Sentencia de Constitucionalidad nº 984/02 de Corte Constitucional, Noviembre 13, 2002

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RESUMEN

Ley 599 de 2000. Arts. 233, 234 y 235. Codigo penal. Delitos contra la asistencia alimentaria. Inasistencia a conyuge. Circunstancias de agravacion punitiva. Reiteracion. Prohibicion sancion privativa de la libertad. Exequible e inhibida.

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Sentencia C-984/02

INASISTENCIA ALIMENTARIA-Bien jurídico protegido

COSA JUZGADA MATERIAL-No aplicación por elementos nuevos

INASISTENCIA ALIMENTARIA-Distinción del deudor de un crédito regular/INASISTENCIA ALIMENTARIA-Razón de la sanción

Ha quedado establecido que en materia de inasistencia alimentaria, la razón de la sanción es la afrenta que el incumplimiento genera en la unidad familiar y en la subsistencia de los miembros del núcleo social, mientras que el deudor incumplido de otro tipo de créditos afecta, apenas, el patrimonio ajeno.

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cargos que no sustenta independientemente oposición con la Constitución

Referencia: expediente D-4123

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 233, 234 y 235 de la Ley 599 de 2000.

Actor: Oscar Rayo Candelo

Magistrado Sustanciador:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil dos (2002)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Marco Gerardo Monroy Cabra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido la presente sentencia de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Omar Rayo Candelo, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40 numeral 6 y 95 numeral 7º de la Constitución Política , demandó la inexequibilidad de los artículos 233, 234 y 235 de la Ley 599 de 2000.

El demandante considera que estas disposiciones son contrarias a los artículos 13 y 28 de la Constitución Política .

  1. NORMA DEMANDADA

    Se transcribe a continuación el texto de las normas acusadas:

    "LEY 599 DE 2000

    "(julio 24)

    "por la cual se expide el Código Penal .

    "CAPITULO CUARTO

    "De los delitos contra la asistencia alimentaria

    "Artículo 233. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

    "La pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de catorce (14) años."

    "Artículo 234. Circunstancias de agravación punitiva. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraerse a la prestación alimentaria, fraudulentamente oculta, disminuye o grava su renta o patrimonio."

    "Artículo 235. Reiteración. La sentencia condenatoria ejecutoriada no impide la iniciación de otro proceso si el responsable incurre nuevamente en inasistencia alimentaria."

  2. LA DEMANDA

    La demanda centra sus argumentos en la violación de los derechos a la igualdad y a la libertad personal. Dice el actor que la penalización de la conducta descrita por la ley como "inasistencia alimentaria" quebranta el principio de igualdad, ya que la obligación de proveer alimentos es una obligación crediticia -o lo que el régimen de derecho civil ha denominado, un derecho personal-, respecto de cuyo incumplimiento no puede imponerse pena privativa de la libertad.

    Afirma que no puede haber sanción penal para un comportamiento que consiste en el incumplimiento de una obligación civil, porque ello atenta contra el derecho a la igualdad de los deudores alimentarios frente a otros que tienen tipos de créditos distintos y que también incumplen su pago. "Por manera que, brilla inconciliable e incompatible con el supremo mandato del artículo 13 de la Carta, el tratamiento diferencial que ha dado el legislador al deudor moroso en tratándose del crédito por alimentos, habida cuenta de que todos los ciudadanos, deben recibir el mismo trato de las autoridades", agrega.

    Advierte también que el tipo penal de la inasistencia alimentaria es inequitativo con los sectores menos favorecidos, pues es allí donde la crisis económica ha golpeado más duro, por lo que puede preverse que son los individuos de escasos recursos los que con mayor frecuencia incurrirán en el incumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

    De lo dicho, el demandante también deduce la violación del artículo 28 de la Carta Política en cuanto que prohíbe la detención, prisión o arresto por deudas. Ello porque si lo que vincula al alimentante con el alimentado es una deuda, un crédito, no puede el Estado sancionar el incumplimiento con una pena privativa de la libertad. El sistema jurídico ofrece opciones en el terreno de lo civil para exigir el cumplimiento de los créditos insolutos de naturaleza alimentaria.

    Por vía de declarar inconstitucional el artículo 233, dice el demandante, deben desaparecer los artículos 234 y 235, pues éstos dependen jurídicamente del primero. La demanda termina, no obstante, con la siguiente apreciación:

    "A más de que, la penalización de la inasistenia alimentaia contraría la filosofía y política de un derecho penal mínimo o residual en un estado social de derecho, la pena, antes que cumplir sus funciones genera males mayores en las relaciones paternofiliales, desarticula el núcleo familiar y vulnera los prevalente derechos de los niños, porque encarcelando a un padre, a un cónyuge o a un hijo, por no pagar la deuda alimentaria, no soluciona para nada la situación de la célula básica de la sociedad, contrario sensu, las consecuencias son nefastas y recrudecen la problemática toda vez que, si no se cumple con el pago de una deuda en goce la libertad mucho menos se podrá suministrar los alimentos estando en prisión, parece resultar más mala la cura que la enfermedad, luego el busilis del asunto no halla corrección en el derecho penal."

  3. INTERVENCIONES

    El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar formuló intervención en el presente proceso, pero la misma fue allegada extemporáneamente a la Secretaría General de la Corte Constitucional, según informe del 21 de agosto de 2002 (folio 41), razón por la cual aquella no aparece reseñada en estos antecedentes.

    1. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

      Dentro de la oportunidad procesal prevista, intervino en el proceso la Academia Colombiana de Jurisprudencia, mediante memorial suscrito por el abogado Carlos Fradique Méndez, con el fin de solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad de las normas acusadas.

      El interviniente fundamenta su apreciación en las diferentes sentencias de la Corte Constitucional por las cuales se ha despachado desfavorablemente el argumento de que el incumplimiento de la obligación alimentaria da lugar a prisión por deudas y que, por esa razón, es contrario a la Carta.

      Cita en consecuencia las sentencias C-125 de 1996, C-174 de 1996, C-237 de 1997 y C-1646 de 2000. De las sentencias citadas, resalta las consideraciones vertidas en la C-237 de 1997, por ir ellas dirigidas a demostrar cómo el bien jurídico tutelado en el delito de inasistencia alimentaria es la familia y no el patrimonio. Agrega además que el delito de inasistencia alimentaria ha sido sancionado desde el derecho romano, bajo un aforismo que cita como Necare Videtur Qui Alimonia Denegat, el cual traduce como "se entiende que (mata) atenta contra la vida (del niño, del hombre) quien niega los alimentos necesarios para la misma", y que por ello no puede considerarse que el artículo 233 de la Ley 599 sea contrario a derecho.

      Reclama declarar exequible el artículo 234, en cuanto que establece condiciones de agravación o atenuación de la pena, por ser esta una medida previsible en todo tipo de delito, así como pide que se declare ajustado a la Carta el artículo 235, por considerarlo una conducta connatural al delito que se pena.

      Frente a la conveniencia o inconveniencia de la sanción de la conducta de inasistencia alimentaria, el interviniente advierte a la Corte sobre la imposibilidad de juzgarla en un juicio de inconstitucionalidad.

      Advierte sin embargo, como aclaración final a su intervención, que la Corte debe declarar exequible el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, pero condicionado a que, en tratándose de la familia de sangre, solo se sanciona la inasistencia entre padres e hijos, toda vez que esa limitación existe en la Ley para la familia adoptiva y, en respeto por...

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