Sentencia de Tutela nº 405/05 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623034

Sentencia de Tutela nº 405/05 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2005

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RESUMEN

Derecho al acceso a la administracion de justicia y al debido proceso de sociedad que presta los servicios de energia electrica en el hotel capri del archipiélago, que por no pago de las facturas de varios meses presento demanda ejecutiva pero el tribunal decreto una nulidad sustancial que dejo sin efectos el proceso tramitado, a partir del mandamiento de pago por falta de idoneidad del... (ver resumen completo)

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Sentencia T-405/05

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA Y AUTONOMIA JUDICIAL-Debe servir de refuerzo a la legalidad

JUEZ-Aplicación y sujeción a leyes/ILEGALIDAD DE LA DECISION JUDICIAL-El juez se apartó de la ley

VIA DE HECHO-Vulneración de derechos fundamentales

NULIDAD ROCESAL CIVIL-Desconocimiento de providencia ejecutoriada del superior

Referencia: expediente T-955292

Acción de tutela de Archipiélago's Power and Ligth Co. S.A.

contra la Sala Única del Tribunal Superior de San Andrés

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil cinco (2005).

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

dentro del trámite de revisión de la tutela instaurada por Archipiélago's Power and Ligth Co. S.A. contra la Sala Única del Tribunal Superior de San Andrés.

I. ANTECEDENTES

  1. Reseña fáctica

    El 29 de octubre de 2001, la sociedad Archipiélago's Power and Light presentó demanda con título ejecutivo contra la sociedad Inversiones Waked y Cía., propietaria del establecimiento de comercio denominado Hotel Capri, con base en una factura en la que constaba la prestación del servicio de energía eléctrica entre febrero de 1997 y agosto de 2001 por un valor no pagado de $225.358.997. Esta factura, con base en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, fue expedida por la empresa y firmada por su representante legal.

    El 6 de noviembre de 2001 el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Andrés dictó mandamiento de pago contra la sociedad demandada. En él ordenó que en el término de cinco días se pagara la deuda, los intereses legales y las costas del proceso. El 28 de noviembre, previa prestación de la correspondiente caución, el despacho ordenó medidas cautelares.

    El mandamiento de pago fue notificado el 30 de mayo de 2002 al representante de la sociedad demandada. Ésta no contestó la demanda ni interpuso excepciones.

    El 19 de junio de 2002 el juez de conocimiento dictó sentencia mediante la cual ordenó seguir adelante con la ejecución, avaluar los bienes embargados y liquidar el crédito. La sentencia fue notificada por estado, se encuentra en firme e hizo tránsito a cosa juzgada.

    El 19 de marzo de 2003 la parte ejecutada solicitó que se declarara la nulidad de la actuación cumplida luego de los autos de 6 y 28 de noviembre de 2001 por cuanto la caución prestada no correspondía al 10% del valor actual de la ejecución y porque se habían embargado bienes por valor superior al doble de la ejecución. Mediante auto de 30 de septiembre de 2003, el juzgado negó esa petición pues la causal invocada no constituía causal legal de nulidad, en la actuación se habían respetado las formas procesales y no había incurrido en violación del derecho de defensa. La ejecutada apeló esta decisión.

    El 28 de noviembre de 2003 el Tribunal Superior de San Andrés resolvió el recurso interpuesto. Esta corporación consideró que no había lugar a las solicitudes formuladas por la ejecutada ante el juez de primer grado. No obstante, consideró lo siguiente:

    - Las providencias judiciales, no obstante estar ejecutoriadas, no atan al juez.

    - Es deber del juez verificar si los documentos aportados como título ejecutivo cumplen las exigencias legales y hacerlo al momento del mandamiento de pago y al momento de la sentencia.

    - La demanda debió inadmitirse porque el ejecutante no indicó la tasa de interés que se debía aplicar al capital.

    - En caso de demandarse el pago de servicios públicos domiciliarios, como título ejecutivo deben aportarse todas las facturas mensuales no pagadas y no solo una que recoja su valor total, pues con este proceder no es posible la determinación de los intereses adeudados por cada una de esas facturas. Además, que el demandado no haya formulado reclamación alguna contra esa única factura, no releva al demandante del deber de aportar con la demanda todas esas facturas.

    - Según el artículo 142 del CPC , inciso 4º, es posible que en los procesos ejecutivos se decreten nulidades mientras no se haya realizado el pago total de la obligación.

    Con base en esta argumentación y fundamentalmente por no haberse aportado las facturas ya indicadas, el tribunal declaró la nulidad oficiosa de lo actuado a partir del mandamiento de pago, le dio a la demandante un término de cinco días para aportar todas las facturas adeudadas por la ejecutada y mantuvo vigentes las medidas cautelares. La demandante interpuso reposición contra esta determinación pero fue negada.

    En el término concedido por el Tribunal, la ejecutante aportó 23 duplicados de las facturas correspondientes al período transcurrido entre septiembre de 1999 y julio de 2001 y 11 folios en los que consta el consumo histórico del usuario ente julio de 1995 y diciembre de 1999. El juzgado consideró que esos duplicados y esos folios no constituían título ejecutivo y por ese motivo el 2 de abril de 2004 resolvió rechazar la demanda ejecutiva y abstenerse de librar mandamiento de pago.

  2. La tutela instaurada

    El 11 de mayo de 2004 la sociedad demandante interpuso acción de tutela contra la nulidad dispuesta por el Tribunal Superior de San Andrés y contra el auto que con base en él profirió el Juzgado Primero Civil de Circuito. En el escrito indicó que se estaba en presencia de un proceso que se encontraba en su parte final, en el cual se siguieron todos los pasos procedimentales previstos en la ley y se le brindó a la parte ejecutada suficientes oportunidades para que hiciera valer sus puntos de vista. Sin embargo, se expuso, de una manera extemporánea y desconociendo las disposiciones que gobiernan la firmeza de los autos, la cosa juzgada, el proceso ejecutivo y las nulidades procesales, se declaró una nulidad sustancial inexistente que dejó sin efecto un proceso debidamente tramitado y en virtud de la cual el demandante vio negado su derecho al pago de unos valores no desconocidos por el deudor y que constan en un título ejecutivo pendiente de pago.

    La sociedad actora manifiesta que con ese proceder del tribunal y del juzgado se incurrió en vía de hecho por defecto procedimental al violar las normas que regulan la ejecutoria de las providencias, la cosa juzgada y las nulidades procesales; en vía de hecho por defecto orgánico en tanto el tribunal no tenía competencia funcional para analizar el título ejecutivo y en defecto fáctico y sustantivo ya que la factura aportada reúne los requisitos para ser considerada título ejecutivo. Ante ello, y como no existen otros mecanismos judiciales de protección, la actora solicita se conceda protección a los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, se deje sin valor el auto proferido por el tribunal el 28 de noviembre de 2003 y se le ordene a esa corporación resolver el recurso interpuesto contra el auto del 30 de septiembre de 2003 con estricta sujeción a las normas y principios que regulan las nulidades procesales, la ejecutoria de las providencias judiciales, la cosa juzgada y la limitación de la competencia del superior que resuelve el recurso de apelación.

II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN

  1. De primera instancia

    El 27 de mayo de 2004 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho fundamental al debido proceso y le ordenó al tribunal dejar sin efecto el auto de 28 de noviembre de 2003 y las actuaciones subsiguientes y decidir, de acuerdo con la ley, el recurso de apelación interpuesto. Esta decisión se apoyó en los siguientes razonamientos:

    - El artículo 357 del CPC dispone que cuando se trata de la apelación de autos, el superior sólo tiene competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses y que de observar que se incurrió en causal de nulidad debe proceder de acuerdo con el artículo 145.

    - El Tribunal Superior de San Andrés no obró de acuerdo con esas normas legales pues decretó una nulidad que no constituía el objeto del recurso, con base en un supuesto fáctico que -como la falta de idoneidad del título ejecutivo-...

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