Sentencia de Tutela nº 114/02 de Corte Constitucional, 21 de Febrero de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43617978

Sentencia de Tutela nº 114/02 de Corte Constitucional, 21 de Febrero de 2002

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RESUMEN

Derecho al debido proceso. Solicitud nulidad. Incidente regulacion de perjuicios. Defecto sustantivo por interpretacion indebida e inaplicacion de la norma. Modulacion efectos de las decisiones. Eficacia directa. Igualdad en las cargas publicas. Medidas cautelares. Lealtad. Via de hecho. Concedida.

ÍNDICE
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Sentencia T-114/02

PROCESO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO-Prescripción/VIA DE HECHO EN PROCESO CIVIL-Interpretación inconstitucional de norma del Código de Procedimiento Civil

VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Insuficiente argumentación e introducción de elementos ajenos al juicio de responsabilidad

El tribunal debía explicar cómo la primera conclusión, esto es, que los artículos 10, 599, 688 y 689 del C.P.C. generaban una carga para el "futuro adjudicatario", se debía ajustar a la segunda conclusión: la carga pesa únicamente sobre el propietario. No bastaba para tal efecto, aludir a la existencia de acciones -sin mencionarlas- en cabeza del propietario, sino que tenía que demostrar cómo tales acciones no eran predicables del demandante. El tribunal no hizo mas que sostener que era el propietario quien debía soportar la carga de vigilancia, sin mencionar fuente normativa que apoyara la conclusión. De las normas en cuestión prima facie no se deriva una fijación de cargas sobre las partes en el proceso. Simplemente, el legislador les autoriza acudir al juez para solicitar la remoción del secuestre. Si el Tribunal consideraba lo contrario, debía ofrecer argumentos sólidos y suficientes que justificaran su postura. Dicha falta de argumentación, y la introducción de elementos extraños al juicio de responsabilidad, torna la decisión en vía de hecho.

EMBARGO Y SECUESTRO-Finalidad de las medidas y relación de causalidad entre éstas y el daño

Las medidas de embargo y secuestro tienen por efecto separar al propietario de la administración, explotación y custodia del bien afectado por la medida. Habida consideración de este hecho, la pregunta sobre la relación causal se establece a partir de analizar cuales son las consecuencias que se derivan de la adopción de medidas cautelares, sobre la capacidad del propietario para proteger su bien. La persona separada de la administración de sus bienes no está en idéntica capacidad de protegerlos, que cuando estaba en pleno ejercicio de sus facultades jurídicas. El estudio de la relación de causalidad entre las medidas cautelares y el daño, debe abordarse desde la siguiente perspectiva: la imposibilidad del propietario de proteger su patrimonio, como consecuencia de la restricción del control sobre el bien, ¿influyó en la producción del daño?

INCIDENTE DE REGULACION DE PERJUICIOS-Nulidad/VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Interpretación inconstitucional de norma sobre responsabilidad civil

El Tribunal demandado no aportó suficientes argumentos jurídicos para derivar una carga de vigilancia exclusivamente en el demandado, ii) excluyó del juicio de responsabilidad un elemento que le es propio (la influencia causal en la producción del daño, que tiene el hecho de separar al propietario de la administración de sus bienes) y iii) incluyó un elemento ajeno a la estructura de la responsabilidad, como era la carga de vigilancia sobre el bien que se radicó en el propietario, incurriendo en vía de hecho por defecto sustantivo. Como quiera que en las instancias no se consideró con la debida atención, la influencia causal que puede tener el hecho de separar al propietario de la administración de los bienes, se decretará la nulidad de lo actuado en el incidente de regulación de perjuicios hasta el momento en que se termina el debate probatorio, a fin de que el Juzgado 14 Civil del Circuito, evalúe si es necesario practicar pruebas oficiosamente, tendientes a demostrar este elemento básico en la estructura de la imputación, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia. Tema legal que adquiere trascendencia constitucional, por su incidencia en la protección de los derechos fundamentales del demandado. La nulidad no afectará las pruebas válidamente practicadas durante el incidente. Esta decisión, debe observarse, se adopta ante la necesidad de asegurar el disfrute del derecho constitucional violado. A fin de lograr dicho goce, el juez de tutela está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para "volver al estado anterior a la violación", como lo dispone el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. Dicha posibilidad del juez de tutela de modular los efectos de sus decisiones ya se había analizado, en la cual se indicó que "corresponde al juez determinar cuál es el mecanismo idóneo para lograr la protección del derecho fundamental afectado". En el presente caso, únicamente con la anulación es posible asegurar que el juez civil del circuito tiene abierta la posibilidad, si la considera transcendente para la efectividad del derecho material, de ordenar las pruebas necesarias para determinar, entre otros elementos de la responsabilidad, los siguientes: i) que incidencia en la producción del daño, pudo haber tenido el hecho de privar al propietario de la administración de sus bienes, ii) si el daño producido por un tercero, también le es imputable al demandante.

Referencia: expediente T-483107

Acción de tutela instaurada por José Leonidas Olaya Forero y otros contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá.

Magistrado Ponente:

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dos (2002).

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en uso de sus facultades constitucionales y legales ha proferido la siguiente

SENTENCIA

Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el tramite de la acción de tutela instaurada por José Leonidas Olaya Forero y otros, mediante representante legal, contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

  1. El señor Leopoldo Suárez Carrillo instauró acción de tutela, en calidad de apoderado de José Leonidas Olaya Forero y otros, en contra de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá, por considerar que los mencionados despachos judiciales han vulnerado los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la doble instancia de los accionantes.

    Los hechos que originaron las sentencias materia de revisión son los siguientes:

    - El Banco de Colombia adelantó ante el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo hipotecario contra el señor Julio Enrique Olaya Herrera, con el fin de obtener el pago de las obligaciones dinerarias contenidas en los pagarés 10531432 y 10531360, por la sumas de $1.000.000 y $ 300.000 respectivamente.

    - En el proceso citado se ordenó el embargo y secuestro de los predios Jaboque alto y Jaboque bajo de propiedad del demandado.

    - El curador ad litem designado alegó dentro del proceso mencionado la excepción de prescripción. No obstante, el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá mediante sentencia de abril nueve (9) de 1991 declaró improcedente ésta y, por ende, ordenó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado.

    - En virtud de apelación contra la sentencia anterior, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia de diecisiete (17) de septiembre de 1991 revocó ésta, en razón de que encontró probada la excepción de prescripción invocada por el demandado y, en consecuencia, ordenó levantar las medidas cautelares sobre los inmuebles de éste y, además, condenó al demandante al pago de los perjuicios ocasionados con la medida cautelar.

    - El demandado por intermedio de apoderado inició ante el Juzgado Catorce (14) Civil de Circuito de Bogotá el trámite del incidente de liquidación de perjuicios, sin embargo, declaró la nulidad de la actuación mediante auto de veinticinco (25) de octubre de 1996, pues no se notificó al demandante acerca del tramite incidental que estaba adelantando el citado despacho judicial contra éste.

    - Posteriormente el demandado por intermedio de su apoderado interpuso recurso de apelación contra la providencia anterior y, en consecuencia, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante auto de noviembre catorce (14) de 1997, revocó ésta y ordenó que el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá continuara con el respectivo trámite incidental.

    - El Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto de treinta y uno (31) de enero de 2000, declaró probada la reclamación de perjuicios y ordenó al Banco de Colombia el pago de los mismos. Al respecto, el despacho en la parte resolutiva dispuso lo siguiente:

    "1. Declarar no probada la objeción que por error grave se hizo o propuso al dictamen pericial rendido en este incidente.

  2. Declarar probada la reclamación de perjuicios hecha por el demandado JULIO ENRIQUE OLAYA conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia.

  3. ORDENAR a la entidad demandante BANCO DE COLOMBIA pagar por concepto de tales perjuicios al demandado JULIO ENRIQUE OLAYA, la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (18'915.682,73 MCTE,) los que deberán cancelarse en el termino de 10 días contados a partir de la ejecutoria de este fallo.

  4. Costas de este incidente a cargo de la parte demandante, esto es, Banco de Colombia. Tásense y liquídense" (fl.114).

    - La anterior decisión fue apelada por el apoderado del Banco de Colombia, por cuanto no aparece prueba en el expediente que "acredite que el Banco es responsable de unos supuestos daños como consecuencia...

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