Sentencia de Constitucionalidad nº 692/13 de Corte Constitucional, 2 de Octubre de 2013

1. Textos normativos objeto de revisión: Enmienda y Ley Aprobatoria.

El texto de la “Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares”, aprobada en Viena el 8 de julio de 2005 y su ley aprobatoria 1572 de agosto 2 de 2012, se incorporan como anexos a esta sentencia.

2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores.

La enmienda incorpora modificaciones, adiciones y sustituciones a disposiciones de la “Convención sobre la protección física de los materiales nucleares”, adoptada en Viena, República de Austria, el día 3 de marzo de 1980, en vigor, para la República de Colombia, desde el 28 de abril de 2003, aprobada mediante ley 728 de 2001, declarada exequible junto con su ley aprobatoria, mediante sentencia de la Corte Constitucional C-673 de 2002.

La enmienda a la “Convención sobre la protección física de los materiales nucleares” fue aprobada en Viena, República de Austria el 8 de julio de 2005, cumplió con los requisitos formales previsto en la Constitución Política para su trámite legislativo, habiendo sido votada mediante La ley 1572 de agosto 2 de 2012. Su contenido consulta los principios y postulados que gobiernan el Estado Colombiano y su política exterior.

2.2. Ministerio de Salud y Protección Social.

Debe declararse exequible por la Corte Constitucional, en tanto dicha enmienda cumplió con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su aprobación legislativa y el contenido de la misma está en consonancia con los postulados y principios que gobiernan al Estado Colombiano y su Política exterior y en especial con los artículos 1, 2, 11, 22, 49, 81 y 226 de la Constitución Política, por lo que no se percibe que haya lugar a ningún vicio de inconstitucionalidad ya que el espíritu de la enmienda reafirma la cooperación internacional en procura de mantener la seguridad y fines pacíficos.

2.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Las modificaciones introducidas en la enmienda a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares” aprobada en Viena, República de Austria firmada en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, tiene por finalidad la ampliación del campo de aplicación del tratado a instalaciones nucleares, mantiene su ámbito a uso pacífico y no militar de la energía atómica en la búsqueda de la protección de la vida la salud y el medio ambiente, y la prevención y lucha contra los delitos relacionados con el uso de tales materiales e instalaciones. Examinadas las disposiciones de la enmienda a la convención sobre la protección de los materiales nucleares, se ajustan a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, y de manera especial, los artículos 1, 2, 11, 22, 49, 79 y 81, lo que conduce a su exequibilidad.

2.4. Universidad Libre de Colombia.

El texto de la enmienda a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares” aprobada en Viena, República de Austria el 8 de julio de 2005, está en plena concordancia con el preámbulo y los artículos 2, 9, 150.16, 226 y 227 de la Constitución Política de 1991, por lo que debe ser declarada exequible, junto con su ley aprobatoria.

3. Concepto del Procurador General de la Nación[1].

Debe declarase exequible la enmienda a la “Convención sobre la protección física de los materiales nucleares” aprobada en Viena, República de Austria el 8 de julio de 2005, y su ley aprobatoria 1572 de agosto 2 de 2012, por no advertirse vicio alguno en su tramite en el Congreso de la República y encontrar congruencia entre el texto de la enmienda y los postulados constitucionales, al obedecer a la necesidad de fortalecer la convención y ampliar su alcance al interior de cada Estado Parte, incorporando mecanismos mas contundentes e idóneos en la lucha contra el terrorismo o sabotaje a los materiales e instalaciones nucleares, medidas que contrarrestan el flagelo producido por actos de barbarie que afectan a la población mundial.

1. Competencia.

   1.1. La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias, según lo establecido por el artículo 241.10 de la Constitución Política, para evitar que el Gobierno asuma compromisos internacionales incompatibles con la Constitución.

   1.2. Las enmiendas a los Tratados Internacionales, al implicar modificaciones del contenido y alcance del instrumento internacional, pueden conducir a que se asuman obligaciones contrarias a la Carta Política, por lo que es indispensable la revisión previa por parte de la Corte Constitucional. Al respecto, esta Corporación ha dicho que: “...cuando la Carta habla de tratados también hace referencia a las enmiendas. En tales condiciones, mutatis mutandi, las enmiendas están sometidas al mismo procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo cual la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es competente para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que aprueban enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta Corporación, éste es un control completo de constitucionalidad, por razones de fondo y también de forma”.[2] En consecuencia, es competencia de la Corte Constitucional el control de constitucionalidad de las enmiendas a los tratados internacionales y las leyes que las aprueben.

   Hechas estas consideraciones, entra la Corte a efectuar el examen formal y material de las enmiendas bajo revisión y de su Ley aprobatoria.

2. Examen formal.

   2.1. El proceso de negociación de la enmienda y de vinculación del Estado colombiano.

   2.1.1. El control de constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados. En el presente caso, se trata de la adhesión del Estado Colombiano a la Enmienda.

   2.1.2. La “Convención sobre la protección física de los materiales nucleares” adoptada en Viena el 26 de octubre de 1979, se firmó en Viena y Nueva York, el 3 de marzo de 1980, entrando en vigor el 8 de febrero de 1987, la cual fue aprobada por el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 728 de 2001 y declaradas ajustadas a la Constitución Política, mediante Sentencia C- 673 de 2002 de esta Corporación. El artículo 20 de la citada convención, estableció el procedimiento para la introducción de enmiendas, así:

   “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, un Estado Parte podrá proponer enmiendas de la presente Convención. Las enmiendas propuestas se presentaran al depositario, el cual las comunicará inmediatamente a todos los Estados Parte. Si la mayoría de los Estados Parte pide al depositario que convoque una conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Parte a asistir a tal conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que se hayan cursado las invitaciones. Toda enmienda que haya sido aprobada en la conferencia por mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte la comunicará inmediatamente el depositario a todos los Estados Parte.

2. La enmienda entrará en vigor, para cada Estado Parte que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda, el trigésimo día a contar desde la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación en poder del depositario. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier otro Estado Parte el día en que ese Estado Parte deposite su instrumento de ratificación aceptación o aprobación de la enmienda.”

   2.1.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó: “De conformidad con la nota de fecha 25 de julio de 2005 procedente de la Secretaria General de la Organización Internacional de Energía Atómica, se constató que la enmienda en ciernes no esta sujeta al tramite de suscripción, por lo que la República de Colombia sólo puede adherir a la misma de conformidad con el párrafo 2º del artículo 20 de la Convención sobre la protección física de materiales nucleares.(...) Conviene advertir que una vez se surta el trámite de aprobación interna de la enmienda en mención, se procederá a expedir el instrumento de adhesión para su correspondiente depósito en la Dirección General de la Organización Internacional de Energía Atómica.//De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención sobre la protección física de materiales nucleares, la Enmienda entrará en vigor, para la República de Colombia en la fecha de ese depósito.”[3]

   2.1.4. El artículo 11 de la Convención de Viena sobre los Tratados[4] que consigna que “[e]l consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido” disposiciones aplicables a las modificaciones o enmiendas a los tratados.

   2.1.5. En consecuencia, el consentimiento de Colombia como Estado Parte de la “Convención sobre la protección física de materiales nucleares”, a la “Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los M.N.”, aprobada en Viena el 8 de julio de 2005, es válida, mediante el depósito del instrumento de ratificación, ante la autoridad del Tratado, una vez concluyan los trámites previstos en la Constitución Política para su aprobación.

   2.2. El proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de la República.

   2.2.1. El proyecto de ley. [5]

   2.2.1.1. Iniciativa y radicación.

   El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional[6], a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Minas y Energía, doctores M.Á.H.C. y C.R.N., el 7 de septiembre de 2011, de conformidad con la Constitución (art 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.

   2.2.1.2. Publicación del texto y la exposición de motivos.

   Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 665 de septiembre 7 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).

   2.2.2. Trámite en el Senado de la República.

   2.2.2.1. Primer debate en Senado.

   - Publicación de la ponencia.

   La ponencia para primer debate en el Senado de la República fue publicada en la Gaceta No. 726 del 28 de septiembre de 2011[7], habiendo recibido informe favorable a cargo de la S.M.P.A..

   - Anuncio para votación en primer debate.

   El Proyecto de Ley 108 de 2011 Senado fue anunciado el 9 de noviembre de 2011 para la siguiente sesión, según consta en el Acta número 10 de la citada fecha y publicada en la Gaceta del Congreso número 153 de abril 17 de 2012[8].

   - Aprobación en primer debate (quorum y mayoría).

   En la siguiente sesión de la Comisión Segunda del Senado de la Republica, el 16 de noviembre de 2011, se llevó a cabo en la discusión y aprobación del proyecto de ley tal como se observa en el Acta No. 11 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 155 de 2012[9], aprobación que conforme a la certificación del 11 de junio de 2013, expedida por el S. de la Comisión Segunda del Senado, no se presentaron votos en contra.

   2.2.2.2. Segundo debate.

   - Término entre comisión y plenaria.

   Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate de Senado el 16 de noviembre de 2011 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 6 de diciembre de 2011, se cumple en requisito constitucional del término mínimo de ocho días entre uno y otro momento legislativo (CP, art 160).

   - Publicación del texto aprobado y de la ponencia.

   El texto definitivo aprobado en primer debate correspondiente al proyecto de ley y la ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 916 del miércoles 30 de noviembre de 2011, siendo esta última, presentada en forma favorable por la S.M.P.A..

   - Anuncio para votación en segundo debate.

   El proyecto de ley fue anunciado el 5 de diciembre de 2011 para la próxima sesión, tal como consta en el Acta No. 25 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 37 del 16 de febrero de 2012[10].

   - Aprobación en segundo debate.

   El día seis (6) de diciembre de 2011, la Plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de ley, según consta en el Acta No. 26 del 6 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso No. 38 del 16 de febrero de 2012[11].

   De conformidad con certificación de 13 de marzo de 2013, suscrita por el S. General del Senado de la República, el proyecto de ley numero 108 de 2011 Senado, fue aprobado por votación ordinaria, con 90 votos afirmativos, cero (0) votos negativos y cero (0) abstenciones[12].

   2.2.3. Trámite en Cámara de R.s.

   2.2.3.1. Primer debate.

   - Término entre Senado y Cámara de R.s.

   Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el seis (6) de diciembre de 2011 e iniciado el primer debate en la Cámara de R.s el 16 de mayo de 2012, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo (CP, art 160).

   - Publicación del texto aprobado y de la ponencia.

   El proyecto de ley de la referencia fue radicado con el número 169 de 2011 en la Cámara de R.s, y publicado en la Gaceta del Congreso 178 del 25 de abril de 2012[13], así como la ponencia favorable para primer debate y el ponente designado fue el R. a la Cámara E.J.C.M..

   - Anuncio de votación.

   El día 9 de mayo de 2012, se realizó el anuncio de los proyectos de ley que serían discutidos y votados, en la próxima sesión, de conformidad con el texto del Acta No. 22del 9 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No 497[14] del 9 de agosto de 2012.

   - Aprobación del proyecto.

   La Comisión Segunda de la Cámara de R.s discutió y aprobó en primer debate el proyecto de ley de la referencia en la siguiente sesión del 16 de mayo de 2012, según consta en el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 497[15] del jueves 9 de agosto de 2012, ratificado por lo manifestado por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s en escrito de fecha 18 de septiembre de 2012, cuando dijo que “se aprobó por unanimidad en votación ordinaria con el quorum reglamentario el día 30 de noviembre de 2012, Acta No. 14, se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.”[16]

   2.2.3.2. Segundo debate.

   - Término entre comisión y plenaria.

   Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate de Cámara de R.s el 16 de mayo de 2012 e iniciado el segundo debate en la plenaria respectiva 19 de junio de 2012, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de ocho días entre uno y otro momento legislativo (CP, art 160).

   - Publicación del texto aprobado en Primer debate y de la ponencia.

   El texto aprobado fue publicado en la Gaceta 372 del 14 de junio de 2012[17], así como la ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia, con ponencia del mismo R. a la Cámara, E.J.C.M..

   - Anuncio para votación en Plenaria.

   De conformidad con el texto del Acta No. 132 del 14 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 641[18] del martes 25 de septiembre de 2012, el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó el día 14 de junio de 2012.

   - Aprobación.

   Tal como consta en el Acta No. 133, en la sesión del 19 de junio de 2012, la Plenaria de la Cámara de R.s aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por unanimidad, según consta en la Gaceta del Congreso No. 542[19], del 23 de agosto de 2012.

   - Publicación del texto aprobado en Segundo Debate.

   El texto aprobado en la Plenaria de la Cámara de R.s, fue publicado en la Gaceta 393 de 2012.

   2.3. Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional.

   2.3.1. Sanción.

   El P. de la República sancionó la ley por medio de la cual se prueba la Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares el 2 de agosto de 2012, convirtiéndose en la Ley 1572 de 2012 y fue debidamente publicada en el Diario Oficial No. 48.510 de 2 de agosto de 2012.

   2.3.2. Remisión gubernamental oportuna.

   Mediante oficio[20] recibido el día seis de agosto de 2012, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica de la enmienda a la convención y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a partir de la sanción de ésta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la Constitución.

   2.4. Conclusión sobre el trámite.

   El proyecto de la ley “por medio de la cual se aprueba la Enmienda de la Convención sobre la Protección de M.N., aprobada en Viena, el 8 de julio de 2005” (i) Surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben surtirse entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de R.s y v) su trámite no excedió dos legislaturas. Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de constitucionalidad en el trámite de este proyecto.

3. Examen Material.

   Esta Corporación realizará el examen material juzgando las disposiciones del texto de la enmienda y de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones de la Constitución Política, con el fin de determinar si se ajusta o no a ella.

   3.1. El régimen Constitucional de las relaciones internacionales.

   Las relaciones exteriores de Colombia se fundan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos 150.16, 226 y 227). Adicionalmente, la internacionalización del país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227).

   3.2. Antecedentes de la Enmienda.

   3.2.1. Colombia es Estado parte de la “Convención sobre la Protección Física de los M.N.”, adoptada en Viena el 26 de octubre de 1979, aprobada mediante la Ley 728 de noviembre 21 de 2001, y declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C- 673 de 2002. La Convención establece que los Estados parte se comprometen a garantizar la protección de los materiales nucleares durante el transporte internacional, a penalizar las conductas que involucren dichos materiales y al intercambio de información con otros Estados, aplicable al material nuclear con fines pacíficos. Sin embargo, dada la amplia utilización de la energía nuclear a nivel mundial, el incremento de los riesgos por el uso para fines pacíficos y no pacíficos - terrorismo nuclear- el ámbito de aplicación de la convención adoptada en Viena el 26 de octubre de 1979, se tornó limitado, en tanto cubría únicamente el transporte internacional de dicho material, sin contemplar el transporte y manipulación al interior de los países, ni las instalaciones nucleares, falencias que motivaron la enmienda de la convención.

   3.2.2. Desde 1999 varios Estados manifestaron que la Convención estaba incompleta y debía ser revisada, con el fin de considerar otros aspectos, como la posesión no autorizada de materiales nucleares y el acceso a instalaciones nucleares, inquietud que generó que en 2001 el Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA convocara a una reunión de expertos. En su informe final, concluyeron en la necesidad de fortalecer el régimen internacional de protección física de materiales nucleares y recomendaron la enmienda de la convención, la cual fue acogida por los Estados Parte, en reunión celebrada en Viena entre el 4 y el 8 de julio de 2005, en la que participaron 88 países miembros, 18 Estados no parte y tres organizaciones no gubernamentales.

   3.3. Marco conceptual.

   3.3.1. La utilización de la energía generada por el átomo, ha significado beneficios para la humanidad en sus aplicaciones pacíficas[21], sin embargo, los riesgos[22] de su manipulación y sus estrechos vínculos con las aplicaciones bélicas y el uso para fines terroristas, ha dado origen a un conjunto de instrumentos internacionales que “abarcan distintas áreas tales como la seguridad nuclear, el control sobre la fabricación, comercio y utilización de armas nucleares, la planeación y asistencia en caso de emergencias nucleares, el manejo de desechos radioactivos, el transporte seguro de materiales nucleares, los ataques contra instalaciones nucleares la aplicación de medidas de verificación, salvaguardias entre otras”[23].

   3.3.2. Como parte de los instrumentos sobre el tema, Colombia hace parte de los siguientes: i) el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica – OIEA- Ley 16/60); ii) el Tratado de Tlatelolco para la proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Ley 45/71); iii) el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del OIEA (Ley 45/80); iv) el Acuerdo suplementario sobre la prestación de asistencia técnica por el OIEA al Gobierno de la Republica de Colombia (Ley 296/96); v) las Enmiendas al Tratado de Tlatelolco (Ley 303/96); vi) la Convención sobre las prerrogativas e inmunidades del organismo para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, OPANAL (ley 559/00); vii) el protocolo para la protección del P.S. contra la contaminación radioactiva (Ley 478/98); viii) el Tratado de prohibición completa de ensayos nucleares (Ley 660/01); ix) la Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares (Ley 7/83) y por ultimo, x) la “Convención sobre protección física de materiales nucleares” (Ley 828/01), cuya enmienda es objeto de examen en la presente oportunidad.

   3.3.3. Conviene hacer alusión a algunos términos utilizados en el texto de la Convención y de la enmienda, dado su carácter técnico, con el fin de tener una mejor comprensión de ellas:

   3.3.3.1. Por materiales nucleares se entiende el “plutonio, excepto aquel cuyo contenido en el isótopo plutonio – 238 exceda del 80%, el uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233, el uranio que contenga la mezcla de isótopos presentes en su estado natural, pero no en forma de mineral o de residuos de mineral, y cualquier material que contenga uno o varios de los materiales citados”. (art. 1, lit. a).

   3.3.3.2. Sobre el significado de “uranio enriquecido en los isotopos 235 o 233 se entiende el uranio que contiene los isótopos 235 o 233, o ambos, en cantidad tal que la razón de abundancia entre la suma de estos isótopos y el isótopo 238 es mayor que la razón entre el isotopo 235 y el isotopo 238 en el estado natural”. (art. 1, lit. b)

   3.3.3.3. El transporte nuclear internacional, es “la conducción de una consignación de materiales nucleares en cualquier medio de transporte que vaya a salir del territorio del Estado en el que la expedición tenga su origen, desde el momento de la salida desde la instalación del remitente en dicho Estado hasta el momento de la llegada a la instalación del destinatario en el Estado de destino final.” (art. 1, lit. c)

   3.3.3.4. Una instalación nuclear, es “una instalación (incluidos los edificios y el equipo relacionados con ella) en la que se producen, procesan, utilizan manipulan, almacenan materiales nucleares o en la que se realiza su disposición final, si los daños o interferencias causados en esa instalación pudieran provocar la emisión de cantidades importantes de radiación o materiales radioactivos.”(art. 1, lit d)).

   3.3.3.5. El sabotaje es “todo acto deliberado cometido en perjuicio de una instalación nuclear o de materiales nucleares objeto de uso, almacenamiento o transponte, que pueda entrañar directa o indirectamente un peligro para la salud y la seguridad personal, el público o el medio ambiente, por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radioactivas. (art. 1, lit e)).

   3.4. La Convención sobre la protección Física de los materiales nucleares.

   A fin de comprender el sentido de las enmiendas sujetas a revisión constitucional, procede la Corte a resumir brevemente la “Convención sobre la protección Física de los materiales nucleares”, firmada en Viena y Nueva York, el 3 de marzo de 1980, y modificada por la Enmienda objeto de examen.

   3.4.1. En el preámbulo de la Convención las Partes reconocen el derecho de los Estados a desarrollar y emplear la energía nuclear con fines pacíficos, y señalan que el objetivo del instrumento es promover la cooperación internacional, prevenir los peligros del uso o apoderamiento ilegal de materiales nucleares, para lo que adopta medidas tendientes a asegurar la prevención, descubrimiento y castigo de los delitos relacionados con los materiales nucleares. Señala la importancia de la transferencia segura y la protección física de los materiales nucleares, cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte nacional, con civiles y militares.

   3.4.2. En el artículo 1° se definen los conceptos utilizados en la Convención, como “materiales nucleares”, “uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233” y “transporte nuclear internacional” y en el artículo 2° se establece los materiales y eventos a los que se aplica la Convención, y advierte que ninguna disposición de la Convención podrá interpretarse de manera que se afecte la soberanía de un Estado con respecto al manejo de estos materiales a nivel nacional.

   3.4.3. El artículo 3 señala el compromiso de los Estados Parte de adoptar las medidas legislativas adecuadas con el fin de asegurar que los materiales nucleares que se encuentren en su territorio o a bordo de un buque o de una aeronave bajo su jurisdicción, estarán protegidos a los niveles descritos en el Anexo 1 y el artículo 6 consagra el deber de los Estados Parte de adoptar las medidas con el fin de proteger la confidencialidad de la información que reciba de otros Estados.

   3.4.4. El artículo 5 establece que los Estados Parte comunicarán a los demás Estados, las autoridades y organismos nacionales encargados de la protección física de los materiales nucleares, y el compromiso de proporcionar cooperación y ayuda al Estado que lo solicite.

   3.4.5. El artículo 7 contempla las diversas formas de comisión intencionada de conductas que serán consideradas como delitos, punibles por cada Estado Parte en su legislación nacional, las cuales darán lugar a la imposición de penas apropiadas que tengan en cuenta la gravedad de las mismas.

   3.4.6. Los artículos 8, 9, y 10, prevén las medidas que los Estados Parte adoptaran para la definición de la jurisdicción sobre los delitos, su procesamiento y extradición.

   3.4.7. Los artículos 11, 12 y 13 disponen la incorporación de los delitos señalados en el artículo 7 de la Convención en la legislación nacional, en los Tratados que sobre la materia suscriban en el futuro, prevé las garantías del debido proceso y la ayuda judicial que deberán prestarse los Estados, en los procedimientos penales relativos a los referidos delitos.

   3.4.8. El artículo 14 establece la obligación de los Estados Parte de informar a los otros no sólo la aprobación interna de la Convención, y los resultados de las acciones penales relacionadas con las conductas de que trata dicho instrumento y el artículo 15 señala que los Anexos constituyen parte integrante de la Convención.

   3.4.9. El artículo 16 dispone que cinco años después de que entre en vigor la presente Convención, el depositario convocará a una conferencia de los Estados Parte para que revisen su aplicación y vean si es adecuada; posteriormente, a intervalos no menores de cinco años, la mayoría de los Estados Parte podrán obtener, presentando una propuesta a tal efecto al depositario, la convocatoria de nuevas conferencias con la misma finalidad.

   3.4.10. Los artículos 17 a 23, establecen aspectos relativos a la solución de controversias, a los trámites de firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del instrumento, la entrada en vigor, la facultad de proponer enmiendas, de denuncia la convención y de las obligaciones del depositario de la misma.

   A continuación, procederá la Corte a examinar las disposiciones del Tratado.

   3.5. Enmienda de la Convención sobre la protección Física de los materiales nucleares.

   La “Enmienda de la Convención sobre la protección Física de los materiales nucleares” consta de 15 numerales que sustituyen, modifican o adicionan algunos apartes de la Convención, los cuales tienen por objeto reforzar el régimen de seguridad nuclear, mediante la ampliación de las disposiciones de la convención del ámbito internacional al nacional, la inclusión de la protección de las instalaciones nucleares, el transporte, almacenamiento y uso a nivel nacional de materiales nucleares, así como la prevención y combate de los delitos relacionados con dichos materiales e instalaciones[24].

   3.5.1. La enmienda en su numeral 1, modifica el nombre de la Convención, y para tal efecto le añade la expresión “y las instalaciones nucleares”, por ende el instrumento se convierte en la “Convención sobre la protección Física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares” (subraya fuera del original).

   Con ello se ha querido ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Convención, pasando de una protección mas restringida -los materiales nucleares para fines pacíficos, en su utilización, almacenamiento y transporte nacional e internacional- a una más amplia, que incluye también las instalaciones nucleares -edificios y equipo en el que se producen, procesan, utilizan manipulan, almacenan materiales nucleares o en la que se realiza su disposición final-[25]. Tales cautelas armonizan plenamente con el artículo 2 de la Constitución, que establece como fin esencial del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia; también, en cuanto al reforzamiento de la utilización de tal material para fines pacíficos, con el artículo 22 que determina que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

   3.5.2. El numeral 2 modifica el “Preámbulo de la Convención” e incluye párrafos adicionales a los contenidos en la Convención original sobre el reconocimiento del derecho de los Estados a desarrollar y emplear la energía nuclear con fines pacíficos, la implementación de medidas tendientes a la protección de materiales nucleares, y la prevención, investigación y castigo de los delitos que se cometan contra ellos. Entre las novedades se destacan el fortalecimiento de la convención para complementarla con la protección de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares, la actualización de la convención a los mecanismos de protección contemporáneos que respondan a las nuevas amenazas del terrorismo y de las organizaciones delictivas que ponen en riesgo la salud, la vida, la seguridad nacional e internacional y el medio ambiente.

   3.5.2.1. Para la Corte las modificaciones introducidas por la Enmienda al preámbulo de la Convención sobre la protección de los materiales nucleares, se ajustan a la Constitución, en especial a sus artículos 2, 22, y 95, que establecen que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades...” que definen la paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y determinan que uno de los deberes de las personas y del ciudadano es “propender al logro y mantenimiento de la paz”. Lo anterior, en tanto en el nuevo texto del preámbulo se exponen las motivaciones y los propósitos que mueven a los Estados a ser parte de la convención y a asumir los compromisos en ella establecidos, teniendo como premisa fundamental la Carta de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el derecho de los Estados parte al uso de la energía nuclear para fines pacíficos y el compromiso de promover el diseño e implementación de medidas tendientes a la protección eficaz de los materiales e instalaciones nucleares, el fortalecimiento de la cooperación internacional, la transferencia de tecnología, y la lucha contra el terrorismo internacional y la delincuencia.

   3.5.2.2. Ahora bien, los propósitos consignados en el preámbulo, se encuentran también en consonancia con el artículo 81 constitucional, que prohíbe “la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos” por cuanto orienta sus objetivos a la protección eficaz de los materiales e instalaciones nucleares, a nivel nacional e internacional, mediante medidas preventivas y de seguridad en el transporte, almacenamiento, utilización y comercialización de los mismos.

   3.5.2.3. Con ocasión del examen de los tratados sobre la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, la prohibición de ensayos nucleares y la Convención sobre la protección de los materiales nucleares, esta Corporación resaltó la armonía entre los objetivos de dichos instrumentos y la filosofía humanista y pacifista que inspira a la Constitución colombiana, los cuales tienen plena aplicación, en esta oportunidad cuando la Corte examina las modificaciones del preámbulo de la Convención sobre la protección de los materiales nucleares. En este sentido, esta Corporación al ejercer el control de constitucionalidad de la Ley 303 de 1996, sobre la aprobación de las enmiendas a al Tratado de Tlatelolco para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, señaló:

   “Así, conforme a la Carta, Colombia favorece la integración latinoamericana (CP Preámbulo y arts. 9º y 227), con lo cual coincide con el ámbito mismo de aplicación del convenio. Igualmente, el país se orienta en sus relaciones internacionales por los principios del derecho internacional (CP art. 9º), entre los cuales se destaca la proscripción de la guerra como medio para solucionar las controversias internacionales. Finalmente, y en relación específica con el tema, la Carta establece de manera tajante que en el territorio colombiano está prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas nucleares (CP art. 81), por lo cual la Constitución y el objetivo del Tratado de Tlatelolco se encuentran en total acuerdo.”

   3.5.2.4. En el examen de constitucionalidad de la Ley 660 del 30 de julio de 2001 “Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, esta Corporación en la Sentencia C- 287 de 2002, dijo:

   “El artículo 22 de la Constitución establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En su concepción más sencilla, la paz significa ausencia de guerra. En este sentido, y acorde con las normas internacionales[26], para la Corte, el mandato del artículo 22 de la Carta, debe entenderse en un sentido fuerte, esto es, no como una mera aspiración ni como la expresión de una utopía, sino como una regla de conducta que debe inspirar a todos los colombianos y que debe conducir a la solución de los conflictos de manera pacífica.”

   Igualmente, con la revisión de constitucionalidad de la Convención sobre protección de materiales nucleares, la Corte expresó:

   “Como puede verse, los propósitos señalados en el preámbulo de la Convención guardan una relación directa con el mantenimiento de la paz, razón por la cual, en este aspecto, es clara la correspondencia entre dicho instrumento internacional y la Constitución Política. En reciente pronunciamiento,[27] la Corte resaltó el vínculo existente entre la prevención de la aplicación nociva de la energía nuclear -la cual se traduce en la proliferación de armas de ese tipo- y el acrecentamiento de la paz y la seguridad internacionales, principios acordes con claros mandatos constitucionales. En efecto, el preámbulo y el artículo 2 de la Constitución establecen como fines del Estado, entre otros, los de asegurar a los integrantes de la Nación la vida, la convivencia, la libertad y la paz, con miras a garantizar un orden político, económico y social justo, así como defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial. Asimismo, el artículo 22 ibídem dispone que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” que, como se ha dicho, no consiste en la ausencia de conflictos sino en la posibilidad de tramitarlos pacíficamente,[28] en armonía con el efectivo respeto de la dignidad humana que defiende la Constitución Política. El mantenimiento de la paz constituye un importante principio en el ámbito internacional, como lo ha reiterado la Corte”

   3.5.2.5. En suma, el propósito de la Convención de destinar el uso de la energía nuclear para fines pacíficos compatibles con el mantenimiento de la paz mundial y la seguridad internacional, y de propender por la implementación de medidas que conjuren los peligros del uso indebido de la energía e instalaciones nucleares, constituye salvaguarda a la vida, la seguridad y salud de los habitantes, y se ajusta a la Constitución Política al estar en consonancia con el preámbulo y los artículos 2, 22, 81 y 95.

   3.5.3. Para la Corte, el numeral 3 de la enmienda, no vulnera ningún precepto constitucional, en tanto se limita a adicionar las definiciones de “instalaciones nucleares” y “sabotaje”, a las contenidas en el artículo 1 de la Convención, que permiten tener claridad sobre su significado para efectos de la Convención. Los conceptos incorporados por el numeral 3 de la Enmienda, son:

   “d) Por “instalación nuclear” se entiende una instalación (incluidos los edificios y el equipo relacionados con ella) en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan o almacenan materiales nucleares o en la que se realiza su disposición final, si los daños o interferencias causados en esa instalación pudieran provocar la emisión de cantidades importantes de radiación o materiales radiactivos;

   5. Por “sabotaje” se entiende todo acto deliberado cometido en perjuicio de una instalación nuclear o de materiales nucleares objeto de uso, almacenamiento o transporte, que pueda entrañar directa o indirectamente un peligro para la salud y la seguridad del personal, el público o el medio ambiente por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radiactivas.”

   3.5.4. El numeral 4 de la Enmienda, adiciona un nuevo artículo -el 1A- a la “Convención sobre la protección de los materiales nucleares”, en el que se establecen los objetivos de la Convención.

   Para la Corte, los propósitos planteados en la enmienda y que “consisten el lograr y mantener en todo el mundo una protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones; y facilitar la cooperación entre los Estados parte a esos efectos”, se encuentran en consonancia con el preámbulo de la Constitución Política y con los artículos 1, 2, 22, 81 y 95, en la medida que se encuadran en los fines esenciales del Estado, referidos a la protección de las personas, el respeto a la vida, la convivencia pacifica, el derecho a la paz y la prevalencia del interés general.

   3.5.5. El numeral 5 de la Enmienda, sustituye en su totalidad el artículo 2 de la “Convención sobre la protección de los materiales nucleares”, el cual contempla los siguientes aspectos:

   3.5.5.1. El nuevo texto, en su numeral 1, extiende la aplicación de la Convención -con excepción de los arts. 3 y 4 y del parágrafo 4 del artículo 5 que se aplican solo al transporte internacional- a los materiales nucleares utilizados para fines pacíficos y a las instalaciones nucleares utilizadas para fines pacíficos, disposición que está en consonancia con la Carta Política, en la medida que amplía la esfera de influencia de la Convención y del compromiso de los Estados Parte, a la protección del uso y almacenamiento de los materiales nucleares, a su transporte y a las instalaciones nucleares, suponiendo una mayor y mas eficaz protección para la vida, la salud, la integridad física y la dignidad de las personas, cuya salvaguarda constituye uno de los fines del Estado ( CP. Preámbulo, arts. 1, 2, 11, 49), así como la protección del medio ambiente (CP. arts. 79 y 80).

   3.5.5.2. Los numerales 2 y 3 del artículo 2 de la Convención, según la enmienda, señalan que “El establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un régimen de protección física en el territorio de un Estado Parte es responsabilidad exclusiva de ese Estado” y que “ninguna disposición de la misma podrá interpretarse de modo que afecte a los derechos soberanos de un Estado” disposiciones que dan plena efectividad a los principios de soberanía nacional y de respeto a la autodeterminación de los pueblos, en que se fundamentan las relaciones exteriores del Estado colombiano, según lo dispone el artículo 9 Superior.

   3.5.5.3. El numeral 4, literales a) y b) del artículo 2, señalan que nada de lo dispuesto en la convención menoscabará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Parte establecidos en el derecho internacional, en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional humanitario, y que las disposiciones de la convención no se aplicaran a las actividades que desarrollen las fuerzas armadas de los Estados Parte, durante un conflicto armado, o en el desempeño de sus funciones oficiales, en la medida que se rijan por otras normas del derecho internacional humanitario.

   Considera la Sala que ellas se ajustan a la Constitución Política que establece que los Tratados y convenciones internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos, prevalecen en el orden interno (CP. art. 93), los artículos 226 y 227 sobre la internacionalización de las relaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional y con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados que dispone que “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (pacta sunt servanda).

   3.5.5.4. Tampoco riñen con la Carta Política, los literales e) y d) del numeral 4, del nuevo artículo 2 de la Convención, que disponen que ninguna prescripción de la convención se interpretará como una autorización legal para el uso o la amenaza del uso de la fuerza en perjuicio de materiales nucleares o instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos, ni que aprueba ni legitima actos de otro modo ilícitos, ni impide el procesamiento judicial en virtud de otras leyes; por el contrario, se ajusta al artículo 81 de la Constitución Política que establece la prohibición del uso, importación, fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares, así como el ingreso de residuos nucleares y desechos tóxicos y el artículo 22 que prescribe la paz como un derecho y un deber.

   3.5.6. Las disposiciones del artículo 2A, adicionado por el numeral 6 de la enmienda, armonizan con la Constitución Política, que determinan que los Estados Parte establecerán y mantendrán un régimen de protección de los materiales e instalaciones nucleares que se encuentren en su territorio, para lo que deberán expedir un marco jurídico y designar una autoridad competente para su aplicación y control, por cuanto persigue fines legítimos como lo son la preservación de la salud y la vida de las personas, la salvaguarda del medio ambiente, la seguridad nacional e internacional y respeta la autonomía de los Estados para definir dicha regulación, así como la configuración y designación de la autoridad competente, definiciones que se encuentran a cargo del legislador.(CP., art. 150).

   Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio señala que en el cumplimiento de dichos compromisos los Estados Parte, aplicarán “en la medida en que sea razonable y posible” los Principios Fundamentales de protección física de los materiales e instalaciones nucleares, detallados en la convención, así como la facultad de decidir cuales materiales quedan exceptuados de la aplicación de las normas relativas a la protección, respetando la autonomía de los Estados de configurar su legislación sobre la materia, como elemento esencial de la soberanía nacional y de la libre autodeterminación de los pueblos (CP., art. 9). Al respecto, la Corte ha considerado:

   “la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y obligaciones para los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos[29], y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones recíprocas orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda mutua[30]. Por lo tanto, la soberanía no es un poder para desconocer el derecho internacional, por grande que sea la capacidad económica o bélica de un Estado, sino el ejercicio de unas competencias plenas y exclusivas, sin interferencia de otros Estados. Esto tiene consecuencias en diferentes ámbitos, como el de la relación entre el principio de la supremacía de la Constitución, expresión de la soberanía, y el respeto al derecho internacional”[31],

   No obstante, examinados los principios fundamentales de la protección física de lo materiales e instalaciones nucleares, sobre Responsabilidad del Estado[32], Responsabilidades durante el transporte internacional[33], Marco legislativo y reglamentario[34], Autoridad competente[35], Responsabilidad del titular de la licencia[36], Cultura de la seguridad[37], Amenaza[38], Enfoque diferenciado[39], Defensa en profundidad[40], Garantía de calidad[41], Planes de contingencia[42] y Confidencialidad[43], encuentra la Sala que ninguno de ellos contraría la Constitución, pero si facilita a los Estados Parte a incorporar dentro de sus legislaciones nacionales todos los aspectos indispensables para que la protección de los materiales e instalaciones nucleares sea eficaz y cumpla con la finalidad prevista.

   3.5.7. El nuevo texto del artículo 5 de la Convención[44], en su numerales 1 y 2 mantiene en líneas generales el contenido del artículo 5 inicial, referente a la designación y comunicación del punto de contacto o autoridad competente por los Estados Parte para efectos de la Convención, y las medidas que deberán adoptarse en caso de “hurto, robo o cualquier otro acto de apropiación ilícita de materiales nucleares, o en caso de amenaza verosímil de alguno de estos actos”, relativos a la notificación, cooperación y protección de los materiales nucleares. Como elemento adicional, se resalta el papel que desempeñan el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organizaciones internacionales, como órganos especializados en la protección de los materiales nucleares, con quienes se intercambiará información tendiente a la protección de los materiales nucleares objeto de apropiación ilícita o de amenaza. Ahora bien, el numeral 3, introduce las formas de cooperación entre los Estados Parte, en caso de amenaza verosímil de sabotaje, o de sabotaje efectivo sobre de materiales o instalaciones nucleares, sujetándolas al cumplimiento de la legislación interna de cada Estado y de las obligaciones contempladas en el derecho internacional.

   Encuentra la Sala que el contenido del artículo 5 alusivo a los deberes de los Estados Parte de comunicar a los demás Estados y a la OIEA el punto de contacto para efectos de la Convención, poner en conocimiento oportuno de cualquier amenaza o acto de apropiación ilícita de materiales nucleares y de prestar acorde a su legislación interna y al derecho internacional, la cooperación y asistencia que le sea solicitada, siempre que ello le sea posible, es previsión que desarrolla los principios de integración y cooperación internacional que consagra la Constitución Política y constituye un medio para coordinar conjuntamente las acciones nacionales e internacionales, para la protección física de los materiales e instalaciones nucleares. Sobre ello, no se encuentra ningún reparo de constitucionalidad. Además de lo anterior, resulta relevante resaltar que los compromisos sobre cooperación asumidos por el Estado Colombiano son respetuosos de la autonomía y soberanía del Estado, al encontrarse sujetos a lo prescrito por la legislación interna y a la posibilidad del Estado de realizarla.

   3.5.8. El nuevo texto del artículo 6 de la Convención[45] se ocupa del deber de los Estados Parte de adoptar las medidas apropiadas y que resulten compatibles con su legislación nacional, para la protección del carácter confidencial de la información que reciban con ese carácter de otro Estado, en los siguientes casos: i) cuando les sea suministrada por otro Estado Parte en virtud de la convención o como consecuencia de participar en una actividad relacionada con la misma; ii) cuando suministre confidencialmente información a organizaciones internacionales o a Estados que no sean parte en la presente Convención y iii) cuando suministre información recibida de otro Estado de manera confidencial, a terceros, para lo que requerirá de autorización del Estado que la suministró. El nuevo texto de la Convención, reitera la que los Estados Parte no están en la obligación de proveer información alguna que no se les sea permitido comunicar según su legislación nacional o cuya comunicación comprometa su seguridad o la protección física de los materiales nucleares o instalaciones nucleares.

   Para esta Corporación, los compromisos establecidos en el nuevo texto, sobre la protección de la confidencialidad de la información que reciban o suministren los Estados Parte, como consecuencia de la convención, son respetuosos de la Carta Política, (CP., art. 9) en tanto parten de la premisa de que sean compatibles con la legislación nacional de cada Estado y se excluye el suministro de información cuando pueda verse comprometida la seguridad nacional.

   3.5.9. Para la Sala, el nuevo texto del artículo 7[46],que incorpora nuevas conductas consideradas punibles, ampliándolas a las instalaciones nucleares no contempladas en la convención original e incluye figuras como la autoría, la participación y el concurso de autores, no contradice ninguna disposición de la Constitución Política, en tanto “nada se opone a que el Estado Colombiano suscriba tratados internacionales en los cuales se establecen conductas consideradas punibles, con el consecuente deber de incorporarlas a la legislación nacional”[47], en la medida que permitan asegurar la prevención, descubrimiento, y castigo de conductas que puedan atentar contra la protección de los materiales e instalaciones nucleares.

   No obstante lo anterior, la sola mención de las conductas consideradas punibles en la “Enmienda a la Convención sobre la protección de los materiales nucleares” no significa su incorporación inmediata al ordenamiento jurídico colombiano, pues en cumplimiento del principio de legalidad según el cual, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente...”, corresponde al legislador integrarlas a la legislación penal colombiana, mediante la tipificación de las conductas y sus modalidades, el establecimiento de las penas aplicables y la designación de las autoridades competentes, entre otras, con el fin de que tengan ser aplicadas. (CP., art. 150.2 y 29). Cabe resaltar que conforme al numeral 2º del artículo 7 de la Convención “Cada Estado Parte deberá considerar punibles los delitos prescritos en el presente artículo mediante la imposición de penas apropiadas que tengan en cuenta la gravedad de su naturaleza.”

   En suma, se ajusta a la Carta Política la consagración más detallada de los delitos consagrados en la “Convención sobre la protección de los materiales nucleares” y la tipificación de nuevos delitos, como lo son las conductas realizadas deliberadamente en perjuicio de las instalaciones nucleares, o la interferencia en su explotación, que puedan causar la muerte o generar lesiones graves a las personas o daños patrimoniales o ambientales, debido a la exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radioactivas, así como las modalidades de la conducta, con la consecuente imposición de penas apropiadas a las mismas, de acuerdo con la gravedad que ellas revistan, correspondiéndole al legislador incorporarlas en la legislación penal nacional, para su debida aplicación, en cumplimiento al principio de legalidad.

   3.5.10. El numeral 10 de la Enmienda, incorpora dos nuevos artículos a la Convención, los artículos 11 A y 11B.

   3.5.10.1. El artículo 11A, excluye que las conductas definidas como punibles en el artículo 7º de la Convención, puedan considerarse delitos políticos para efectos de que los Estados Parte nieguen la extradición de los autores a otros Estados que lo soliciten

   A los delitos políticos, la Constitución les confiere un tratamiento privilegiado, que consiste, principalmente, en la concesión de amnistías e indultos a los autores o partícipes de tales delitos y en regímenes exceptivos de habilitación política -artículos 35[48], 150.17[49], 179[50], 201[51], 232[52] y 299[53]-. Si bien al Legislador le asiste una amplia capacidad de configuración normativa siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales, es claro que de esa capacidad hace parte la posibilidad de extender tales beneficios a los delitos conexos con los delitos políticos. Sin embargo, dicha facultad, como cualquier otra, está sometida a límites superiores, fundamentalmente los criterios de razonabilidad e igualdad, no pudiendo extender arbitrariamente beneficios a conductas ajenas a su naturaleza, ni realizar inclusiones o exclusiones que comporten un tratamiento diferenciado injustificado.

   Por lo expuesto, el artículo 11 A, que señala que para efectos de extradición o de asistencia mutua, ninguno de los delitos enunciados en el artículo 7 será considerado como delito político o inspirado por motivos políticos, ni podrá negarse la extradición o la asistencia jurídica mutua basada en que tales delitos estén relacionados con un delito político o inspirado por motivos políticos, no contraría la Constitución Política. En efecto, no existe una disposición constitucional que defina este tipo de delitos; su tipificación no se encuadra en lo que para la jurisprudencia son los delitos políticos; y su exclusión del trato favorable que la Constitución brinda a los delitos políticos, hace parte de la libertad de configuración que el Legislador debe cumplir, al momento de incorporarlos a la legislación colombiana, en cumplimiento de la enmienda al convenio bajo examen.

   3.5.10.2. Por su parte, el artículo 11 B, prescribe que “Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará como una imposición de la obligación de extraditar o de proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene motivos sustanciales para considerar que la petición de extradición por los delitos enunciados en el artículo 7o o de asistencia jurídica mutua con respecto a tales delitos se ha formulado para los fines de procesar o sancionar a una persona por motivos relacionados con su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de la petición perjudicaría la posición de esa persona por cualquiera de estas razones”, disposición que a juicio de esta Corporación, compagina con la Carta Política, que señala el reconocimiento de los derechos de las personas sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, opinión política o filosófica. (CP. arts. 5 y 13).

   3.5.11. El numeral 11 de la Enmienda, añade un nuevo artículo a la Convención, el artículo 13 A, que a juicio de la Sala se encuentra ajustado a la Constitución Política, en tanto la transferencia de tecnología nuclear prevista en ella, esta circunscrita a la utilización para fines pacíficos y su objetivo está dirigido a reforzar la protección de los materiales e instalaciones nucleares, garantizando la protección de la salud y la vida de las personas, la salvaguarda del medio ambiente y el cumplimiento de la prohibición contemplada en el artículo 81 de la Carta Política, de fabricar, importar, utilizar y poseer armas químicas, biológicas o nucleares, así como la introducción de desechos nucleares y tóxicos (CP., arts. 11, 13, 79 y 81).

   3.5.12. El numeral 12 modifica el artículo 14 de la Convención que establece la obligación de los Estados Parte de informar a los demás Estados, la adopción de leyes y reglamentos que den vigencia a la Convención, así como los resultados de las acciones penales que se surtan en su aplicación, con excepción de los casos que se presenten dentro de su territorio en los que estén implicados materiales nucleares utilizados con fines pacíficos, y tanto los materiales como el presunto delincuente permanezcan en el Estado Parte, en cuyo caso no estarán en la obligación de facilitar información acerca de los procedimientos penales incoados a raíz de dicho delito.

   La sustitución del párrafo 3º, adiciona a la excepción de la entrega de información antes descrita, los casos en los que el delito esté relacionado con una instalación nuclear y el presunto autor permanezca en el territorio del Estado Parte en el que se cometió.

   Para la Corte, la obligación sobre el suministro de información a los Estados Parte y al depositario, del marco jurídico expedido, los procesos penales iniciados y sus resultados, “se ajusta al marco de integración y cooperación que inspira la Convención y que, como se vio es acorde a la Constitución Política. Basta añadir que este deber de información es adecuado a la finalidad del referido instrumento en la medida que permite asegurar la observancia de los compromisos adquiridos por los Estados Parte[54].

   Por su parte, la ampliación de la excepción al suministro de información acerca de los procedimientos penales a que haya dado lugar el delito, cuando esté relacionado con instalaciones nucleares y el presunto autor permanezca en territorio del Estado Parte donde éste se cometió, no entraña contradicción con disposiciones de la Constitución; por el contrario, garantizan la autonomía y la libre determinación del Estado para dar aplicación a su ordenamiento jurídico dentro de su territorio (CP., art. 9 y 29).

   3.5.13. Para esta Corporación, la modificación introducida por el numeral 13 de la Enmienda a la Convención sobre la protección de materiales nucleares, al sustituir el artículo 16 de la Convención, no reviste reparo alguno de constitucionalidad, en tanto determina la forma en que habrá de realizarse la revisión de la aplicación de la Convención y la adecuación de su contenido a las condiciones que imperen, estableciendo el tiempo que debe transcurrir y quienes pueden convocarlas y que tiene su origen en la potestad del Estado de internacionalizar las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, mediante la celebración de tratados sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad. (CP., arts. 226 y 227).

   3.5.14. Los numerales 14 y 15 de la Enmienda a la Convención, introducen modificaciones a las notas b/ y e/, del Anexo II de la Convención, las cuales quedan sustituidas por: “b/Material no irradiado en un reactor o material irradiado en un reactor pero con una intensidad de radiación igual o inferior a 1 gray/hora (100 rads/hora) a 1 metro de distancia, sin mediar blindaje” y la nota “e/ Cuando se trate de otro combustible que en razón de su contenido original en materia fisionable esté clasificado en la Categoría I o II con anterioridad a su irradiación, se podrá reducir el nivel de protección física en una categoría cuando la intensidad de radiación de ese combustible exceda de 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin mediar blindaje.” respectivamente, frente a las cuales la Corte no tiene reparos de constitucionalidad, por tratarse de conceptos técnicos, que no riñen con disposiciones constitucionales.

4. Conclusión sobre la Enmienda a la Convención sobre M.N..

   4.1. El examen de validez formal de la “Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares”, aprobada en Viena el 8 de julio de 2005 y su Ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válido que el Estado colombiano se vincule a la Enmienda de la Convención, mediante el depósito del instrumento de adhesión ante la autoridad del Tratado, una vez concluyan los trámites previstos en la Constitución Política; y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.

   4.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de la “Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares”, aprobada en Viena el 8 de julio de 2005 y su Ley aprobatoria, se ajustan a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado de garantizar el respeto de la dignidad humana el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran (CP. Art. 1), el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales (CP. Art. 2), el deber de protección del derecho a la salud, la vida y medio ambiente sano (CP, arts. 11, 49 y 70), el derecho a la paz (CP., art. 22), la prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas química, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y residuos tóxicos (CP., art. 81) y la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución.

   6.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible el contenido de la “Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares”, aprobada en Viena el 8 de julio de 2005 y la Ley 1572 de agosto 2 de 2012 que la aprobó.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,