Sentencia de Tutela nº 526/99 de Corte Constitucional, 23 de Julio de 1999

Primera. La Competencia

La S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para pronunciarse en el proceso de la referencia, el cual fue debidamente seleccionado por la S. correspondiente y repartido al Magistrado Sustanciador conforme lo establece el reglamento de esta Corporación, de acuerdo con los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 a 36 del decreto 2591 de 1991, respectivamente.

Segunda. La Materia

En esta oportunidad le corresponde a la S. revisar los fallos proferidos por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de C., y la S.L. del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C., respectivamente, el primero de los cuales amparó el derecho fundamental de asociación sindical de los trabajadores del sindicato de trabajadores de la Empresa Seatch International Inc. y el segundo de los cuales revocó parcialmente la sentencia de primera instancia.

La controversia que plantea el presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Seatch International INC, se puede sintetizar de la siguiente manera:

Según el demandante, su acción está dirigida a que el juez de tutela proteja el derecho de asociación sindical de los miembros del sindicato de trabajadores de Seatch International Inc. "SINTRASEATCH", el cual, a su juicio, es desconocido por el comportamiento de las directivas de la empresa demandada y, por lo tanto, se ordene a la misma a que: "cese todo acto de presión sobre los trabajadores sindicalizados para que renuncien al sindicato, así como que también cesen las instigaciones para que los no sindicalizados se abstengan de pertenecer al sindicato y sean declaradas inválidas las cartas de renuncia laboral a la empresa Seatch International inc, así como los nuevos contratos con las empresas P. S.A. y Atunes de Colombia S.A., suscritos por los trabajadores Y.U., W.A., D.Q., A.C., A.C. y W.R.", los cuales, estima el actor, constituyen maniobras para disolver y desmembrar la Organización Sindical, y de esta manera, tales trabajadores puedan ejercer sin inconveniente alguno el derecho de asociación sindical a S. y puedan gozar del fuero sindical".

Tercera. De la Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto que se revisa.

Sea lo primero advertir que en el caso que se revisa, en opinión de la S., conforme a su Jurisprudencia Sentencia C-134 de 1994 MP Dr. V.N.M., la acción de tutela que el actor formuló en contra de la empresa demandada, en su condición de representante legal del sindicato "S.", resulta procedente, en virtud de la específica relación de subordinación jurídica que entre la empresa y el sindicato existía al momento de su presentación, así como por el carácter de fundamental del derecho que se alega vulnerado. En efecto, tal como lo ha establecido esta Corte, a propósito del alcance del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, la procedencia de la acción de tutela contra particulares está supeditada, a la existencia de los siguientes presupuestos:

1. que el particular esté encargado de un servicio público

   Que el particular afecte gravemente el interés colectivo

   Que el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular. En esta última hipótesis, se puede presentar la vulneración de cualquier derecho fundamental de una persona natural o jurídica por el comportamiento de un particular ya sea por su acción u omisión.

   En este sentido, descendiendo al caso subexamine, el actor, en su condición de Presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa Seatch International INC, cuenta, entonces, con el interés jurídico suficiente para incoar la acción de tutela a nombre de sus afiliados, contra la empresa demandada, lo cual hace procedente la tutela, de conformidad con la Carta Política, pero, además, la viabilidad de la misma, en el caso que se revisa, encuentra también sustento específico en el hecho de que la solicitud del peticionario, en esencia, busca que se le reivindique y respete el derecho a la libre asociación sindical, consagrado como fundamental en el artículo 39 de la Carta, aspecto que es propio de la actividad del juez constitucional, quien como lo ha señalado expresamente esta Corte C-473 de 1994

   C-450 de 1995

   T-502 de 1998, tiene la obligación de brindar protección inmediata y efectiva de esa garantía ante una situación de violación de la misma.

   Así pues, para la S. resulta relevante reiterar lo expuesto por esta Corporación sobre esta materia en un caso análogo al estudiado. En efecto, dijo esta Corte lo siguiente:

   "...En materia de derecho colectivo pueden presentarse situaciones conflictivas que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores o de las organizaciones sindicales, como se verá a continuación:

   Tanto la constitución (arts. 38 y 39 C.P.) como diferentes normas del C.S.T. (arts. 353 y 354), reconocen y garantizan el derecho fundamental de asociación sindical, tanto para los trabajadores particulares, como para los servidores públicos, sean empleados públicos o trabajadores oficiales, aun cuando en relación con los empleados públicos existen ciertas restricciones a su derecho de asociación sindical (arts. 414 y 415 del C.S.T.). Igualmente, garantizan el derecho a la negociación colectiva.

   La acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, cuando quiera que sean vulnerados o exista amenaza de su violación, entre otros casos, en cualquiera de las siguientes hipótesis:

   cuando el patrono desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o afiliarse a estos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de los representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, adopta medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato. Igualmente, cuando el patrono, obstaculiza o desconoce, el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que ésta es permitida." (S.U. 342 de 1995, M.P.D.A.B.C.).

   Pero, también considera la S. importante recordar, en esta ocasión, lo expuesto en su doctrina jurisprudencial sobre la legitimación en la causa por parte de los directivos sindicales a propósito de la acción de tutela en relación con el derecho fundamental de asociación sindical. En efecto, debe la Corte recordar que la S. Plena de esta Corporación en auto de junio 5 de 1997 manifestó:

   Un estudio de la jurisprudencia de la Corte en esta materia permite precisar que ha estado enderezada a distinguir entre los intereses puramente colectivos, ligados al sindicato en cuanto tal -así repercutan en beneficio individual de los trabajadores, como siempre ocurre con las reivindicaciones económicas buscadas y obtenidas por tales asociaciones-, y el interés no necesariamente sindical del trabajador, visto en su individualidad, para establecer, de acuerdo con la naturaleza específica de la acción de tutela (artículo 86 C.P.), que si el asunto planteado pertenece a la primera de las categorías enunciadas, el Sindicato debe ser el actor, por conducto de sus representantes legales, al paso que si se trata de hechos que redundan exclusivamente en la afectación de intereses individuales, están los trabajadores legitimados para obrar procesalmente sin vincular al Sindicato.

   Vista la doctrina de la Corte y regresando al caso analizado, el actor en su calidad de representante legal del sindicato imputa al patrono acciones dirigidas a impedir que se conforme el sindicato, que éste ejerza su derecho de asociación, así como que los empleados de la empresa se afilien al mismo; e igualmente porque la parte demandada ejecuta maniobras represivas o activas que, amparadas en prerrogativas de orden legal, están dirigidas a impedir o desmembrar la organización sindical, todo lo cual, a juicio de la S., son hechos que implican la plena competencia del juez de tutela, para conocer de ella.

   Cuarta. El Ejercicio del derecho a la libre asociación sindical

   Ha dicho ésta Corporación en diversos fallos de tutela y de constitucionalidad C-593 de 1993

   C-377 de 1998que el derecho a la libre asociación y sindicalización constituye, en el Estado social de derecho, una garantía para la efectiva realización de valores fundamentales de la sociedad, tales como el trabajo, la justicia social, la paz, la libertad y la convivencia.

   De ahí, que la Carta de 1991, reconoce el derecho a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización como un derecho fundamental que se predica, tanto de los trabajadores como de los empleadores para constituir sindicatos o agremiaciones profesionales.

   Ahora bien, esta Corporación ha señalado en múltiples ocasiones SU-342 de 1995

   que los valores fundantes del Estado Social de derecho, entre los cuales se encuentra el trabajo, la justicia social, la libertad, constituyen un catálogo axiológico que le da sentido y finalidad al orden jurídico, por lo tanto, la interpretación de los conflictos laborales así como de las normas que conforman el derecho laboral, sea este colectivo o individual, ha de efectuarse, por parte del operador jurídico, teniendo siempre en cuenta el carácter institucional que las disposiciones jurídicas poseen, en un contexto en el que debe prevalecer siempre los principios de la dignidad humana, la igualdad y el pluralismo, así como los derechos fundamentales de los trabajadores y de los patronos. Bajo esta perspectiva cobran singular importancia los derechos de libre asociación y sindicalización como espacios en los cuales los trabajadores desarrollan sus relaciones productivas, por lo tanto, generan siempre una especial connotación como garantías fundamentales. Bajo este marco interpretativo, esta Corte ha reconocido ampliamente, entre otras sentencias, en la C-473 de 1994, C-450 de 1995 y T-502 de 1998, la especial protección constitucional que merece el derecho de asociación sindical.

   Así las cosas, se advierte que el tema de la sindicalización de los trabajadores tanto públicos como privados, ha sido considerado varias veces por esta Corte, ya que la Carta de 1991, introdujo en esta materia, un cambio de gran importancia al reconocer expresamente, el derecho de todos los empleadores y trabajadores de constituir organizaciones sociales (art. 39 de la Carta), excepto los miembros de la fuerza pública. En consecuencia, el reconocimiento a los trabajadores de las garantías que se derivan del derecho de asociación y su ejercicio, tales como el fuero sindical, los permisos sindicales, el derecho de huelga, éste último conforme a su estricto marco legal y constitucional (C-473 de 1994, C-450 de 1995 y T-502 de 1998), ha inclinado a la Corte ha producir sentencias que se caracterizan porque la Corporación siempre ha protegido el carácter garantista del ejercicio del derecho de asociación sindical en las relaciones obrero-patronales, como una manifestación suprema del estado social de derecho.

   En este sentido, la Corte debe reiterar, también, en esta oportunidad, lo expuesto por la Corporación en la sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995, en relación con el ejercicio del derecho de asociación sindical y la acción de tutela, ya que el amparo constitucional es un mecanismo adecuado para lograr la protección de los derechos fundamentales del sindicato, pues, los otros medios de defensa judiciales, no poseen el grado de eficacia adecuado para lograr tal cometido. En efecto, en aquella oportunidad dispuso la Corte:

   "La acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, cuando quiera que sean vulnerados o exista amenaza de su violación, entre otros casos, en cualquiera de las siguientes hipótesis:

1. Cuando el patrono desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o afiliarse a estos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de los representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, adopta medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato. Igualmente, cuando el patrono, obstaculiza o desconoce, el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que ésta es permitida.

   El inciso 2, del numeral 2 del art. 354 del C.S.T., modificado por el art. 39 de la ley 50 de 1990, hace un listado de los actos que se consideran atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador, que a juicio de la Corte es válido en la evaluación constitucional de las acciones patronales atentatorias contra dicho derecho, así:

   "Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios;

   Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales;

   N. a negociar con las organizaciones sindicales que hubiere presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales;

   Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación, y

   Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación de esta norma".

   Así mismo, debe la Corte también precisar que los artículos 1 y 2 del Convenio 98 de OIT, sobre el derecho de asociación sindical, incorporado al derecho interno por la ley 27 de 1976 y que prevalece en el orden interno, por conformar parte del bloque de constitucionalidad, según el artículo 93 de la C.P., reconoce que los trabajadores: "deben gozar de la adecuada protección, contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo" y "prohibe la injerencia patronal en la constitución, funcionamiento o administración del sindicato", con lo cual se garantiza el derecho de asociación sindical para que las organizaciones sociales ejerzan libremente una actividad independiente en defensa de sus intereses económicos.

   Quinta. El caso concreto. Las pruebas solicitadas por la Corte

   Una vez observado que los artículos 38 y 39 superiores y disposiciones sustantivas pertenecientes al Código Sustantivo del Trabajo (artículos 353 y 354) reconocen y garantizan el derecho de asociación sindical de que gozan los trabajadores de los sectores público y privado, los primeros, con algunas restricciones constitucionales, como en el caso de los miembros de la fuerza pública.

   Así las cosas, estima la S. que no existe otra vía mas expedita para proteger los atentados contra el derecho constitucional de asociación que la tutela, tal como lo ha reiterado permanentemente esta Corte desde la Sentencia SU 342 de 1995.

   Corresponde entonces, revisar y analizar el amplio caudal probatorio recopilado en el plenario, para poder deducir el comportamiento patronal en relación con los cargos imputados por el actor como atentatorios o lesivos del derecho de asociación sindical entre otros.

   Sea lo primero resaltar que esta S. de Revisión de la Corte Constitucional, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C.N.), mediante auto de 22 de abril de 1999, dispuso poner en conocimiento de las empresas Atunes de Colombia S.A., P. de Colombia S.A. y de los trabajadores W.A., W.R., Y.U., A.C., A.C., D.Q., J.A.P. y G.C., la demanda de tutela radicada en esta Corporación, con el número T-195120, para que, en el término de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación del auto, se pronunciaren en relación con sus derechos fundamentales, ya que la sentencia que se dicte en este proceso puede comprometer sus intereses, conforme con la doctrina jurisprudencial de esta Corte sobre los terceros que pueden verse afectados con los resultados del proceso de tutela.

   Igualmente, esta S. de Revisión, mediante autos de fechas 22 de abril y 12 de mayo de 1999, ordenó la práctica de algunas pruebas, específicamente se ofició a la Cámara de Comercio de C., para establecer la naturaleza jurídica del patrono demandado, así como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Oficina Jurídica Nacional y a la Dirección Regional de B., con el fin de verificar la eventual unidad de empresa que pudiese existir entre las sociedades comerciales Seatch International Inc., Atunes de Colombia S.A. y P. de Colombia S.A., así como esclarecer el número actual de trabajadores pertenecientes al sindicato y si dicho ente sindical se encuentra en proceso de disolución y por qué causa o motivo. De otra parte, en los referidos autos, se comisionó al Juzgado Séptimo laboral del Circuito de C., para que practicara un interrogatorio a los trabajadores: A.C. y D.Q., involucrados en los hechos a fin de probar si estos trabajadores forman actualmente parte o no del sindicato y si los mismos fueron o no objeto de presión por parte de las directivas de la empresa demandada, para que renunciaran al mismo, tal como lo afirmó el actor en su libelo; igualmente se interrogará al representante legal de la empresa demandada para que éste manifieste al Despacho Judicial, las razones por las cuales dió por teminados los contratos de trabajo a término indefinido con los trabajadores G.C.O. y J.A.P., el mismo día de notificación de la creación del ente sindical, y, si los otros trabajadores mencionados en la demanda fueron o no objeto de presión, intimidación o cualquier otro tipo de acto atentatorio, que les impidiera ser parte de la organización sindical, según lo narrado por el Presidente del sindicato demandante, en su libelo.

   Ahora bien, como consecuencia de la actividad probatoria desplegada por la Corte y del acervo probatorio obrante en el expediente que se revisa, obra en el plenario (folios 245) un oficio OPT 145 del 19 de mayo de 1999, suscrito por la Directora Regional de B. del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del que se desprende que actualmente el sindicato no se encuentra inscrito en el registro sindical. En efecto, manifestó la funcionaria:

   Atendiendo requerimiento de esa Corte, atentamente nos permitimos informarle que este Despacho no procedió a ordenar la inscripción en el registro sindical impetrada por la organización denominada SINDICATO DE S.I.I. `SINTRASEATCH', al no haberse suscrito el acta de fundación por los veintisiete (27) trabajadores que afirmaron en su petición habían fundado el sindicato en comento. Las resoluciones correspondientes a la fecha de encuentran debidamente ejecutoriadas.

   De otra parte, la J. de la Oficina Jurídica del referido Ministerio manifestó en el oficio N OPT 144 del 21 de mayo de 1999 (folio 247), lo siguiente:

   "1. La subdirección técnica de relaciones individuales de este Ministerio, dependencia que de acuerdo al artículo 27 numeral 6 del decreto 1741 de 1993, tiene a su cargo el estudio de las solicitudes de unidad de empresa que se tramitan ante el Ministerio de Trabajo, certificó que en la actualidad no se está realizando estudio económico relacionado con Unidad de empresa entre S.I.I., ATUNES DE COLOMBIA, PESCATUN DE COLOMBIA, S.A., como tampoco se ha tramitado petición en tal sentido de acuerdo a la comunicación que acompaño.

   "2. La Directora Regional de Trabajo y Seguridad Social de B., quien tiene jurisdicción en la ciudad de C., donde operan las citadas sociedades, de acuerdo a la providencia de esa H.C., certificó que no se ha tramitado solicitud alguna relacionada con Unidad de empresa entre S.I.I., ATUNES DE COLOMBIA Y PESCATUN DE COLOMBIA S.A., de acuerdo a la comunicación que acompaño.

   De acuerdo a las anteriores certificaciones y la información suministrada en la providencia de esa H.C., se puede informar que respecto de las empresas S.I.I., ATUNES DE COLOMBIA Y PESCATUN DE COLOM BIA S.A., no cursa en la actualidad trámite administrativo de unidad de Empresa."

   De otra parte, los trabajadores W.R.C., J.A.P.L. y G.C.O., arrimaron al expediente de tutela, sendos memoriales de fechas mayo 5 y 12 de 1999 en los que ratificaron las pretensiones de la demanda de tutela, inicialmente presentada por el presidente del Sindicato (folios 360 a 364), de igual manera los representantes legales de las sociedades mercantiles PESCATUN DE COLOMBIA S.A. Y ATUNES DE COLOMBIA S.A., en escritos de fecha mayo 10 de 1999, presentaron sus argumentos en relación con la demanda de tutela, todo ello como respuesta al auto de fecha 22 de abril de 1999 (folios 351 a 390).

   Así las cosas, esta S., al analizar el material probatorio allegado (folios 306 a 312), encuentra que los trabajadores W.A., A.C., Y.U., W.R., D.Q. y A.C., suscribieron sendas actas de conciliación celebradas ante la oficina del trabajo del Ministerio de Trabajo, seccional C., con fechas octubre 5, 6 y 7 de 1998, es decir, posteriormente a la sentencia de primera instancia (23 de septiembre de 1998), de las cuales se desprende que los referidos trabajadores no fueron objeto de intimidación por parte de la empresa demandada para renunciar al sindicato y a la empresa misma, tal como lo afirmó el actor en su libelo demandatorio, sino que por el contrario, ellos se retiraron por su libre y espontánea voluntad. Igualmente, obra en el plenario, sendos contratos de trabajo a término indefinido celebrados por los anteriores trabajadores, durante la semana del 25 al 28 de agosto de 1998, es decir, después de la creación del sindicato (lo que se produjo el 22 de agosto de 1998) y no antes, como lo afirmó el demandante y cuyas liquidaciones, a su vez, fueron reconocidas a los trabajadores como consta en los folios (274 a 278) del expediente.

   Para la Corte, es importante resaltar que, como consecuencia del fallo de primera instancia, las empresas P. de Colombia S.A. y Atunes de Colombia S.A., se vieron avocadas a terminar los contratos de trabajo anteriormente celebrados con los trabajadores referidos. Observa la Corte que los trabajadores reintegrados señores C. y A. y las operarias Y.U. y D.Q., renunciaron a Seatch International Inc, después del fallo de tutela de primera instancia, para vincularse nuevamente, con las empresas Atunes de Colombia S.A. y Pescatum de Colombia S.A., respectivamente, con lo que, a juicio de la Corte, se demuestra que en principio no poseían motivación alguna para trabajar con la sociedad demandada y menos pertenecer al sindicato de la referida empresa, tal como lo expresaron ampliamente en el interrogatorio desarrollado por el Juzgado Séptimo laboral del Circuito de C., comisionado por esta S. para tal efecto, (folios 251 a 254 del expediente).

   Para la Corte resulta también importante destacar que, en el expediente, obra prueba documental (folios 325 a 334), según la cual la Organización Sindical de primer grado denominada "Sindicato de Trabajadores de Seatch International Inc. "SINTRASEATCH", solicitó el día 24 de agosto de 1998, ante la Dirección Regional - B. del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, reconocimiento de personería jurídica e inscripción en el registro sindical, el cual le fue negado por la autoridad del trabajo, con base en las normas sustantivas y procedimentales que regulan la materia. En efecto, obra en el plenario certificación ministerial sobre la ejecutoria de los actos administrativos: resoluciones 003 de enero 5 de 1999 y 004 del 10 de enero de 1999, emanadas de la Jefatura de la División de Trabajo, Inspección y Vigilancia, así como de la Dirección Regional, respectivamente, en donde dan fe de la no inscripción de S. en el registro sindical y el respectivo archivo del expediente. (Folio 354)

   Es importante resaltar que el registro sindical es la estadística que la autoridad del trabajo lleva acerca de las organizaciones sindicales que nacen a la vida jurídica en el territorio nacional. En él se inscriben los sindicatos que se constituyen, su naturaleza, sus estatutos, las personerías jurídicas que se conceden y las que se cancelan judicialmente, las publicaciones de los actos administrativos que ordenan la inscripción de los sindicatos, las modificaciones estatutarias y los cambios que se producen en la composición de sus juntas directivas y de sus representaciones sindicales. La personería jurídica de los sindicatos se obtiene, según el artículo 44 de la ley 50 de 1990, en forma automática, desde su fundación. Sin embargo para que estos puedan actuar válidamente como sujetos de derecho, se requiere su inscripción en el registro sindical ante el Ministerio del Trabajo.

   De otra parte, es importante anotar que las resoluciones que inscriben o niegan en el registro sindical a la organización laboral, pueden ser objeto de la acción de nulidad contemplada en el artículo 84 del CCA, en virtud de la trascendencia que posee, en el ámbito nacional, el que las organizaciones sindicales funciones adecuadamente conforme al ordenamiento jurídico que los rige. Ha sido doctrina permanente de esta Corporación que el derecho de asociación es un derecho fundamental consagrado en la Carta y es la sociedad, en general, la que tiene interés jurídico en que se ejerza adecuadamente; aún cuando se invoque o no interés particular en los resultados del proceso.

   La S. comparte la apreciación de los jueces de instancia en materia de tutela, en cuanto que para la época en que ocurrieron los hechos motivo de la acción, la empresa Seatch Internacional, con algunas de sus actuaciones vulneró el derecho de asociación y de sindicalización, pues así se desprende de las declaraciones rendidas por los trabajadores D.Q. y W.R.C., en el trámite de la acción de tutela ante el juez de primera instancia, (folios 68 a 69, 73 a 76, 98 a 99, 111 a 114), así como de lo probado en la diligencia judicial que se practicó en su momento, por parte de los jueces, en donde se acreditaron presiones contra algunos de los fundadores del sindicato de la empresa, para que renunciaran a la misma, violentando de esa manera el derecho de asociación sindical.

   No obstante lo anterior, estima la S. que, tal como se analizó anteriormente, de las actuaciones desarrolladas por las partes, con posterioridad a las sentencias de tutela de primera y segunda instancia, y ante el abundante material probatorio de carácter documental, que se recopiló por parte de esta Corporación, lo primero que advierte la S. es que el ente sindical SINTRASEATCH, actualmente no posee registro sindical y en principio, se encuentra incurso en una causal de disolución por no contar con el número mínimo de trabajadores para poder existir como tal (folios 330 a 335). Así mismo observa esta Corte, que en el plenario obran actas de conciliación celebradas al amparo de normas legales y ante autoridades competentes, así como nuevos contratos de trabajo celebrados, lo cual constituye, a juicio de la S., nuevos hechos con relevancia jurídica, que no pueden ser desconocidos, por vía de tutela sino agotando otras instancias judiciales previstas por el ordenamiento jurídico, lo que permite, en principio a esta S. estimar la presencia de un fenómeno jurídico de sustracción de materia, por carencia actual de objeto en la acción de tutela, ya que la orden judicial que se llegase a dictar por parte de esta Corporación, no tendría, en principio, ningún sentido protector, pues no hay organización sindical que tutelar en cuanto a su derecho de asociación, pues, el ente sindical se encuentra actualmente desmembrado. Por lo tanto, la Corte confirmará, en la parte resolutiva de esta providencia, la sentencia de segunda instancia, como quiera que durante el trámite de las instancias pertinentes se configuró un conjunto de comportamientos atentatorios del derecho de asociación sindical tal como se repite fue acreditado por los jueces de tutela conforme al ámbito de su competencia.

   Empero, del análisis de la práctica del interrogatorio que desarrolló el Juez 7 laboral del Circuito de C. y de la inspección judicial, practicada los días 21 y 24 de mayo de 1999 (folios 242 a 254), en virtud de la comisión decretada por el despacho del magistrado ponente, la S. de Revisión de la Corte, concluye, que los trabajadores: A.C. y D.Q., inicialmente, formaron parte de la asamblea constitutiva del sindicato, pero, posteriormente, renunciaron al mismo, en ejercicio del derecho que les asiste, de pertenecer o no a una organización sindical y por lo tanto la S. respetará esa particular voluntad.

   Igualmente, en la diligencia practicada se estableció que a los trabajadores G.C.O.Y.J.A.P.L., les fueron terminados unilateralmente los contratos de trabajo por parte de la empresa demandada, en el mes de agosto de 1998, por razones de reestructuración y que los mismos a su vez interpusieron sendos procesos de tutela y de fuero sindical, ante los Jueces Laborales del Circuito de C., (repartidos los días 24 de octubre y 7 de diciembre de 1998), el primero de los cuales fue negado por los jueces de tutela, bajo el entendido, que la empresa no desconoció el derecho de asociación de los mismos y que en cuanto al reintegro solicitado, ellos debían acudir a otros medios de defensa judicial (folios 257 a 268).

   De otra parte, estima la S. que en cuanto a la nulidad de los contratos suscritos por los trajadores Y.U., W.A., D.Q., A.C., A.C. y W.R., suscritos con la empresa Atunes de Colombia S.A. y P. de Colombia S.A., ordenado por el Juez de primera instancia y posteriormente revocado por el ad-quem, esta S. de revisión confirmará la última decisión, pues, la primera carecía de toda validez constitucional y legal, como quiera que se trataba de relaciones jurídicas laborales, independientes frente a las cuales, el juez de tutela carecía de total competencia para desconocer tales contratos, así como que el presidente del sindicato y la organización como tal, resultaban ser terceros extraños o ajenos a los mismos y por supuesto, sin ningún interés directo en esos negocios jurídicos laborales, como quiera que el representante legal de la organización sindical, no poseía, a juicio de la S. un interés jurídico en la causa, para solicitar dicha pretensión a través de la acción de tutela; por lo tanto, la misma resulta irrelevante, pues, para la S., es claro que con posterioridad al fallo de primera instancia así como al de segunda, de fecha 23 de septiembre de 1998 y de 19 de noviembre de 1998, respectivamente, los referidos trabajadores, como ocurre en este momento, es decir, para la fecha de revisión de este expediente, por parte de la Corte, ya no laboran para la empresa demandada, ni pertenecen al sindicato de la misma, puesto que, conforme a las actas de conciliación celebradas ante la autoridad del trabajo de C., el retiro de los mismos de la empresa cuestionada, se produjo en forma voluntaria y no obedeció en principio a presiones patronales (folios 235 a 158 del expediente), según afirman los mismos trabajadores. En consecuencia de lo anterior, esta S. confirmará entonces la sentencia del Tribunal Superior de C., S.L., integralmente, ya que como quedó expuesto anteriormente y tal como lo ratificaron posteriormente los trabajadores involucrados en la acción de tutela, en las diligencias de declaración rendidas por ellos los días 21 y 24 de mayo de 1999, ante el Juez Séptimo Laboral del Circuito comisionado para el efecto por esta Corte, tales trabajadores, a juicio de la S. son los únicos llamados a solicitar judicialmente la invalidez legal de los contratos celebrados con las empresas Atunes de Colombia S.A. y P. de Colombia S.A., a través de los medios judiciales previstos por el ordenamiento laboral colombiano, así como las de iniciar las acciones de reintegro por gozar del fuero sindical como fundador contra el inicial patrono, esto es Seatch International Inc., en virtud de lo previsto por el decreto 204 de 1957, modificado por la ley 362 de 1997.

   Finalmente, la Corte estima que, conforme a su jurisprudencia (SU 342 de 1995 M.P.D.A.B.C., cuando el patrono desconoce, como ocurrió en su momento, y fue acreditado en el trámite de las instancias judiciales pertinentes, el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o a afiliarse a estos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de los representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, o adoptan medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al Sindicato o cuando el patrono impide, obstaculiza o desconoce el ejercicio de la huelga, en los eventos en que ésta es permitida, las autoridades del trabajo y las judiciales competentes deberán investigar y sancionar tales conductas patronales conforme a la órbita de sus competencias. En consecuencia, como quiera que los trabajadores de la empresa demandada intentaron constituir una organización sindical de base y de primer grado, la cual, para la fecha de revisión de este expediente se encuentra en estado de disolución o de liquidación, la Corte ordenará, en la parte resolutiva de la sentencia, remitir copia del expediente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Seccional B., para que esta autoridad ejerza sus competencias policivas- administrativas, investigando la conducta desplegada por los representantes de la empresa Seatch Internacional Inc. por los presuntos actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, especialmente, los ocurridos entre el 24 de agosto de 1998 y el 28 de agosto del mismo año (art. 39 ley 50 de 1990), así como los comportamientos en que hubiesen podido incurrir posteriormente contra el conjunto de actos tendientes a constituir el sindicato, en tal forma que se vulneró, por parte de los órganos administrativos de la empresa cuestionada, el derecho de asociación y por eso se concedió por las sentencias que se confirman, el amparo solicitado.

   Es bueno considerar que en este caso la legitimación para solicitar el amparo provino por parte del Presidente del Sindicato que se pretendía constituir, y que ello no fue posible por las maniobras de presión de los mencionados órganos administrativos de la empresa, por lo que para esta S. de Revisión, sin duda, el citado trabajador podía incoar la acción para defender el derecho fundamental de asociación laboral, tal como lo ha consagrado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación, en casos análogos al estudiado en esta ocasión. Por lo tanto, esta Corte remitirá a la Fiscalía General de la Nación (art. 292 del Código Penal), copia del expediente para que proceda conforme a sus competencias. Por último, la Corporación advertirá a la empresa demandada, que en lo sucesivo, no ejecute comportamientos que puedan lesionar el derecho de asociación sindical de los trabajadores de la empresa demandada.

   En mérito de lo expuesto, la S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

Primero: CONFIRMAR, pero por las razones aquí expuestas, la sentencia de fecha 19 de noviembre de 1998, proferida por la S.L. del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C., que a su vez, confirmó lo dispuesto por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de C., el cual tuteló el derecho de asociación sindical ordenando el cese de las presiones ejercidas sobre los trabajadores, con el objeto de obtener la renuncia de estos a S., y que revocó la sentencia apelada en cuanto a lo dispuesto en el ordinal segundo de la parte resolutiva, que dice:

De igual forma, se ordena la nulidad de los contratos suscritos por los señores YADIRA UPARELA, W.A., D.Q., ARNOLD CARREAZO, A.C. y W. RAMOS CON LA EMPRESA P. de Colombia S.A. y Atunes de Colombia S.A., y a contrario sensu, ordenar se reintegre a los trabajadores antes mencionados a Seatch Internacional Inc.

Segundo. ORDENAR por la Secretaría General de esta Corte, la remisión de copia del expediente con destino al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Seccional B., para que dicho Despacho investigue a los representantes patronales de la sociedad Seatch International Inc. por los presuntos actos atentatorios del derecho a la asociación sindical de los trabajadores de la referida empresa, especialmente los ocurridos entre el 24 y el 28 de agosto de 1998. Así mismo, enviar copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación, Regional B., para lo de su competencia.

Tercero. Comisionar al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito C., para la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado en el numeral anterior.

Cuarto. Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

C., notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

FABIO MORON DIAZ

Magistrado

V.N.M.

Magistrado

A.B.C.

Magistrado

MARTHA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General