Sentencia de Constitucionalidad nº 531/00 de Corte Constitucional, 10 de Mayo de 2000

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RESUMEN

Ley 361/97. Art. 26 inc. 1 parcial y 2. No se puede obstaculizar una vinculacion laboral ni despedir a una persona con limitaciones. Exequible.

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Sentencia C-531/00

DISCAPACITADO EN ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Protección superior

DERECHO AL TRABAJO DEL DISCAPACITADO-Protección superior/PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DEL DISCAPACITADO-Protección superior/DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DEL DISCAPACITADO-Protección superior

DISCAPACITADO-Integración laboral y social

DERECHO AL TRABAJO DEL DISCAPACITADO-Despido con autorización de la oficina de trabajo

DEBIDO PROCESO A TRABAJADOR MINUSVALIDO-Actuación previa al despido

TRABAJADOR MINUSVALIDO-Protección superior/TRABAJADOR MINUSVALIDO-Terminación de relación laboral avalada por autoridad de trabajo

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DEL DISCAPACITADO-Despido previa autorización de la oficina de trabajo/DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DEL DISCAPACITADO-Carencia de efecto de despido sin autorización de la oficina de trabajo

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DEL DISCAPACITADO-Indemnización por despido o terminación como sanción adicional

Referencia: expediente D-2600

Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1o. (parcial) y 2o., del artículo 26 de la Ley 361 de 1997

Actores:

Silvia López de Mesa Eastman

Jorge Mauricio Gaviria Grajales

Iván Dario Rendón Ospina

Magistrado Ponente:

Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Santafé de Bogotá D.C., diez (10) de mayo del año dos mil (2000).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

  1. ANTECEDENTES

    En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Silvia López de Mesa Eastman, Jorge Mauricio Gaviria Grajales e Iván Darío Rendón Ospina demandaron los incisos 1o. (parcial) y 2o., del artículo 26, de la Ley 361 de 1997 "por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.".

    Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

  2. NORMA DEMANDADA

    A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 42.978, del 11 de febrero de 1997, y se subraya lo demandado:

    "LEY 361 DE 1997

    (febrero 7)

    por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas

    con limitación y se dictan otras disposiciones.

    Artículo 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.

    No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren."

  3. LA DEMANDA

    Los demandantes manifiestan que los incisos 1o., en lo acusado, y 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 violan el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 16, 25, 47, 53, 54, 95 y 333 de la Carta Política , al permitir los despidos de personas con limitaciones mediante autorización de la oficina del Trabajo y, en caso de omitirse ésta, con la respectiva indemnización a cargo del patrono.

    En criterio de los actores, la norma en los apartes enjuiciados desconoce valores superiores relacionados con la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, que sustentan el Estado social de derecho colombiano, así como los principios de dignidad humana y solidaridad de las personas, impidiéndose la garantía estatal de la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos, de manera que éstos puedan atender la función que socialmente les corresponde (C.P. , Preámbulo y arts. 1o., 2o.).

    Los accionantes expresan lo anterior, pues opinan que el legislador ignoró la obligación de proteger especialmente a las personas que por su condición física se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Por ello, indican que se produce una negativa a la garantía y ejercicio de derechos y libertades propios de esas personas. En efecto, señalan como vulnerados en forma específica los derechos a una personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad (C.P. , arts. 14 y 16), a obtener trabajo permanente y a gozar de estabilidad en el mismo, a disfrutar de condiciones de progreso y desarrollo económico, en igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación (C.P. , arts. 25, 53, 13 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Ley 16 de 1972), con lo cual, manifiestan, se desconocen, igualmente, los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente ratificados por Colombia (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1o., Carta de las Naciones Unidas, art, 55, y el Convenio 111 de la OIT, art. 2o.), con clara vulneración del artículo 53 superior.

    Por otra parte, los actores consideran que la preceptiva legal en lo censurado impide realizar políticas de rehabilitación e integración en favor de los disminuidos físicamente, contrariando de esta manera lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, en la medida en que resulta "más fácil, rápido y menos costoso para un empleador despedir e indemnizar a un trabajador que ha sufrido una disminución en su capacidad laboral, que emprender un proceso de rehabilitación y de acondicionamiento a unas nuevas condiciones tanto físicas como laborales de ese trabajador". Para ellos, como consecuencia de esto se obtiene la afectación a la vigencia del principio de justicia en las relaciones laborales y la obstaculización del deber del Estado de propiciar la ubicación laboral de las personas minusválidas en edad de trabajar, en un trabajo acorde con sus condiciones de salud (C.P. , art. 54).

    Por todo lo anterior, los demandantes afirman que el legislador olvidó "que el trabajo no sólo tiene una función retributiva sino que también debe cumplir una función social", lo que, en su concepto, genera un desconocimiento de los artículos superiores 95 y 333, por no respetarse los derechos ajenos y abusar de los propios y por desconocer la función social que tiene la empresa como base del desarrollo socioeconómico del país.

    Y, por último, precisan que la expresión demandada del inciso 1o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, acusado, impide la aplicación del Decreto- Ley 1295 de 1994 (Manual Unico de Calificación de Invalidez) y del Decreto 917 de 1999, al autorizar la desvinculación de una persona que no tiene los requisitos para ser calificada como inválida.

  4. INTERVENCIONES

    Intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

    El ciudadano Pedro Nel Londoño Cortés intervino en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el proceso de la referencia. Una vez precisados los términos de esa intervención a solicitud del magistrado ponente, solicitó a esta Corte declarar la inexequibilidad de la norma demandada, en la medida en que considera que la misma contraviene los artículos 47 y 54 de la Carta Política y el Convenio 158 de la OIT.

    En efecto, según lo sostiene en su escrito, la facultad atribuida al Ministerio del Trabajo para autorizar el despido de un trabajador por razón de su limitación, contradice el deber estatal de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud y adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social. Es más, añade que la posibilidad de desvincularlo sin que medie justa causa o previo el pago de una indemnización por el sólo hecho de su limitación, desconoce los alcances de esa protección estatal e impide que el referido Ministerio lleve a cabo sus funciones de promover y garantizar el derecho al trabajo, vigilar y auspiciar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de empleo, trabajo, seguridad social, etc. (Decreto 1128 de 1999, art. 3o., nums. 9 y 12 y el Convenio 158 de la OIT).

    1. Intervención del Ministerio del Interior

      La ciudadana Sulma Yolanda Gutiérrez Hernández, apoderada del Ministerio del Interior, concurrió al presente proceso para defender la constitucionalidad de la norma enjuiciada, de la siguiente manera:

      En primer término, considera...

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