Sentencia de Constitucionalidad nº 148/98 de Corte Constitucional, Abril 22, 1998

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RESUMEN

Dec. 100/80. C.p. Art. 373. Circunstancias genericas de atenuacion punitiva. Perdida del poder adquisitivo del dinero en materia de dosimetria penal. Exeq.

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Sentencia C-148/98

DOSIMETRIA PENAL-Actualización de cuantía

La analogía deberá hacerse entonces, de tal manera que, siguiendo el criterio del legislador, la norma pueda ser aplicada hacia el futuro: así, si cien mil pesos equivalían a 18.83 salarios mínimos legales mensuales de la época (1981), la suma de diez mil pesos de entonces, equivaldría a 1.88 salarios mínimos de hoy. Estableciendo esta correspondencia, se trae a valor presente la cantidad contemplada por la norma, y se cumple con la intención del legislador, al conceder el atenuante para quien cometa un delito contra el patrimonio de otro cuyo valor no sea superior a 1.88 salarios mínimos legales.

CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACION DE LA PENA

Sobre las condiciones adicionales para la concesión de la atenuante, la Corte encuentra, en primer término, que es razonable no conceder el beneficio de atenuación a una persona que ya haya incurrido en una conducta punible anterior, pues la norma pretende desestimular la reincidencia de conductas criminales. Tampoco se establece un trato discriminatorio injustificado, pues claramente se señala que quien cometa este tipo de conductas, por primera vez, tiene derecho a recibir un trato favorable. En segundo término, el legislador estimó que solamente podrá acceder a la atenuante, quien no haya causado daño grave a la víctima teniendo en cuenta su situación económica. Esta condición no es discordante con la Constitución, y apela a lo razonable: quien, a más de vulnerar el patrimonio económico de una persona, lo hace causándole un daño a quien se encuentra en una situación económica precaria, no merece un trato favorable.

Referencia: Expediente D-1885

Actor: Marcel Arnovil Rosero Sotelo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 373 del Código Penal (Decreto Ley 100 de 1980)

Temas:

Circunstancias genéricas de atenuación de la pena

Efectos de la pérdida de poder adquisitivo del dinero en materia de dosimetría penal

Principio de proporcionalidad

Principio de igualdad

Magistrado Ponente:

Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ

Santafé de Bogotá, D.C., veintidos (22) de abril de mil novecientos noventa y nocho (1998).

La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Vladimiro Naranjo Mesa y por los Magistrados, Carmenza Isaza de Gómez, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz

EN NOMBRE DEL PUEBLO

Y

POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN

Ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

ANTECEDENTES Artículo 373

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano MARCEL ARNOVIL ROSERO SOTELO, solicita a la Corte que declare inexequibles algunas expresiones del artículo 373 del Código Penal , por infringir los artículos 1,2,13,29 y 93 de la Carta.

Surtido el trámite que ordenan la Constitución y la ley y recibido el concepto fiscal, procede la Corte a decidir.

NORMA ACUSADA

El texto del artículo que se demanda parcialmente es el siguiente:

"DECRETO 100 DE 1980"

"Por el cual se expide el nuevo Código Penal "

(.......)

"TÍTULO XIV : DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

"Capítulo IX : Disposiciones comunes a los artículos anteriores

Artículo 373 Circunstancias genéricas de atenuación punitiva

Las penas señaladas en los capítulos anteriores, se disminuirán de una tercera parte a la mitad, cuando el hecho se cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a diez mil pesos, siempre que el agente no tenga antecedentes penales y que no haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica".(Se subraya lo demandado).

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante considera que la norma transcrita en los apartes acusados, viola los principios contenidos en los artículos 1,2,13, 29 y 93 de la Carta, por las siguientes razones:

El precepto acusado vulnera el Estado social de derecho pues en la realidad no se concede el beneficio que allí se consagra. "Esto, porque si bien esta suma -la que contiene la norma, y presupuesto necesario para que se conceda el atenuante, diez mil pesos- representaba un valor significante en 1980, (...) en la actualidad es una cifra irrisoria que no lesiona de una manera eficaz el bien jurídico protegido por la norma (patrimonio económico)" y "...dadas las circunstancias del caso decaería en una atipicidad de la conducta situación que haría inaplicable la norma acusada como inconstitucional."

La falta de aplicabilidad de la norma demandada trae como consecuencia que se dé mejor trato a los delincuentes mayores que a los pequeños infractores, porque al no presentarse una vulneración al patrimonio económico en cuantía menor a diez mil pesos, no se da el caso en que sea procedente el reconocimiento de esta circunstancia de atenuación; así, se vulnera el principio de igualdad al dar un trato más benévolo a los grandes criminales, pues los atenuantes previstos para sus conductas sí son aplicables.

Dice el demandante que también se viola el derecho de defensa y luego de exponer un caso hipotético en el que la circunstancia de atenuación sería operante, reitera que "sin embargo, esta norma se ha hecho inaplicable restringiendo de manera considerable el derecho de defensa que asiste a cada persona, vulnerando de forma directa el artículo 29 de la Carta Política ...".

De otra parte, se contrarían los principios del Estado social de derecho, y los de necesidad y utilidad de la pena ya que no se lleva a cabo el proceso de resocialización de los delincuentes menores, pues son recluidos en centros carcelarios donde tienen contacto con delincuentes habituales, que ejercen influencia negativa sobre ellos.

Finalmente, señala que se viola el principio de tipicidad pues el legislador de 1980 consideró que quien lesionara el patrimonio económico de otro en una cuantía inferior a diez mil pesos merecía una atenuación de su pena. Lo hizo, según la demanda, considerando que el intérprete correspondiente daría dinámica a la ley y reajustaría la suma cada año. Pero la realidad es que la norma se ha tornado inoperante, porque no se le ha dado una interpretación teleológica y razonable.

INTERVENCIONES

  1. LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

    El Fiscal General de la Nación, encargado, solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de la disposición demandada, por las siguientes razones:

    - La norma acusada, por su naturaleza, no viola derechos fundamentales; es más: "permite dar aplicación a los principios de igualdad y proporcionalidad" al proveer un tratamiento benigno a las ofensas que vulneran el bien jurídico protegido de manera menos grave.

    - La declaración de inconstitucionalidad de la disposición no solucionaría el problema que se presenta con la inaplicación de la norma por causa de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, pues al desaparecer el atenuante del ordenamiento jurídico se formalizaría una violación a los principios de igualdad y proporcionalidad.

    - La norma acusada debe ser interpretada al tenor de los cánones constitucionales, de manera que la circunstancia de atenuación esté de acuerdo con el valor real del objeto material, es decir, se debe entender la expresión legal en términos de valor constante de 1981: el equivalente a 1.88 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

  2. EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

    El apoderado de la Ministra de Justicia y del Derecho, solicita que se declare exequible la norma demandada y sugiere que se haga en los mismos términos que la Corte utilizó en la sentencia C-070/96. Son estos sus argumentos:

    - La norma acusada parcialmente, no viola el principio de igualdad, porque su aplicación es obligatoria a cualquier procesado que se encuentre dentro de los supuestos que ella contempla.

    - Tampoco infringe el principio de favorabilidad, pues en este caso no se trata de la inaplicación de una ley favorable.

    - No se desconoce el principio de legalidad "porque el establecimiento de una cuantía como causal de atenuación punitiva, no implica una condena sin ley previa o la aplicación de una pena inferior a la prevista por la ley penal".

    - Es posible interpretar la norma impugnada de acuerdo con la Constitución y adecuarla a la realidad, como ya lo hizo la Corte en un caso similar en la sentencia C-070/96.

    CONCEPTO FISCAL

    El Procurador General de la Nación solicitó a la Corte declarar la EXEQUIBILIDAD de la disposición demandada, teniendo en cuenta que la suma de dinero que en ella se consagra debe ser actualizada.

    Acerca de la cuantía como factor de atenuación de la pena dice que "El atentado o daño contra el bien jurídico amparado por la norma parcialmente demandada, amerita que, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, el legislador establezca montos económicos susceptibles de ser medidos en dinero, para señalar las penas" ".... está permitido que la autoridad encargada de elaborar los tipos penales, utilice la cuantía como factor objetivo para señalar la competencia en los diversos niveles de la Administración de Justicia, como también está habilitada para graduar las penas atendiendo al mismo criterio", y concluye afirmando que para contrarrestar los efectos de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, es necesario valerse de un factor que permita actualizar la cifra permanentemente. Sugiere a la Corte, con el propósito de hacer aplicable la disposición acusada, retomar el método que propuso en la sentencia C-070/96, así: "si para el año de 1981 diez mil pesos (...) equivalían a 1,883 salarios mínimos legales mensuales (...), ésta es la equivalencia...

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