Sentencia de Tutela nº 801/98 de Corte Constitucional, 16 de Diciembre de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43562327

Sentencia de Tutela nº 801/98 de Corte Constitucional, 16 de Diciembre de 1998

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Ponente:Eduardo Cifuentes MuñOz
Fecha de Resolución:16 de Diciembre de 1998
Decision:Concedida
Expediente:176943 Y OTRO
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Ders. De las personas de la tercera edad. Der. A la dignidad humana. Libre circulacion dentro de un predio. Entrega de llaves. Concedida.

ÍNDICE
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Sentencia T-801/98

DERECHOS FUNDAMENTALES POR CONEXIDAD-Alcance

ACCION DE TUTELA-Conexidad entre el derecho civil a transitar por predio ajeno y algún derecho fundamental

PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección Constitucional especial/DERECHO A LA VIDA DIGNA DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección por tutela

La Corte ha reconocido que algunas personas, en particular, quienes pertenecen a la tercera edad, gozan de lo que se ha denominado un derecho de trato o protección especial. El mencionado derecho apareja, entre otras cosas, la facultad de las personas beneficiadas de solicitar la procedencia inmediata de la acción de tutela cuando, pese a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, queda demostrada una lesión a sus derechos fundamentales que compromete las condiciones de posibilidad de una vida digna.

ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional

INDEFENSION-Decisión irrazonable, irracional o desproporcionada

La Corporación ha manifestado que se encuentra en causal de indefensión quien resulta incapacitado para satisfacer una necesidad básica en virtud de decisiones que han sido adoptadas por un particular, en ejercicio de un derecho del cual es titular, pero de manera irrazonable, irracional o desproporcionada.

DERECHOS FUNDAMENTALES-Definición de vulneración de un derecho fundamental atendiendo la realidad de cada caso/DEMANDA DE TUTELA-Verificación integral de requisitos procesales previo estudio de la materialidad del caso concreto

Es la realidad de cada caso concreto, las circunstancias únicas y particulares que lo caracterizan, las que permiten definir si se encuentra verdaderamente vulnerado un derecho fundamental, si ello afecta la dignidad de la parte actora y si esta última está en situación de indefensión frente al presunto agresor. En otras palabras, en el juicio de tutela los requisitos procesales sólo pueden ser integralmente verificados previo estudio de la materialidad del caso concreto y no a priori o en abstracto. Justamente ese es uno de los distintivos esenciales que diferencian el proceso constitucional de otros procesos reglados hasta el detalle por el derecho legislado.

PRINCIPIO DE ARMONIZACION-Tensión entre derecho a la intimidad y derechos a la dignidad, salud y especial protección de personas de la tercera edad

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Impone deberes/DEBER DE SOLIDARIDAD CON PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección y asistencia por familiares

La Corte ha sido clara al manifestar que el principio de solidaridad que caracteriza al Estado Social de Derecho impone al poder público, pero también a los particulares, una serie de deberes fundamentales para el logro de una verdadera y equitativa armonización de los derechos. En este sentido, ha afirmado que la solidaridad representa un límite al ejercicio de los derechos propios que, en otros modelos constitucionales, parecían absolutos. Pero los deberes que se derivan del principio de la solidaridad, se hacen mucho más fuertes si se trata de socorrer o garantizar los derechos de las personas de la tercera edad. En efecto, como lo ha reconocido la Corte, las personas que se encuentran en la mencionada categoría son acreedoras a un trato de especial protección, no sólo por parte del Estado sino de los miembros de la sociedad y, en particular, de sus familiares cercanos. El aserto anterior, se funda, de una parte, en el mandato contenido en el artículo 13 de la Carta que ordena la protección de grupos que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y, de otra, en lo dispuesto por el artículo 46 del mismo texto constitucional, según el cual: "El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia".

DEBERES CONSTITUCIONALES-Excepcionalmente son de aplicación inmediata

En principio, los deberes que surgen de la Constitución política sólo pueden ser exigidos a los particulares si media una norma jurídica que defina su alcance y significado de manera precisa. De esta forma, se entiende que los deberes son, fundamentalmente, patrones de referencia para la formación de la voluntad legislativa. Sin embargo, la propia Corte ha reconocido que, en algunos eventos, los deberes constitucionales constituyen normas de aplicación inmediata que pueden ser exigidos directamente por el juez constitucional. Se trata de aquellos casos en los cuales una evidente transgresión del principio de solidaridad - y, por lo tanto, de las obligaciones que de él se derivan - origina la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de otras personas.

DEBER DE SOLIDARIDAD FAMILIAR CON PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Tránsito por predio ajeno

Referencia: Expedientes acumulados T-176943 y T-178076

Actores: Oliva Cañón Parada y Ana Isabel Cañón de Romero

Temas:

Derechos fundamentales por conexidad

Perjuicio irremediable sobre derechos fundamentales de las personas de la tercera edad

Tutela contra particulares

Deber familiar de asistencia y protección a las personas de la tercera edad

Principio de armonización concreta

Magistrado Ponente:

Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Santafé de Bogotá, D.C., dieciseis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL PUEBLO

Y

POR MANDATO DE LA CONSTITUCION

la siguiente

S E N T E N C I A

En los procesos de tutela T-176943 y T-178076 adelantados por OLIVA CAÑÓN PARADA y ANA ISABEL CAÑÓN DE ROMERO contra FRETH HAMILTON CAÑÓN PARADA y BLANCA RUBY GIL DE CAÑÓN.

ANTECEDENTES

  1. Los días 19 y 26 de mayo de 1998, las señoras Oliva Cañón Parada y Ana Isabel Cañón de Romero, interpusieron acción de tutela ante los juzgados 19 y 27 penales municipales de Cali, respectivamente, contra Freth Hamilton Cañón Parada y la esposa de éste Blanca Ruby Gil de Cañón, por considerar que éstos han vulnerado su derecho fundamental a la libre locomoción (C.P. , artículo 24).

    La actoras informaron que habitan en un predio de 208 metros de largo por 10 metros de ancho, dividido en lotes, el cual comparten con Nelson y Freth Hamilton Canón Parada. Señalaron que, hace aproximadamente un año, este último construyó su vivienda en el lote de entrada al predio y se trasladó a vivir en el mismo en compañía de su esposa. Manifestaron que la situación entre los vecinos transcurrió en paz y tranquilidad hasta el momento en que la demandada puso un candado a la puerta de entrada al predio. Indicaron que, a partir de ese momento, "todos nos quedamos sin poder entrar, entonces nos toca timbrar y esperar que ella abra y cuando no está nos toca ir a dar la vuelta que dura como media hora". Ana Isabel Cañón de Romero aseguró que "yo sufro de las piernas y me agito mucho y así hay gente que vive en la parte de atrás del lote que son de avanzada edad, ya que el lote está encerrado por un lado con alambre de púas y por el otro tiene una muralla". Por su parte, Oliva Cañón Parada afirmó que se encuentra enferma de las piernas y de la columna vertebral y que, cuando camina, le "fallan las piernas". Así mismo, una de las demandantes explicó que no había acudido ante las autoridades policivas por tratarse de un asunto familiar y porque le "daba pena".

    Conforme a lo anterior solicitaron que se ordenara a los demandados que permitieran la construcción de una entrada general al predio o que les facilitaran copia de la llave del candado de la puerta de entrada.

  2. En declaraciones rendidas ante los juzgados de tutela, el señor Freth Hamilton Cañón Parada manifestó que desde la construcción de su casa de habitación, en el lote de entrada al predio, había permitido que las personas que habitaban en la parte de atrás entraran a través de su propiedad, "siempre y cuando fueran a timbrar la puerta". Señaló que, con sus actuaciones, no ha vulnerado los derechos fundamentales de las actoras ni de otras personas, toda vez que lo único que pretende es que sus derechos a la privacidad y a la tranquilidad sean respetados, habida cuenta de que el lote por el que las demandantes pretenden ingresar es de su propiedad y nunca se ha establecido una servidumbre de paso sobre el mismo. También precisó que, antes de cambiar el candado de la puerta de entrada al predio, las personas fueron debidamente informadas.

    Por su parte, la señora Blanca Ruby Gil de Cañón declaró ante los juzgados de tutela no haber violado ninguno de los derechos fundamentales invocados por las actoras. Señaló que, por el contrario, el paso de las demandantes a través de su propiedad vulnera su derecho a la privacidad. Agregó que "ellas quieren pasar por mi casa para acortar camino, nosotros en ningún momento le podemos dar llaves de nuestra casa porque [son] una[s] persona[s] irresponsable[s] y le da[n] las llaves a todo el mundo, en común acuerdo le[s] hemos dicho que con mucho gusto pueden entrar por nuestra casa siempre y cuando nosotros estemos allí pero de lo contrario nosotros siempre le[s] hemos dicho que no le[s] vamos a dar las llaves porque es nuestra casa y ellas tienen su camino para a llegar a la de ellas, lo que no quieren es caminar".

    La declarante precisó que las actoras "siempre entra[n] por mi casa mientras nosotros estemos allí, le[s] abrimos y además es lógico que tiene[n] que esperar porque nosotros tenemos dos casas y le[s] toca esperar a que yo baje las gradas para poder llegar al portón a abrirle[s]".

  3. Otras personas con conocimiento de los hechos que suscitaron las acciones de tutela de la referencia, rindieron declaración ante los juzgados 19 y 27 penales municipales de Cali.

    3.1. La señora Sandra Viviana Narváez Galvis, nuera...

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