Sentencia de Tutela nº 949/03 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43620584

Sentencia de Tutela nº 949/03 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2003

Este documento está disponible con registro gratuito

REGÍSTRATE GRATIS
RESUMEN

Derechos al buen nombre, habeas data y debido proceso. Solicitud supresion definitiva informacion errada. Condenado por delitos de hurto y porte ilegal de armas persona distinta del peticionario. Investigacion penal por homonimia o suplantacion de personas y disciplinaria. Deber de identificacion del procesado. Tutela contra providencias judiciales. Subsidiariedad. Concedida.

ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Sentencia T-949/03

CORTE CONSTITUCIONAL Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Doctrina sobre suplantación de personas y homonimia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Suplantación de personas y homonimia

La Corte Constitucional comparte la doctrina que en materia de protección de derechos fundamentales relacionados con situaciones de suplantación de personas o de homónimos ha sostenido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El punto central de dicha doctrina es el de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, que consiste en la solicitud respectiva ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad competente. Para la Sala Penal, esta es la vía más idónea, no sólo en términos de celeridad sino también de oportunidad y de competencia, debido a las (en la mayoría de ocasiones) complejas circunstancias fácticas y probatorias que rodean este tipo de asuntos.

JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Competencia para conocer procesos de suplantación de personas y homonimia

Existe una atribución de competencia expresa en cabeza del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. A la vez que la solicitud de corrección de la sentencia en caso de suplantación o de homonimia entraña un procedimiento célere, la misma no está sometida a un término preclusivo como el de los diez días en el caso de la acción de tutela, lo que permite un mayor margen de maniobra a la autoridad encargada de decidir sobre el particular; y segundo, porque el juez de ejecución de penas está en mejores condiciones para reformar la sentencia condenatoria y demás piezas procesales, si a ello hubiere lugar, así como para adelantar los trámites necesarios con el fin de establecer la verdadera identidad del infractor, e informar sobre el particular a las demás autoridades del Estado, facultades estas que son, en principio, extrañas al juez de tutela.

ACCION DE TUTELA-Improcedencia general para casos de suplantación de personas y homonimia

ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para casos de suplantación de personas y homonimia

Considera la Corte que, cuando de los medios de prueba disponibles y debidamente allegados al proceso, resulta evidente que se presenta una hipótesis de suplantación o de homonimia, es aceptable jurídicamente que la acción de tutela pierda subsidiariedad y se contemple entonces como mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales afectados. La acción de tutela está llamada a perder subsidiariedad cuando los trámites para la corrección del error del Estado implican una carga desproporcionada para el ciudadano afectado. En estos eventos, la acción de tutela se convierte en mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales, aun cuando existan otros mecanismos judiciales con idéntico propósito y eficacia similar.

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo de la expresión ''vía de hecho'' por la de ''causales genéricas de procedibilidad''

Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión ''vía de hecho'' por la de ''causales genéricas de procedibilidad''. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado." Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad.

VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación

VIA DE HECHO-Defecto fáctico por falta de identificación del infractor

La providencia cuestionada adolece de un defecto fáctico, por dos razones: (i) Porque existe una discrepancia mayúscula entre la información que constaba en el expediente del proceso penal relacionada con la identidad del infractor de la ley penal y que no fue advertida en oportunidad por las autoridades judiciales. (ii) Porque en su deber de establecer la verdadera identidad de la persona del imputado tanto la Fiscalía como el Juzgado debieron practicar y valorar las pruebas idóneas, suficientes y pertinentes para ello, situación que no ocurrió en este caso. En conclusión, considera la Corte que en este caso la infracción del deber de identificar correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

DERECHO AL BUEN NOMBRE-Alcance

El buen nombre es una construcción social, que depende de la forma como una persona se comporta en el medio en el que desenvuelve su existencia y de cómo las personas que participan en ese medio, entienden o conciben al sujeto concernido. No se tiene entonces el derecho al buen nombre por la sola atribución constitucional. Los privilegios que derivan de la disposición constitucional dependen de la realización de ciertos hechos operativos como lo son las conductas socialmente asumidas por el titular del derecho y la valoración social de las mismas por las personas de su entorno. En este sentido, solamente será posible predicar la existencia o no de los privilegios y derechos que la disposición constitucional sobre el buen nombre reconoce, después de un análisis (o de un juicio) objetivo de las conductas del sujeto que pretende para sí dichos privilegios y de la percepción social que sobre las mismas se tenga.

DERECHO AL BUEN NOMBRE-Restablecimiento por suplantación de persona honorable

En el presente caso, se pudo demostrar que el señor Mauricio Vargas Espinosa ha sido una persona honorable y respetuosa de la ley, que jamás ha incurrido en conducta punible alguna, reconocida en su círculo social como una persona trabajadora y honrada. Lo anterior implica que, una vez demostrada la evidencia de la suplantación, sea necesario, restablecer su derecho fundamental al buen nombre, en el sentido de evitar que se continúe asociando su identidad personal (nombre y número de cédula) a la comisión de los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, hechos altamente reprochables desde el punto de vista social y jurídico.

DEBIDO PROCESO-No vulneración por omisión en la identificación del sindicado/ERROR JUDICIAL-Omisión en la identificación del sindicado

En este caso no existió vulneración alguna del derecho al debido proceso, pues, si bien es ostensible el error judicial (la omisión del deber de identificar la persona del sindicado), esta circunstancia no tuvo la idoneidad para vulnerar alguno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso, ni tampoco ninguno de los derechos que este derecho - garantía protege. podría pensarse que con las actuaciones judiciales adelantadas en el sentido en que incumplieron su deber de identificación de la persona del sindicado, pudo haberse generado la imposibilidad de defensa del actor y en este sentido la vulneración de su derecho al debido proceso. Sin embargo, esta situación no es verosímil, si se disgregan los conceptos de individualización y de identificación de la persona del imputado, pues el titular del debido proceso, era, en esta situación irregular, el sujeto que cometió los hechos punibles y que efectivamente fue capturado y procesado, precisamente por ser él quien estuvo sometido al imperio de las autoridades judiciales y enfrentado a la posible afectación de sus derechos fundamentales. Por lo anterior, no podría entonces pensarse que el incumplimiento del deber de identificar la persona del imputado o del sindicado, constituya para este caso vulneración del derecho al debido proceso.

JUEZ DE TUTELA-Protección excepcional del habeas data de personas suplantadas

En ciertos casos y de manera excepcional el juez de tutela puede entrar a proteger directamente el derecho fundamental al habeas data de las personas afectadas con la suplantación. Esto sin perjuicio de que sea menester ordenar al juez de ejecución de penas que adelante los trámites indispensables para establecer la verdadera identidad del infractor de la ley penal, que fue capturado, investigado, condenado y privado de la libertad, con el fin de que sea el nombre y el documento de identidad de esta persona los que consten en las providencias judiciales y en las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado.

REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES-Consecuencias adversas para las personas/REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES-Perjuicios para la víctima de la suplantación

La Corte no puede pasar por alto que el registro de antecedentes penales tiene la potencialidad de generar consecuencias adversas para las personas, sobre todo cuando, por ejemplo, se trata de valorar en un proceso penal la buena conducta anterior, o dosificar la pena en hipótesis de reincidencia en la comisión de delitos; o incluso para efectos de competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones, para acceder a cargos públicos, o en ciertos eventos, para el ejercicio del derecho de locomoción, cuando la expedición de ciertos...

Para continuar leyendo

REGÍSTRATE GRATIS