Sentencia de Constitucionalidad nº 790/06 de Corte Constitucional, 20 de Septiembre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43625486

Sentencia de Constitucionalidad nº 790/06 de Corte Constitucional, 20 de Septiembre de 2006

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Ponente:Alvaro Tafur Galvis
Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 2006
Decision:Exequible
Expediente:D-6219
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Decreto ley 1400 de 1970 articulo 218 (parcial). Se expide el codigo de procedimiento civil. Tachas. Para el demandante la norma acusada es contraria a los articulos 13 y 29 de la constitucion politica por cuanto restringe indebidamente la posibilidad de tachar como sospechosos a los testigos citados por la misma parte. La estructura del proceso y los principios de contradiccion y defensa en el... (ver resumen completo)

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Sentencia C-790/06

PROCESO JUDICIAL-Finalidad

PROCESO JUDICIAL-Estructura

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Límites

PRINCIPIO DE CONTRADICCION DE LA PRUEBA-Alcance

DERECHO DE DEFENSA EN MATERIA PROBATORIA-Garantías que el Legislador debe reconocer

PRESUNCION DE LA BUENA FE-No es incompatible con la exigencia de pruebas

CARGA DE LA PRUEBA-Reglas

SISTEMA PROBATORIO DE LIBRE CONVICCION-Presupuestos

SISTEMA PROBATORIO DE TARIFA LEGAL-Alcance

SISTEMA PROBATORIO DE LA SANA CRITICA O PERSUASION RACIONAL-Alcance

TESTIGO SOSPECHOSO-Apreciación del testimonio con mayor severidad

INHABILIDAD RELATIVA DEL TESTIGO-Aplicación de la sana crítica

TACHA DE TESTIGOS-Imposibilidad de presentarla por quien solicitó la prueba/PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL-No vulneración

La interpretación que presenta la demanda no es acertada, pues es equivocado sostener que la norma acusada introduce una restricción indebida para la parte que solicita la prueba testimonial, que la deja en una situación de desigualdad dentro del proceso y la priva de su derecho de defensa, al no poder tachar los testigos que ella misma ha citado a declarar. La interpretación del actor parte del supuesto errado de que la norma debe abrir un espacio para refutar los actos de la misma parte que solicita la prueba, pues ello desconoce la estructura del proceso civil y la lógica misma de los derechos de contradicción y defensa, ya que éstos no están previstos para proteger a las partes de sus propios actos procesales, sino como garantía frente a los que provienen del juez o de la contraparte. Quien ha escogido indebidamente sus medios de prueba, argumentación y defensa, asumirá las consecuencias desfavorables de su actuar, pues no es legítimo ir contra los actos propios ni pretender beneficiarse de la culpa que recae sobre sí mismo. En este orden de ideas, la Sala considera que la expresión atacada, antes que crear un trato discriminatorio, iguala a las partes frente a la prueba testimonial, pues una vez citado el testigo a solicitud de alguna de ellas o de forma oficiosa por el juez, se concede a la contraparte la facultad de tachar la sospecha o inhabilidad del declarante. De esta manera, las partes están en situación de igualdad frente a la prueba testimonial, pues ambas tienen la facultad de solicitarla y la posibilidad de tacharla cuando ha sido el juez o la contraparte quienes han dado lugar a la comparecencia del testigo.

Referencia: expediente D-6219

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 218 -parcial- del Decreto Ley 1400 de 1970 ''Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil ''.

Actor: Hans Gutiérrez Rodríguez

Magistrado Ponente:

Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil seis (2006).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

El ciudadano Hans Gutiérrez Rodríguez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó el artículo 218 parcial del Decreto Ley 1400 de 1970 ''por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil ''.

Mediante Auto del 24 de marzo de 2006, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y ordenó fijar en lista la norma acusada para asegurar la intervención ciudadana; dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor y que se comunicara la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministro del Interior y de Justicia, para que, de estimarlo oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada. Así mismo, invitó a participar en el proceso a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos, previo el concepto del Procurador General de la Nación, la Corte procede a decidir sobre las pretensiones de la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA

A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 33.150 del 21 de septiembre de 1970. Se resalta y subraya lo demandado:

''DECRETO 1400 DE 1970

(Agosto 6 de 1970)

"Por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Civil

Titulo XIII

PRUEBAS

(...)

CAPITULO IV

Declaración de Terceros

ARTÍCULO 218. TACHAS. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba.

Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.

El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.''

III. LA DEMANDA

El demandante solicita que se declare la inexequibilidad parcial del primer inciso del artículo 218 del Decreto Ley 1400 de 1970, porque lo estima contrario a los artículos 13 y 29 de la Constitución Política , en la medida que restringe indebidamente la posibilidad de tachar como sospechosos a los testigos citados por la misma parte, facultad ésta que la norma acusada sólo reconoce frente a los declarantes traídos al proceso por el juez o por la contraparte.

El accionante indica que el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil establece con sana lógica que determinados testigos se encuentran en circunstancias que pueden afectar su credibilidad o imparcialidad, razón por la cual se consideran sospechosos. Por tanto, si las personas tienen el deber de colaborar con la administración de la justicia y ayudar al esclarecimiento de la verdad, es preciso que ante las situaciones previstas en el referido artículo, las partes puedan hacer la tacha de sospecha, con el fin de que el juez valore con mayor severidad el testimonio rendido en esas circunstancias.

Sin embargo -dice el actor-, la norma demandada solo permite tachar como sospechosos a los testigos citados por la otra parte o por el juez, lo que implica que no es viable ejercer dicha facultad respecto de los declarantes que la misma parte vincula al proceso. A juicio del demandante, esta restricción limita las opciones de defensa judicial, pues dentro de las estrategias posibles para la representación de los intereses del poderdante, podría estar la citación al proceso de ''testigos cercanos a la contraparte, y el fin puede consistir en buscar contradicciones, falsedades o en general circunstancias que dejen sin sustento jurídico o probatorio a la contraparte, que sirvan para probar los hechos propios o desvirtuar los contrarios, por medio de la intimidación que produce el interrogatorio bajo la gravedad de juramento y en presencia del abogado y del juez.''

Afirma que la expresión acusada viola el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la C.P. , pues si bien las normas de procedimiento pueden imponer deberes, cargas y obligaciones a las partes, la que se enjuicia desconoce el deber de brindarles la misma protección y garantía. Sostiene que en el presente caso no se está en presencia de una limitación o prohibición justa que sea congruente con el principio de preclusión o de oportunidad, sino que ''se trata de algo absurdo pues en nada se viola el orden jurídico o se da mayor ventaja al permitir tachar de sospechosos los testigos citados por la misma parte''.

Considera entonces que la norma es discriminatoria, pues ''no existe razón al legislador para circunscribir la tacha se (sic) sospechoso de un testigo solamente respecto de los citados por la otra parte o por el juez, pues con el apoyo de la jurisprudencia citada -se refiere a la C-952 de 2000- no hay razón lógica para tratar de forma desigual a la parte que cita los testigos, pues dentro de su estrategia puede estar el llamar testigos afectos a la contraparte y se viola el principio de igualdad al no tener la oportunidad de tacharlos de sospechosos''. (aclaración fuera del texto)

Con relación al artículo 29 de la Constitución Política , estima que el debido proceso se compone de diversas garantías (juez natural, favorabilidad, preexistencia de la ley, etc.) y que la norma demandada desconoce el derecho de defensa cuando las únicas pruebas son testimonios de personas adeptas o cercanas a la contraparte, las cuales no pueden ser tachadas como sospechosas por quien las cita al proceso.

Afirma así, que se desconoce el derecho de contradicción, ''pues así no sean pruebas presentadas en contra de la parte, sino que se trata de pruebas presentadas por la misma parte, no puede contradecirlas en razón a su condición, lo cual es un despropósito y exabrupto jurídico que raya con los más esenciales principios procesales''.

Finalmente, como complemento de sus aseveraciones, cita las sentencias T-495 de 2001 y C-383 de 2000 sobre el derecho al debido proceso.

IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

El apoderado especial de este Ministerio allegó un escrito que fue recibido en la Secretaría General de la Corte el 25 de abril de 2005, por medio del cual solicita declarar la exequibilidad de la norma demandada.

Sostiene que el proceso judicial está compuesto...

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