Sentencia de Constitucionalidad nº 093/98 de Corte Constitucional, 18 de Marzo de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43561547

Sentencia de Constitucionalidad nº 093/98 de Corte Constitucional, 18 de Marzo de 1998

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Ponente:Vladimiro Naranjo Mesa
Fecha de Resolución:18 de Marzo de 1998
Expediente:D-1788
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Dec. 2148/93. Art. 3 parcial. Dec. 960/70. Art. 6 parcial. Facultad de los notarios para abstenerse de autorizar una escritura publica cuando se ha incurrido en nulidad absoluta. Sent. Inhibitoria.

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Sentencia C-093/98

NULIDAD DE PLENO DERECHO-Obtención con violación del debido proceso/NULIDAD-Previa declaración de autoridad competente

Como consecuencia de su carácter procesal, y para efectos de garantizar el principio de la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el principio según el cual está prohibido a los particulares hacer justicia por su propia mano, la nulidad constitucional referida requiere para su realización la previa declaración de autoridad competente, es decir, de aquella que viene conociendo del proceso y, por tanto, la que tiene potestad para declararla. Bajo el entendido de que la nulidad prevista en el artículo 29 es de naturaleza procesal y debe ser declarada previamente por autoridad competente, como ocurre con las demás nulidades procesales de orden legal, se hace necesario establecer si la misma es aplicable al trámite notarial.

NOTARIO-Naturaleza

El notario es entonces un particular con carácter de autoridad a quien el Estado ha confiado la importante labor de brindar seguridad jurídica a los actos, contratos, negocios jurídicos y situaciones o relaciones jurídicas de los individuos, cuando en aquellos se exige el cumplimiento de ciertas solemnidades o cuando los interesados, previo acuerdo, optan por revestirlos de las mismas.

FUNCION NOTARIAL-No está precedida de jurisdicción/IUS POSTULANDI-No se exige en actuaciones notariales

La función notarial no está precedida de jurisdicción, entendida ésta como la potestad para administrar justicia o decir el derecho mediante sentencia. La posibilidad de definir derechos e imponer sanciones desborda el ámbito de competencia del notario y se traslada a las autoridades judiciales o administrativas con poder decisorio. Por ello, mal podría exigirse en la actuación notarial el ejercicio del "jus postulandi", que comprende el derecho de pedir y defender lo pedido, utilizando los mecanismos y recursos que otorga el proceso para la satisfacción de las pretensiones. En estos términos, ante el notario no es viable exigir el respeto por el derecho de defensa, la presunción de inocencia o el derecho a presentar y controvertir pruebas, razón por la cual el debido proceso, propio de las actuaciones judiciales y administrativas de orden procesal, es absolutamente inoperante.

TRAMITE NOTARIAL-Irregularidades o nulidades

Las irregularidades o nulidades a las que hace referencia el artículo demandado, las cuales deben ser advertidas por el notario y puestas en conocimiento de los interesados, son las sustanciales del acto o negocio jurídico referidas a su existencia y validez (arts. 1740 y sig. del C.C. ) y no las originadas en los trámites procesales o nulidades procesales.

NULIDAD DE LA PRUEBA OBTENIDA CON VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO-No es aplicable al trámite notarial

La nulidad constitucional de la prueba obtenida con violación del debido proceso no es aplicable al trámite notarial, por tratarse de una nulidad procesal o probatoria, propia de las actuaciones judiciales y administrativas donde se definen derechos que, además, exige para su aplicación la previa declaración de autoridad competente.

TRAMITE NOTARIAL-No es de naturaleza procesal

Aunque el notario deba propugnar por el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, como lo señalan las normas citadas, el ejercicio de este deber sólo tiene lugar dentro del marco restringido de su competencia que, como se ha dicho, no es de naturaleza contenciosa ni procesal.

Referencia: Expediente D-1788

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° (parcial) del Decreto 960 de 1970 y el artículo 3 (parcial) del Decreto 2148 de 1983.

Actor: José Luis Pabón Apicella.

Magistrado Ponente:

Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998)

I. ANTECEDENTES

El ciudadano José Luis Pabón Apicella, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política , demandó la inexequibilidad de los artículos (parcial) del Decreto 960 de 1970 y 3° (parcial) del Decreto 2148 de 1983.

Admitida la demanda se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación para efectos de la intervención ciudadana y se dio traslado al procurador general de la Nación, quien rindió el concepto de su competencia.

Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA

El tenor literal de las normas es el siguiente, con la aclaración de que se subraya y resalta lo demandado.

"Decreto 960 de 1970"

"Artículo 6°. Corresponde al notario la redacción de los instrumentos en que se consignen las declaraciones emitidas ante él, sin perjuicio de que los interesados las presenten redactadas por ellos o sus asesores, En todo caso, el notario velará por la legalidad de tales declaraciones y pondrá de presente las irregularidades que advierta, sin negar la autorización del instrumento en caso de insistencia de los interesados, salvo lo prevenido para la nulidad absoluta, dejando siempre en él constancia de lo ocurrido."

"DECRETO 2148 DE 1983"

"Artículo 3°. El notario no autorizará el instrumento cuando llegue a la conclusión de que el acto que contiene sería nulo por incapacidad absoluta de alguno de los otorgantes o por estar clara y expresamente prohibido en la ley.

"De los demás vicios que afecten el acto objeto del contrato advertirá a los comparecientes y si estos insistieren lo autorizará, dejando constancia de ello en el instrumento."

III. LA DEMANDA

  1. Normas constitucionales que se consideran infringidas

    Estima la demandante que la disposición acusada es violatoria de los artículos 4, 2, 29, 85, 121, y 123 de la Constitución Política .

  2. Fundamentos de la demanda

    El demandante considera que el artículo 6° del Decreto 960 de 1970, el cual faculta a los notarios para abstenerse de autorizar una escritura pública cuando perciben que en su otorgamiento se ha incurrido en nulidad absoluta, desconoce que dichos funcionarios también pueden negarse a prestar su autorización cuando identifican la nulidad constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta Fundamental, la cual opera de pleno derecho. Considera que, según lo prescriben los artículos 121 y 123 del mismo ordenamiento, las autoridades públicas tienen a su cargo el control de constitucionalidad de los servicios que prestan y, por tanto, su intervención no puede limitarse al simple control de legalidad, como lo sugieren los artículos 6° del Decreto 960/70 y 3° del Decreto 2148/83.

IV. INTERVENCIONES

Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho

Dentro de la oportunidad legal prevista en el proceso de la referencia intervino el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la dra. Mónica Fonseca Jaramillo, para defender la constitucionalidad de la expresión demandada.

En cuanto tiene que ver con el artículo 3° del Decreto 2148 de 1983, la intervinente asegura que la Corte Constitucional no tiene competencia para emitir pronunciamiento de fondo por tratarse de una norma de carácter reglamentario y que en consecuencia debe declararse inhibida.

En relación con el artículo 6° del Decreto 960 de 1970, manifiesta la representante judicial del Ministerio que el actor parte de una premisa errada, cual es la de considerar que el notario no puede adelantar un control integral de la legitimidad del acto jurídico que se presenta a su consideración y del que le sirve de base fáctica. En efecto, señala que "la Constitución, teniendo en cuenta la importancia de los elementos que confluyen a la integración del concepto de debido proceso, señala que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del mismo; nulidad de pleno derecho, de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política , y que de ningún modo se opone a aquellas otras nulidades predicables ya no de las pruebas sino de los instrumentos no autorizados por el notario, en este caso, cuando existe nulidad absoluta (...) En este caso, la norma comprende todos los fenómenos de la nulidad absoluta sin discriminar sus causales, porque todas son igualmente válidas."

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El señor procurador General de la Nación, dentro de la oportunidad legal prevista, solicitó a esta Corporación declarar constitucionales las expresiones de los artículos demandados, de acuerdo con los siguientes argumentos.

Considera la vista fiscal que las normas acusadas desarrollan ampliamente una de las atribuciones concedidas a los notarios, sin que pueda decirse por razón de su generalidad, que aquellas incurren en una omisión que las hace inconstitucionales. Afirma el procurador que los notarios, como autoridades encargadas de guardar la fe pública, deben ejercer sus funciones de acuerdo con los predicados de la ley, lo que no los inhabilita para aplicar directamente las disposiciones de la Constitución Política . En ese sentido, reconoce que la garantía consagrada en el artículo 29 de la Carta es un instrumento excepcional a la mano de cualquier autoridad pública -incluidos los notarios- para enmendar los vicios que puedan afectar la validez de las actuaciones que se adelantan ante ellas.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

  1. La competencia

    En lo que respecta a la demanda contra algunos apartes del artículo 6° del Decreto 960 de 1970, esta Corporación es competente para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-5 de la Carta...

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