Sentencia de Tutela nº 255/02 de Corte Constitucional, 11 de Abril de 2002

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RESUMEN

Derecho al debido proceso. Via de hecho judicial. Cesion de creditos. Endoso de titulos valores exento del impuesto de timbre. Cheques. Proceso ejecutivo singular contra concordato. Legitimacion para actuar. Preclusion terminos procesales.

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Sentencia T-255/02

JUEZ-Sometimiento al imperio de la ley

VIA DE HECHO JUDICIAL-Clases de defectos en la actuación

TITULO VALOR A LA ORDEN-Definición

Los títulos valores a la orden son aquellos expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula "a la orden" o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga que son negociables, o se indique su denominación específica de título valor, y se transfieren mediante el endoso y la entrega de los mismos.

TITULOS VALORES-No existió endoso/TITULOS VALORES-Cesión ordinaria/VIA DE HECHO-Inexistencia

FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Demandante no es titular del derecho

ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad/ACCION DE TUTELA-Improcedencia para definir legalidad sobre objeción extemporánea en proceso concordatario

Por tener la acción de tutela un carácter subsidiario, conforme a lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución Política , no es procedente definir a través de la misma la legalidad de la decisión sobre una objeción extemporánea formulada en el proceso concordatario por el accionante en tutela, aunque erradamente la autoridad competente se haya pronunciado sobre ella, pues dicha acción no es un medio para revivir oportunidades o términos que han precluido o procesos o actuaciones clausurados.

ACCION DE TUTELA-Improcedencia para revivir términos

Referencia: expediente T-549741

Acción de tutela instaurada por Leonardo Aljure Dorronsoro contra la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA

Bogotá D. C., once (11) de abril de dos mil dos (2002).

La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA, ALFREDO BELTRAN SIERRA Y MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,

SENTENCIA

Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala 6ª de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al resolver sobre la acción de tutela formulada por Leonardo Aljure Dorronsoro contra la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades.

I. ANTECEDENTES

  1. Solicitud

    En escrito presentado por intermedio de apoderado (Fls. 2-15 Cuad. 1), el señor Leonardo Aljure Dorronsoro solicita la tutela del derecho al debido proceso, supuestamente vulnerado por la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, al proferir las providencias señaladas con los números 620-410-1162 del 24 de Agosto de 2000 y 620-410-1927 del 20 de Noviembre del mismo año, por medio de las cuales se inadmitió como acreedor al accionante y se admitió como acreedora a la sociedad Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, al calificar y graduar los créditos dentro del proceso concordatario de la sociedad Sensei Motor Ltda. En consecuencia, se pide que se modifique la primera de dichas providencias, en el sentido de admitir al accionante como acreedor quirografario, o sea, de la 5ª clase, e inadmitir como acreedora también quirografaria a la primera sociedad.

    El accionante fundamenta la solicitud en los siguientes hechos:

    El señor Simmaco Antonio Briceño concurrió oportunamente al proceso concordatario de la sociedad Sensei Motor Ltda., en su condición de acreedor quirografario, por un valor de $310.000.000 M/L.

    El señor Briceño cedió sus créditos al accionante y la cesión fue debidamente notificada al representante legal de la sociedad deudora.

    La Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades aceptó la cesión de los créditos y tuvo al accionante como cesionario de los mismos, mediante auto 620-410-1019 del 4 de Agosto de 2000.

    Mediante auto 620-410-1162 del 24 de Agosto del 2000, la citada dependencia calificó y graduó los créditos presentados al proceso concordatario, entre los cuales incluyó los mencionados, a favor del cedente señor Simmaco Antonio Briceño y no a favor del accionante como cesionario.

    El accionante interpuso recurso de reposición contra dicho auto, con el fin de que se revocara en relación con el punto anotado, pero la Intendencia Regional mantuvo su decisión, "con el argumento que mi mandante no acreditó el pago del impuesto de timbre que ocasionó la cesión del crédito".

    Manifiesta que la referida decisión es ilegal, porque en virtud de lo dispuesto en los Arts. 521 y 527 del Estatuto Tributario la circulación de los cheques no está gravada con el impuesto de timbre, teniendo en cuenta que el mismo se paga al adquirir la chequera.

    Indica que la Intendencia Regional incurrió en vía de hecho, porque la falta de pago del impuesto de timbre no invalida la cesión de los créditos, si se tiene en cuenta que el Art. 540 del Estatuto Tributario , que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1714 de Diciembre 12 de 2000, sólo establecía multa a cargo de los funcionarios que admitían documentos gravados sin el pago del impuesto de timbre.

    Por otra parte, la citada dependencia admitió en el auto de calificación y graduación de créditos unos a favor de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial que no se presentaron dentro del término previsto en el Art. 120 de la Ley 222 de 1995.

    El término legal para que los acreedores se hicieran parte personalmente o a través de apoderado venció el 17 de Diciembre de 1999.

    El 16 de Diciembre de 1999 el Doctor Eduardo Cardozo Pérez, quien dijo obrar como apoderado de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, solicitó el reconocimiento de los créditos a favor de dicha sociedad, pero no presentó el poder, ni la prueba de la existencia y la representación legal de la acreedora, ni la prueba sumaria de la existencia de aquellos, conforme a lo exigido en la referida disposición legal.

    La citada dependencia mediante Auto 620-410-440 de 16 de Marzo de 2000 negó el reconocimiento de personería al mencionado abogado, teniendo en cuenta que "no aportó el respectivo poder y el certificado sobre existencia y representación legal de la citada entidad financiera". Sin embargo, admitió el crédito mediante el Auto 620-410-1162 del 24 de Agosto de 2000, como si se hubiera presentado oportunamente y se hubieran acompañado las pruebas necesarias, generando de esta manera una desigualdad procesal.

    El accionante había tomado la decisión de adquirir mediante cesión los créditos a favor del señor Simmaco Antonio Briceño porque la Intendencia Regional ya había resuelto no reconocer personería al abogado Eduardo Cardozo Pérez, lo cual hacía posible el recaudo de los créditos objeto de la cesión, teniendo en cuenta que los créditos a favor de Financiera Mazdacrédito Compañía de Financiamiento Comercial tienen un monto, por capital, de $858.355.463 M/L, equivalente al 60% de las obligaciones a cargo de la sociedad concordada, cuya situación de iliquidez es total.

  2. Contestación de la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades

    El Intendente Regional de Cali presentó escrito de contestación (Fls. 131-142 Cuad. 1), con una documentación anexa, en el cual manifestó en resumen lo siguiente:

    i) En relación con la negativa de reconocimiento de la cesión de créditos por parte del señor Simmaco Antonio Briceño al señor Leonardo Aljure Dorronsoro:

    No se ha violado el Art. 29 de la Constitución Política , por cuanto en la calificación y graduación de créditos (Auto 620-410-1162 de Agosto 24 de 2000) no se tuvo en cuenta la cesión por no haberse cancelado el impuesto de timbre correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 540 del Estatuto Tributario , entonces vigente, conforme al cual "ningún documento deberá ser tenido como prueba mientras no se pague el impuesto de timbre".

    Por esta razón mantuvo su decisión al resolver el recurso de reposición interpuesto, mediante el Auto 620-410-1927 del 20 de Noviembre de 2000.

    En fecha posterior, mediante Sentencia C-1714 de 12 de Diciembre de 2000, la Corte Constitucional declaró inexequible el Art. 540 del Estatuto Tributario y esta decisión sólo produce efectos hacia el futuro.

    El Auto 620-410-1019 del 4 de Agosto de 2000, mediante el cual se reconoció al señor Aljure Dorronsoro como cesionario no ha sido revocado, y sólo se requiere que pague el impuesto de timbre. Por esta razón, en el Auto 620-410-1203 del 11 de Mayo de 2001 se requirió al señor Simmaco Antonio Briceño para que acreditara el pago de dicho impuesto, conforme a lo dispuesto en el Art. 543 del Estatuto Tributario que ordena a los funcionarios oficiales remitir a la División de Fiscalización los documentos por los cuales no se ha cancelado aquel.

    Además, la Ley 633 de 2000 adiciona el Art. 518 del mismo estatuto y señala que deberán responder como agentes de retención los jueces, conciliadores, tribunales de arbitramento por los documentos sujetos a impuesto que obren sin pago del gravamen en los respectivos procesos y conciliaciones judiciales y extrajudiciales.

    Indica que las leyes tributarias son de orden público y no se pueden desconocer ni por los particulares ni por los funcionarios oficiales.

    En cumplimiento de las mencionadas normas tributarias, dicha dependencia informó a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante el Oficio 620-003588 del 10 de Septiembre de 2001, sobre el requerimiento formulado al señor Simmaco Antonio Briceño.

    Concluye que se cumplió el debido proceso exigido por la Constitución Política , en los términos de la Ley 222 de 1995.

    ii) En relación con la admisión de los créditos a favor de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial:

    Por tratarse...

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