Sentencia de Constitucionalidad nº 009/02 de Corte Constitucional, 23 de Enero de 2002

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RESUMEN

Decreto 111 de 1996. Art. 30. Compila la ley 38 de 1989, ley 179 de 1994 y ley 225 de 1995. Estatuto organico del presupuesto. Fondos especiales en el orden nacional y sin personeria juridica. Ingresos para la prestacion de servicios publicos. Competencia del legislador para establecer tributos. Impuestos. Prohibicion de rentas nacionales de destinacion especifica. Exequible

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Sentencia C-009/02

TRIBUTO-Potestad del Congreso para establecerlo

FONDOS ESPECIALES-Creación

FONDOS ESPECIALES-Definición genérica sin afectar renta alguna particular

FONDOS ESPECIALES-No creación de impuesto

IMPUESTO-Regulación

RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA-Características

FONDOS ESPECIALES-No consagración ni afectación de renta tributaria/PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA-Significado

FONDOS ESPECIALES-Excepción a la unidad de caja/FONDOS ESPECIALES-Determinación y recaudo

FONDOS ESPECIALES-Modalidades

FONDOS ESPECIALES-Constitución

FONDOS ESPECIALES-Definición de ingresos

Referencia: expediente D-3594

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 del Decreto 111 de 1996.

Actor: David Alfonso Márquez Celis

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil dos (2002).

La Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241-4 de la Constitución Política , y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

en relación con la demanda de inconstitucionalidad que presentó el ciudadano David Alfonso Márquez Celis contra el artículo 30 del Decreto 111 de 1996.

I. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA

A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto del proceso y se subraya lo demandado:

"DECRETO No. 111 DE 1996

(enero 15)

por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 225 de 1995 (...)

DECRETA

(...)

Artículo 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador (Ley 225 de 1995, art. 27). Diario Oficial No. 42.692 del 18 de enero de 1996.

LA DEMANDA

El ciudadano David Alfonso Márquez Celis demanda el artículo 30 del Decreto 111 de 1996 por considerar que vulnera los artículos 150, numerales 11 y 12, 338 y 359 de la Constitución Política .

Para respaldar su apreciación expone los siguientes argumentos, presentados tanto en la demanda inicial como en su posterior corrección, toda vez que los cargos formulados inicialmente no fueron claros, expresos ni definidos:

Con la creación de los fondos especiales previstos en el artículo 30 del Decreto 111 de 1996, el Congreso Nacional se arroga una facultad no prevista en la Constitución Política si se tiene en cuenta que las facultades previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 150 del texto constitucional para el órgano legislativo se limitan a establecer rentas nacionales, fijar los gastos de la administración y establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales. La Constitución no señala en ninguna parte que la creación de los llamados fondos especiales sea una facultad del legislador, tal como lo pretende la norma cuestionada, razón por la cual debe ser declarada inexequible.

En relación con la vulneración del artículo 338, la norma acusada crea un impuesto no previsto en la Constitución Política porque si bien el legislador goza de autonomía absoluta en materia tributaria, tal autonomía tiene un límite previsto en la misma Constitución, que consiste en que el legislador cada vez que se ocupe de regular el tema de los impuestos debe sujetarse a la denominación y restricciones inherentes a los tributos contenidas en el texto constitucional, presupuesto que no se cumple con la norma cuestionada en razón a que, como se señala, crea un nuevo impuesto no previsto en la Constitución Política .

Finalmente, en relación con la vulneración del artículo 359, la norma acusada crea una renta de destinación específica prohibida por la Constitución Política . Así, "al establecer el artículo 30 del Decreto 111 de 1996, la creación de fondos especiales en el orden nacional, como aquellos ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, está creando una renta nacional de destinación específica que no está contemplada dentro de las excepciones que previó el artículo 359 de la Constitución Política respecto de la prohibición establecida en el mismo, razón por la cual inexorablemente habrá que concluir que la norma acusada es contraria al referido texto constitucional".

III. INTERVENCIONES

Rocío del Pilar Salazar de Mora, en calidad de apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicita la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada, en atención a los siguientes argumentos:

Los Fondos Especiales fueron creados con el fin de cubrir las erogaciones por los servicios públicos prestados al Estado. Sin embargo, las leyes que los crearon no les definieron su naturaleza jurídica, pues si bien no pueden calificarse como parafiscales, tampoco pueden considerarse como ingresos corrientes de la Nación. De esta manera, lo que hizo el artículo 27 de la Ley 225 de 1995 fue definirlos.

Las contribuciones establecidas en la ley para la prestación de un servicio público así como los fondos sin personería creados por la ley, se clasifican dentro del Presupuesto General de la Nación como Fondos Especiales. Es así como el presupuesto general de la Nación se compone del presupuesto de rentas, que contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales, cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto; de los fondos especiales; de los recursos de capital, y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional (art. 11 del Decreto 111 de 1996).

Obsérvese que el concepto de Fondos Especiales obedece a la clasificación de un ingreso del presupuesto de rentas y recursos de capital contemplado en el estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación (Decreto 111 de 1996) expedido con fundamento en el artículo 352 de la Constitución Política , razón por la cual carece de sentido la afirmación del demandante en la que señala que "con la norma acusada se está creando un impuesto".

En relación con el cargo por la creación de una renta de destinación específica, es de indicar que la prohibición señalada en el artículo 359 de la Constitución hace referencia a las rentas de naturaleza tributaria o impuestos, situación en la que no se encuentran los Fondos Especiales objeto de la demanda.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación solicita a la Corte inhibirse para decidir de fondo sobre la constitucionalidad de la norma acusada, por ineptitud sustancial de la demanda.

En su concepto, el actor no cumple con el lleno de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, específicamente el numeral tercero, relacionado con las razones que deben esgrimirse para establecer cómo el texto demandado es violatorio de la Constitución. Los argumentos expuestos por el demandante son confusos y no permiten inferir cuál es la violación que él plantea del ordenamiento superior ni demuestra cómo el precepto acusado vulnera las normas constitucionales invocadas.

Considera que si el demandante no formula cargo alguno que sustente la petición de inexequibilidad, la acción de constitucionalidad no puede convertirse en un instrumento de interpretación oficiosa de la lectura incomprensible y a veces incoherente que el demandante haga de los textos legales.

Subsidiariamente el Procurador General expone las siguientes consideraciones para que se declare la exequibilidad de la norma en mención:

La norma impugnada hace parte del articulado del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, y a su vez es un componente de lo que el legislador concibe como el presupuesto de rentas, aplicable de manera general a todos los organismos estatales. De este modo, viene a precisar una pauta para la elaboración, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de las entidades públicas a las cuales se aplica el estatuto.

En este orden de ideas, la norma demandada, que necesariamente debe ser integrada con el artículo 11 del Decreto 111 de 1996, es un mecanismo técnico para establecer cuáles son los ítems que hacen parte del presupuesto de rentas, por lo que no es de recibo que el demandante afirme que se está creando una renta nacional de destinación específica. Si lo que el actor pretende es la exclusión de los fondos especiales o de los dineros que éstos manejan, deberá iniciar las acciones correspondientes contra las leyes o las disposiciones autorizadas por éstas, que crearon y regularon el funcionamiento de los fondos especiales, a efectos de establecer si los recursos manejados mediante el sistema de cuenta por éstos, provienen de rentas de destinación específica, las cuales están proscritas por el ordenamiento superior.

De igual forma, no es concebible que la sola definición de un componente del presupuesto de rentas pueda constituirse "en un impuesto no previsto en el texto constitucional", al decir del demandante, sin concebir desarrollo alguno de esa definición. De la sola lectura del texto impugnado se deduce que éste no crea impuesto alguno, por lo que se desecha la posibilidad de comparar el precepto demandado con las normas constitucionales referentes a la materia tributaria y las conexas con éste.

Por último, en relación con la presunta violación de los numerales 11 y 12 del artículo 150 de la Carta Fundamental, el demandante, en cada caso concreto, debe impugnar ante la jurisdicción competente...

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