Sentencia de Tutela nº 576/93 de Corte Constitucional, 10 de Diciembre de 1993

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RESUMEN

Debido proceso. Lanzamiento por ocupacion de hecho. Via de hecho. Concedida.

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Sentencia No. T-576/93

VIA DE HECHO/INSPECTOR DE POLICIA

La vía de hecho es una actuación en la que el funcionario público, -como lo es el Inspector de Policía-, procede en abierta contradicción o violación de la ley, como cuando obra prescindiendo de las normas de procedimiento, y, entre ellas, las relativas a las pruebas. En pocas palabras, la vía de hecho supone la arbitrariedad de la administración.

ACCION DE TUTELA CONTRA DECISION DE AUTORIDAD POLICIVA/LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO/ACTO POLICIVO-Naturaleza/FUNCIONARIO DE POLICIA

Las decisiones que ponen término a un proceso civil de policía no son susceptibles de recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, esta suerte de actuaciones administrativas de carácter policivo son susceptibles de control constitucional por vía de la acción de tutela. Si bien las decisiones policivas reciben la misma denominación de las sentencias, no pueden asimilarse a éstas. En este orden de ideas, aquéllas no se encuentran excluidas de la acción de tutela en el evento de una vulneración de los derechos fundamentales. Las vías de hecho en que incurran los funcionarios de policía, por violación del derecho fundamental al debido proceso en la decisión de verificar el lanzamiento, no tienen previsto un medio de defensa judicial civil o administrativo. Por tanto, la única posibilidad de protección frente a estos atropellos, es la acción de tutela.

FALLO DE TUTELA-Protección del derecho/FALLO DE TUTELA-Cumplimiento inmediato

El juez de tutela, si le es posible, procurará que las cosas vuelvan al estado anterior a la violación del derecho fundamental. En este caso, la Sala considera que ello es factible. Dado que pueden presentarse oposiciones con ocasión de la restitución que la Inspección haga en favor de la peticionaria, la Sala, en cumplimiento del primer inciso del artículo 27 del decreto 2591, que dispone que quien tenga que acatar el fallo de tutela deberá hacerlo de inmediato, previene que tales oposiciones tienen que ser denegadas terminantemente.

FALLO DE TUTELA-Ejecutoria/FALLO DE TUTELA-Aclaración/FALLO DE TUTELA-Término para la revisión

Las providencias quedan ejecutoriadas después de tres días de notificadas cuando carecen de recursos, como es el caso de las sentencias de tutela de segundo grado. Lo anterior se explica porque, dentro del plazo de esos tres días, los interesados pueden pedir la aclaración o complementación de la providencia, con lo cual su ejecutoria se pospondrá hasta el momento en que, a su turno, quede ejecutoriada la providencia que resuelva sobre la aclaración o complementación. Así, no habiendo solicitud de aclaración o complementación -lo que ocurrió en el presente caso-, pasados los tres días de la ejecutoria, para el juez que conoció de la segunda instancia de la acción de tutela empieza a correr un término de diez días, en el cual debe proceder a enviar el expediente a la Corte Constitucional para su revisión.

Ref: expediente T-17246

Acción de tutela de NORMA SÁNCHEZ contra la INSPECCIÓN QUINCE (15) D DISTRITAL DE POLICÍA, interpuesta ante el JUZGADO VEINTIOCHO (28) CIVIL MUNICIPAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL.

Magistrado ponente: Dr. JORGE ARANGO MEJÍA.

Aprobada el día diez (10) del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993).

La Sala Primera (1a.) de Revisión de Tutelas, compuesta por los magistrados JORGE ARANGO MEJÍA, ANTONIO BARRERA CARBONELL y EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, por medio de esta providencia, revisa la sentencia del treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), dictada por el JUZGADO QUINTO (5o.) CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL.

I. ANTECEDENTES

  1. La demanda.

    Fue presentada (folios 46 a 56 del cuaderno del a quo), a través de apoderado judicial, el diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993).

    1. La petición.

      Está enderezada únicamente a la protección del derecho fundamental del debido proceso.

    2. Los hechos alegados.

      AMPARO CABALLERO DE SÁNCHEZ, afirmando que RAÚL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, HUGO FERNANDO ROJAS y NORMA SÁNCHEZ JIMÉNEZ ocuparon ilegalmente "la azotea del inmueble ubicado en la carrera 19 No. 20-34 Sur de esta ciudad", instauró en su contra una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho.

      El Inspector Quince (15) D Distrital de Policía, ilegalmente, según la actora, habría accedido al lanzamiento.

  2. Las decisiones judiciales.

    1. La sentencia de primera instancia.

      Correspondió al JUZGADO VEINTIOCHO (28) CIVIL MUNICIPAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, resolver, en primera instancia, la tutela propuesta por NORMA SÁNCHEZ.

      En consecuencia, el día primero (1o.) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), dictó una sentencia (folios 73 al 80 del primer cuaderno), cuya parte resolutiva fundamental determinó tutelar el derecho al debido proceso de NORMA SÁNCHEZ, y ordenar a la Inspección la suspensión del lanzamiento, dejando en libertad a los interesados para acudir a la vía jurisdiccional.

    2. El fallo que resolvió las impugnaciones.

      El JUZGADO QUINTO (5o.) CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, el treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), (folios 16 a 27 del cuaderno de la segunda instancia y la revisión), decidió revocar la sentencia del a quo y, en consecuencia, denegar la acción de tutela formulada por NORMA SÁNCHEZ.

II. COMPETENCIA

La Sala es competente para revisar la sentencia del JUZGADO QUINTO (5o.) CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, con base en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y los artículos 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.

III. CONSIDERACIONES

  1. La Inspección incurrió en una vía de hecho ostensible.

    Porque:

  2. - La parte querellada, que -aduciendo unas pruebas en cuya presencia no resulta fácil descartar al menos una posesión irregular-, demostró haber ocupado el inmueble durante más de dieciocho (18) años, fue lanzada por la autoridad policiva con base en un endeble sustento probatorio.

    Ciertamente, la actora estructuró su reclamación asumiendo, junto con sus hijos, la calidad de propietaria poseedora del inmueble del piso cuarto (4o.). Sin embargo, dejó mucho que desear en lo atinente a la prueba del dominio, pues presentó una documentación -parte del trabajo de partición- que, fuera de estar desprovista de autenticidad, resultó incompleta por la no inclusión de la sentencia aprobatoria de la sucesión del señor MANUEL TIBERIO SÁNCHEZ. Además, no demostró ser la cónyuge sobreviviente del hijo de este último, es decir, del señor JORGE SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ni aportó la prueba de su fallecimiento, ni la del resultado del correspondiente juicio de sucesión, así como tampoco llevó al conocimiento de la Inspección lo necesario para fijar cuáles y cuántos hijos tuvo con él.

  3. - Pero, hay algo aún más grave, si no se olvida que, al fin de cuentas, en esta clase de actuaciones policivas no se trata de discutir el derecho de dominio: la querellante fracasó en la prueba de su posesión real y material, porque no hay un solo medio de convicción que seriamente señale que AMPARO CABALLERO DE SÁNCHEZ tuvo la posesión efectiva del piso cuarto (4o.) del edificio de la carrera 19 número 20-34 Sur de Santafé.

    Debe anotarse que los testimonios sumarios con que se inició la querella, particularmente vagos y contradictorios, como se vio, y la declaración de la señora VARELA DE VELA, -quien dijo haber sido arrendataria del difunto MANUEL TIBERIO SÁNCHEZ-, nunca manifestaron que la actora fuera poseedora del bien. Las declaraciones de los agentes de policía, decretadas de oficio por el Inspector, a más de contradictorias, -toda vez que uno se refiere a una ausencia parcial de muebles en el apartamento, mientras que el otro habla de una falta total de tales elementos-, legalmente no podían haberse practicado, pues su origen sólo constó en un testimonio sumario, no sometido a la contradicción.

  4. - Las deficiencias señaladas conducen a la violación del inciso primero (1o.) del artículo primero (1o.) del decreto 992 de 1930, disposición que dice:

    "Toda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia material de una finca, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de apoderado debidamente constituído al respectivo alcalde municipal la protección consagrada en el artículo 15 de la ley 57 de 1905."

    Como puede apreciarse, la norma otorga el derecho de impetrar la protección de la ley 57 de 1905, -que no es otra cosa que el lanzamiento del ocupante de hecho-, sólo a "quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia material de una finca". Por lo tanto, el actor que no prueba tener la calidad de tenedor, no es el legitimado para hacer lanzar al presunto usurpador. Así, pues, si la decisión policial que optó por verificar el lanzamiento, se hizo sin la previa constatación de que la reclamante tenía tales calidades, se está en presencia de una inexcusable y arbitraria violación del artículo citado, que fácilmente conduce a un quebrantamiento del derecho constitucional fundamental al debido proceso.

  5. - Por yerro imputable a la señora querellante, las declaraciones extrajuicio, obtenidas sin citación de la contraparte, no mencionan el año en que supuestamente ocurrió la ocupación de hecho. La omisión de la Inspección consistente en no haber buscado la corrección de tal anomalía, implica un atentado contra la conexidad de los artículos segundo (2o.), numeral sexto (6o.), tercero (3o.) y cuarto (4o.) del decreto 992 de 1930, textos que a la letra dicen:

    "Artículo 2o. En el memorial a que se refiere el artículo 1o. de este decreto, que debe ser presentado personalmente ante el alcalde y su secretario, se hará constar lo siguiente:...

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