Sentencia de Tutela nº 1095/05 de Corte Constitucional, Octubre 26, 2005

Contenido completo sólo para clientes

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS
RESUMEN

Derecho al debido proceso, la igualdad, la solidaridad y al libre desarrollo de la personalidad de familia de secuestrado contra quien la dian inicio proceso de cobro coactivo por concepto de impuestos al igual que intereses moratorios. Solicita se ordene la terminación de los procedimientos de cobro coactivo, la exoneración de los intereses moratorios y se exonere al contribuyente... (ver resumen completo)

EXTRACTO GRATUITO

Sentencia T-1095/05

DEBER DE SOLIDARIDAD-Se configura como un Derecho-deber

El deber de solidaridad se configura como un derecho-deber cuya exigencia puede hacerse de manera directa en especial en los casos en que de su cumplimiento dependa el respeto de derechos fundamentales de las personas.

SENTENCIA QUE DECLARA LA MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO-Efectos

Tratándose de la circunstancia especial en que una persona ha sido declarada muerta en aplicación de la presunción por desaparecimiento, si bien con origen en el secuestro de que fue objeto, existe una decisión judicial ejecutoriada en la que se ha definido claramente por el juez, y de acuerdo a lo dispuesto en la ley, la fecha en que debe presumirse ocurrió el fallecimiento. Por lo que, en éste caso, el cumplimiento de los deberes de solidaridad por parte del Estado no pueden cobijar sino la época de su secuestro y desaparecimiento, y no un tiempo posterior a la declaración de su muerte, pues una vez declarada ella los herederos podrán tomar las determinaciones propias en relación con sus bienes como si hubiere fallecido realmente, pues ciertos deberes de solidaridad solo se han consagrado en la ley, y lo ha definido la jurisprudencia, para los casos de secuestro y desaparecimiento y no para cuando las personas han fallecido real o presuntamente. Así, solo mientras la persona secuestrada permanece privada de su libertad, o se encuentra desaparecida, el deber constitucional de solidaridad es exigible del Estado, la familia, las demás personas y de su empleador si lo hubiere. Pero cuando ya se ha proferido una decisión judicial que ha quedado ejecutoria, y por la cual se declara su muerte presunta, la posibilidad de reclamar solidaridad del Estado, la familia y demás particulares no tiene el mismo alcance, pues la persona titular de los derechos a proteger ya no existe para todos los efectos, y las consecuencias jurídicas que se derivan de su muerte plantean otros caminos jurídicos para reclamar su protección. En estos eventos, la solidaridad que era un deber constitucional de clara exigibilidad durante el tiempo en que la persona estuvo secuestrada o desaparecida, y que se justifica igualmente en el hecho de que la persona no se encuentra para cumplir con sus deberes familiares y no es posible tampoco disponer de sus bienes para los efectos pertinentes, ya no puede ser reclamado en los eventos en que la persona ha fallecido realmente o ha sido declarada muerta por sentencia judicial, pues el derecho fundamental a partir del cual emanan todos los demás derechos y obligaciones ya no es protegible por cuanto el titular del mismo ha dejado de existir.

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

INTERESES MORATORIOS EN OBLIGACION TRIBUTARIA-Caso en que se configuró causal eximente de responsabilidad

La DIAN ha reconocido mediante el concepto jurídico, que no se cobrarían intereses cuando se compruebe que el contribuyente se encuentra inmerso en una causal eximente de responsabilidad como la fuerza mayor o el caso fortuito, sumado al anterior concepto, y siendo coherente con su posición inicial, la DIAN había expedido las resoluciones 400023 del 13 de diciembre de 2004 y No. 500002 del 17 de enero de 2005, en las que para el presente caso en particular, había la fuerza mayor y ordenaba la suspensión del cobro de intereses moratorios en todos los conceptos y por los tributos de orden nacional a cargo de la DIAN, que se estuvieren reclamando al señor y que correspondieren al periodo comprendido entre el 30 de abril de 1996 y el 30 de abril de 1998, es decir, por un periodo de dos (2) años, el cual corresponde al tiempo durante el cual el accionante tuvo la condición de desaparecido por el secuestro y hasta cuando su condición jurídica varió a la de muerto por presunción. Además, vale la pena advertir que en tanto el hecho delictivo que generó el secuestro y posterior desaparecimiento del señor ocurrió en el año de 1996, cerca de nueve (9) años atrás de la interposición de esta tutela, el transcurso del tiempo y todas las actuaciones administrativas y judiciales que se han desplegado desde ese momento hasta la fecha, han permitido que la familia, se hubiere hecho parte en las misma y hubiere podido defender sus intereses. Además, el transcurso del tiempo ha sido lo suficiente prolongado como para que las dificultades emocionales, familiares y económicas que ha afrontado dicha familia hayan sido superadas en gran medida, máxime si tenemos en cuenta que vistas las consideraciones expuestas en la sentencia T-520 de 2003, este aspecto se analizó detalladamente con base en conceptos especializados, estableciéndose allí el tiempo promedio que tarda un secuestrado y su familia en restablecer en gran medida la normalidad en sus actividades y su situación económica. Es claro que la DIAN respeto los derechos fundamentales del señor e igualmente dio estricto cumplimiento a los procedimientos legales establecidos en el trámite del cobro coactivo de las obligaciones tributarias, frente a las cuales los familiares del contribuyente actuaron de manera diligente y fueron vencidos tanto en la vía administrativa como en la judicial.

Reiteración de Jurisprudencia

Referencia: expediente T-1147853

Acción de tutela instaurada por Germán Alberto Cubillos Guzmán como apoderado de la señora Ana Inés Peña de Muñoz y sus hijos Ruth Yaneth, Pablo Rodrigo, Rafael Fabián, Nubia Consuelo y Sandra Emilse Muñoz Peña contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Magistrada Ponente:

Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil cinco (2005).

La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, en ejercicio de su competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente;

SENTENCIA

dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Germán Alberto Cubillos Guzmán como apoderado de la señora Ana Inés Peña de Muñoz y sus hijos Ruth Yaneth, Pablo Rodrigo, Rafael Fabián, Nubia Consuelo y Sandra Emilse Muñoz Peña contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

ANTECEDENTES

Los hechos motivo de la presente acción de tutela se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

  1. El 30 de abril de 1996, el señor Pablo Antonio Muñoz Garzón, esposo y padre de los accionantes, fue secuestrado sin que hasta la fecha se tenga noticia alguna de su paradero, situación que así certifica la misma Fiscalía General de la Nación.

  2. Los accionantes con el fin de evitar el descalabro económico de la familia, procedieron a iniciar el proceso de muerte presunta por desaparecimiento, Es importante señalar que a folios 176 y 177 del expediente de tutela obran dos documentos suscritos por la Juez Veintidós de Familia de Bogotá. El primero con fecha 25 de septiembre de 1997, dicha funcionaria judicial designa al señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña, hijo del señor Pablo Antonio Muñoz Garzón como CURADOR DE BIENES PROVISIONAL. El segundo documento de fecha 23 de octubre de ese mismo año, corresponde a la posesión del señor Pablo Rodrigo Muñoz Peña en el cargo de curador provisional de los bienes de su padre Pablo Antonio Muñoz Garzón. el cual se inició ante el Juzgado Veintidós de Familia de Bogotá el cual expidió sentencia el 13 de septiembre de 2002, la cual fue confirmada posteriormente por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 19 de febrero de 2003.quedando en firme la declaratoria de la presunción de muerte por desaparecimiento del señor Muñoz Garzón.

  3. En Resolución 400023 del 13 de diciembre de 2004, confirmada mediante Resolución No. 500002 del 17 de enero de 2005, la Administración de Impuestos Personas Naturales - División de Cobranzas, reconoció la fuerza mayor en el presente caso y ordenó la suspensión del cobro de intereses moratorios en todos los conceptos y por los tributos de orden nacional a cargo de la DIAN, que se cobren en contra del señor Pablo Antonio Muñoz Garzón en el periodo comprendido entre el 30 de abril de 1996 y el 30 de abril de 1998, es decir, por un periodo de dos (2) años, el cual corresponde a la declaratoria de presunción de muerte por desaparecimiento que fuera declarada judicialmente.

  4. Frente a la anterior situación, el apoderado de los accionantes considera que la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la presunta muerte por desaparecimiento del señor Muñoz Garzón, es la de febrero 19 de 2003 y no la del 30 de abril de 1998, por lo que considera que los intereses reclamados por la DIAN podrían hacerse exigibles como mínimo un año después de que el secuestrado aparezca, o en el peor de los casos que la condonación de tales intereses debería darse cuando menos respecto del tiempo trascurrido entre la fecha del secuestro y la de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, es decir, entre el 30 de abril de 1996 y el 19 de febrero de 2003.

  5. De esta manera el apoderado advierte que para la DIAN el delito de secuestro extorsivo ocurrido en la persona del señor Muñoz Garzón, duró tan solo dos (2) años, y que el contribuyente ya recuperó su libertad desde el mismo 30 de abril de 1998, lo cual no corresponde a la realidad. Con todo la DIAN considera que el señor Muñoz Garzón al haber ''recuperado'' su libertad, recobró sus derechos, incluidos los derechos al debido proceso y al libre desarrollo de la personalidad, motivo por el cual éste...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS