Sentencia de Tutela nº 450/06 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43624808

Sentencia de Tutela nº 450/06 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2006

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Ponente:Jaime Araujo Renteria
Actor:Miriam Ardila Arenas
Demandado:Tribunal Superior de Bucaramanga y Otros
Fecha de Resolución: 6 de Junio de 2006
Decision:Concedida
Expediente:1307302
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Derecho a la vivienda en conexidad con el derecho al debido proceso de deudora del sistema upac contra quien se inicio proceso ejecutivo con titulo hipotecario por el incumplimiento de sus obligaciones crediticias y el juzgado que conocio el proceso en primera instancia libro mandamiento de pago por el valor del saldo insoluto del credito mas los intereses de mora que se hubieren causado. Y pese... (ver resumen completo)

ÍNDICE
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Sentencia T-450/06

VIA DE HECHO-Defecto sustantivo

VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación del proceso por reliquidación del crédito de UPAC

LEY 546 DE 1999-Doctrina constitucional sobre el artículo 42 parágrafo 3

DERECHO A LA VIVIENDA FRENTE A CREDITOS HIPOTECARIOS Y DEBIDO PROCESO

PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación al entrar en vigencia Ley 546/99

JUEZ CIVIL-Requisitos para dar por terminados procesos ejecutivos hipotecarios

Referencia: expediente T-1307302

Acción de tutela interpuesta por Miriam Ardila Arenas contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, la Entidad AV Villas y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil seis (2.006).

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME ARAÚJO RENTERÍA, ALFREDO BELTRÁN SIERRA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

que pone fin al trámite de revisión de la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Febrero 3 de 2.006, dentro de la ACCION DE TUTELA seguida por Miriam Ardila Arenas contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, la Entidad AV Villas y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad.

I. LOS ANTECEDENTES

Funda la parte actora, el petitum de su escrito tutelar en los hechos que a continuación se sintetizan:

  1. Los hechos.

    A favor del Banco AV VILLAS, anteriormente Ahorramas, la accionante firmó el pagaré No 06600180217 el 23 de Noviembre de 1.995 para garantizar un préstamo que la mencionada entidad le hizo a la señora Miriam Ardila Arenas, por la suma de ($23.000.000.000.oo) mcte. Tramitada la ejecución se libró mandamiento de pago el 7 de Marzo de 1.997, el cual fue notificado personalmente a la parte demandada el 17 de Abril de 1.998.

    Afirma que en el año 1.999 la Corte Constitucional dictó varias providencias que se reflejó en el desmejoramiento jurídico de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC, como quiera que ésta fue declarada inconstitucional.

    Por tanto, asegura que con base en las sentencias proferidas por el alto Tribunal, se excluyó de la DTF la corrección monetaria del sistema UPAC, se prohibió la capitalización de intereses y, además, paralelamente, el Consejo de Estado declaró la nulidad de artículo 1º de la Resolución 18 de 1.995 que se refiere a que la corrección monetaria se fije teniendo en cuenta la DTF en lugar del IPC.

    No obstante las anteriores consideraciones de orden jurisprudencial, luego de que el Banco AV Villas, le iniciara proceso de ejecución hipotecaria para reclamar el pago forzado de la obligación, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga y que conoció del proceso en la primera instancia, libró mandamiento de pago por el valor del saldo insoluto del crédito más los intereses de mora que se hubieren causado.

    Señala que, a pesar de que en su calidad de parte demandada solicitó la terminación del proceso con base en la doctrina constitucional de la Corte, el Juzgado, por auto de 5 de Agosto de 2.004 negó la terminación, providencia ésta que fue apelada ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga.

    Incurriendo en la misma conducta, el Tribunal ignoró la línea jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional, y en segunda instancia, por auto de Enero 13 de 2.005 confirmó el auto dictado por el Juzgado también accionado.

  2. Las pretensiones.

    La parte actora presentó acción de tutela esgrimiendo la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad y al debido proceso. Así mismo y como corolario de lo anterior solicita que se declare la nulidad del proceso a partir de las actuaciones surgidas después de la reliquidación del crédito y que se disponga la terminación del proceso sin más trámite, tal como lo señala la ley 546 de 1.999.

  3. La intervención de las autoridades judiciales accionadas.

    3.1. En respuesta a lo ordenado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, luego de admitir la tutela, mediante proveído de Septiembre 8 de 2.006, el Tribunal Superior de Bucaramanga descorrió el traslado del recurso de amparo iniciado en su contra, haciendo notar el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, además de que la decisión materia de la acusación por esa vía no obedeció al capricho ni a la arbitrariedad de la Sala, sino, por el contrario, a un análisis juicioso y motivado, atendiendo la realidad fáctica y jurídica que les correspondió revisar.

    En consecuencia, expresa que la decisión es razonable y en nada se adecua a una vía de hecho judicial.

    3.2 El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga manifestó que en la actuación materia de la tutela se adelantaron cada una de las etapas procesales atendiendo la normatividad adjetiva que regula la materia y, principalmente, de acuerdo a los parámetros fijados en la ley 546 de 1.999.

    Insiste en que la deudora hoy accionante, luego de concluida la reliquidación del crédito arrimada por el Banco AV Villas a la actuación, no había quedado al día y que, por consiguiente, no se accedió a la solicitud de terminación del proceso.

    Advierte que el inmueble materia de la ejecución hipotecaria estaba pendiente para entrega luego de ordenarse su adjudicación por auto de 8 de Abril de 2.005 y que, además, dicho bien era perseguido por jurisdicción coactiva luego del embargo decretado en proceso adelantado por ejecuciones fiscales de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga y donde dicha obligación fue cancelada por el Banco AV Villas.

II. DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA

  1. La Instancia

    La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia anotó que resulta improcedente el amparo constitucional deprecado, habida consideración que los hechos materia de la solicitud de tutela han sido en numerosas ocasiones objeto de pronunciamiento de esa Corporación.

    En virtud de esa posición, es pertinente señalar algunos de los apartes de providencia anterior de la Sala Civil de Casación en sede de tutela, con los cuales se ha insistido en la improcedencia de la acción a que se refiere el artículo 86 constitucional.

    Pues bien, argumenta la alta Corporación que no ignoran lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional No T-603 de 23 de Julio de 2.005 y que en la práctica, lo que hizo fue prescribir la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de Diciembre de 1.999 y su consiguiente peligro de que haya nulidad en todo lo actuado en ellas con posterioridad a esa fecha.

    Señala que esa providencia plantea problemas serios, relativos a establecer el momento en que las sentencias de constitucionalidad adquieren el carácter de cosa juzgada y, particularmente sobre cuando se termina el proceso de expedición de dichas sentencias.

    Insiste en que resulta inaceptable que una Sala de revisión entre a dilucidar aspectos que no fueron consignados en un fallo de constitucionalidad, contrario a lo que demandan los canones; es decir, desconociendo lo que dijeron el Legislador y el Juez constitucional en su momento Tomado de apartes de sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. (folio 85-90 del c.p. )..

    Finaliza señalando que, de acuerdo con el precedente que ha sido reiterado por esa Sala de Casación, y atendiendo que en el caso objeto de examen, cual lo informó el Juez accionado, la imputación del alivio resultante de la reliquidación del crédito no alcanzó a cubrir la totalidad de las cuotas adeudadas a 31 de Diciembre de 1.999 y a falta de prueba que desvirtuara esa situación, no podía declararse la terminación del proceso para imponer al demandante la iniciación de una nueva ejecución.

  2. Las pruebas relevantes practicadas en las instancias.

    Se tuvieron como tales las siguientes:

    a.) Copia de la providencia de 5 de Agosto de 2.004, dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, denegando la solicitud de terminación del proceso. (Folio 63-70).

    b.) Copia del auto proferido por las Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, de 13 de Enero de 2.005 confirmando la providencia del Juzgado que denegó la terminación. (Folio 75-81).

    c.) Certificación de AV Villas indicando que la reliquidación del crédito de la accionante, se realizó de acuerdo con lo establecido por la ley 546 de 1.999 y señalando, el saldo de la obligación hipotecaria. (Folio 51).

    d.) Copia del memorial contentivo de la reliquidación del crédito presentada por el apoderado de la entidad ejecutante. (Folio 59).

    e.) Copia del auto dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, corriendo traslado a la parte demandada de la reliquidación del crédito. (Folio 60).

  3. Trámite ante la Corte Constitucional.

    Escogida para revisión la acción de tutela de la referencia por la Sala de Selección No 3, mediante proveído dictado el 24 de Marzo de 2.006, el Magistrado Ponente por auto de Abril 6 de 2.006 dispuso la vinculación al trámite de tutela, del Banco AV Villas, como que éste, no obstante su condición de parte por haberse dirigido contra la entidad la solicitud de amparo, no le fue notificada la iniciación de la acción de tutela en su contra, procediendo esta Sala Unitaria a corregir el yerro procesal.

    Vencido el término de traslado, nada señaló el Banco accionado para oponerse o allanarse a las pretensiones.

III. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES

  1. La competencia.

    De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas en precedencia.

  2. El asunto bajo revisión.

    En el caso sub examine, la señora Miriam Ardila Arenas, solicita que se...

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