Sentencia de Tutela nº 569/08 de Corte Constitucional, 29 de Mayo de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476877

Sentencia de Tutela nº 569/08 de Corte Constitucional, 29 de Mayo de 2008

Este documento está disponible con registro gratuito

REGÍSTRATE GRATIS
RESUMEN

Derecho al debido proceso y a la defensa de soldado regular de la armada nacional que no obstante los multiples reconocimientos que recibio con motivo del desempeño de sus funciones, fue dado de baja mediante orden administrativa de cuyo acto no le fue entregada copia y sin que para su expedicion existiese motivacion alguna, por lo que no ha podido iniciar las acciones correspondientes. El retiro discrecional de los miembros de la fuerza publica. La motivacion del acto... (ver resumen completo)

EXTRACTO GRATUITO

T-1.810.863

15

Sentencia T-569/08

Referencia: expediente T-1.810.863

Accionante: Rafael Gustavo Romero Gloria

Demandado

Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional.

Magistrado Ponente:

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil ocho (2008)

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

En el proceso de revisión del fallos de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en relación con la acción de amparo constitucional impetrada por Rafael Gustavo Romero Gloria.

I. ANTECEDENTES

  1. Fundamentos fácticos

    1.1. En el año 1998, el señor Rafael Gustavo Romero Gloria ingresó a la Fuerza de Infantería Marina de la Armada Nacional en calidad de soldado regular.

    1.2. Durante su permanencia en la Armada Nacional, el señor Romero Gloria recibió múltiples conceptos positivos y felicitaciones que fueron registradas en su Folio de Vida, dentro de las que cabe resaltar dos comunicaciones (15 de abril y 15 de mayo de 2007) del Comandante de la Compañía Bravo en las que reconoce la constancia, dedicación y alto nivel de capacidad del accionante. Ver Cuaderno 1, Folios 22 y 23.

    1.3. Manifiesta el señor Romero Gloria que el día 30 de junio de 2007 le comunicaron que había sido dado de baja mediante Orden Administrativa de Personal (OAP) N° 312 de junio 15 de 2007 y agrega que, en esa oportunidad, no le entregaron copia del respectivo acto administrativo.

    1.4. El actor señala que acude a la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues a la fecha de presentación de la demanda no había podido iniciar acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto no contaba con una copia de la OAP N° 312 del 15 de junio de 2007. No obstante lo anterior, y luego de haber presentado un derecho de petición en tal sentido, copia de la orden administrativa de personal solicitada le fue entregada al accionante el día 26 de julio del 2007, fecha en la que también se admitió la acción de tutela sujeta a revisión.

  2. Fundamentos de la acción y pretensiones

    Considera el accionante que el Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la salud y al mínimo vital, como quiera que procedió a retirarlo del servicio sin motivación alguna y sin que mediara un concepto de la Junta de Clasificación y Evaluación de la Armada Nacional o de sus superiores.

    Así mismo, alega que al momento de comunicarle que había sido retirado del servicio, no le hicieron entrega formal y material de la OAP N° 312 del 15 de junio de 2007 ni le indicaron los recursos que procedían contra tal decisión, actuación que constituye una afectación de su derecho al debido proceso y a la defensa.

    De otro lado, el señor Romero Gloria informa que su retiro carece de justificación, pues durante su permanencia y servicio a la Armada Nacional observó buen comportamiento, tal como se aprecia en su Folio de Vida donde constan los conceptos positivos y las felicitaciones otorgadas por sus superiores jerárquicos.

    Bajo esa perspectiva, manifiesta que su desvinculación afecta no sólo su derecho al trabajo, sino su derecho al mínimo vital, pues con los ingresos que percibía como soldado profesional sostenía a su familia integrada por sus padres, su esposa y su hija menor de edad. Así pues, resalta que con su salario cubría el costo del estudio de su hija, de los servicios públicos domiciliarios, del canon de arrendamiento ($120.000) y de los medicamentos que necesita su señora madre como consecuencia del problema de hipertensión que padece.

  3. Oposición a la Demanda de Tutela

    3.1. El Ministerio de Defensa - Armada Nacional se opuso a las pretensiones del señor Romero Gloria y adujo que el acto administrativo de su retiro fue expedido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1793 de 2000 que faculta al Comandante de la Fuerza Militar respectiva para ordenar discrecionalmente el retiro de soldados profesionales.

    En tal sentido, expresa que la OAP N°312 del 15 de junio está amparada por una presunción de legalidad y que, dada la discrecionalidad de la decisión, no es necesario que el acto administrativo sea motivado. Así mismo, indica que la orden administrativa de personal no tiene recursos en la vía gubernativa por lo que no le fue entregada una copia de ella al señor Romero Gloria.

    En cuanto a falta de concepto de la Junta de Clasificación o Evaluación que acusa el actor, alega que, según el Decreto 1790 de 2000, éste solo se requiere para el retiro de oficiales o suboficiales y no para el de soldados profesionales.

    Finalmente, la entidad accionada asevera que el señor Romero Gloria tiene a su disposición la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para dirimir la controversia que plantea en la presente acción de tutela.

    3.2. También el Comandante de la Armada Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda y al efecto adujo que el actor cuenta con otros medios judiciales de defensa, que no se configura el perjuicio irremediable y que tampoco existe vulneración del debido proceso, pues según el artículo 13 del Decreto 1793 de 2000 no se necesita la reunión de ninguna junta asesora y el acto administrativo que ordena el retiro no debe motivarse.

  4. Pruebas que obran en el expediente

    Dentro del expediente contentivo de la presente acción de amparo constitucional, se encuentran como pruebas, las siguientes:

    4.1. Comunicación personal del OAP N° 312 de junio 15 de 2007, expedida el 30 de junio del mismo año.

    4.2. Copia del Folio de Vida del señor Rafael Gustavo Romero Gloria.

    4.3. Copia de escritos de Felicitación dirigidos al señor Rafael Gustavo Romero Gloria por el Comandante de la Compañía Bravo Subteniente C.I.M. Julián D. Pastrana Cortés, de fechas 15 de abril y 15 de mayo de 2007.

    4.4. Certificado de la Comisaría de Familia de San Juan Nepomuceno en el que se acredita que la menor Camila de Jesús Romero Rivero está a cargo del señor Rafael Gustavo Romero.

    4.5. Declaración extraproceso de los señores Alicia Gloria Castillo y Apolinar Ambrosio Romero Sierra padres del señor Rafael Gustavo Romero Gloria Castillo en la que afirman depender económicamente de su hijo.

    4.6. Contrato de arrendamiento celebrado por la señora Miladis María Arrieta Hernández, cónyuge del señor Rafael Gustavo Romero Gloria, en el que se fija como canon la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) y se fija como término de duración tres años 3 años contados a partir del día 5 de enero de 2007.

    4.7. Recibos de los servicios públicos domiciliarios de luz (junio/07), agua (marzo/07 y abril/07) y gas (junio/07).

    4.8. Copia de Orden Administrativa de Personal (OAP) N°312 del 15 de junio de 2007.

II. DECISIONES DE INSTANCIA

  1. Sentencia de Primera Instancia.

    La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar mediante providencia del 9 de agosto de 2007 concedió el amparo invocado por el señor Rafael Gustavo Romero Gloria, pues consideró que aunque para el retiro de soldados profesionales no se requiere concepto previo de la junta de Clasificación y Evaluación, si es necesaria la solicitud de retiro de los Comandantes de la Unidad Operativa a la que pertenece el soldado, solicitud que no fue allegada por la entidad demandada ni dada a conocer al señor Rafael Gustavo Romero Gloria, actuación que constituye una afectación del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del actor.

    Adujo el juez de primera instancia que conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, el retiro de personal de la Fuerza Pública debe estar sujeto a razones objetivas, razonables y proporcionales al fin que perseguido cual es el interés general, de modo que no puede confundirse discrecionalidad con arbitrariedad.

    Igualmente, a juicio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, existe un perjuicio irremediable para el señor Rafael Gustavo Romero Gloria, toda vez que dentro del expediente se probó que su única ocupación era la de soldado profesional y que a través de ella obtenía los ingresos necesarios para sostener a su familia conformada por su esposa, su menor hija y sus padres. En tal sentido, el amparo fue concedido como mecanismo transitorio y se ordenó el reintegro del accionante.

  2. Segunda Instancia

    La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2007, revocó la decisión adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, argumentando que no existe un perjuicio irremediable para el actor, como quiera que éste puede solicitar la suspensión del acto administrativo que acusa de ser vulnerador de sus derechos fundamentales dentro del proceso contencioso administrativo que corresponda.

    Así mismo, manifestó que a pesar de que la Corte Constitucional mediante providencia C-179 de 2006 se pronunció...

Para continuar leyendo

REGÍSTRATE GRATIS