Sentencia de Constitucionalidad nº 743/12 de Corte Constitucional, 26 de Septiembre de 2012

En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución, los ciudadanos N.E.M.G. y R.P.U. demandaron parcialmente los artículos 2, 3 (inciso 2°) y 6 (inciso 2°) de la Ley 1236 de 2008, mediante los cuales se modificaron los artículos 206, 207 y 210 de la Ley 599 de 2000.

El Magistrado sustanciador en marzo 7 de 2012, admitió la demanda, y dispuso que se fijara en lista el presente proceso y se diera traslado al Procurador General de la Nación para que rindiese su concepto, y ordenó comunicar la iniciación del asunto a los señores Presidentes de la República y del Congreso, y a los Ministros del Interior y de Justicia y del Derecho.

Se invitó además a los Presidentes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a la entonces F. General de la Nación, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, a la Federación Nacional de Colegios de Jueces y F.es, a los Colegios de Jueces y F.es de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, B., Cali, H., M., N. y Putumayo, Quindío, S.G. y Tolima, y a las facultades de derecho en Bogotá de las Universidades Nacional de Colombia, J., Santo Tomás, Externado de Colombia, del Rosario, de los Andes, al igual que a las de Antioquia, del Norte e Industrial de Santander, con el objeto de que, si lo estimaban pertinente, conceptuaran sobre la exequibilidad de la norma demandada.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, la Corte procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

A continuación se trascribe el texto de las normas demandadas, resaltando los apartes acusados.

“LEY 1236 DE 2008

(julio 23)

Diario Oficial No. 47.059 de 23 de julio de 2008

Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES.

CAPITULO I.

DE LA VIOLACIÓN.

Artículo 2. El artículo 206 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

‘Artículo 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años.

Artículo 3. El artículo 207 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

‘Artículo 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.

Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años.

CAPITULO II.

DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS.

Artículo 6. El artículo 210 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así:

‘Artículo 210. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.

Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años.

… … …”

Los actores afirmaron que los segmentos demandados desconocen el principio de legalidad de la pena (artículo 29 Const.), pues el monto allí impuesto resulta desproporcionado, por ejemplo, ante otros tipos penales relacionados con comportamientos similares, cuya sanción es ostensiblemente menor.

Explicaron que si bien el legislador tiene un amplio margen de configuración en materia penal, ésta no es absoluta, en tanto la determinación de las penas debe ser el producto de una verdadera política criminal, para que la sanción resulte proporcional al daño causado.

Aseveraron que las preceptivas demandadas son desproporcionadas e irracionales, habida cuenta que al modificar las penas de ciertos delitos, no se cotejó con otros tipos semejantes que protegen la libertad, integridad y formación sexual, verbi gratia, los actos sexuales violentos en persona protegida (art. 139 L. 599/00) o el incesto (art. 237 ib.), relacionados con “tocamientos libidinosos o coito interfemoral”[1].

Plantearon que en las normas censuradas, en general, se aumentó el mínimo y el máximo de las penas, fijándolas en 8 a 16 años de prisión (96 a 192 meses), mientras que por ejemplo en los actos sexuales violentos en persona protegida o el incesto, la sanción oscila entre 64 a 162 meses y 16 a 72 meses, respectivamente, siendo éstas últimas conductas de mayor trascendencia[2].

Agregaron que “no existe una base técnica, ni científica, ni lógica, ni razonable”, para que el legislador arbitrariamente considere “más grave los actos sexuales, frente a los actos sexuales violentos en persona protegida y mucho más distanciados frente al incesto, como para adoptar dichas penas”[3].

Indicaron entonces que el legislador no tuvo en cuenta los presupuestos de proporcionalidad, razonabilidad, ni estricta legalidad, para establecer las penas de las diversas modalidades de actos sexuales; por el contrario, “se evidencia que actúo arbitrariamente al excederse punitivamente, desbordando los límites materiales para el ejercicio de la competencia constitucional, como lo es la potestad en la configuración de los tipos penales demandados”[4].

Luego de citar jurisprudencia de esta corporación[5] y doctrina[6] acerca de la proporcionalidad predicable entre las conductas punibles y las penas, señalaron que el Estado social de derecho impide aumentar las sanciones por reacciones sociales, sin constatar la realidad, ni los principios rectores como la mínima intervención punitiva, antes de limitar de derechos fundamentales.

Indicaron que el aumento de las penas constituye una “peligrosa práctica… sin fundamento”[7], y reseñaron que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en fallo de noviembre 5 de 2008 (rad. 29053)[8], en “un caso de actos sexuales”[9], plasmó la preocupación ante el “aumento indiscriminado y desmesurado de penas y la supresión de beneficios de toda índole por la realización de específicos tipos de conductas punibles, mediante la expedición de un cúmulo de normas, las cuales, más de las veces, no obedecen al resultado de estudios políticos, criminológicos o sociológicos serios, sino al mero capricho de quienes las proponen o aprueban, cuando no al intereses de un sector de la economía o de la política, en desmedro de caras garantías fundamentales y principios inherentes al Estado social y democrático de derecho, tales como los de igualdad, legalidad, favorabilidad y proporcionalidad, para solo mencionar algunos de ellos”[10].

Concluyeron que el legislador desconoció los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y estricta legalidad, pues las penas establecidas son superiores a las que corresponderían a conductas más graves, quebrantando así el artículo 29 de la Constitución.

4.1. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

En marzo 29 de 2012[11], el Presidente de la Sala de Casación Penal expresó que la intervención resulta “inconveniente”, como quiera que “hacerlo comportaría tener que fijar anticipadamente un criterio unificado sobre la validez jurídica de las normas demandadas, lo cual no es fácil, con las implicaciones jurídicas que una postura de esa naturaleza podría traer en la solución de los casos que se encuentran pendientes de estudio. Por eso, estimamos prudente mantenernos al margen de la discusión, a la espera de que el juez constitucional se pronuncie”[12]. Con todo, indicó[13]:

“Lo anterior no obsta para expresar una vez la preocupación de la Sala por la forma irreflexiva e inconsulta como han venido adelantándose las reformas en materia penal y procesal penal por el Congreso de la República, y para insistir en la necesidad que las mismas deban responder a orientaciones de política criminal previamente establecida, absolutamente claras, difundidas y ampliamente discutidas, de manera que eviten situaciones de incoherencia como las que se plantean en la demanda, o de entrabamiento y desvirtuación del sistema como ha sucedido con buena parte de las reformas introductorias al modelo de enjuiciamiento acusatorio.

Se refiere la Sala a las reformas que, sin atender a la solución de los problemas sociales que subyacen, apuntan solamente a aumentar irracional y desproporcionadamente las penas para determinadas conductas, y a impedir la concesión de todo tipo de beneficios a sus autores, desatendiendo que con ello se priva a la F.ía de los instrumentos de negociación diseñados por el sistema para la pronta solución de los conflictos y el consecuente desestimulo de los destinatarios de la acción para contribuir en ese propósito, amén de los múltiples inconvenientes que estas situaciones generan para la seguridad jurídica.”

4.2. Ministerio de Justicia y del Derecho

En escrito de marzo 30 de 2012[14], el Ministerio intervino mediante apoderado, que solicitó declarar exequibles los segmentos normativos demandados.

Luego de citar jurisprudencia sobre el principio de legalidad, y los antecedentes de la Ley 1236 de 2008, indicó que el legislador dentro de su potestad de configuración, consideró la gravedad de los delitos que atentan contra la integridad física y sexual, siendo proporcional asignarles una “sanción severa”, como “aplicación de la política contra la criminalidad”[15].

Agregó que los “actos sexuales abusivos son de tal reproche que el aumento de las penas de los mencionados delitos tiene una correspondencia proporcional a la gravedad del delito, como se ha indicado el legislador tiene el derecho de configuración normativa, y el contenido material de la normatividad impugnada no es contraria o violatoria de derechos constitucionales ni de derechos que correspondan a tratados internacionales debidamente ratificados por Colombia, es decir, que se encuentren en el denominado bloque de constitucionalidad”[16].

4.3. Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá

En escrito de marzo 30 de 2012[17], una docente y el Coordinador del Grupo de Acciones de Interés Público del Consultorio Jurídico de esa facultad solicitaron declarar inexequibles las preceptivas demandadas, porque vulneran los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad.

Indicaron que desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se promulga establecer unas pautas para humanizar las penas (arts. 5 y 8 ib.), fijando sanciones estrictas y “evidentemente necesarias”, siendo desarrolladas además, entre otros instrumentos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que propone una “equilibrada y acertada aplicación de las penas por parte de las autoridades de cada Estado” (art. 5 ib.)[18].

Explicaron que acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el legislador debe respetar el principio de proporcionalidad, derivado del Estado social de derecho y de la dignidad humana, de modo que se ponderen los bienes o valores tutelados, para evitar una “prohibición de exceso”[19].

Luego de analizar los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y los fines de la pena, aseveraron que normas como las analizadas resultan inexequibles, al materializarse una manifiesta e innegable “desproporción o irrazonabilidad” de la sanción.

Solicitaron además que en el fallo respectivo, “se compulse al Congreso de la República a elaborar una reforma sistemática a las penas establecidas en los tipos penales que se encargan de proteger a las víctimas de violación sexual, bajo el precepto de la elaboración de una política criminal, coherente, racional y proporcional a la realidad social y fáctica nacional”[20].

4.4. Academia Colombiana de Jurisprudencia

En escrito de abril 10 de 2012[21], un miembro de esa Academia, luego de analizar los delitos censurados y otros aludidos en la demanda, afirmó que “no existen soportes expuestos por los actores que permitan a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo, en consecuencia el fallo sería inhibitorio”[22].

En concepto 5353 de abril 27 de 2012, la Procuradora General de la Nación (encargada) solicitó a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda[23], pues los actores no exponen razones claras, ciertas, especificas, pertinentes, ni suficientes.

Explicó que la demanda no tiene un hilo conductor claro, pues si “prospera, los tipos penales de acto sexual violento, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, dejarían de tener la misma pena, para retomar la pena prevista en la Ley 599 de 2000”[24].

Agregó que si bien los demandantes invocan como vulnerado el artículo 29 superior, no proponen un “contraste objetivo y verificable entre esta norma constitucional y los artículos demandados”, empleando argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales, que los obligan a acudir a otras normas del Código Penal y a diferentes sentencias de la Corte que, en todo caso, no fijan reglas o requisitos constitucionales que se refieran directamente al problema jurídico sub examine”[25].

1. - Competencia

   En virtud de lo dispuesto por el artículo 241.4 superior, la Corte es competente para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, tanto por vicios de contenido material o de fondo, como por aquellos procedimentales suscitados en su formación, siendo esta acción fruto de la acusación contra algunos segmentos de la Ley 1236 de 2008.

2. - Lo que se debate

   Corresponde a la Corte Constitucional determinar si la forma como el legislador elevó las penas a los delitos de acto sexual violento, en persona puesta en incapacidad de resistir o incapaz de resistir (arts. 206, 207 y 210 L. 599/00), conculca el artículo 29 superior, al exceder el marco de configuración y los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

   Con todo, inicialmente esta corporación debe analizar si la censura invocada en la demanda cumple con los contenidos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional, y constatado su cumplimiento, proceder al respectivo análisis de fondo.

3. Inhibición de la Corte por ineptitud sustantiva de la demanda

   3.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos mínimos que razonablemente[26] deben contener las demandas de constitucionalidad para su admisión. Según lo allí indicado, es imperativo señalar con claridad las normas que son censuradas como inconstitucionales, al igual que la preceptiva superior que se tilda de infringida y explicar las razones por las cuales se estima que presuntamente las primeras violan o desconocen la segunda.

   Otra parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de inconstitucionalidad contra las normas demandadas, esto es, la sustentación de los distintos argumentos por los cuales el ciudadano demandante advierte que aquéllas contrarían uno o más preceptos superiores. Al respecto, en atención a lo cuestionado por algunos de los intervinientes y el Ministerio Público, recuérdese que la jurisprudencia tiene establecido que las razones presentadas para sustentar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[27].

   La adecuada presentación del concepto de violación permite a la Corte desarrollar su función de defensa de la Constitución en debida forma, en tanto delimita el campo en el cual se hará el respectivo análisis de constitucionalidad, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos de los demandantes, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez constitucional para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio[28].

   R., en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante[29] en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.

   Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad, no obstante la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad; de no atenderse dicho presupuesto podría generarse la inadmisión de la demanda, su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción[30].

   Sobre este tema, la Corte ha indicado que[31] “la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.

   3.2. Con todo, la Corte Constitucional ha expuesto que en aplicación del principio pro actione, la exigencia de los requisitos formales para la presentación de una demanda, (i) no debe tener tal rigorismo que haga nugatorio ese derecho ciudadano, (ii) debiendo propender el juez constitucional hacia un fallo de fondo y no uno inhibitorio; por ende, (iii) la duda debe resolverse a favor del actor.

   En fallo C-978 de diciembre 1° de 2010[32], M.P.L.E.V.S., se indicó: “No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[33]. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[34]; en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.’[35]”

   Sin embargo, jurisprudencialmente se ha explicado que si bien toda demanda debe ser analizada a la luz del principio pro actione, atendiendo el carácter popular que la Constitución misma le atribuye, allí deben concurrir unas condiciones mínimas que permitan guiar la labor de la Corte y orientar, asimismo, el debate de los intervinientes en el proceso que pretende instarse[36].

   3.3. Los actores acusaron concretamente unos segmentos normativos y señalaron que desconocen el artículo 29 de la Constitución, pues en su sentir, el legislador excedió el margen de configuración en materia penal, y con ello vulneró los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las penas, imponiendo sanciones ostensiblemente superiores frente a comportamientos similares de mayor entidad.

   Para la Sala, el cargo formulado no cumple con el requisito de suficiencia porque tal y como lo expresa el Ministerio Público, carece de la aptitud para provocar un pronunciamiento de la Corte, pues se fundamenta en una apreciación subjetiva que parte de cotejar las preceptivas impugnadas con las penas de otros tipos penales, sin ofrecer razones conducentes que constituyan un contraste objetivo y verificable entre aquéllas y el texto de la Constitución.

   En efecto, el cargo se estructura a partir de un problema de aparente contradicción entre normas de carácter legal contenidas dentro de un mismo estatuto, a saber, el Código Penal, asunto legal que escapa a la competencia de esta corporación. Así, la demanda no cumple los requisitos exigidos por el Decreto 2067 de 1991, y de manera explícita, los presupuestos desarrollados por la jurisprudencia, pues los planteamientos contra las normas impugnadas no reúnen las exigencias para provocar un estudio de constitucionalidad, partiendo de la posible contradicción con el texto superior que invoca.

   Sintetizado lo anterior, le asiste razón al Procurador General de la Nación, pues la demanda no cumple los presupuestos para que la Corte profiera un fallo de fondo, como quiera que los planteamientos contra la preceptiva impugnada no reúnen las exigencias necesarias para provocar un estudio de constitucionalidad, aunque sí para inferir la necesidad de racionalización punitiva, que sin embargo no está debidamente especificada en la demanda.

   3.4. Recuérdese[37] que el análisis de los cargos que se efectúa por la Sala Plena al decidir sobre la acción de constitucionalidad propuesta por los ciudadanos aquí accionantes, difiere sustancialmente en cuanto a su profundidad y sus implicaciones de aquel que realiza el Magistrado sustanciador durante la primera fase del proceso, con miras a la admisión o rechazo de la demanda.

   Si bien el escrutinio inicial sobre la acción interpuesta ciertamente incluye el estudio de los cargos formulados a partir de los criterios de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, al punto de poder disponerse la inadmisión de la demanda en caso de no reunirse estos requisitos, y el rechazo si la corrección no se efectúa o no es idónea, resulta evidente que los elementos de juicio disponibles para dicho análisis son considerablemente limitados frente a aquellos de que se dispone una vez surtido el diligenciamiento procesal y el asunto ha sido conocido y disertado por la totalidad de los Magistrados que integran la Corte, contando con el concepto del Procurador y de quienes hayan participado expresando sus criterios.

   Por todo lo anterior, esta corporación ha reiterado que la admisión de la demanda no es óbice para que posteriormente deba concluir, con mayor ilustración, que en realidad no se reunían los elementos necesarios para un pronunciamiento de fondo, haciéndose inevitable entonces una decisión inhibitoria, a lo que en efecto se procederá en el presente caso.

   La Corte Constitucional entonces se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones “ocho (8) a dieciséis (16) años”, contenidas en los artículos 2°, 3°, inciso segundo y 6°, inciso segundo de la Ley 1236 de 2008, que modificaron los artículos 206, 207 y 210 de la Ley 599 de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,