Sentencia de Tutela nº 009/92 de Corte Constitucional, 22 de Mayo de 1992

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RESUMEN

Derecho a la educacion. Principio de igualdad de oportunidades. Colegio el carmelo. Negada

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Sentencia No. T-009/92

ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES

La acción de tutela no procede contra todos o contra cualquier particular. Solo procede contra los particulares o contra las organizaciones particulares, en aquellos casos en que lo autorice la ley. No es un principio extensible a otros casos.

DERECHO A LA EDUCACION/SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION

La educación es un servicio público. Siendo la educación un derecho constitucional fundamental y una función social, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona.

ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el caso de autos, no existió violación del derecho fundamental a la educación por parte de las directivas del Colegio y los hechos ocurridos no constituyen fundamento para conceder la acción de tutela. Por el contrario, en la medida en que el Colegio se abstuvo de graduar a las peticionarias, se ciñó al ordenamiento jurídico y protegió la educación, en tanto que es derecho-deber. Es de advertir que con esta conducta la institución educativa le dió aplicación al principio constitucional de la igualdad de oportunidades en la educación, consignado en los artículos 13 y 70 de la Constitución. de conformidad con éste, los asuntos semejantes no deben tratarse en forma diferente y los casos distintos no deben regularse de manera similar. Así, sería violatorio del principio de igualdad, graduar por igual a los estudiantes que aprueben las materias fijadas en un reglamento y a los estudiantes que las imprueben.

REF.: Expedientes Nos. T-030 T-092 y T- 121 (Acumulados)

Peticionarias: Laura Lylanda Jordán Miranda, Luisa Fernanda Ramírez Sánchez y Cristina Ruth Barrera Duván.

Procedencia: Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Especial, de Familia y Civil.

Magistrado Sustanciador:

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Santafé de Bogotá, D.C. mayo veintidos (22) de mil novecientos noventa y dos (1992).

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez,

EN NOMBRE DEL PUEBLO

Y

POR MANDATO DE LA CONSTITUCION

Ha pronunciado lo siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de tutela identificado con los números T-030, T-092 y T-121, adelantados por Laura Lylanda Jordán Miranda, Luisa Fernanda Ramírez Sánchez y Cristina Ruth Barrera Duván

  1. ANTECEDENTES

    Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió las tutelas de la referencia.

    De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión.

    Con fundamento en el Reglamento de la Corte Constitucional y con base en la decisión adoptada en Sala Plena de la Corporación, se procede a la acumulación de las tutelas reseñadas.

    1. Solicitud

      Las señoritas Laura Lylanda Jordán Miranda, Luisa Fernanda Ramírez Sánchez y Cristina Ruth Barrera Duván, presentaron ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, petición de tutela para la protección de un derecho.

      Las petentes fundamentan la solicitud en el hecho que habían realizado sus estudios en el Colegio El Carmelo, cumpliendo con todos los requisitos académicos para cada grado.

      Las accionantes, durante el año de 1991, cursaron en el citado colegio el grado once y en el mes de agosto presentaron los exámenes de Estado, exigidos por el ICFES, obteniendo un alto puntaje para efectos del ingreso a la educación superior.

      Asímismo, presentaron exámenes de admisión en las Universidades Nacional, Santo Tomás y Javeriana y fueron admitidas en estos centros universitarios, de conformidad con los requisitos que cada uno exigió.

      Al culminar el grado once, sin embargo, las peticionarias reprobaron dos materias cada una. Y al presentar nuevamente los exámenes de habilitación no obtuvieron la calificación mínima para su aprobación, por lo tanto reprobaron el año escolar.

      Con las solicitudes de tutela presentaron los anexos siguientes:

    2. Certificado de estudios de los diferentes grados expedidos por el Colegio El Carmelo.

    3. Copia auténtica de los resultados obtenidos en el examen del ICFES.

    4. Copia auténtica de las credenciales de inscripción en distintas universidades.

    5. Copia auténtica de los boletines de notas o calificaciones del grado undécimo.

      Las solicitudes de tutela se fundamentaron en los artículos 2o., 4o., 16, 23, 26, 27, 41, 45, 67, 68, 70, 71, 84, 86, 87, en el literal f) del numeral 19 del artículo 150 y en el numeral 21 del artículo 189 de la Constitución Política de 1991.

    6. Fallos

      En esta sentencia se revisarán los fallos de los tres procesos acumulados, ninguno de los cuales tuvo segunda instancia.

      2.1. Del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala Especial (Providencia de diciembre 10 de 1991).

      En el proceso radicado con el número T-030 se declaró improcedente la acción de tutela presentada por Laura Lylanda Jordán Miranda, fundamentando la decisión en que, en el Título II, Capítulo 1, artículos 11 a 41 de la Constitución Política , se enumeran los derechos fundamentales que le han sido reconocidos a todo colombiano y a los extranjeros residentes o de paso por el país. Y las normas que se citan en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 pertenecen a ese grupo de disposiciones sobre derechos fundamentales.

      Consideró el Tribunal Superior que las normas invocadas por la accionante no constituyen derecho fundamental. Por consiguiente, la acción de tutela no tiene una aplicación más extensa que la expresamente señalada en la Constitución y la ley, o sea la protección de los derechos fundamentales del individuo, y no cabe buscar en otras normas constitucionales, distintas a las contenidas en los artículos 11 a 41, respaldo para la pretensión de la actora.

      2.2. Del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala de Familia (Providencia de enero 13 de 1992).

      En el proceso número T-092 el Tribunal, previamente...

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