Sentencia de Constitucionalidad nº 317/08 de Corte Constitucional, 9 de Abril de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476719

Sentencia de Constitucionalidad nº 317/08 de Corte Constitucional, 9 de Abril de 2008

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RESUMEN

Ley 1149 de 2007 articulo 11 (parcial). Se reforma el codigo procesal del trabajo y de la seguridad social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos. Audiencia de conciliacion. Evento en que no puede haber otro aplazamiento. El actor estima como infringidos los articulos 2, 13 y 29 superiores. Ello, como quiera que la norma acusada establece que una vez alguna de las partes de un proceso... (ver resumen completo)

ÍNDICE
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Sentencia C-317/08

Referencia: expediente D-6936

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la ley 1149 de julio 13 de 2007, ''por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos''.

Demandante

Jairo Alberto Baquero Prada

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil ocho (2008).

La Sala Plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jairo Alberto Baquero Prada demandó el artículo 11 (parcial) de la ley 1149 de julio 13 de 2007, por considerarlo contrario a los artículos 2, 13 y 29 de la Constitución. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA

A continuación se transcribe la norma acusada, tal como aparece publicada en el Diario Oficial No. 46.688 de 2007:

LEY 1149 de 2007

(Julio 13) Diario Oficial No. 46.688 de 13 de julio de 2007

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[...] "Artículo 11. El artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, quedará así:

Artículo 77. Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio. Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda.

Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirija.

En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas:

Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.

Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento.

Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:

  1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito.

  2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.

    Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.

  3. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra.

  4. En el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.

    Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.

    Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente.

    PARÁGRAFO lo. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia:

  5. Decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32.

  6. Adoptará las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.

  7. Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial.

    Igualmente, si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.

  8. A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para audiencia de trámite y juzgamiento, que habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas en la audiencia de trámite y juzgamiento; y respecto al dictamen pericial ordenará su traslado a las partes con antelación suficiente a la fecha de esta audiencia"

III. LA DEMANDA

El ciudadano demandante considera que la expresión acusada del artículo 11 de la ley 1149 de 2007 es inconstitucional, ''por cuanto el órgano legislativo al decretar la norma sobrepasó el mandato constitucional estatuido en los artículos 2°, 13 y 29''.

A juicio del demandante la norma parcialmente acusada viola el deber del Estado de proteger a todas las personas en sus derechos; la orden de construir un orden justo; y el artículo 13 de la Constitución. Encuentra que si una de las partes solicita el aplazamiento de la audiencia, la otra queda impedida para solicitarlo una segunda vez, con todas las consecuencias que esto conlleva. Por lo anterior considera que se está vulnerando el derecho de la parte procesal que cumplidamente asistió a la primera audiencia y en quien concurre una justa causal de inasistencia a la segunda audiencia fijada, pues no podrá alegar esta causal y deberá asumir toda la carga del incumplimiento.

Al respecto, entre otras cosas, señala ''la misión del Estado es proteger al individuo en su integridad, sin ninguna discriminación, y sin ninguna desigualdad frente a las normas creadas por el estado para proteger los derechos de los ciudadanos.''. Y más adelante indica:

''La norma acusada viola un derecho de aplicación inmediata: el derecho a la igualdad: "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley", precepto que no se cumple cuando se le niega la oportunidad a la otra parte de solicitar aplazamiento de la Audiencia del artículo 11 de la Ley 1149 de 2007, cuando se le presente justa causa para no asistir, y que ello le conlleve hacerse merecedor a las consecuencias procesales expresadas en el mismo artículo. En el presente caso, el Estado hizo caso omiso a lo preceptuado en el artículo 13 de la carta que dice que éste "promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva", no puede ser efectiva, si existiendo dos partes, una tiene desventaja sobre la otra por mandato legal, quebrantando los derechos constitucionales.''

A juicio del actor, la norma dejó sin prever la hipótesis en la cual a la parte que cumplidamente asistió a la primera audiencia ''se le presente en la segunda fecha, fuerza mayor, o justa causa para no comparecer a la parte que no solicitó aplazamiento.'' Encuentra que existe un tratamiento desigual que no tiene justificación objetiva y razonable alguna y, en consecuencia, viola el artículo 13 de la Constitución. A su juicio, ''la distinción se da cuando solamente le da la oportunidad a una de ellas de continuar con el proceso cuando se le presente un caso fortuito o fuerza mayor para acudir a una de las instancias procesales; a la otra parte, la castiga cuando se encuentre en las mismas circunstancias que las descritas anteriormente: tiene que atenerse a las consecuencias y a descritas en este mismo libelo, violentando el principio de equidad frente a la ley.''.

Finalmente, considera que la disposición parcialmente demandada vulnera el derecho fundamental al debido proceso. A su juicio este derecho debe ser interpretado de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y en este sentido recuerda que la Convención Americana sobre derechos humanos, Pacto de san José de Costa Rica, señala que: "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial".

A su juicio no puede haber imparcialidad si no se escucha a las dos partes o, al menos, si no se les dan las mismas oportunidades. En resumen, ''para el caso que nos ocupa, debe existir igualdad de oportunidad para que las dos partes soliciten aplazamiento de la audiencia de que trata el artículo que contiene la expresión acusada, cuando se les presente razón justificable...

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