tomar posesión, a una persona a la cual se le
encargue la administración de la empresa en forma temporal, cuando lo estime
pertinente.
42. Definir el plazo que se otorgará a una entidad intervenida para superar los
problemas que hayan dado origen a la toma de posesión, cuando tenga como
causas circunstancias imputables a los administradores o accionistas de la misma.
43. Ordenar la liquidación del prestador, cuando no sea solucionada la situación
dentro del término señalado en el numeral anterior.
44. Designar o contratar al liquidador de las empresas de servicios públicos.
45. Ordenar, cuando a ello haya lugar, la separación de los gerentes o de
miembros de las juntas directivas de las empresas cuando éstas incumplan de
manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas
de calidad definidos.
46. Determinar, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 16 de la Ley
142 de 1994, si la alternativa propuesta por los productores de servicios
marginales no causa perjuicios a la comunidad, cuando haya servicios públicos
disponibles de acueducto y saneamiento básico.
47. Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en un
procedimiento administrativo, tendiente a corregir violaciones de las normas
relacionadas especialmente con los servicios públicos, una parte de las multas a
las que se refiere el numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, para
resarcirlos por el tiempo, el esf uerzo, los gastos y costos en que hayan incurrido o
por los perjuicios que se les haya ocasionado. Las decisiones respectivas podrán
ser consultadas a la Comisión de Regulación del servicio público de que se trate.
Esta adjudicación será obligatoria cuando la violación haya consistido en el uso
indebido o negligente de las facturas de servicios públicos y las personas que
iniciaron o colaboraron en el procedimiento hayan sido perjudicadas.
48. Aprobar, de acuerdo con las metodologías que establezcan las Comisiones de
Regulación, los estudios donde se demuestre que los costos de prestación directa
para el municipio serían inferiores a los de las empresas interesadas en prestar el
servicio y que la calidad y la atención para el usuario serían por lo menos iguales
a las que tales empresas podrían ofrecer en dichos municipios.
49. Dar traslado al Departamento Nacional de Planeación de la notificación que le
efectúen los alcaldes en desarrollo de lo establecido en el numeral 101.3 del
artículo 101 de la Ley 142 de 1994.
50. Expedir la certificación de que trata el numeral 101.9 del artículo 101 de la Ley
142 de 1994.
51. Conocer de las apelaciones contra las decisiones de las empresas de
servicios públicos en materia de estratificación socioeconómica cuando esta no
haya sido adoptada por Decreto Municipal o Distrital, en los términos del parágrafo
-
del artículo 6° de la Ley 732 de 2002.
52. Dar conceptos no obligatorios, a petición de parte interesada, sobre el
cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios a los que se refiere la
Ley 142 de 1994; hacer, a solicitud de todos los interesados, designaciones de
personas que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o
en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna,
cobertura o calidad.
53. Dar concepto a las Comisiones de Regulación y a los Ministerios sobre las
medidas que se estudien en relación con los servicios públicos.
54. Efectuar recomendaciones a las Comisiones de Regulación en cuanto a la
regulación y promoción del balance de los mecanismos de control y en cuanto a
las bases para efectuar la evaluación de la gestión y resultados de las personas
prestadoras de los servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia.
55. Emitir el concepto al que hace referencia el artículo 63 de la Ley 143 de 1994.
56. Expedir la certificación para cambio de destinación en los recursos que
reciben los beneficiarios de la Participación de Propósito General, de acuerdo con
la reglamentación que expida el Gobierno Nacional y en los términos del artículo
78 de la Ley 715 de 2001.
57. Resolver los recursos de apelación que interpongan los usuarios conforme a lo
establecido en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994.
58. Ordenar, cuando así lo estime, en el acto administrativo que resuelve el
recurso de apelación de que tratan los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994,
la devolución de los dineros que una empresa de servicios públicos retenga sin
justa causa a un usuario, dentro de los quince (15) días siguientes a la
comunicación de la decisión respectiva.
59. Conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos
administrativos emitidos por el personero municipal, mediante los cuales decidan
la constitución de los Comités de Desarrollo y Control Social y las elecciones de
sus juntas directivas.
60. Coordinar con los departamentos y municipios la capacitación de los vocales
de control, dotándolos de instrumentos básicos que les permitan organizar mejor
su trabajo y contar con la información necesaria para representar a los Comités de
Desarrollo y Control Social.
61. Proporcionar a las autoridades territoriales el apoyo técnico necesario, la
tecnología, la capacitación, la orientación y los elementos de difusión necesarios
para la promoción de la participación de la comunidad en las tareas de vigilancia.
62. Autorizar, de conformidad con la ley, la delegación de algunas funciones en
otras autoridades administrativas del orden departamental o municipal, o la
celebración de contratos con otras entidades públicas o privadas para el mejor
cumplimiento de ellas.
63. Organizar todos los servicios administrativos indispensables para el
funcionamiento de la Superintendencia.
64. Todas las demás que le asigne la ley.
P.. El Superintendente no podrá exigir que ningún acto o contrato de una
empresa de servicios públicos se someta a aprobación previa suya. El
Superintendente podrá, pero no está obligado, a visitar las empresas sometidas a
su vigilancia o pedirles información, cuando haya un motivo especial que lo
amerite.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercerá igualmente las
funciones de inspección, vigilancia y control que contiene la Ley 142 de 1994, en
todo lo relativo al servicio de larga distancia nacional e internacional.
Salvo cuando se trate de las funciones a las que se refieren los numerales 3, 5 y
14 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, el Superintendente y sus D. no
producirán actos de carácter general para crear obligaciones a quienes estén
sujetos a su vigilancia.
CAPITULO III
Estructura
Artículo 6°. Estructura. La estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios será la siguiente:
1. Despacho del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
1.1. Oficina de Informática
1.2. Oficina de Control Interno
1.3. Oficina de Control Disciplinario Interno
1.4. Oficina Asesora de Jurídica
1.5. Oficina Asesora de Planeación
2. Despacho del Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
2.1. Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado
2.2. Dirección Técnica de Gestión de Aseo
2.3. Dirección de Investigaciones de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
3. Despacho del Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible
3.l. Dirección Técnica de Gestión de Energía
3.2. Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible
3.3. Dirección de Investigaciones de Energía y Gas Combustible
4. Despacho del Superintendente Delegado para Telecomunicaciones
4.1. Dirección Técnica de Gestión de Telecomunicaciones
4.2. Dirección de Investigaciones de Telecomunicaciones
5. Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación
6. Dirección General Territorial
6. l. Dirección Territorial Norte
6.2. Dirección Territorial Occidente
6.3. Dirección Territorial Sur Occidente
6.4. Dirección Territorial Oriente
6.5. Dirección Territorial Centro
7. Secretaría General
7.1. Dirección Administrativa
7.2. Dirección Financiera
8. Organos de Asesoría y Coordinación
8. l. Comité de Seguridad GLP
8.2. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
8.3. Comisión de Personal.
CAPITULO IV
Funciones del Superintendente, de las oficinas y de la Dirección
de Entidades Intervenidas y en liquidación
Artículo 7°. Funciones del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. El
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios desempeñará las funciones
específicas de inspección, vigilancia y control de las entidades que presten los
servicios públicos domiciliarios y los demás servicios públicos a los que se aplican
las Leyes 142 y 143 de 1994, 689 de 2001 y demás leyes que las adicionen,
modifiquen o sustituyan. Son funciones del Superintendente las siguientes:
1. Señalar las políticas generales de la Superintendencia.
2. Adoptar las categorías de clasificación de las personas prestadoras de servicios
públicos sujetas a su control, inspección y vigilancia dentro de los seis (6) meses
siguientes a la expedición de la clasificación por parte de cada una de las
Comisiones de Regulación.
3. Imponer las sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar
sujetas en los términos del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y artículo 43 de la
4. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las
quejas de los usuarios.
5. Sancionar a las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando no
apliquen al cobro de sus tarifas residenciales las estratificaciones adopt adas por
decretos de los alcaldes, máximo cuatro (4) meses después de vencidos los
plazos previstos en el artículo 3° de la Ley 732 de 2002.
6. Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la
comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten
en forma directa uno o más servicios públicos e invitar a una empresa de servicios
públicos para que ésta asuma la prestación del servicio en los términos del
numeral 6.4 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
7. Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en un
procedimiento administrativo, tendiente a corregir violaciones de las normas
relacionadas especialmente con los servicios públicos, una parte de las multas a
las que se refiere el numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, para
resarcirlos por el tiempo, el esfuerzo y los gastos y costos en que hayan incurrido
o por los perjuicios que se les hayan ocasionado.
8. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben
aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el
monto de sus activos, con sujeción siempre a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
9. Establecer el Sistema Unico de Información y el formato único de información,
en los términos previstos en los artículo 14 y 15 de la Ley 689 de 2001.
10. Señalar, de conformidad con la Constitución y la ley, los requisitos y
condiciones para que los usuarios puedan solicitar y obtener información
completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o
indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre y
cuando no se trate de información calificada como secreta o de reserva por la ley.
11. Definir por vía general la información que las empresas deben proporcionar sin
costo al público y señalar en concreto los valores que deben pagar las personas
por la información especial que pidan las empresas de servicios públicos si no hay
acuerdo entre el solicitante y aquella.
12. Conceder o negar, mediante resolución motivada, el permiso a que se refiere
el artículo 51 de la Ley 142 de 1994.
13. Recomendar a la administración de los prestadores sometidos a su
inspección, vigilancia y control, la remoción del Auditor Externo cuando encuentre
que éste no cumpla cabalmente sus funciones.
14. Acordar programas de gestión con las empresas que amenacen de forma
grave la prestación continua y eficiente de un servicio público, cuando así lo
estime.
15. Ordenar, cuando considere que a ello haya lugar, la separación de los
gerentes o de miembros de las juntas directivas de las empresas, cuando éstas
incumplan de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de
gestión y las normas de calidad definidos.< /span>
16. Tomar posesión de las empresas de servicios públicos en los casos y para los
propósitos que contempla el artículo 59 de la Ley 142 de 1994 y las disposiciones
concordantes.
17. Celebrar, cuando así lo estime, el contrato de fiducia en virtud del cual se
encargue a una entidad fiduciaria la administración de la empresa en forma
temporal, en el evento de la toma de posesión de alguna de las entidades
sometidas a su inspección, vigilancia y control.
18. Designar o contratar, al tomar posesión, a una persona para que administre la
empresa en forma temporal, cuando lo estime pertinente.
19. Definir el plazo que se otorgará a una entidad intervenida para superar los
problemas que hayan dado origen a la toma de posesión, cuando tenga como
causas circunstancias imputables a los administradores o accionistas de la misma.
20. Ordenar la liquidación del prestador, cuando no sea solucionada la situación
dentro del término señalado en el numeral anterior.
21. Designar o contratar al liquidador de las empresas de servicios públicos.
22. Solicitar a las autoridades competentes, en el evento de toma de posesión, la
declaratoria de caducidad de los contratos de concesión en los términos del
artículo 121 de la Ley 142 de 1994, si lo estima pertinente.
23. Asistir, con voz, a las Comisiones de Regulación y delegar la asistencia
únicamente en los Superintendentes delegados.
24. Efectuar recomendaciones a las Comisiones de Regulación en cuanto a la
regulación y promoción del balance de los mecanismos de control y en cuanto a
las bases para efectuar la evaluación de la gestión y resultados de las personas
prestadoras de los servicios públicos sujetos a su inspección, vigilancia y control.
25. Adelantar las investigaciones cuando las Comisiones de Regulación se lo
soliciten en los términos del numeral 73.18 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 e
imponer las sanciones de su competencia. En este caso el Superintendente
informará a las Comisiones de Regulación sobre el estado y avance de dichas
investigaciones, cuando éstas así se lo soliciten.
26. Aprobar, de acuerdo con las metodologías que establezcan las Comisiones de
Regulación, los estudios donde se demuestre que los costos de prestación directa
para el municipio serían inferiores a los de las empresas interesadas en prestar el
servicio y que la calidad y la atención para el usuario serían por lo menos iguales
a las que tales empresas podrían ofrecer en dichos municipios.
27. Vigilar a las empresas que no sean de servicios públicos en los términos del
numeral 2 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994.
28. Autorizar, de conformidad con la ley, la delegación de algunas funciones en
otras autoridades administrativas del orden departamental o municipal, o la
celebración de contratos con otras entidades públicas o privadas para el mejor
cumplimiento de ellas.
29. Exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que
presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se
ajustan a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 o demás leyes que la modifiquen,
sustituyan o complementen, cuando a ello haya lugar.
30. Ordenar, cuando haya lugar a ello, la reducción simplemente nominal del
capital social de la empresa, la cual se hará sin necesidad de recurrir a su
asamblea o a la aceptación de los acreedores, en el evento en que ésta haya
perdido cualquier parte de su capital, previo concepto de la Comisión de
Regulación respectiva.
31. Disponer, en el evento en que haya lugar a ello, que solo se emitan títulos de
acciones por valores superiores a una décima parte de un salario mínimo, cuando
se produzca una reducción en el valor nominal de los aportes de las empresas de
servicios públicos domiciliarios cuyo capital esté representado en acciones.
32. Definir por vía general, las tarifas de las contribuciones que deban pagar las
entidades sujetas a su inspección, control y vigilancia en los términos del artículo
85 de la Ley 142 de 1994.
33. Organizar todos los servicios administrativos indispensables para el
funcionamiento de la Superintendencia.
34. Expedir los actos administrativos, reglamentos, manuales e instructivos que
sean necesarios para el cabal funcionamiento de la entidad.
35. Nombrar y remover los funcionarios de la entidad, de conformidad con las
disposiciones legales.
36. Presentar, para su inclusión en el Presupuesto General de la Nación, el
presupuesto anual de la entidad.
37. Presentar anualmente un informe de gestión al P. de la República.
38. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se
adelanten contra los servidores públicos de la Superintendencia.
39. Crear y conformar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de
trabajo, mediante resolución, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los
planes y programas trazados por la entidad, bajo la coordinación y supervisión del
funcionario que el Superintendente designe.
40. Distribuir los cargos de la planta de personal global de acuerdo con l a
estructura, las necesidades de la entidad y los planes y programas trazados por la
Superintendencia.
41. Crear y asignar funciones a los órganos de asesoría y coordinación que
considere pertinentes para el cumplimiento de la misión de la Superintendencia.
42. Las demás que le sean asignadas por la ley.
Artículo 8°. Funciones de la Oficina de Informática. Son funciones de la Oficina de
Informática, las siguientes:
1. Asesorar al Superintendente en la definición de la política referida al
establecimiento, administración, mantenimiento y operación del Sistema único de
Información.
2. Desarrollar en conjunto con las Superintendencias Delegadas y las demás
dependencias de la entidad, un Sistema único de Información que se surtirá de la
información proveniente de los prestadores de servicios públicos, sujetos a la
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos, para
que la presentación de dicho sistema al público sea confiable, conforme a lo
establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 14 de la Ley
689 de 2001.
3. Implantar la plataforma tecnológica necesaria para el ejercicio, por parte de las
Superintendencias Delegadas, de las funciones de control y vigilancia permanente
al cumplimiento de las estratificaciones aplicadas por decreto de los alcaldes al
cobro de las tarifas de servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas.
4. Administrar, mantener y operar el Sistema único de Información de los servicios
públicos de que trata el artículo 14 de la Ley 689 de 2001.
5. Elaborar en conjunto con las Superintendencias Delegadas y las demás
dependencias de la entidad el formato único de información, de conformidad con
lo establecido por el artículo 15 de la Ley 689 de 2001.
6. Actualizar el formato único de información de acuerdo con los objetivos
asignados por la Constitución y la Ley a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y conforme a las necesidades de los Ministerios y de las Comisiones
de Regulación.
7. Mantener el registro actualizado de los prestadores en el Sistema único de
Información, de acuerdo con la información suministrada por las
Superintendencias Delegadas y demás dependencias de la entidad.
8. Poner a disposición la información proveniente de los prestadores de servicios
públicos sujetos a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, conforme a lo establecido en el artículo 53 de la
Ley 142 de 1994 y el artículo 14 de la Ley 689 de 2001.
9. Brindar el apoyo técnico necesario para que la Superintendencia pueda evaluar
la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de acuerdo con
los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación y Ministerios;
igualmente, para publicar sus evaluaciones y proporcionar en forma oportuna,
toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones
independientes.
10. Dirigir, planear, mantener actualizado y controlar el sistema integral de
información para el desarrollo de la misión de la Superintendencia.
11. Sugerir al Superintendente los recursos técnicos y tecnológicos necesarios en
materia de informática para que la entidad pueda llevar a cabo su misión de
manera eficiente.
12. Diseñar, desarrollar y mantener las redes de comunicación local y remota de
la entidad.
13. Administrar los recursos de hardware, software, y de comunicaciones de la
entidad, su almacenamiento y procesamiento de datos.
14. Autorizar la creación o supresión de los canales de comunicación y las
cuentas de correo interno y externo de cada uno de los usuarios de la entidad.
15. Definir y administrar las políticas de seguridad en aspectos informáticos, para
lo cual podrá tomar las medidas conducentes a fin de evitar los usos indebidos,
congestión y daños que amenacen la operatividad de la entidad.
16. Coordinar con las dependencias de la entidad la información que se publicará
en la red pública de datos.
17. Promover y administrar, el intercambio de información a través de redes
públicas y privadas de datos.
18. Dirigir y coordinar con la Secretaría General, la capacitación y los programas
de adiestramiento necesarios para el aprovechamiento óptimo de los recursos
computacionales de la entidad por parte de los funcionarios.
19. Formular y ejecutar proyectos de cooperación tecnológica a nivel nacional e
internacional.
20. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Artículo 9°. Funciones de la Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina
de Control Interno las siguientes:
1. Asesorar al Superintendente en la definición de las políticas referidas al diseño
e implantación de los sistemas de control que contribuyan a incrementar la
eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la entidad, así como garantizar la
calidad en la prestación de los servicios de la institución.< /p>
2. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control
interno de la entidad.
3. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de
presentar recomendaciones al Superintendente.
4. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones
de todos los cargos y, en particular de aquellos que tengan responsabilidad de
mando.
5. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
6. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario
ejerzan adecuadamente esta función.
7. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos,
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los
ajustes necesarios.
8. Acompañar y asesorar a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a
fin que se obtengan los resultados esperados.
9. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean
necesarios.
10. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
11. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana,
que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad.
12. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y
de las fallas en su cumplimiento.
13. Presentar informes al Superintendente y al Comité de Coordinación del
Sistema de Control Interno.
14. Facilitar las visitas de los organismos de control y coordinar la elaboración de
los informes de la entidad.
15. Hacer evaluaciones periódicas a todas las dependencias de la entidad.
16. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia, de conformidad con la Ley 87 de 1993 y demás disposiciones que la
modifiquen, adicionen o reglamenten.
Artículo 10. Funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Son funciones
de la Oficina de Control Disciplinario Interno, las siguientes:
1. Ejercer la función disciplinaria observando la plenitud de las formas del
procedimiento regulado en la Constitución y el Código Disciplinario Unico.
2. Asesorar al Superintendente en la definición de políticas tendientes a prevenir
las conductas que puedan llegar a constituir faltas disciplinarias.
3. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se
adelanten contra los servidores públicos de la Superintendencia.
4. Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas que han de servir de soporte a
las denuncias penales sobre las conductas ilícitas detectadas en los
procedimientos disciplinarios y remitirlas a la Fiscalía General de la Nación, para
lo de su competencia.
5. Recibir y tramitar las quejas o denuncias por violación de normas
constitucionales o legales, presuntamente cometidas por los servidores públicos
de la Superintendencia.
6. Planear, coordinar y desarrollar las políticas tendientes a adelantar las
investigaciones disciplinarias a que haya lugar en la Superintendencia.
7. Expedir las providencias que la ley establece para dar curso y agotamiento a la
actuación disciplinaria.
8. Conocer y resolver los recursos de reposición que se interpongan contra las
decisiones disciplinarias de primera instancia.
9. Conceder los recursos de apelación ante el Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios, interpuestos contra las decisiones de primera instancia.
10. Comisionar a funcionarios idóneos para la práctica de pruebas.
11. Remitir a la Procuraduría General de la Nación los procesos disciplinarios por
incremento patrimonial no justificado y aquellos que, de conformidad con las
normas especiales, deba adelantar este organismo de control.
12. Participar en la formulación y desarrollo de los programas que fomenten los
valores organizacionales que propendan por la responsabilidad laboral y ética
administrativa.
13. Asesorar y orientar a las directivas y coordinadores de gru po de la entidad
sobre asuntos relacionados con la conducta ética y deberes de los servidores
públicos.
14. Llevar un registro actualizado de los fallos proferidos contra los servidores
públicos de la entidad.
15. Llevar y mantener actualizados los libros de radicación y reparto de las quejas
recibidas.
16. Las demás que le sean asignadas por la ley y por el Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios.
Artículo 11. Funciones de la Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la
Oficina Asesora de Jurídica, las siguientes:
1. Asesorar al Superintendente, S.D., S. General
y demás directivos en los asuntos jurídicos relacionados con la entidad y emitir los
conceptos que requieran las diversas dependencias en asuntos de su
competencia, con el objeto de mantener la unidad de criterio.
2. Absolver las consultas jurídicas externas, relativas a los servicios públicos
domiciliarios.
3. Establecer los criterios de interpretación jurídica de última instancia y fijar la
posición jurídica de la Superintendencia.
4. Revisar los proyectos de actos administrativos que el Superintendente someta a
su estudio.
5. Revisar los conceptos que deba emitir el Superintendente Delegado para
Energía y Gas en cumplimiento del artículo 63 de la Ley 143 de 1994.
6. Revisar los actos administrativos que se produzcan en ejercicio de la función
señalada por el artículo 58 de la Ley 142 de 1994.
7. Tramitar los recursos de reposición que sean interpuestos contra los actos del
Superintendente y los de apelación que éste deba resolver.
8. Revisar los proyectos de actos administrativos que resuelvan los recursos de
reposición interpuestos contra los actos por medio de los cuales la
Superintendencia fije las contribuciones especiales que deban pagar las vigiladas.
9. Preparar y revisar proyectos de ley y de decreto relativos al régimen de los
servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con las directrices que al respecto fije
el Superintendente.
10. Compilar y sistematizar las leyes, decretos, la normatividad, jurisprudencia y
doctrina relativa al régimen de los servicios públicos domiciliarios y velar por su
difusión interna.
11. Elaborar publicacion es periódicas de carácter jurídico que recopilen la
doctrina institucional sobre servicios públicos domiciliarios.
12. Revisar los pliegos de condiciones, minutas y actos administrativos que deba
expedir el Superintendente dentro del proceso contractual en virtud del cual se
encargue a una entidad fiduciaria la administración de la empresa en forma
temporal, en el evento de la toma de posesión.
13. Revisar los pliegos de condiciones de las licitaciones y concursos de la
entidad.
14. Revisar y aprobar las pólizas de garantía que constituyan los contratistas a
favor de la Superintendencia.
15. Representar judicialmente a la Superintendencia por intermedio de sus abogados.
16. Atender las acciones de tutela, cumplimiento, populares y de grupo que se
promuevan contra la Superintendencia o en las que ésta deba intervenir.
17. Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas generales de
defensa judicial.
18. Analizar permanentemente la agenda legislativa del Congreso, informar
oportunamente al Superintendente sobre aquellas iniciativas o proyectos que
puedan afectar a la Superintendencia, y asesorarlo en la presentación y
sustentación de las iniciativas.
19. Revisar los actos administrativos que se expidan para exigir la modificación de
los estatutos de las entidades descentralizadas que prestan servicios públicos
domiciliarios.
20. Ejecutar los procedimientos necesarios para obtener el rápido y eficiente
recaudo y cobro coactivo de todas las obligaciones a favor de la entidad y del
Tesoro Nacional.
21. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Artículo 12. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la
Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:
1. Asesorar al Superintendente en la formulación de las políticas y el diseño de los
planes y programas que deba desarrollar la entidad.
2. Coordinar la elaboración del direccionamiento estratégico de la entidad y su
coherencia con las políticas sectoriales.
3. Preparar el informe anual de gestión y resultados que rendirá el
Superintendente al P. de la República.
4. D irigir, diseñar, implantar y mantener actualizado el Plan de Mejoramiento de
Calidad de la Superintendencia, definir los indicadores de gestión de la entidad y
realizar su seguimiento.
5. Elaborar, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y en coordinación con las
dependencias, el Plan Indicativo Anual -PIA- de la entidad, los programas y
proyectos que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la
Superintendencia, realizar el seguimiento y proyectar los ajustes necesarios.
6. Preparar de conformidad con el Plan Indicativo Anual -PIA- y en coordinación
con la Secretaría General, el proyecto anual de presupuesto, el programa anual
de caja, sus modificaciones y someterlos a consideración del Superintendente.
7. Coordinar la elaboración del presupuesto anual y plurianual de inversión para la
ejecución de planes, programas y proyectos, y efectuar su seguimiento.
8. Diseñar y coordinar el proceso de planeación de vigilancia del sector en los
aspectos técnicos, económicos y administrativos.
9. Realizar estudios y presentar propuestas sobre la organización y desarrollo
administrativo, simplificación, agilización y modernización de trámites y
procedimientos y demás asuntos relacionados con la gestión y métodos de
trabajo.
10. Preparar y presentar para la aprobación del Superintendente los manuales de
procedimientos de la entidad y velar por su implementación y actualización.
11. Elaborar estudios económicos y financieros del sector y proponer las líneas de
investigación económica.
12. Asesorar al Superintendente en la formulación de programas de investigación
en materias relacionadas con las actividades del sector, diseñar las metodologías
y adelantar la adecuación de los programas que sean necesarios.
13. Identificar requerimientos y adelantar los estudios respectivos para celebrar
convenios técnicos relacionados con las funciones de la Superintendencia.
14. Dirigir y realizar las publicaciones de la Superintendencia.
15. Identificar, en coordinación con las Superintendencias Delegadas, los asuntos
que constituyan los principales temas de investigación por adelantar, respecto a
los prestadores de servicios públicos domiciliarios.
16. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
CAPITULO V
Funciones de las superintendencias delegadas
Artículo 13. Funciones de las Superintendencias Delegadas. Son funciones de las
Superintendencias Delegadas, en el ámbito de su competencia, las siguientes:
1. Asesorar al Superintendente en la fijación de las políticas, estrategias, planes y
programas para cada uno de los servicios públicos domiciliarios, en relación con la
gestión de inspección, control y vigilancia en el ámbito de su competencia.
2. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios sujetos a la inspección, vigilancia y control de
acuerdo con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación; publicar
sus evaluaciones y proporcionar en forma oportuna la información disponible a
quienes deseen hacer evaluaciones independientes.
3. Proyectar para la firma del Superintendente los actos administrativos mediante
los cuales se adopten las categorías de clasificación de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los niveles de riesgo,
características y condiciones que establezcan las Comisiones de Regulación.
4. Proyectar para la firma del Superintendente los actos administrativos por los
cuales se defina por vía general la información que las empresas deben
proporcionar sin costo al público y señalar en concreto los valores que deban
pagar las personas por la información especial que pidan a las empresas de
servicios públicos, si no hay acuerdo entre el solicitante y la empresa.
5. Proyectar para la firma del Superintendente los actos administrativos que
señalen, de conformidad con la Constitución y la ley, los requisitos y condiciones
para que los usuarios puedan solicitar y obtener información completa, precisa y
oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se
realicen para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, siempre y
cuando no se trate de información calificada como secreta o de reserva por la ley.
6. Implementar mediante el Sistema único de Información el control y la vigilancia
permanente al cumplimiento de las estratificaciones adoptadas por decretos de
los alcaldes al cobro de las tarifas de servicios públicos domiciliarios, por parte de
las empresas.
7. Solicitar documentos, inclusive contables y practicar las visitas, inspecciones y
pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
8. Velar porque los prestadores que atienden varios servicios y/o actividades
complementarias cumplan con la obligación de hacer la separación contable de
los mismos.
9. Vigilar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén
sujetos quienes presten los ser vicios públicos domiciliarios, en cuanto el
cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados.
10. Vigilar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios
públicos domiciliarios y los usuarios y adelantar las investigaciones
correspondientes.
11. Vigilar y controlar la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los
prestadores.
12. Dar conceptos no obligatorios a petición de parte interesada, sobre la forma
en que pueden ser afectados los contratos entre las empresas de servicios
públicos domiciliarios y los usuarios, ante eventos relacionados con la situación
patrimonial de los prestadores de los servicios públicos sujetos a su inspección,
vigilancia y control.
13. Vigilar y controlar la ejecución de los planes de reestructuración financieros y
operativos exigidos a las empresas por la Comisión de Regulación, que surjan de
los estudios de viabilidad empresarial, en los términos del artículo 181 de la Ley
142 de 1994.
14. Dar conceptos no obligatorios a petición de parte interesada, sobre el
cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios a los que se refiere la
Ley 142 de 1994; hacer, a solicitud de todos los interesados, designaciones de
personas que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos
domiciliarios o en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación
oportuna o cobertura o calidad.
15. Dar concepto a las Comisiones de Regulación y a los Ministerios sobre las
medidas que se estudien en relación con los servicios públicos domiciliarios
sometidos a su vigilancia.
16. Apoyar al Superintendente en el establecimiento de los sistemas uniformes de
información y contabilidad que deben aplicar quienes presten servicios públicos
domiciliarios, según la naturaleza del servicio y el monto de sus activos, con
sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
17. Apoyar a la Oficina de Informática en la elaboración y actualización del
Formato Unico de Información que sirva de base para alimentar el Sistema Unico
de Información de acuerdo con lo establecido por el artículo 15 de la Ley 689 de
2001.
18. Verificar la consistencia y la calidad de la información que sirve de base para
efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las personas que
presten servicios públicos sometidos a su inspección, vigilancia y control, así
como de aquella información del prestador que esté contenida en el Sistema
Unico de Información de los servicios públicos.
19. Verificar que un municipio que presta en forma directa uno o varios servicios
públicos domiciliarios se encuentre incurso en una de las causales señaladas en
el inciso 3° del numeral 6.4 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
20. Velar por la progresiva incorporación y aplicación del control interno en los
prestadores de los servicios públicos sometidos a su inspección, vigilancia y
control. Para ello vigilará que se cumplan los criterios, evaluaciones, indicadores y
modelos que definan las Comisiones de Regulación y para el efecto, podrá
apoyarse en otras entidades oficiales o particulares.
21. Velar porque los prestadores de los servicios públicos sometidos a su
inspección, vigilancia y control, contraten una Auditoría Externa permanente con
personas privadas especializadas.
22. Requerir la presentación oportuna de los informes de evaluación por parte de
los Auditores Externos a la Superintendencia.
23. Solicitar, cuando lo estime pertinente, a las empresas de servicios públicos
domiciliarios, informes trimestrales acerca de la gestión del Auditor Externo.
24. Solicitar a los Auditores Externos la información indispensable para apoyar y
desarrollar su función de inspección, vigilancia y control, y para evaluar la gestión
y resultados de las personas prestadoras de servicios públicos conforme con los
criterios, características, indicadores y modelos que definan las Comisiones de
Regulación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 142 de 1994.
25. Proyectar para la firma del Superintendente el acto administrativo mediante el
cual se conceda o niegue el permiso a que se refiere el artículo 51 de la Ley 142
de 1994.
26. Proyectar para la firma del Superintendente el documento mediante el cual se
recomiende a la administración de los prestadores sometidos a su inspección,
vigilancia y control, la remoción del Auditor Externo cuando encuentre que éste no
cumpla cabalmente sus funciones.
27. Proponer al Superintendente la celebración de programas de gestión a que se
refiere el numeral 11 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, vigilar su cumplimiento
e iniciar las investigaciones a que haya lugar.
28. Velar por que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y
municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la forma
prevista en las normas pertinentes.
29. Supervisar el cumplimiento del balance de los mecanismos de control en los
términos del artículo 45 de la Ley 142 de 1994.
30. Recomendar al Superintendente la imposición de las sanciones previstas en el
artículo 81 de la Ley 142 y el artículo 43 de la Ley 143 de 1994.
31. Recomendar al Superintendente la imposición de sanciones a las
empresas de servicios públicos domiciliarios cuando no apliquen al
cobro de sus tarifas residenciales, las estratificaciones adoptadas por
decreto de los alcaldes, máximo cuatro (4) meses después de vencidos
los plazos previstos en el artículo 3 de la Ley 732 de 2002.
32. Emitir el concepto a que hace referencia el artículo 63 de la Ley 143 de 1994.
33. Identificar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los asuntos
que constituyan los principales temas de investigación por adelantar, respecto a
los prestadores de servicios públicos domiciliarios.
34. Recomendar al Superintendente impartir la orden de modificación en los
estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no
hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en la Ley
142 de 1994 o demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen.
35. Determinar, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 16 de la Ley
142 de 1994, si la alternativa propuesta por los productores de servicios
marginales no causa perjuicios a la comunidad, cuando haya servicios públicos
domiciliarios disponibles de acueducto y saneamiento básico.
36. N.car los actos administrativos emanados de la Delegada y designar los
notificadores a que haya lugar.
37. Proyectar para la firma del Superintendente el acto mediante el cual se
disponga, en el evento en que haya lugar a ello, que solo se emitan títulos de
acciones por valores superiores a una décima parte de un salario mínimo, cuando
se produzca una reducción en el valor nominal de los aportes de las empresas de
servicios públicos domiciliarios cuyo capital esté representado en acciones.
38. Preparar los estudios que sirvan de base para que el Superintendente formule
recomendaciones a las Comisiones de Regulación, en cuanto a la regulación y
promoción del balance de los mecanismos de control y en cuanto a las bases para
efectuar la evaluación de la gestión y resultados de las personas prestadoras de
los servicios públicos sujetos a su inspección, vigilancia y control.
39. Las demás que le sean asignadas por el Superintendente, de acuerdo con la
naturaleza de la dependencia.
P. 1°. El Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible
apoyará al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en las funciones
del Comité de que trata el artículo 24 de la Ley 689 de 2001.
P. 2°. El Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo
expedirá la certificación para cambio de destinación en los recursos que reciben
los beneficiarios de la participación de Propósito General, de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional y en los términos del artículo 78
de la Ley 715 de 2001.
Artículo 14. Direcciones de las Superintendencias Delegada s. Las Direcciones
son unidades de apoyo y soporte de las Superintendencias Delegadas, actuarán
bajo la dirección de los Superintendentes D. y tendrán las funciones que
se señalan en el presente decreto.
Artículo 15. Funciones de las Direcciones Técnicas de Gestión de las
Superintendencias Delegadas. Son funciones de las Direcciones Técnicas de
Gestión de las Superintendencias Delegadas, las siguientes:
1. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios sujetos a la inspección, vigilancia y control de
acuerdo con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación; publicar
sus evaluaciones y proporcionar en forma oportuna la información disponible a
quienes deseen hacer evaluaciones independientes.
2. Presentar al Delegado los estudios que sirvan de base para la adopción por
parte del Superintendente de las categorías de clasificación de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los niveles de riesgo,
características y condiciones que establezcan las Comisiones de Regulación.
3. Presentar al Delegado los estudios que sirvan de base para la expedición por
parte del Superintendente de los actos administrativos por los cuales se defina por
vía general la información que las empresas deben proporcionar sin costo al
público y señalar en concreto los valores que deban pagar las personas por la
información especial que pidan a las empresas de servicios públicos, si no hay
acuerdo entre el solicitante y la empresa.
4. Presentar al Delegado los estudios que sirvan de base para la expedición por
parte del Superintendente de los actos administrativos que señalen, de
conformidad con la Constitución y la Ley, los requisitos y condiciones para que los
usuarios puedan solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna,
sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen
para la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de
información calificada como secreta o de reserva por la ley.
5. Formular las observaciones sobre los estados financieros y contables a los
prestadores de los servicios públicos domiciliarios.
6. Integrar la evaluación de gestión y los resultados técnicos, financieros,
contables, administrativos y comerciales para empresas que presten más de un
servicio público domiciliario y proceder a los trámites pertinentes según los
resultados obtenidos de dicha evaluación.
7. Realizar anualmente el plan de visitas de inspección; efectuar las visitas que
deban desarrollarse y emitir los correspondientes informes, proponiendo las
medidas a que haya lugar a la Dirección de Investigaciones de la Delegada,
cuando el caso lo amerite.
8. Solicitar documentos, inclusive contables, y practicar las pruebas que sean
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
9. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con
los requisitos técnicos que hayan señalado los Ministerios.
10. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes, actos administrativos e
indicadores definidos por las Comisiones de Regulación a los que estén sujetos
quienes presten servicios públicos domiciliarios y en caso de presuntas
violaciones remitirlas a la Dirección de Investigaciones de la Delegada.
11. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de
servicios públicos y los usuarios y en caso de una presunta violación remitirla a la
Dirección de Investigaciones de la Delegada.
12. Revisar permanentemente el marco regulatorio del sector e identificar los
aspectos de control administrativo, financiero, contable, técnico y comercial, con el
fin de velar porque las disposiciones expedidas por los entes reguladores sean
debidamente cumplidas y aplicadas por los prestadores.
13. Vigilar la correcta aplicación del régimen tarifario que señalen las Comisiones
de Regulación.
14. Exigir que las empresas de servicios públicos le comuniquen a la
Superintendencia las tarifas, cada vez que sean reajustadas y que adicionalmente
las publiquen por una vez en un periódico que circule en los municipios donde se
preste el servicio o en uno de circulación nacional.
15. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y
los municipios destinan a las personas de menores ingresos, se utilicen en la
forma prevista en las normas pertinentes e informar al Superintendente Delegado.
16. Verificar que los prestadores apliquen las acciones correctivas derivadas de
las evaluaciones de gestión y resultados, de los informes de inspección, así como
de los programas de gestión y de los informes de los Auditores Externos.
17. Proponer al Delegado los sistemas uniformes de información y contabilidad
que deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del
servicio, sus características y condiciones, y con sujeción siempre a los principios
de contabilidad generalmente aceptados.
18. Solicitar a los prestadores la información necesaria para el Sistema Unico de
Información.
19. Verificar la consistencia y calidad de la información que sirva de base para
efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las personas que
presten servicios públicos sometidas a inspección, vigilancia y control, así como
de aquella información del prestador que esté contenida en el Sistema Unico de
Información de los servicios públicos.
20. Proponer al Delegado la información que debe ser requerida a las empresas d
e servicios públicos como parte del Sistema Unico de Información.
21. Suministrar a la Oficina de Informática la información necesaria para mantener
actualizado el registro de los prestadores en el Sistema Unico de Información.
22. Vigilar que los prestadores contraten de manera permanente una Auditoría
Externa con personas privadas especializadas.
23. Solicitar, cuando lo estime pertinente, a las empresas de servicios públicos
domiciliarios, informes trimestrales acerca de la gestión del Auditor Externo.
24. Evaluar los informes de los Auditores Externos, solicitarles la sustentación,
modificación, ampliación o corrección de los mismos y presentar el informe
respectivo al Delegado.
25. Solicitar a los Auditores Externos la información indispensable para apoyar su
función de inspección, vigilancia y control.
26. Estudiar y evaluar la aprobación o negativa de cambio de los Auditores
Externos solicitado por las empresas de servicios públicos.
27. Proyectar, para revisión del Superintendente Delegado, las actuaciones
relativas a los Auditores Externos que estén a cargo del Superintendente, en los
términos del presente decreto.
28. Vigilar que las empresas de servicios públicos publiquen las evaluaciones
realizadas por los auditores externos, por lo menos anualmente, en medios
masivos de comunicación en el territorio donde prestan el servicio, si los hubiere,
y que dichas evaluaciones sean difundidas ampliamente entre los usuarios.
29. Velar por la progresiva incorporación y aplicación de los sistemas de control
interno en las empresas de servicios públicos domiciliarios.
30. Efectuar un seguimiento permanente a los programas de gestión suscritos con
los prestadores e informar al Delegado sobre su cumplimiento.
31. Vigilar y controlar la ejecución de los planes de reestructuración financieros y
operativos exigidos a las empresas por la Comisión de Regulación, que surjan de
los estudios de viabilidad empresarial, en los términos del artículo 181 de la Ley
142 de 1994.
32. Coordinar con la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación la
proyección de los actos administrativos por medio de los cuales el
Superintendente decrete la toma de posesión o la liquidación de las entidades
objeto de intervención, cuando éstas no sean el resultado de una investigación.
33. Preparar los conceptos, con destino a las Comisiones de Regulación, a los
Ministerios y demás autoridades, sobre las medidas que se estud ien relacionados
con los servicios públicos domiciliarios.
34. Ejercer las facultades previstas en el numeral 11 del artículo 19 de la Ley 142
de 1994.
35. Informar al Superintendente Delegado sobre las entidades descentralizadas a
las que se les deba exigir modificación en los estatutos.
36. Evaluar el cumplimiento del balance de los mecanismos de control en los
términos del artículo 45 de la Ley 142 de 1994, y presentar al Delegado las
recomendaciones para las Comisiones de Regulación en cuanto al balance de los
mecanismos de control.
37. Evaluar para consideración del Superintendente Delegado, si la alternativa
propuesta por los productores de servicios marginales no causa perjuicios a la
comunidad, cuando haya servicios públicos domiciliarios disponibles de acueducto
y saneamiento básico, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 16 de
la Ley 142 de 1994.
38. Presentar al Delegado para la aprobación del Superintendente, de acuerdo
con las metodologías que establezcan las Comisiones de Regulación, los estudios
donde se demuestre que los costos de prestación de los servicios por parte del
municipio son inferiores a los de las empresas interesadas en prestar el servicio y
que la calidad y la atención para el consumidor sean por lo menos iguales a los
que tales empresas pueden ofrecer en dichos municipios.
39. Coordinar con las dependencias competentes al interior de la
Superintendencia, las solicitudes de información a las empresas prestadoras de
servicios públicos cuando éstas tengan relación con más de una Dirección.
40. Evaluar los informes estadísticos y consolidados que remita el Director
General Territorial, relacionados con las quejas de los usuarios y presentar su
análisis al Superintendente Delegado a fin de tomar las medidas necesarias.
41. Absolver las consultas y peticiones que sean de su competencia.
42. Presentar al Delegado los estudios que sirvan de base para que el
Superintendente disponga, en el evento en que haya lugar a ello, que solo se
emitan títulos de acciones por valores superiores a una décima parte de un salario
mínimo, cuando se produzca una reducción en el valor nominal de los aportes de
las empresas de servicios públicos domiciliarios cuyo capital esté representado en
acciones.
43. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
P.. El Director Técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado deberá
proyectar para firma del Superintendente Delegado la certificación para cambio de
destinación en los recursos que reciben los beneficiarios de la participación de
Propósito General, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional y en los términos del artículo 78 de la Ley 715 de 2001.
Artículo 16. Direcciones de Investigaciones de las Superintendencias Delegadas.
Son funciones de las Direcciones de Investigaciones de las Superintendencias
Delegadas, las siguientes:
1. Adelantar las investigaciones contra los prestadores de los servicios públicos
por la presunta violación de las normas, planes y programas, contratos e
indicadores de gestión definidos por las Comisiones de Regulación.
2. Adelantar las investigaciones por competencia desleal y prácticas restrictivas de
la competencia por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.
3. Adelantar las investigaciones a las empresas de servicios públicos domiciliarios
cuando no apliquen al cobro de sus tarifas residenciales las estratificaciones
adoptadas por decretos de los alcaldes, en los términos previstos en el artículo 3°
de la Ley 732 de 2002.
4. Proyectar los actos administrativos propios de la actuación investigativa.
5. Proyectar las resoluciones de los recursos interpuestos contra las decisiones
del Delegado.
6. Coordinar con la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación la
proyección de los actos administrativos por medio de los cuales el
Superintendente decrete la toma de posesión de las entidades objeto de
intervención, cuando ésta sea el resultado de una investigación.
7. Coordinar con el Director de Entidades Intervenidas y en Liquidación la
proyección de los actos administrativos de intervención, cuando ésta sea el
resultado de una investigación.
8. Mantener el control y el registro actualizado de las investigaciones adelantadas.
9. Registrar en el sistema las sanciones impuestas a los prestadores y hacer los
análisis estadísticos correspondientes.
10. Remitir las investigaciones a los organismos, entidades o dependencias que
por competencia las deban asumir.
11. Garantizar la aplicación de los procedimientos, estándares y documentación
requeridos, que soporten la coordinación, control, seguridad y operación de la
Dirección.
12. N.car todos los actos administrativos que emita la dependencia.
13. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
CAPITULO VI
Funciones de las direcciones del despacho del Superintendente
Artículo 17. Funciones de la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación.
Son funciones de la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación, las
siguientes:
1. Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas, directrices y criterios
para la administración y liquidación de las entidades intervenidas.
2. Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas, directrices y criterios
relativos a los procesos de reestructuración empresarial y demás formas de
intervención.
3. Supervisar la gestión de los administradores y liquidadores de las entidades
intervenidas en el giro ordinario de sus funciones e informar al Superintendente.
4. Coordinar con las Delegadas, la supervisión de la prestación de los servicios
públicos respectivos a cargo de las entidades intervenidas.
5. Preparar todas las actuaciones del proceso contractual en virtud del cual el
Superintendente encargue a una entidad fiduciaria o a otra persona la
administración de la empresa en forma temporal, en el evento de la toma de
posesión de alguna de las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y
control, y proyectar todos los actos administrativos que requiera dicho proceso.
6. Proyectar los actos administrativos por medio de los cuales el Superintendente
decrete las tomas de posesión, previa consulta al Delegado respectivo.
7. Proyectar para la firma del Superintendente la orden, cuando haya lugar a ello,
de la reducción simplemente nominal del capital social de la empresa, la cual se
hará sin necesidad de recurrir a su asamblea o a la aceptación de los acreedores,
en el evento en que ésta haya perdido cualquier parte de su capital, previo
concepto de la Comisión de Regulación respectiva.
8. Proyectar para la firma del Superintendente, cuando a ello hubiere lugar, en el
evento de toma de posesión la solicitud a las autoridades competentes para que
declaren la caducidad de los contratos de concesión, en los términos del artículo
121 de la Ley 142 de 1994.
9. Proyectar, en coordinación con los Directores Técnicos de Gestión, los actos
administrativos por medio de los cuales el Superintendente decrete la liquidación
de las entidades intervenidas y aquellos por los cuales designa liquidador y
contralor.
10. Proyectar, en coordinación con los Directores de Investigaciones de las
Superintendencias Delegadas, los actos admi nistrativos por medio de los cuales
el Superintendente ordene, cuando a ello haya lugar, la separación de los
gerentes o de miembros de las juntas directivas de las empresas cuando éstas
incumplan de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de
gestión y las normas de calidad.
11 . Proyectar para la firma del Superintendente los actos administrativos
sancionatorios de los alcaldes y administradores de aquellos municipios que
presten en forma directa uno o más servicios públicos en los términos del numeral
6.4 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
12. Estudiar y proyectar los actos administrativos relativos a los acuerdos de
reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999 y hacer el seguimiento al
proceso.
13. Informar oportunamente a la Dirección Financiera y al Grupo de Cobro
Coactivo de la Superintendencia, el inicio de los procesos de liquidación voluntaria
u obligatoria de los prestadores de servicios públicos, con el fin de que la
Superintendencia pueda hacerse parte en tiempo dentro de los mismos.
14. Preparar todas las actuaciones necesarias para que el Superintendente
efectúe la invitación a las empresas de servicios públicos para que éstas asuman
la prestación del servicio en los términos establecidos en el numeral 6.4 del
artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
15. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Artículo 18. Funciones de la Dirección General Territorial. Son funciones de la
Dirección General Territorial, las siguientes:
1. Formular los planes y programas que deban desarrollar las Direcciones
Territoriales en concordancia con las políticas trazadas por el Superintendente.
2. Dirigir y coordinar la ejecución de las funciones de las Direcciones Territoriales.
3. Coordinar la actividad administrativa y financiera que deban ejecutar las
Direcciones Territoriales, proporcionándoles una adecuada orientación técnica
para el cumplimiento de sus funciones y la ejecución de proyectos.
4. Diseñar y supervisar la puesta en funcionamiento del sistema de vigilancia y
control que permita apoyar las tareas de los Comités de Desarrollo y Control
Social de los servicios públicos domiciliarios.
5. Coordinar con los departamentos y municipios la capacitación de los vocales de
control, dotándolos de instrumentos básicos que les permitan organizar mejor su
trabajo de fiscalización y contar con la información necesaria para representar a
los Comités de Desarrollo y Control Social.
6. Proporcionar el apoyo técnico necesario, para la promoción de la partici pación
de la comunidad, en las tareas de vigilancia.
7. Expedir la certificación de que trata el numeral 101.9 del artículo 101 de la Ley
142 de 1994.
8. Dar traslado al Departamento Nacional de Planeación de la notificación que le
efectúen los alcaldes en desarrollo de lo establecido en el numeral 101.3 del
artículo 101 de la Ley 142 de 1994.
9. Conocer en segunda instancia los recursos de apelación que se surtan contra
las decisiones proferidas por los Directores Territoriales en asuntos de su
competencia.
10. Conocer de las apelaciones contra las decisiones de las empresas de
servicios públicos en materia de estratificación socioeconómica, cuando ésta no
haya sido adoptada por Decreto Municipal o Distrital, en los términos del parágrafo
-
del artículo 6° de la Ley 732 de 2002.
11. Analizar y evaluar el avance de la gestión de las Direcciones Territoriales con
el propósito de elaborar informes estadísticos, ubicar puntos críticos y establecer
esquemas de control para el adecuado cumplimiento de la misión y objetivo de las
mismas.
12. Velar porque las Direcciones Territoriales apliquen estrictamente las políticas y
pautas técnicas, administrativas, financieras y jurídicas que señale la entidad y
supervisar su cumplimiento bajo una misma guía metodológica.
13. Garantizar que se apliquen los procedimientos, estándares y documentación
que soporten la coordinación, control, seguridad y operación de las Direcciones
Territoriales.
14. Elaborar y presentar a la Secretaría General el proyecto de capacitación para
los funcionarios que laboren en las Direcciones Territoriales.
15. Asesorar al Superintendente en la fijación de políticas, planes y programas de
la entidad.
16. Presentar al Superintendente, a las Oficinas del Despacho y a la Secretaría
General los informes sobre la gestión y la situación administrativa y financiera de
las Direcciones Territoriales.
17. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Artículo 19. Direcciones Territoriales. La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios tendrá cinco Direcciones Territoriales, adscritas a la Dirección
General Territorial, así:
1. Dirección Territorial norte: Conformada por los departamentos de La Guajira,
M., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, C., con sede en la ciudad de
Barranquilla.
2. Dirección Territorial occidente: Conformada por los departamentos de
Antioquia, C., Risaralda, C. y Quindío, con sede en la ciudad de Medellín.
3. Dirección Territorial suroccidente: Conformada por los departamentos de Valle
del Cauca, Cauca, N. y P., con sede en la ciudad de Santiago de Cali.
4. Dirección Territorial oriente: Conformada por los departamentos de Santander,
Norte de Santander y Arauca, con sede en la ciudad de Bucaramanga.
5. Dirección Territorial centro: Conformada por los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, H., C., M., G., Guainía,
V., Vichada, Amazonas, Caquetá , Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y la ciudad de Bogotá Distrito Capital, siendo su sede, ésta
última.
Artículo 20. Funciones de las Direcciones Territoriales. Serán funciones de las
Direcciones Territoriales, las siguientes:
1. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa; publicar las evaluaciones
y proporcionar en forma oportuna la información disponible a quienes deseen
hacer evaluaciones independientes, de los siguientes prestadores de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo:
-
Las empresas de servicios públicos que atiendan menos de dos mil quinientos
(2.500) usuarios;
-
Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas los bienes y
servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos;
-
Las empresas de servicios públicos que operen exclusivamente en uno de los
municipios clasificados como menores según la ley o en zonas rurales;
-
Las organizaciones autorizadas de que trata el numeral 15.4 del artículo 15 de
la Ley 142 de 1994 para la prestación de servicios públicos;
-
Los productores de servicios marginales;
-
Los municipios menores de categorías quinta y sexta de acuerdo con la Ley 617
de 2000 que sean prestadores directos.
P.. Las evaluaciones a la que se refiere este numeral tendrán en cuenta
los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación.
2. Formular las observaciones sobre los estados financieros y contables de los
prestadores de que trata el numeral anterior.
3. Solicitar documentos, inclusive contables y practicar las pruebas que sean
necesarias para el cumplimiento de sus f unciones.
4. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con
los requisitos técnicos que hayan señalado los Ministerios.
5. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas; planes y programas;
contratos; así como de los indicadores de gestión definidos por la Comisión de
Regulación y Saneamiento Básico a los que estén sujetos quienes presten
servicios públicos domiciliarios y en caso de presuntas violaciones remitirlas al
Director General Territorial.
6. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de
servicios públicos y los usuarios y en caso de una presunta violación, informar a la
Dirección General Territorial.
7. Revisar permanentemente el marco regulatorio del sector de acueducto,
alcantarillado y aseo e identificar los aspectos de control administrativo, financiero,
técnico y comercial, con el fin de velar porque las disposiciones expedidas por la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico sean
debidamente cumplidas y aplicadas por los prestadores.
8. Vigilar la correcta aplicación del régimen tarifario que señale la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
9. Exigir que los prestadores de servicios públicos les comuniquen las tarifas,
cada vez que sean reajustadas y que adicionalmente las publiquen por una vez en
un periódico que circule en los municipios donde se preste el servicio o en uno de
circulación nacional.
10. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los departamentos y
los municipios destinan a las personas de menores ingresos se utilicen en la
forma prevista en las normas pertinentes e informar al Director General Territorial.
11. Verificar que los prestadores apliquen las acciones correctivas señaladas
como consecuencia de las evaluaciones de gestión y resultados, de los informes
de inspección y de los programas de gestión.
12. Solicitar a los prestadores la información necesaria para el Sistema único de
Información.
13. Verificar la consistencia y calidad de la información que sirva de base para
efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las personas que
presten servicios públicos sometidas a su inspección, vigilancia y control, así
como de aquella información del prestador que esté contenida en el Sistema único
de Información de los servicios públicos.
14. Suministrar a la Oficina de Informática la información necesaria para mantener
el registro actualizado de los prestadores en el Sistema único de Información.
15. Velar por la progresiva incorporación y aplicación d e los sistemas de control
interno en los prestadores objeto de su vigilancia.
16. Efectuar un seguimiento permanente a los programas de gestión suscritos con
los prestadores e informar al Director General Territorial sobre su cumplimiento.
17. Vigilar y controlar la ejecución de los planes de reestructuración financieros y
operativos exigidos a las empresas por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico, que surjan de los estudios de viabilidad
empresarial, en los términos del artículo 181 de la Ley 142 de 1994.
18. Resolver los recursos de apelación que interpongan los usuarios conforme a lo
establecido en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994.
19. Ordenar en el acto administrativo que resuelva el recurso de apelación de que
tratan los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, la devolución de los dineros
que una empresa de servicios públicos retenga sin justa causa a un usuario
dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación de la decisión
respectiva.
20. Conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos
administrativos emitidos por el personero municipal, mediante los cuales decida la
constitución de los Comités de Desarrollo y Control Social y las elecciones de sus
juntas directivas.
21. Dar trámite a las quejas sobre eventuales violaciones de las disposiciones
legales y de los contratos de servicios públicos.
22. Promocionar la participación de la comunidad en las tareas de vigilancia de los
servicios públicos domiciliarios, conforme a las directrices emanadas de la
Dirección General Territorial.
23. Asegurar la capacitación de los vocales de control, dotándolos de
instrumentos básicos que les permitan organizar mejor su trabajo de fiscalización
y contar con la información necesaria para representar a los Comités de
Desarrollo y Control Social.
24. Mantener un registro estadístico, de carácter permanente, de las peticiones,
quejas, reclamos y silencios administrativos por servicios, en el cual se determinen
las causas que los motivaron y de encontrar posibles incumplimientos legales por
parte de los prestadores, informar a la Superintendencia Delegada respectiva.
25. Implantar y poner en funcionamiento el sistema de vigilancia y control que
permita apoyar las tareas de los Comités de Desarrollo y Control Social de los
servicios públicos domiciliarios.
26. Coordinar con el Director General Territorial anualmente el plan de visitas de
inspección, efectuar las visitas que deban desarrollar, emitir los informes
correspondientes y proponer las medidas a que haya lugar.
2 7. N.car todos los actos administrativos que emitan.
28. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
P.. Las funciones contenidas en los numerales 2 al 17 del presente
artículo se ejercerán exclusivamente con relación a los prestadores de acueducto,
alcantarillado y aseo identificados en el numeral 1 de este artículo.
CAPITULO VII
Funciones de la Secretaría General y sus Direcciones
Artículo 21. Funciones de la Secretaría General. Son funciones de la Secretaría
General, las siguientes:
1. Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas, normas y
procedimientos para la administración de recursos humanos, físicos, económicos
y financieros de la entidad.
2. Colaborar en la formulación de las políticas, planes y programas de la
Superintendencia, en especial, en el diseño de proyectos y normas para la
provisión, utilización y control de los recursos humanos, físicos y financieros.
3. Coordinar la actividad administrativa de las diferentes dependencias de la
Superintendencia, proporcionándoles una adecuada orientación técnica, de tal
manera que se garantice el cumplimiento de la misión institucional y la ejecución
de los programas y proyectos.
4. Elaborar y presentar a consideración del Superintendente los proyectos de
resolución que reglamenten el funcionamiento interno de la Superintendencia.
5. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, el proyecto anual de
presupuesto, el programa anual de caja y sus modificaciones.
6. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, la elaboración de los
proyectos de inversión y funcionamiento de la Superintendencia.
7. Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto de funcionamiento de la
Superintendencia de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las
dependencias.
8. Controlar y supervisar el manejo de los recursos financieros para que se
ejecuten de acuerdo con la ley, los planes y programas.
9. Dirigir, coordinar y controlar las funciones de las Direcciones Administrativa y
Financiera.
10. N. car sus actos administrativos, los emanados del Despacho del
Superintendente, de las Oficinas Asesoras del Despacho con excepción la Oficina
de Control Disciplinario Interno; y designar los notificadores a que haya lugar.
11. Disponer oportunamente las publicaciones de los actos administrativos de
carácter general, de acuerdo con lo establecido en la ley.
12. Controlar la apertura y el manejo de las cuentas bancarias de la
Superintendencia.
13. Coordinar el manejo de las contribuciones a que se refiere el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994, el ingreso de las sanciones pecuniarias derivadas de ellas y
demás ingresos que reciba la Superintendencia.
14. Coordinar la celebración de convenios relacionados con las funciones de la
Superintendencia.
15. Coordinar la ejecución de planes y programas orientados a optimizar y
modernizar la gerencia de personal de la entidad y orientar actividades
relacionadas con la administración de personal.
16. Diseñar y programar las políticas de capacitación institucional de los
servidores públicos de la entidad.
17. Coordinar con la Oficina Asesora de Jurídica el trámite de los proyectos de
normas que deban someterse a consideración del Superintendente.
18. Presentar al Superintendente y a los correspondientes organismos de control y
del Gobierno, los informes sobre la situación administrativa y financiera de la
entidad.
19. Promover la aplicación de los principios de calidad en la gestión administrativa
y financiera de la entidad.
20. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Artículo 22. Funciones de la Dirección Administrativa. Son funciones de la
Dirección Administrativa, las siguientes:
1. Dirigir, organizar y controlar los servicios administrativos indispensables para el
funcionamiento de la Superintendencia.
2. Proponer a la Secretaría General los manuales administrativos y de
procedimientos de la dependencia y velar por la racionalización operativa.
3. Proyectar y tramitar los actos administrativos relacionados con la administración
del recurso humano de la Superintendencia.
4. Planear, organizar, coordinar y ejecutar los procesos de selección, promoción y
bienestar socia l del personal al servicio de la entidad y velar por el cumplimiento
de las normas que reglamentan la materia.
5. Dirigir los procesos de evaluación del desempeño, así como la administración
de la carrera administrativa.
6. Ejecutar los programas de salud ocupacional aprobados por el Comité Paritario,
en coordinación con la aseguradora de riesgos profesionales contratada.
7. Ejecutar el Plan Anual de Capacitación aprobado por la Comisión de Personal,
así como orientar los programas de inducción y reinducción.
8. Coordinar y responder por la liquidación y trámite oportuno de los sueldos,
factores salariales y demás prestaciones y reconocimientos al personal, de
conformidad con las disposiciones que rigen al respecto y suministrar a la
Dirección Financiera la información necesaria para efectos de pago.
9. Elaborar y mantener actualizado el manual de funciones y requisitos mínimos
para los cargos de la planta de personal y velar por su estricta aplicación.
10. Custodiar, mantener actualizado y sistematizado el archivo de las hojas de
vida del personal de la Superintendencia.
11. Elaborar las minutas de contratos, los pliegos de condiciones, términos de
referencia, los proyectos de resolución y de otros actos administrativos en materia
de contratación.
12. Atender las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento y
suministro de bienes y servicios que requieran las diferentes dependencias.
13. Elaborar el Plan Anual de Compras de la entidad y coordinar su ejecución.
14. Coordinar el manejo y actualización del inventario de los bienes muebles e
inmuebles utilizados por las dependencias de la Superintendencia.
15. Velar por la seguridad y vigilancia de las instalaciones físicas y mantener
debidamente asegurados los bienes de la entidad para lo cual deberá controlar los
contratos de seguro.
16. Asesorar a todas las dependencias de la entidad, en el manejo y organización
de la documentación de conformidad con las disposiciones que rigen al respecto.
17. Organizar y controlar la prestación de los servicios públicos, mensajería,
fotocopiado, publicaciones y suscripciones.
18. Clasificar, distribuir y realizar el seguimiento de la correspondencia de la
Superintendencia y manejar el sistema de información administrativo.
19. Realizar la liquidación y pago de los impuestos a cargo de la
Superintendencia.
20. Coordinar la comunicación interna, respecto a temas de interés para los
funcionarios de la entidad.
21. Presentar a la Secretaría General informes periódicos sobre las actividades
administrativas desarrolladas.
22. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
Artículo 23. Funciones de la Dirección Financiera. Son funciones de la Dirección
Financiera, las siguientes:
1. Dirigir y controlar las actividades presupuestales, contables, de tesorería y
pagaduría, central de cuentas y de liquidación de las contribuciones y de las
sanciones pecuniarias derivadas de ellas a que se refiere el artículo 85 de la Ley
142 de 1994 y de cualquier otro ingreso que reciba la entidad.
2. Proyectar para la firma del Superintendente el acto administrativo por medio del
cual se defina por vía general, las tarifas de las contribuciones que deban pagar
las entidades sujetas a su inspección, control y vigilancia de conformidad con el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
3. Controlar la ejecución del presupuesto de la entidad de acuerdo con las normas
legales vigentes.
4. Efectuar todos los pagos que debe realizar la Superintendencia.
5. Coordinar la consolidación y presentación del balance general de la
Superintendencia.
6. Controlar el manejo de los fondos de la Superintendencia, vigilando la
recepción de ingresos, la realización de pagos y custodiar los valores a su cargo.
7. Velar por la adecuación, implantación y actualización del sistema de
contabilidad y de presupuesto de la entidad conforme a las normas y principios
legales vigentes.
8. Garantizar el adecuado manejo de los recursos financieros y la eficiente
colocación de los excedentes de liquidez de la Superintendencia, de acuerdo a las
disposiciones que regulan la materia.
9. Liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda en los términos del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
10. Llevar el control adecuado sobre las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios morosas de la contribución especial y remitirlo a la Oficina
Asesora de Jurídica para lo de su competencia.
11. Liquidar anualmente los excedentes de la entidad y proponer su distribución
de conformidad con lo establecido por el numeral 3° del artículo 85 de la Ley 142
de 1994.
12. Velar por la aplicación de las normas y procedimientos requeridos para la
gestión financiera.
13. Colaborar con la Oficina Asesora de Planeación de la entidad en la
elaboración del presupuesto y de los estudios económicos requeridos.
14. Presentar la información financiera que requieran las dependencias internas y
la exigida por los organismos de control.
15. Dirigir y controlar el programa anual de caja para soportar la ordenación de
pagos.
16. Colaborar con la Oficina Asesora de Planeación e Informática de la entidad en
el diseño del sistema automatizado de información para la gestión financiera.
17. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
dependencia.
CAPITULO VIII
Funciones de los Organos de Asesoría y Coordinación
Artículo 24. Comisiones y Comités. La Comisión de Personal y el Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno estarán integrados por los
funcionarios que determine el Superintendente y tendrán las funciones que les
corresponden de conformidad con las disposiciones legales que regulan la
materia.
P.. El Superintendente podrá crear y organizar los comités internos que
estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 25. Grupos Internos de Trabajo. El Superintendente podrá crear y
organizar grupos de trabajo al interior de las dependencias, con sus respectivos
coordinadores, con el fin de desarrollar con eficiencia y eficacia los objetivos,
políticas, planes y programas de la Superintendencia.
Artículo transitorio. Los Superintendentes D. de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo, y de Energía y Gas Combustible continuarán conociendo de los recursos
de apelación interpuestos por los usuarios que hayan sido recibidos por la
Superintendencia hasta la fecha de entrada en vigencia de este decreto.
La Secretaría General continuará con el trámite de notificación de todos los actos
administrativos de la entidad que hayan sido expedidos por la Superintendencia
antes de la fecha de entrada en vigencia de este decreto.
Artículo 26. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 548 de
1995.
P. y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 21 de mayo de 2002.
A.P. ARANGO
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del
Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
F.R.V..
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
J.C.E.G..
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
M.Z.
DECRETO NUMERO 991 DE 2002
(mayo 21)
por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
El P. de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
otorgan el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 105 de la
Ley 142 de 1994 y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
-
Que para efectos de modificar su planta de personal, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, presentó al Departamento Administrativo de la
Función Pública el estudio técnico de que tratan los artículos 41 de la Ley 443 de 1998
y 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998;
Que la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público otorgó la viabilidad presupuestal mediante el oficio número 16912 del
11 de marzo de 2002;
Que mediante el Decreto número ... de 2002, se modificó la estructura de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se determinaron las funciones
de sus dependencias;
Que el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, consagra los principios y reglas generales
conforme a los cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los
Organismos Administrativos del orden nacional;
Que el literal n) del precitado artículo prescribe que se deberá adoptar una nueva
planta de personal,
DECRETA:
Artículo 1°. Suprímense de la planta de personal de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, los siguientes empleos:
Número Dependencia y Denominación de Cargos del Empleo Código Grado
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE
4 (cuatro) Asesor 1020 18
1 (uno) Técnico Administrativo 4065 16
1 (uno) S. Ejecutivo 5040 22
1 (uno) Auxiliar Administrativo 5120 17
1 (uno) Auxiliar de Servicios Generales 5335 11
PLANTA GLOBAL
Número de Cargos Denominación del Empleo Código Grado
2 (dos) Director de Superintendencia 0105 19
5 (cinco) Jefe de Oficina 0125 20
11 (once) Intendente 0138 19
3 (tres) Intendente 0138 17
7 (siete) Intendente 0138 15
2 (dos) Asesor 1020 15
31
Número de Cargos Denominación del Empleo Código Grado
9 (nueve) Asesor 1020 11
5 (cinco) Profesional Especializado 3010 20
13 (trece) Profesional Especializado 3010 19
9 (nueve) Profesional Especializado 3010 18
16 (dieciséis) Profesional Especializado 3010 17
3 (tres) Profesional Especializado 3010 16
2 (dos) Profesional Especializado 3010 15
22 (veintidós) Profesional Universitario 3020 14
2 (dos) Profesional Universitario 3020 05
29 (veintinueve) Técnico Administrativo 4065 17
3 (tres) Técnico Administrativo 4065 16
14 (Catorce) Técnico Administrativo 4065 14
5 (cinco) Técnico Administrativo 4065 13
7 (siete) Técnico Administrativo 4065 08
3 (tres) S. Ejecutivo 5040 21
6 (seis) S. Ejecutivo 5040 20
5 (cinco) S. Ejecutivo 5040 18
4 (cuatro) S. Ejecutivo 5040 16
4 (cuatro) S. 5140 11
3 (tres) Auxiliar Administrativo 5120 20
2 (dos) Auxiliar Administrativo 5120 18
3 (tres) Auxiliar Administrativo 5120 17
4 (cuatro) Auxiliar Administrativo 5120 16
2 (dos) Conductor Mecánico 5310 15
1 (uno) Conductor Mecánico 5310 13
1 (uno) Auxiliar de Servicios Generales 5335 11
1 (uno) Auxiliar de Servicios Generales 5335 09
Artículo 2°. Las funciones propias de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, serán cumplidas por la planta de personal que se establece a continuación,
Así:
Número Dependencia y Denominación
de Cargos del Empleo Código Grado
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE
1 (uno) Superintendente 0030 25
4 (cuatro) Asesor 1020 18
1 (uno) Asesor 1020 16
1 (uno) Asesor 1020 15
8 (ocho) Asesor 1020 14
6 (seis) Asesor 1020 12
3 (tres) Técnico Administrativo 4065 17
1 (uno) S. Ejecutivo 5040 24
1 (uno) S. Ejecutivo 5040 23
1 (uno) S. Ejecutivo 5040 18
1 (uno) Conductor Mecánico 5310 19
1 (uno) Conductor Mecánico 5310 15
1 (uno) Auxiliar Administrativo 5120 16
PLANTA GLOBAL
Número
de Cargos Denominación del Empleo Código Grado
1 (uno) S. General 0037 22
3 (tres) Superintendente Delegado 0110 23
5 (cinco) Director Territorial 0042 17
5 (cinco) Director Técnico 0100 21
1 (uno) Director Técnico 0100 20
1 (uno) Director Administrativo 0100 19
1 (uno) Director Financiero 0100 19
4 (cuatro) Director de Superintendencia 0105 19
3 (tres) Jefe de Oficina 0137 20
4 (cuatro) Asesor 1020 12
2 (dos) Asesor 1020 11
Número de Cargos Denominación del Empleo Código Grado
9 (nueve) Asesor 1020 10
1 (uno) Jefe de Oficina Asesora de Planeación 1045 15
1 (uno) Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 1045 15
8 (ocho) Profesional Especializado 3010 25
3 tres Profesional Especializado 3010 23
8 (ocho) Profesional Especializado 3010 22
1 (uno) Profesional Especializado 3010 21
40 (cuarenta) Profesional Especializado 3010 20
21 (veintiún) Profesional Especializado 3010 19
19 (diecinueve) Profesional Especializado 3010 18
24 (veinticuatro) Profesional Especializado 3010 17
9 (nueve) Profesional Especializado 3010 16
27 (veintisiete) Profesional Universitario 3020 14
1 (uno) Profesional Universitario 3020 12
8 (ocho) Técnico Administrativo 4065 18
7 (siete) Técnico Administrativo 4065 17
7 (siete) Técnico Administrativo 4065 16
4 (cuatro) Técnico Administrativo 4065 15
8 (ocho) Técnico Administrativo 4065 14
3 (tres) S. Ejecutivo 5040 23
4 (cuatro) S. Ejecutivo 5040 22
1 (uno) S. Ejecutivo 5040 21
5 (cinco) S. Ejecutivo 5040 20
9 (nueve) S. Ejecutivo 5040 18
5 (cinco) S. Ejecutivo 5040 16
2 (dos) Auxiliar Administrativo 5120 22
7 (siete) Auxiliar Administrativo 5120 20
3 (tres) Auxiliar Administrativo 5120 18
10 (diez) Auxiliar Administrativo 5120 16
1 (uno) Conductor Mecánico 5310 19
4 (cuatro) Conductor Mecánico 5310 15
Artículo 3°. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante
resolución, distribuirá los cargos de la planta global y ubicará el personal teniendo en
cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio.
Artículo 4°. La incorporación de los empleados a la planta de personal establecida
en el artículo 2° del presente decreto, se efectuará dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la fecha de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1173 de 1999 y demás normas vigentes sobre la materia.
P.. Los empleados públicos vinculados a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, continuarán percibiendo la remuneración mensual que venían
devengando, hasta tanto se produzcan las incorporaciones a la nueva planta de personal
y tomen posesión del cargo.
Artículo 5°. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 1572 de 1998, modificado
por el Decreto 2504 de 1998.
Artículo 6°. Los empleados de carrera administrativa a quienes se les suprima el
cargo en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del presente decreto, tendrán derecho
a optar por la indemnización o por la incorporación a empleo equivalente, de conformidad
con lo consagrado en la ley 443 de 1998 y en los D. Reglamentarios 1572 de
1998 y 1173 de 1999, con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto-ley 1568
de 1998.
Artículo 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga
los D. 549 de 1995, 1870 de 1996, 1716 de 1999 y demás disposiciones que le sean
contrarias.
P. y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 21 de mayo de 2002.
A.P. ARANGO
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del
Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
F.R.V..
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
J.C.E.G..
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
M.Z.R..
Alega la demanda que los decretos acusados fueron dictados por el P. de la República con base en las facultades extraordinarias que le concediera el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 al P., norma que fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-702 de 1999, razón por la cual en criterio del actor se configura en este caso una inconstitucionalidad por consecuencia, ya que los decretos demandados de inferior jerarquía, se fundaron en una norma de superior jerarquía que fue declarada inconstitucional, inconstitucionalidad que se transfiere de manera automática a la norma dictada con base en la anterior.
En este sentido expone el actor que ...la presente acción se dirige a solicitar la inconstitucionalidad por Consecuencia y no una inconstitucionalidad directa ...toda vez que ...cuando la norma en que se fundo otra de rango inferior, o uno o mas actos administrativos, es declarada inexequible, el efecto jurídico automático que deben sufrir dichas normas cuyo fundamento legal desapareció (sic) del ordenamiento jurídico nacional, es que estas también pierden vigencia o mejor aun debe entenderse que estas nunca tuvieron vigencia por recaer sobre esta (s) una inconstitucionalidad por Consencuencia.
En este sentido, alega el demandante en primer término, que en la expedición de los decretos demandados existió una extralimitación de funciones por parte del entonces P. de la República, violando los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 6 y 123 de la Carta, toda vez que incurrieron en una extralimitación de sus funciones, ... pues ... el art. 189 numeral 14 establece una condición para que el P. de la República pueda crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administración central, la cual es que deberá hacerlo conforme a la ley; que para este caso era la Ley 489 de 1998, art. 120. Y como la norma que le otorgaba las facultades extraordinarias para ejercer estas funciones fue declarada inconstitucional, ... para la fecha en que expidió los decretos cuya INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA se solicita en este proceso, carecía de facultad constitucional y legal para hacerlo.
En otro aparte de su demanda de constitucionalidad expone el demandante lo siguiente:
es necesario anotar, que al momento de expedir el entonces P. de La República, los D. 990 y 991 del 21 de mayo de 2002, carecía de facultad legal para hacerlo pues las mismas habían expirado, al tenor de lo expresado en la norma declarada inexequible por la Corte; toda ves (sic) que dichas facultades fueron conferidas por un término perentorio y preclusivo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la ley 489 de 1998 (..) Y dichos decretos, vulneran el mandato consagrado en el artículo 150 numeral 10 de la Carta Magna, según el cual, el órgano legislativo solo puede conceder facultades extraordinarias al jefe de la rama ejecutiva por un termino de seis (6) meses, para los fines perseguidos a través de los decretos demandados. Termino que fue pretermitido por el entonces P. de la Republica, al expedir los decretos 990 y 991 de 2002, casi tres años después de haber expirado las facultades que le habían sido conferidas.
En este mismo sentido es importante agregar que en los D. 990 y 991 del 21 de mayo de 2002, también fue vulnerado el artículo 189 numeral 14 de la Carta; toda ves (sic) que en dicha norma, el Constituyente Primario establece una condición precisa e ineludible, que tampoco fue acatada por el ejecutivo al expedir los decretos demandados y que consiste en que, si bien es cierto, al P. de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y primera autoridad administrativa, le corresponde crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administración central, deberá hacerlo conforme a la ley, que para tales efectos expida el Congreso de la República (e)n este caso la ley 489 de 1998 cuyo artículo 120 era el que le otorgaba las facultades para estos efectos y que reitero, fue declarado inexequible mediante sentencia C-702 del 23 de septiembre de 1999. Razón por la cual, el ejecutivo nunca contó realmente con dichas facultades, al tenor de lo manifestado por la Corte Constitucional
En segundo lugar, encuentra el demandante que en la expedición de los decretos acusados no medió solicitud expresa por parte del gobierno de las facultades extraordinarias para proceder a dictarlos, razón por la cual considera que se violó el artículo 150-10 de la Carta.
En tercer lugar, considera el actor que se viola el carácter restrictivo que la Constitución de 1991 otorga a las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al P. de la República para legislar sobre determinadas materias, e insiste en que estas se deben utilizar en un termino perentorio y preclusivo de seis meses, de conformidad con el artículo 150-10 Superior, el cual resulta vulnerado, ya que ...para el momento en que este promulgó las normas demandadas, las facultades que le habían sido conferidas para tales efectos, ya habían expirado hacia mas de dos años. Toda vez que, tal como lo estableció la ley 489 de 1998 en su art. 120, tales funciones le fueron delegadas por un termino de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la ley, es decir, a partir del 30 de diciembre de 1998. Por tanto concluye que incurrió en una extralimitación, con lo cual violó los artículos 6 y 123 Superiores.
En cuarto lugar, el demandante hace una relación del trámite de aprobación de las facultades conferidas al P. por el art. 120 de la Ley 489 de 1998, que en éste existieron vicios de procedimiento, razones por las cuales la Corte lo declaró inconstitucional.
Finalmente el actor hace una relación de la sentencia C-923 de 1999 en donde se aplicó la figura de la inconstitucionalidad por consecuencia, en relación con los decretos dictados con fundamento en el artículo 120 de la ley 489 de 1998.
Con base en lo anterior, el demandante considera que en este caso también opera una inconstitucionalidad por consecuencia ya que los decretos demandados pierden su fundamento jurídico como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que sería según el actor la norma básica, fuente o madre, razón por la cual concluye que todas las medidas que fueron dictadas con fundamento en aquella son inexequibles como resultado de esa inexequibilidad.
Por consiguiente, concluye el actor que habiendo sido los decretos 990 y 991 de 2002 expedidos con fundamento en el art. 120 numeral 1º de la ley 489 de 1998, deben ser declarados inexequibles por Consecuencia, ..., por carecer de fundamento legal y ser contrarios a la Constitución.
1. Universidad Santo Tomás
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 26 de agosto de 2008, el Director de Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, conceptúo acerca de la constitucionalidad de los D. demandados, solicitando a la Corte declarar la inexequibilidad de los decretos 990 y 991 de 2002. Para ello expuso los siguientes argumentos:
En primer lugar, encuentra la Universidad que el problema jurídico a resolver, se refiere a si el P. de la República, al proferir los decretos 990 y 991 de 2002, carecía de la facultad legal para hacerlo, por haberse cumplido el término para su expedición inicialmente prescrito en el artículo 120 de la ley 489 de 1998, y por la declaratoria de inexequibilidad impuesta al mismo por la sentencia C-702 de 1999 de la Corte Constitucional.
Al respecto considera la Universidad que las facultades concedidas el P. en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, esto es, superintendencias, expiraron con la declaratoria de inexequibilidad hecha mediante la sentencia C-702 de 1999.
Por tanto, en criterio de la Universidad, con la expedición de los decretos 990 y 991 de 2002 se configuró una extralimitación de funciones por parte del ejecutivo, toda vez que la norma habilitante salió del ordenamiento jurídico después de su declaratoria de inexequibilidad en el año 1999, razón por la cual las facultades extraordinarias conferidas al P. por esta norma salieron del ordenamiento jurídico, despojándo al P. de cualquier atribución legislativa respecto de la materia para lo cual lo habilitaba la norma en cuestión que le confería facultades extraordinarias.
Refiere la Universidad, que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en relación con este tema de la inconstitucionalidad consecuencial, según la cual pierden todo fundamento legal los decretos con fuerza de ley, que deriven su eficacia del ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por una norma habilitante declarada inconstitucional.
Para la universidad, los decretos 990 y 991 fueron expedidos con fundamento en una norma declarada inexequible, que al haber salido del ordenamiento jurídico arrastra consigo todas las normas que pretendan sujetarse a ella, o tener en ella su fundamento.
Así pues, en opinión de la universidad y en razón a la inexequibilidad que recayó sobre la norma habilitante, los decretos leyes o los decretos legislativos que se fundan en ella, pierden por completo el fundamento que les dió vida y devienen en inconstitucionales por sustracción de materia.
Observa la universidad, que si bien los decretos demandados no mencionan de manera explícita el artículo 120 de la ley 489 de 1999 como fundamento, parten de la delegación del mismo para legitimar su nacimiento, y por lo tanto, pierden toda eficacia y deben excluirse del ordenamiento jurídico.
Por tanto, considera que el P. no se encontraba debidamente facultado para proferir los decretos 990 y 991 de 2002, fundando la expedición de los mismos en una norma habilitante declarada inexequible, por lo cual, solicita a esta corte la declaración de inexequibilidad de los decretos demandados, y ello con efecto retroactivo.
2. Departamento Administrativo de la Función Pública
Mediante apoderado y a través de escrito presentado ante esta Corporación el 27 de agosto del 2008, el Departamento Administrativo de la Función Pública, intervino dentro de este proceso de constitucionalidad, para solicitar a esta Corte se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los D. 990 y 991 de 2002 por falta de competencia.
En primer lugar, recuerda esa entidad las facultades de la Corte para decidir sobre las demandas de constitucionalidad, de conformidad con los numerales 4º, 5º y 7º del artículo 241 de la Carta Política, y con base en ello advierte que la Corte carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los decretos acusados en cuanto no constituyen decretos leyes dictados con fundamento en facultades extraordinarias, como erróneamente lo cree el actor, sino simples actos administrativos.
En este sentido, considera el Departamento Administrativo que si bien la jurisprudencia nacional ha establecido que los decretos dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de leyes marco, como lo es la Ley 489 de 1998, siendo actos administrativos ostentan una condición superior a los decretos reglamentarios ordinarios, en cuanto pueden modificar incluso leyes, salvo que se trate de orgánicas o estatutarias, dicha categorización no les otorga a dichos decretos el carácter de leyes, decretos leyes o decretos legislativos.
Por lo anterior, solicita la inhibición de esta Corte en el presente asunto.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Públlico a través de apoderado intervino dentro del presente proceso de constitucionalidad, mediante escrito presentado el 27 de agosto de 2008, para defender las normas acusadas y solicitar que esta Corte se declare inhibida para conocer de la presente acción.
Advierte el Ministerio que en el epígrafe de los D. demandados se observa que en los mismos se invocan las facultades constitucionales y legales conferidas por el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Nacional, el artículo 105 de la ley 142 de 1994 y la sujeción a la ley 489 de 1998. Por lo anterior, considera que las normas acusadas fueron expedidas por el Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución, y no con base en las facultades extraordinarias que fueron otorgadas al P. por el derogado artículo 120 de la Ley 489 de 1998.
Por lo anterior, considera el Ministerio que es equivocada la posición del demandante, en cuanto afirma que los decretos acusados fueron dictados con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas al P. por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, sino que su promulgación tuvo como soporte los numerales 14 y 16 del artículo 189 Superior y los lineamientos fijados por el artículo 54 de dicha ley que señala los lineamientos que debe tener en cuenta el gobierno nacional para modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos del orden nacional.
Señala el Ministerio, que adicionalmente para la expedición del Decreto 991 de 2002 el gobierno tuvo como fundamento el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 que lo faculta expresamente para aprobar las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata dicha ley.
Finalmente, se remite el Ministerio a las consideraciones de la sentencia C-698 de 2000, en la que la Corte se refirió a un caso similar al presente, por cuanto en aquella ocasión se demandó el decreto 1932 de 1999, acusado de ser dictado con base en las derogadas facultades extraordinarias concedidas al P. por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, para concluir que en este caso, tal como en aquella ocasión, los decretos demandados no fueron dictados en ejercicio de las facultades extraordinarias que son otorgadas por el Congreso, sino que son decretos de carácter administrativo dictados con base en las facultades de potestad reglamentaria del ejecutivo.
Por lo anterior, el Ministerio solicita a esta Corte que se declare inhibida de conocer de la presente acción.
4. Departamento Nacional de Planeación
El Departamento Nacional de Planeación intervino en el presente proceso de constitucionalidad a través de escrito presentado ante esta Corporación el 27 de agosto de 2008 por la Coordinadora del Grupo de Asuntos Judiciales de la Oficina Asesora Jurídica, para defender las normas demandas.
En primer lugar, observa el Departamento Nacional de Planeación que la Corte Constitucional no tiene competencia para analizar la inconstitucionalidad de los decretos demandados, porque estos decretos constituyen decretos administrativos que expide el P. de la República en virtud de algunos numerales del artículo 189 de la Constitución Nacional, especialmente el numeral 16 del artículo 189.
Por consiguiente, la entidad interviniente considera que la Corte debe declararse inhibida para estudiar el cargo de inconstitucionalidad contra los decretos demandados.
No obstante lo anterior, anota el Departamento Nacional de Planeación que los decretos 990 y 991 de 2002 no son inconstitucionales, ya que no se trata de decretos que hubiera tenido que dictar el P. con base en facultades extraordinarias para ello, sino que se expidieron con fundamento en el ejercicio de la facultad prevista en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política para modificar la estructura de entidades públicas del orden nacional. Así mismo, señala que estos decretos fueron dictados con fundamento en el artículo 105 de la Ley 142 de 1994, y se encuentran amparados por la ley 489 de 1998, que es la ley marco a la que debe atender el Gobierno Nacional para la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional, lo cual no significa que el gobierno los dictara con base en las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 de esa Ley.
Por tanto, concluye el Departamento Nacional de Planeación que los decretos no adolecen de inconstitucionalidad.
5. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Mediante escrito presentado ante esta entidad el 27 de agosto de 2008, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervino dentro de este proceso de constitucionalidad para solicitar que esta Corte se declare inhibida para pronunciarse respecto de esta demanda tanto por ineptitud sustantiva de la demanda como por falta de jurisdicción.
En relación con el cargo relativo a que el gobierno no solicitó de manera expresa la atribución de facultades extraordinarias para su concesión en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, considera la Superintendencia que este cargo es improcedente por cuanto se formula contra el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 que ya fue analizado y declarado inconstitucional por la Corte, razón por la cual la Corte debe inhibirse por ineptitud sustantiva de la demanda.
Igual ocurre para la Superintendencia en lo que respecta al cargo sobre vicios de trámite legislativo que dieron lugar durante a la aprobación del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, haciendo alusión a las razones expuestas en la sentencia C-702 de 1999, respecto de lo cual considera que la Corte debe inhibirse por ineptitud sustantiva de la demanda.
Finalmente la Superintendencia considera que en relación con los demás cargos la Corte debe declararse inhibida por falta de jurisdicción por cuanto en lo que tiene que ver con los D. 990 y 991 de 2002 se trata de actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria, de conformidad con las facultades otorgadas al P. por los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Nacional, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y con sujeción a la ley 489 de 1998, sujeción que aclara la Superintendencia se refiere a los artículos 54 y 115 de la Ley 489 de 1998.
Concluye la Superintendencia, que por tratarse en este caso de decretos de naturaleza reglamentaria, cuyo conocimiento corresponde al Consejo de Estado, y no de decretos leyes expedidos con base en facultades extraordinarias concedidas al P., como erróneamente lo supone la demanda, la Corte debe declararse inhibida para conocer de la presente demanda por falta de jurisdicción.
6. Intervención Extemporánea
La intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, no será tenida en cuenta dentro de este proceso de constitucionalidad por cuanto fue presentada de manera extemporánea, tal y como consta en los informes de la Secretaría General de esta Corporación de fecha veintiocho (28) de agosto del 2008 (Fl. 134 Cuaderno Ppal).
El señor P. General de la Nación, mediante concepto No. 4619 del 22 de septiembre de 2008, radicado en esta Corporación el 22 de septiembre de 2008, solicita a esta Corte que se declare inhibida por falta de competencia para estudiar la constitucionalidad de los D. 990 y 991 de 2002.
La inhibición por falta de competencia de la Corte Constitucional para estudiar la demanda en contra de los D. 990 y 991 de 2002 la fundamenta la Vista Fiscal en que considera que éstos decretos son normas reglamentarias que carecen de fuerza legal, ya que contrario a lo que supone el demandante estos decretos no fueron expedidos con base en las facultades extraordinarias que le concedía el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 al P. de la República, disposición que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-702 de 1999, sino en ejercicio de la potestad reglamentaria que le encomendó la Constitución Política.
Así mismo, señala la Vista Fiscal que de acuerdo con la Constitución Política, el P. de la República no requiere de una ley de facultades extraordinarias para modificar la estructura de los órganos de la administración nacional y en especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
A este respecto señala el Ministerio que los decretos demandados se expidieron con fundamento en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, en el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 489 de 1998, ya que esta normativa regula lo concerniente a las atribuciones constitucionales de los numerales 15 y 16 de la Constitución Política, en relación con la competencia del P. de la República para modificar la estructura de la administración nacional.
Advierte el Ministerio Público que en estos D. no se hace mención alguna al inexequible artículo 120 de la Ley 489 de 1998, sino que por el contrario se fundamentan en las disposiciones constitucionales y legales correspondientes.
Por consiguiente, concluye la Vista Fiscal que los decretos impugnados no tienen fuerza de ley y es por tanto, que conforme a la Constitución Política, la competencia para dirimir una presunta inconstitucionalidad corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. En consecuencia, se solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo, por falta de competencia.
1. Competencia. Necesidad de determinar la jurisdicción de esta Corte para decidir sobre la constitucionalidad de los D. 990 y 991 de 2002.
1.1 El artículo 241 de la Constitución Política le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos que éste prescribe. Con ese fin, le otorga competencia para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos (i) contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, (ii) contra los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno nacional al amparo de los artículos 150-10 y 341 de la Constitución y (iii) contra los decretos legislativos dictados por el P. de la República en virtud de lo preceptuado en los artículos 212, 213 y 215 del mismo ordenamiento Superior.
1.2 En armonía con lo anterior, y en aras de garantizar plenamente la integridad y supremacía de la Carta, también el artículo 237 Superior le atribuye al Consejo de Estado, entre otras funciones, competencia para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno nacional cuyo control no haya sido asignado a la Corte Constitucional, competencia que se limita, en consecuencia, a los actos de carácter administrativo que expide el ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria.
1.3 En el momento de la admisión de la demanda, esta Corte consideró que no era el momento de entrar a pronunciarse sobre la cuestión de constitucionalidad planteada por el actor respecto de si efectivamente el P. de la República había expedido los D. demandados con fundamento en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, norma que otorgaba facultades extraordinarias al ejecutivo y que fue declarada inexequible, lo cual le daría a estos decretos demandados el carácter de decretos leyes o decretos con fuerza de ley; o de si por el contrario, el presidente los dictó con base en el ejercicio de las facultades ordinarias atribuidas por la Constitución para la modificación o reforma de las entidades del Estado del orden nacional y por tanto podía dictarlos por vía de la potestad reglamentaria.
Dado que la anterior cuestión toca directamente con la determinación de la competencia de esta Corte para decidir respecto de este asunto, procederá esta S. en primer lugar, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades en donde se han planteado ante esta Corporación asuntos similares[1], a determinar la verdadera naturaleza jurídica de estas normas, con el único propósito de definir si en realidad le asiste competencia a este Tribunal Constitucional para juzgarlas.
2. Asunto a revisar y problema jurídico
2.1 En la demanda presentada en contra de los D. 990 y 991 de 2002 se sostiene que los D. 990 y 991 de 2002 son violatorios de los artículos 150 num. 10 y el 189 un. 14 de la Constitución Política, por falta de competencia del P. de la República para dictarlos, ya que según el demandante el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que concedía facultades extraordinarias al P. de la República por seis (6) meses para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional, fue declarado inexequible por esta Corte Constitucional mediante la sentencia C-702 de 1999.
En este sentido, sostiene la demanda que los decretos acusados se expidieron por el P. de la República con base en las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 para reformar la estructura de la administración central (C.P. art. 150-10°), y que en tal sentido serían D. con fuerza de ley, razón por la cual le competería a esta Corte su revisión de constitucionalidad.
2.2 Por su parte, todos los intervinientes dentro del presente proceso de constitucionalidad, excepción hecha de la Universidad Santo Tomás que solicita a esta Corte la declaración de inexequibilidad de los D. demandados, coinciden en afirmar que el demandante se equivoca cuando afirma que los D. acusados fueron dictados con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas al presidente por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que fue declarado inexequible por esta Corte, y consideran por el contrario que los decretos acusados fueron expedidos por el P. de la República en ejercicio de las facultades reglamentarias de estatus constitucional y que por tanto, se trata de actos administrativos cuyo análisis de constitucionalidad no le corresponde adelantarlo a la Corte Constitucional sino al Consejo de Estado.
2.3 En igual sentido, el P. General de la Nación en su concepto de rigor, sostiene que no le asiste razón al demandante cuando sostiene que los D. 990 y 991 de 2002 son D. con fuerza de ley por haber sido dictados con base en facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al P. de la República, sino que tales D. son actos administrativos dictados con fundamento en las facultades constitucionales otorgadas al P. por los numerales 10 y 16 del artículo 189 Superior, y con base en el artículo que conforme a la Constitución Política, la competencia para dirimir una presunta inconstitucionalidad corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. En consecuencia, se solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo, por falta de competencia.
2.4 Por consiguiente, la Corte entrará a establecer, en primer lugar, si los decretos demandados fueron expedidos con fundamento en las facultades extraordinarias concedidas al P. de la República por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, declarado inexequible por esta Corte mediante la sentencia C-702 de 1999, con lo cual esta Corte establecerá la verdadera naturaleza jurídica de la norma y de contera la competencia de esta Corte para juzgarla.
3. Falta de jurisdicción de esta Corte para decidir sobre la constitucionalidad de los D. 990 y 991 de 2002.
3.1 Los preceptos demandados en esta oportunidad, el Decreto 990 de 2002 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones y el Decreto 991 de 2002 Por el cual se modifica la plan de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones, fueron dictados invocando las facultades otorgadas al P. de la República por los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y con sujeción a la Ley 489 de 1998.
Sobre el alcance de las disposiciones de carácter constitucional y legal que fueron invocadas como fundamento para justificar la expedición de los decretos demandados, evidencia esta S. que el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución le otorga facultades al P. para crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, para señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos.
De otra parte, el numeral 16 del artículo 189 de la Carta le asigna al P. de la República, en su calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, la atribución de modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos del orden nacional, con sujeción a los principios y reglas generales previamente definidas por el legislador.
Así el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política determina que corresponde al P. de la República Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. (resalta la S.)
Por su parte, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 fija los principios y reglas de reorganización administrativa, y con fundamento en los numerales 14 y 16 del artículo 189 y 370 de la Constitución Nacional, faculta al P. de la República para modificar la estructura de algunos Ministerios y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En efecto, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 consagra:
ARTÍCULO 105. PRINCIPIOS Y REGLAS DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 14 y 16 del artículo 189 y el artículo 370 de la Constitución Política, y para los efectos de la debida organización y funcionamiento de la estructura administrativa relacionada con el régimen de Servicios Públicos domiciliarios de que trata esta Ley, el P. de la República podrá modificar la estructura de los Ministerios de Desarrollo Económico, Minas y Energía, de Comunicaciones, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de las Comisiones de Regulación y de las demás dependencias y entidades de la administración, así como crear, fusionar o suprimir los empleos a que haya lugar, señalarles sus funciones y fijarles sus dotaciones y emolumentos, de acuerdo con las normas generales adoptadas con fundamento en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta, con sujeción a los siguientes principios y reglas generales:
105.1. Debe garantizarse que no existan entidades, organismos o dependencias que ejerzan funciones iguales o incompatibles con lo dispuesto en esta ley.
105.2. Las modificaciones se harán sobre la base de una evaluación de los costos y gastos de operación, del funcionamiento de sus componentes y de su comparación frente a la ejecución de funciones a través de contrato.
105.3. Se mantendrá una estricta separación entre las funciones de regulación, que se ejercerán a través de las comisiones, y las de control y vigilancia, que se ejercerán por el Superintendente y sus delegados.
105.4. Se podrán establecer oficinas delegadas de la Superintendencia en las ciudades capitales de departamento que se considere conveniente, o autorizar la delegación de algunas funciones en otras autoridades administrativas del orden departamental o municipal, o la celebración de contratos con otras entidades públicas o privadas para el mejor cumplimiento de ellas. (Resaltado fuera del texto original)
Ahora bien, el Decreto 900 del 2002, mediante el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, menciona adicionalmente que dicho decreto se dicta con sujeción a la Ley 489 de 1998.
Para la S. es claro que si bien este Decreto se refiere a la Ley 489 de 1998, no se encuentra haciendo una remisión al artículo 120 de dicha ley, que confería facultades extraordinarias al P. de la República para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias de la Rama ejecutiva del poder público del orden nacional, entre otras superintendencias, sino al artículo 54 de la Ley 489 de 1998, que en acatamiento del mandato Superior del numeral 16 del artículo 189 constitucional, consagra los principios y reglas generales que, precisamente, deben guiar al ejecutivo en su función de modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y, en general, de las entidades administrativas del orden nacional como en este caso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En efecto, el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 estable los principios y reglas generales con sujeción a las cuales el gobierno nacional puede modificar la estructura de los organismos administrativos del orden nacional:
ARTICULO 54. PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES CON SUJECION A LAS
CUALES EL GOBIERNO NACIONAL PUEDE MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE
LOS MINISTERIOS, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DEL ORDEN NACIONAL. Con el objeto de
modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organización o estructura de los
ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos
administrativos nacionales, las disposiciones aplicables se dictarán por el
P. de la República conforme a las previsiones del numeral 16 del artículo
189 de la Constitución Política y con sujeción a siguientes principios y reglas
generales:
-
Deberán responder a la necesidad de hacer valer los principios de eficiencia y
racionalidad de la gestión pública, en particular, evitar la duplicidad de funciones;
( )
-
Se deberá garantizar que exista la debida armonía, coherencia y articulación
entre las actividades que realicen cada una de las dependencias, de acuerdo con
las competencias atribuidas por la ley, para efectos de la formulación, ejecución y
evaluación de sus políticas, planes y programas, que les permitan su ejercicio sin
duplicidades ni conflictos;
( )
-
Cada una de las dependencias tendrá funciones específicas pero todas ellas
deberán colaborar en el cumplimiento de las funciones generales y en la
realización de los fines de la entidad u organismo;
( )
-
Se podrán fusionar, suprimir o crear dependencias internas en cada entidad u
organismo administrativo, y podrá otorgárseles autonomía administrativa y
financiera sin personería jurídica;
-
No se podrán crear dependencias internas cuyas funciones estén atribuidas a
otras entidades públicas de cualquier orden;
-
Deberán suprimirse o fusionarse dependencias con el objeto de evitar duplicidad
de funciones y actividades;
-
Deberán suprimirse o fusionarse los empleos que no sean necesarios y
distribuirse o suprimirse las funciones específicas que ellos desarrollaban. En tal
caso, se procederá conforme a las normas laborales administrativas;
-
Deberá adoptarse una nueva planta de personal.
Los literales a), e), f), j), k), l) y m) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, anteriormente transcritos, fueron declarados exequibles por esta Corporación mediante la sentencia C-702 de 1999, por las razones y en los términos de esa sentencia, mientras que los literales b); c); d); g); h); e i) del mismo artículo 54 fueron declarados inexequibles en la sentencia en mención.
En relación con el contenido material del artículo 54 de la Ley 489, la Corte, al adelantar el estudio de constitucionalidad mencionado, señaló por tanto que, salvo los literales declarados inexequibles, dicha norma sí contiene los principios y reglas que habilitan al P. de la República para modificar la estructura de los ministerios y demás entidades administrativas que hacen parte del Gobierno nacional. [2]
Finalmente, el Decreto 901 del 2002, mediante el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, menciona que se fundamenta también en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 que faculta al gobierno nacional para aprobar las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la Ley 489 de 1998. Esta norma dispone:
ARTICULO 115. PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. El
Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y
entidades de que trata la presente ley de manera global. En todo caso el director
del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades
de la organización y sus planes y programas.
Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y
eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su
representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio,
grupos internos de trabajo.
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán
cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias
para su funcionamiento. (resaltado fuera del original)
3.2 Ahora bien, en relación con las competencias constitucionales para la modificación de la administración pública de orden nacional, en este caso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta Corte debe reiterar su jurisprudencia[3] en el sentido de que existe una distribución de competencias entre las ramas legislativa y ejecutiva del poder público, en cuanto la Constitución Política le ha asignado al Congreso Nacional la facultad para crear, mediante ley, los organismos que hacen parte de la administración nacional debiendo señalar también sus objetivos generales y su estructura orgánica (C.P. art. 150-7), y al P. de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria, la función específica de modificar tales entidades -ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, etc- atendiendo a las reglas y principios básicos que para tales efectos establezca el legislador (C.P. art. 189-16), el cual, precisamente, procedió a fijarlos en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.
3.3 Así mismo, esta Corte debe también reiterar su jurisprudencia, en cuanto a que por razón del ejercicio de sus funciones el P. de la República se encuentra habilitado para expedir actos administrativos y excepcionalmente legales, y que, en esta medida, la naturaleza jurídica de tales actos debe estar determinada o definida con precisión a partir de su epígrafe o motivación, por lo cual es claro para la Corte que los D. 990 y 991 de 2002, no constituyen, en manera alguna, decretos con fuerza de ley dictados por el P. con base en los artículos 150-10 o 341 de la Constitución Política, como tampoco son decretos legislativos expedidos bajo el amparo de los artículos 212, 213 y 215 del mismo ordenamiento Superior, razón por la cual esta Corte carece de competencia para entrar a conocer y fallar de fondo respecto de éstos.
3.4 En este orden de ideas, para la S. la demanda presentada por el demandante carece de certeza, por cuanto como se evidencia del análisis anterior, no es cierto que los D. 990 y 991 hayan sido dictados por el P. de la República en uso de las facultades extraordinarias concedidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, disposición que fuera declarada inexequible por esta Corporación mediante la sentencia C-702 de 1999.
Así, los D. 990 y 991 de 2002, mediante los cuales se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la planta de personal de esta misma entidad respectivamente-, fueron dictados con base en las facultades constitucionales y legales que le otorgan al P. de la República los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo o de conformidad con el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 54 y 115 de la Ley 489 de 1998.
Las anteriores consideraciones demuestran que el demandante parte de una premisa equivocada, al sostener que los D. 990 y 991 de 2002 fueron dictados con fundamento jurídico en las facultades extraordinarias conferidas al P. de la República por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, declarado inexequible por esta Corte, ya que como se evidencia, éstos fueron dictados con fundamento en las facultades constitucionales y legales contenidas en los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con la Ley 489 de 1998 en sus artículos 54 y 115. De lo anterior se colige claramente, que estos D. demandados no fueron expedidos con base en facultades extraordinarias otorgadas al P. de la República sino con base en las facultades ordinarias del Ejecutivo y con sujeción a los principios y reglas generales que ha definido la ley, tal y como lo exige el numeral 16 del artículo 189 Superior.
Así mismo, encuentra esta Corte que los argumentos del actor evidencian una confusión jurídica al sostener que el ejecutivo sólo podía dictar decretos para modificar la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o la planta de personal de esa entidad, con base en expresas facultades extraordinarias concedidas por el legislador, ya que, reitera la S., la jurisprudencia de esta Corte ha sido clara al expresar que de una interpretación sistemática del numeral 7 del artículo 150 CN y del numeral 16 del artículo 189 de la CP, se infiere que las facultades para expedir decretos o actos administrativos que modifiquen la estructura de las entidades u organismos administrativos de orden nacional son del resorte propio de las facultades ordinarias concedidas al Ejecutivo num. 16 del artículo 189 CN-, pero que no obstante dicha facultad se encuentra sujeta a los principios, objetivos y criterios generales y mínimos que previamente fije y determine el legislador, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución Política, parámetros que en este caso fueron fijados por el legislador en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.
3.4 En síntesis, concluye esta S. que el actor presenta una demanda errónea, ya que es claro para esta S. que los D. 990 y 991 de 2002 fueron promulgados por el primer mandatario en ejercicio de la potestad reglamentaria de que se encuentra investido por la Constitución Política (art. 189), utilizada en esta ocasión para desarrollar el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 que, como quedó explicado, fija el marco legal a partir del cual el ejecutivo puede proceder a modificar la estructura de los ministerios y demás establecimientos administrativos del orden nacional, en este caso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por tal razón, esta Corte debe descartar de plano que sea la jurisdicción constitucional, representada por la Corte Constitucional, la encargada de resolver la presente demanda, por ser las normas acusadas de aquellas cuyo control corresponde al Consejo de Estado en los términos estipulados por el artículo 237 de la Carta Política.
Así las cosas, como quiera que la demanda aquí analizada fue debidamente admitida y surtió el trámite previsto por el Decreto 2067 de 1991, lo que corresponde a la Corte es proferir sentencia inhibitoria, por falta de jurisdicción para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos que son dictados por el P. de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria.
En mérito de lo expuesto, la S. Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Declararse INHIBIDA para fallar sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los D. 990 y 991 del 2002, por falta de jurisdicción.
N., comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
HUMBERTO SIERRA PORTO
P.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver sentencia C-698 de 2000, M.P.V.N.M..
[2] Sentencia C-702/99, M.P.F.M.D., reiterado en sentencia C-698 de 2000.
[3] Sentencias C-702/99, M.P.F.M.D., C-698 de 2000, M.P.V.N.M., y C-979 de 2002, M.P.J.A.R., entre otras.
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Sentencia de Constitucionalidad nº 668/14 de Corte Constitucional, 10 de Septiembre de 2014
...por fuera del texto original. Sentencia C-453 de 1999, M.P.A.B.S.. En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-480 de 2007, C-1190 de 2008 y C-058 de [26] Su procedimiento se regula entre los artículos 219 a 230 del Decreto 1355 de 1970. [27] El artículo 8 de la Ley 153 de 1887......
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Sentencia de Tutela nº 372/22 de Corte Constitucional, 21 de Octubre de 2022
...Además, la sentencia T- 490 de 1992 (MP. E.C.M., reiterada en las sentencias: C-695 de 2013 (MP. N.P.P., C-469 de 2016 (MP. L.E.V.S.) y C-1190 de 2008 (MP. J.A.R.) [206] Ibídem [207] Sentencia C-276 de 2019 (MP. Gloria S.O.D.) [208] Es decir que no esté justificada por los fines constitucio......
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Auto nº 602/16 de Corte Constitucional, 13 de Diciembre de 2016
...por fuera del texto original. Sentencia C-453 de 1999, M.P.A.B.S.. En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-480 de 2007, C-1190 de 2008 y C-058 de [15] Subrayado y sombreado por fuera del texto original. [16] La norma en cita dispone que: “Artículo 22.- La Corte Constitucion......
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Sentencia de Constitucionalidad nº 162/21 de Corte Constitucional, 27 de Mayo de 2021
...2. [19] Cfr., Sentencias C-453 de 1999, C-698 de 2000, C-1269 de 2000, C-643 de 2002, C-007 de 2003, C-046 de 2004, C-480 de 2007, C-1190 de 2008 y C-201 de [20] Cfr., Sentencia C-042 de 1995. [21] Cfr., Sentencias C-049 de 2012 y C-352 de 2017. [22] Cfr., Sentencias C-505 de 1995, C-471 de......
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Providencias judiciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado como evidencia de la fundamentación jurídica para fallar en derecho en materia de autoridades regulatorias a partir del año 2003
...T-361/17 SU-698/17, T-732/16 T-730/16, T-605/16 T-313/16 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y estudio técnico 2 0 C-1190/08 T-021/05 Comisión de Regulación de Comunicaciones y estudio técnico 1 1 T-397/14 Autoridad Nacional de Televisión y estudio técnico 2 0 C-102/......