Sentencia de Tutela nº 642/05 de Corte Constitucional, 20 de Junio de 2005

Este documento está disponible con registro gratuito

REGÍSTRATE GRATIS
RESUMEN

Derecho a la vida, la libertad, la igualdad, al debido proceso, la dignidad, el trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de locomoción de exregistrador nacional del estado civil por via hecho por desconocimiento de la cosa juzgada constitucional en que incurrio la corte suprema de justicia en la sentencia del 21 de julio de 2004, al casar la sentencia de segunda... (ver resumen completo)

EXTRACTO GRATUITO

Sentencia T-642/05

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia excepcional

VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Oportunidades en que procede

VIA DE HECHO-Expresión que se ha reemplazado por la de causales genéricas de procedibilidad de la tutela

VIA DE HECHO-Defecto sustantivo

SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos futuros/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No puede fundarse en norma declarada inconstitucional/RECURSO DE CASACION PENAL-Deber de la Corte Suprema de darle trámite a sentencias ejecutoriadas antes de la C-252/01

Como puede advertirse, ni la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- ni el actor afirman que la Sentencia C-252 de 2001 no surta efectos hacia el futuro. La diferencia surge en relación con un aspecto específico, a saber: para aquella, las demandas de casación que fueron interpuestas como acción contra sentencias ejecutoriadas bajo el imperio de la Ley 553 de 2000 y antes del 28 de febrero de 2001, fecha en la cual se dictó por la Corte Constitucional la Sentencia C-252 de 2001, deben ser resueltas por la Corte, como sucedió en este caso; y para el actor, según aparece en la interposición de esta acción de tutela, consecuencia obligada de la inexequibilidad parcial de la citada ley, ha de ser que la Corte Suprema de Justicia habría perdido competencia para pronunciarse sobre tales demandas de casación.

Referencia : expediente T-1075179

Acción de tutela instaurada por Jaime Calderón Brugés contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Procedencia: Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-

Magistrado Ponente:

Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil cinco (2005).

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, y Manuel José Cepeda Espinosa, por cuanto al magistrado doctor Jaime Córdoba Triviño le fue aceptado el impedimento por él manifestado para actuar en esta acción de tutela como tal, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

En la revisión del fallo de 2 de febrero de 2005 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- en la acción de tutela promovida por el ciudadano Jaime Calderón Brugés contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte, en auto de fecha 18 de marzo de 2005 ordenó la selección del mencionado expediente para su revisión y la Secretaría de la Corporación lo remitió al despacho del magistrado sustanciador el 6 de abril de 2005, como aparece a folio 11 del cuaderno de la Corte.

  1. ANTECEDENTES.

    En virtud de la negación de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- a admitir a trámite acción de tutela interpuesta por el ciudadano Jaime Calderón Brugés, como aparece en auto de 29 de octubre de 2004 proferido por la Sala de Casación Civil de aquella Corporación, el citado ciudadano promovió entonces, ante el Consejo Seccional de Judicatura de Cundinamarca -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, por haber incurrido ésta en vía de hecho judicial en la Sentencia de 21 de julio de 2004 y con la cual le fueron vulnerados al actor, según su afirmación, los derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de locomoción.

    En consecuencia, solicita el actor se deje sin efectos la Sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 21 de julio de 2004 por la cual se casó la sentencia ejecutoriada de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal- en el proceso adelantado contra Jaime Calderón Brugés y, en su lugar, se le imponen las condenas incluidas en la parte resolutiva de ese fallo.

    En virtud de lo anterior, impetra el actor que se deje en firme la sentencia absolutoria dictada a su favor por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal- en ese proceso, y, por ello, se disponga su libertad inmediata.

    1. Fundamenta el ciudadano Jaime Calderón Brugés la acción de tutela aludida, en los hechos que se sintetizan así:

    2.1. La Fiscalía General de la Nación mediante auto de 3 de noviembre de 1998 ordenó la apertura de investigación por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito de particulares en que podría haber incurrido el actor, a quien se vinculó formalmente al proceso penal correspondiente, mediante diligencia de indagatoria el 11 de noviembre de 1998.

    2.2. El 7 de diciembre del mismo año, se dictó medida de aseguramiento en la modalidad de detención preventiva al ciudadano Jaime Calderón Brugés, quien se desempeñaba como Registrador Nacional del Estado Civil, cargo del cual fue suspendido por decisión del Consejo Nacional Electoral el 10 de diciembre de 1998 y que venía ejerciendo desde el 11 de febrero de ese año.

    2.3. Dictada contra el procesado resolución de acusación por la Fiscalía General de la Nación el 6 de agosto de 1999 por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, previo el agotamiento de las etapas procesales señaladas por la ley, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá dictó sentencia absolutoria el 18 de enero de 2000.

    2.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado por la Fiscalía General de la Nación, mediante fallo de 15 de junio de 2000, en el cual se resolvió confirmar la sentencia impugnada.

    2.5. La Fiscalía General de la Nación, el 24 de agosto de 2000, con invocación para el efecto de lo dispuesto en los artículos 1º y 6º de la Ley 553 de 2000, interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal- el 15 de junio del año 2000 a la cual se hizo alusión en el numeral precedente, sentencia que, para entonces, se encontraba debidamente ejecutoriada.

    2.6. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-252 de 28 de febrero de 2001 declaró inexequibles las expresiones ''ejecutoriadas'' del inciso 1º del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 1º de la Ley 553 de 2000, y la misma expresión del inciso 1º del artículo 2005 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal ).

    2.7. El ciudadano Jaime Calderón Brugés en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política , solicitó al señor Fiscal General de la Nación que de acuerdo con lo establecido en el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal y en atención a lo resuelto en la Sentencia C-252 de 28 de febrero de 2001 proferida por la Corte Constitucional, en la cual se declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley 553 de 2000 desistiera del recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de 15 de julio de 2000 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal-, petición que le fue respondida el 10 de julio de 2002, con la manifestación según la cual la Fiscalía General de la Nación no accedía a la solicitud de desistimiento del recurso extraordinario de casación ya mencionado, y que, en todo caso, habría de atenerse a lo que resolviera la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- sobre el particular.

    Reiterada por el actor su petición, nuevamente le fue negada, esta vez mediante oficio No. 002626 de 30 de abril de 2003, a su juicio ''sin ningún raciocinio jurídico que justificase y explicase la decisión''.

    2.8. La Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- mediante sentencia de 21 de julio de 2004 decidió casar la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso penal adelantado contra el actor, y, además, impuso al ciudadano Jaime Calderón Brugés pena privativa de la libertad de cinco años de prisión y al pago de una multa de $45.009.640.00. Además, como pena accesoria le fue impuesta al condenado inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término equivalente a la pena de prisión. Se declaró, igualmente, que no tendría el procesado derecho a la suspensión condicional de la pena, ni a prisión domiciliaria.

    2.9. La citada sentencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, constituye al decir del actor una vía de hecho judicial por desconocimiento absoluto del fenómeno jurídico ''de la inconstitucionalidad sobreviniente de lo actuado en un proceso, debido a que el fundamento jurídico sobre el cual reposa el procedimiento es declarado por el Máximo Tribunal Constitucional inexequible y no obstante es aplicado por el juzgador''.

    De la misma manera, a juicio del actor, se incurrió por la Corte Suprema de Justicia en violación de la cosa juzgada, pues esta profirió su sentencia de 21 de julio de 2004 no solo con desconocimiento de la cosa juzgada constitucional sino, adicionalmente, pasando por alto que el procesado fue absuelto por inexistencia del hecho punible mediante sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 18 de enero de 2000, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal- mediante sentencia de 15 de junio de 2000, por idéntica razón.

    En síntesis, manifiesta el ciudadano...

Para continuar leyendo

REGÍSTRATE GRATIS