Sentencia de Constitucionalidad nº 019/93 de Corte Constitucional, 25 de Enero de 1993

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RESUMEN

Dec. 2737/89. Codigo del menor. Art. 167, 169, 174, 182, 184, 187, 201 y 301. El menor infractor. Exequibles

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Sentencia C-019/93

PROPOSICION JURIDICA COMPLETA

Se inadmitió la demanda en lo que hace relación con el artículo 169, inciso primero, por no haberse integrado en debida forma la proposición jurídica, puesto que no se demandó también el artículo 277, numeral 13 del mismo Código, con el cual integra unidad normativa. Se consideró que un pronunciamiento sobre el primero resultaría inocuo, pues subsistiría el segundo.

PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Naturaleza/DEBIDO PROCESO/SENTENCIA CONDENATORIA/PREVALENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL

La doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso, -pues la ley puede consagrar excepciones-, salvo cuando se trata de sentencias condenatorias, las cuales siempre podrán ser impugnadas. El concepto de "sentencia condenatoria" contradice la filosofía y naturaleza de la legislación de menores, a cuyo amparo, el juez puede imponerle medidas al menor infractor de carácter protector y pedagógico, pero nunca de naturaleza condenatoria. Sin embargo, si alguna de esas medidas es privativa de la libertad, podrá ser siempre impugnada a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, ha sido incorporada a nuestra legislación interna. Todo lo cual se reafirma, además, con el artículo 93 de la Carta, que establece que los tratados y convenios internacionales -ratificados por el Congreso- que reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno. El artículo 167 del Código del Menor habrá de entenderse en el sentido de que los procesos relativos a menores infractores de la ley penal son de única instancia, salvo en los casos en los que durante su transcurso o al final del mismo se tome una medida que, -si bien protectora o pedagógica-, sea privativa de la libertad. Dichas medidas podrán ser objeto de impugnación ante una instancia superior, sin perjuicio de los recursos de reposición que el mismo Código ya contempla.

DERECHOS DEL NIÑO/DEBIDO PROCESO PUBLICO

El derecho a un debido proceso público hace parte del núcleo esencial del debido proceso. Pero en caso de conflicto con los derechos de los niños, (como el derecho a un desarrollo armónico e integral), han de prevalecer estos últimos. La publicidad alrededor de un proceso de menores infractores, puede perjudicar de manera grave la vida, honra y buen nombre de los mismos, lo cual iría en contradicción con sus derechos constitucionales fundamentales prevalentes.

DETENCION PREVENTIVA

Cuando el Código del Menor habla de aprehensión, no se refiere a la figura de "detención preventiva" consagrada en la Constitución, sino al acto físico por el cual se restringe el derecho de locomoción del menor mientras se resuelve lo pertinente para su mejor protección. La "aprehensión" del dicho Código, y la "detención preventiva" de la Carta, son dos figuras totalmente distintas, razón por la cual, en principio, no podría haber contradicción entre una y otra. Pese a lo anterior, tales figuras son análogas en sus efectos.

DERECHOS DEL MENOR-Aprehensión

El artículo 184 del Código del Menor deberá interpretarse en el sentido de que los menores sean puestos a disposición del juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su aprehensión, siempre y cuando ese término no exceda las 36 horas contempladas en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Si lo excediere, el menor deberá ser puesto a disposición de la autoridad permanente competente más cercana, para que este tome las medidas temporales que sean pertinentes, mientras su situación pueda ser conocida por un juez especializado de menores. El derecho que tienen los menores a un juez especializado, no puede aplicarse en detrimento del derecho que tienen a la libertad y a que se les resuelva su situación en los perentorios términos constitucionales. Todo lo cual lleva a la forzosa conclusión de que es urgente la creación de la figura de los jueces permanentes de menores.

CODIGO DEL MENOR -Edad

Cuando una persona ha cumplido dieciocho años, y comete una infracción penal, la medida de rehabilitación que se le hubiera impuesto cuando era menor cesará, se modificará o suspenderá, según el caso, pues esa persona, ha quedado ya a disposición de la justicia ordinaria, no le es aplicable el Código del Menor . No puede hablarse de doble juzgamiento, pues se trata de un hecho distinto a aquel que llevó a tomar, en un principio y a su favor, la correspondiente medida de rehabilitación. Desafortunadamente, en la norma se habla de dieciseis años y no de dieciocho. La jurisprudencia y la doctrina tienen establecido que se trata de un error de transcripción. Donde dice dieciseis debe leerse dieciocho, pues todo el sistema del Código está construído sobre la base de que son menores los que aún no han cumplido los dieciocho años. Ellos son inimputables para todos los efectos penales, razón por la cual mal podrían quedar a disposición de la justicia ordinaria antes de esa edad.

DERECHO A LA INFORMACION-Prevalencia

Entre los "derechos de los demás" está el derecho a la información y a la no censura. Que, si bien importantes en el Estado social de derecho, siempre deberán ceder cuando entren en conflicto con los derechos prevalentes y fundamentales de los niños y, en particular, con el derecho a la intimidad.

Ref: Proceso D-120

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 167, 169 (inciso primero), 174 (inciso primero), 182 (numeral tercero), 184, 187 (inciso final), 201 (numeral cuarto) y 301 del Decreto Extraordinario 2737 de 1989 "Código del Menor ".

TEMAS:

- El Estado y el menor

- La protección especial del niño

- La justicia de menores

- El Código del menor

- La doble instancia

- La intimidad del menor

ACTORES:

Edwin Enrique Arteaga, Carlos Julio Echavarria Arboleda y Leon Darío Puerta Amaya.

MAGISTRADO PONENTE:

Ciro Angarita Barón

Sentencia aprobada mediante Acta

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).

  1. ANTECEDENTES

    En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política , los ciudadanos Edwin Enrique Arteaga, Carlos Julio Echavarría Arboleda y León Darío Puerta Amaya instauraron el 27 de Marzo de 1992, ante esta Corte Constitucional, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 167, 169 inciso primero, 174 inciso primero, 182 numeral tercero, 184, 187 inciso final, 201 numeral cuarto y 301 del Decreto Extraordinario 2737 de 1989 por el cual se expide el Código del Menor .

    El seis de Julio de 1992, la Secretaría General de la Corte Constitucional envió el expediente al despacho del Magistrado Ponente, quien, en auto del 17 de Julio del mismo año, decidió inadmitir la demanda en lo que hace relación con el artículo 169, inciso primero, por no haberse integrado en debida forma la proposición jurídica, puesto que no se demandó también el artículo 277, numeral 13 del mismo Código, con el cual integra unidad normativa. Consideró que un pronunciamiento sobre el primero resultaría inocuo, pues subsistiría el segundo. Se admitió la demanda en relación con todos los demás artículos, por cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 2o del decreto 2067 de 1991.

    Se ordenó la fijación en lista del negocio en la Secretaría General por el término de 10 días, para asegurar la intervención ciudadana a que se refieren los artículos 241 -1 de la Constitución Nacional y 7o, inciso 2o del decreto 2067 de 1991. Simultáneamente se envió copia de las diligencias al Despacho del señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, como en efecto lo hizo.

    Se comunicó la iniciación del proceso al señor Presidente de la República; al Presidente del Congreso; a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- ; al Defensor del Pueblo y a la Consejería Presidencial para la Mujer, el Niño y la Juventud.

    El 28 del Julio de 1992, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó que el término de ejecutoria del auto admisorio venció en silencio, razón por la cual el Magistrado Ponente, en auto de agosto 4 de 1992, decidió rechazar la demanda en lo que hace relación con el artículo 169 inciso primero, por cuanto dentro del término legal los demandantes no integraron en debida forma la proposición jurídica, pese al requerimiento que se les hizo en el auto de Julio 17. Se dió así aplicación al artículo 6o del decreto 2067 de 1991.

    Como se han cumplido los trámites constitucionales y legales, procede la Corporación a decidir.

    1. NORMAS ACUSADAS

    Las disposiciones impugnadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No 39.080 del 27 de noviembre de 1989, son las que a continuación se transcriben. Se subraya en ellas lo que es materia de acusación parcial.

    "DECRETO NUMERO 2737 DE 1989

    (27 de noviembre de 1989)

    "Por el cual se expide el Código del Menor .

    El Presidente de la República de Colombia

    "en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 56 de 1988 y oída la Comisión Asesora a que ella se refiere,

    DECRETA:

    "TITULO QUINTO

    Del menor autor o partícipe de una infracción penal

    Capítulo Primero

    Disposiciones Generales

    Artículo 167.- Los Jueces de Menores o los Promiscuos de Familia conocerán en única instancia de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años, con el objeto principal de lograr su plena formación y su normal integración a la familia y a la comunidad.

    "..."

    Artículo 169.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 165, los Defensores de Familia conocerán de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los menores de doce (12) años, con la finalidad de ofrecerles la protección especial que su caso requiera y procurar su formación integral....

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