Auto nº 260/13 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2013
| Ponente | Alberto Rojas Rios |
| Fecha de Resolución | 14 de Noviembre de 2013 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-1893 |
A260-13 REPUBLICA DE COLOMBIA Auto 260/13
Referencia: expediente ICC-1893
Aparente Conflicto de competencia entre el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís (Putumayo) y, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa (Putumayo).
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013).
Provee la Corte en relación con el aparente conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, dentro de la acción de tutela instaurada por E.J.P. contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa de Atención y Reparación de Víctimas.
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- Indica el ciudadano E.J.P. que en el año 2006 fue desplazado junto con su familia del Municipio de P.G. y que actualmente se encuentra en imposibilidad de sostener a su núcleo familiar por ser desempleado.
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- Alega que, mediante derecho de petición del 19 de febrero de 2013, solicitó al Departamento para la Prosperidad Social la prorroga de la ayuda humanitaria, sin que hasta la fecha haya recibido repuesta alguna.
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- En consecuencia, solicita mediante amparo constitucional la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social y al debido proceso.
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- La acción de tutela de la referencia correspondió por reparto al Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís (Putumayo), quien mediante auto del 24 de abril de 2013, resolvió remitir la acción de amparo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa. En su sentir, al ser el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social parte del orden nacional, conforme al artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de ese mismo año, la autoridad judicial competente para avocar conocimiento es el Tribunal Superior del Distrito de la jurisdicción correspondiente pues así lo establece el artículo 1, numeral 1° del Decreto 1382 de 2000.
Efectuado nuevamente el reparto, le correspondió la acción de tutela al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa que decidió, mediante auto del 25 de abril de 2013, no avocar el conocimiento de la misma porque no se debía accionar al Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, sino a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Victimas, en tanto que es dicha entidad la encargada de conocer de las solicitudes de asistencia y reparación integral a victimas, como también de entregar las ayudas humanitarias a los desplazados, entre otras. Resaltó que esta entidad pertenece al sector descentralizado del orden nacional, siendo el juez del circuito el competente de conocer del amparo constitucional que se dirija en su contra, pues así lo prevé el Decreto 1382 de 2000.
Bajo estos argumentos, decidió remitir el expediente de tutela a esta Corporación con el fin de que decida sobre el aparente conflicto de competencia.
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- En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un presunto conflicto negativo de competencia entre Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís (Putumayo) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa (Putumayo).
A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) la competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela y (ii) las normas que determinan la competencia en materia de tutela, al cabo de lo cual, procederá a decidir (iii) el caso concreto.
Competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia en materia de tutela. Reiteración jurisprudencial.
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- Ni la Constitución ni la ley asignan de forma expresa el conocimiento de los conflictos de competencia en materia de tutela a autoridad alguna[1]. Sin embargo, desde el auto 016 de 1994, aclarado por el auto 017 de 1995, esta Corporación ha sostenido que el silencio del derecho positivo no puede convertirse en obstáculo insalvable para resolverlos[2], por lo que debe recurrirse en este caso a la analogía[3].
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- Como es bien sabido, el derecho procesal atribuye la resolución de los conflictos de competencia a los superiores jerárquicos comunes de los jueces involucrados, y es por ello que la Corte Constitucional ha considerado, desde 1994, que los conflictos de competencia que se originen en materia de tutela deben ser resueltos por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales en cuestión y que, sólo cuando éste no exista, le corresponderá hacerlo a la Corte Constitucional, en calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, de modo que su competencia es, en esta materia, residual[4]. Al respecto el Auto 086 de 2011 de esta Corporación manifestó:
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala Plena de esta corporación puede conocer y dirimir los posibles conflictos de competencia que se presenten en materia de tutela, en los casos en que las autoridades judiciales involucradas carezcan de superior jerárquico común. En ese sentido, el expediente deberá ser remitido a esta Corte para que, como máximo tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo
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- Según la jurisprudencia constitucional, en materia de tutela no son aplicables los artículos 256 de la Constitución y 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que atribuyen a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la resolución de los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, pues, los conflictos que se presentan entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la misma jurisdicción (la constitucional), así los jueces involucrados pertenezcan a una jurisdicción distinta. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela, independientemente de la jurisdicción a la cual pertenezcan, hacen parte -para los fines de la actividad judicial propios de aquélla- de la jurisdicción constitucional[5], tal y como lo reconoce el artículo 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
En aplicación de la tesis de la competencia residual, la Corte Constitucional sólo dirimía los conflictos de competencia entre autoridades judiciales sin superior jerárquico común y se abstenía de desatar aquellos suscitados entre jueces que sí lo poseían enviándolos a las autoridades judiciales competentes para ello[6].
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- No obstante, a partir del auto 170A de 2003, esta Corporación ha hecho una excepción a la regla antes descrita y ha desatado ella misma conflictos de competencia entre autoridades judiciales que poseen un superior jerárquico común, con el fin de evitar la demora que supondría remitir el expediente al encargado de hacerlo. En concreto ha dicho:
No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cual es necesario las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales[7].
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- En este orden de ideas, aunque no se ha desechado la tesis de la competencia residual, la Corte Constitucional se considera competente para resolver cualquier conflicto de competencia que se le plantee en acciones de tutela, sin importar si las autoridades judiciales involucradas tienen o no superior jerárquico común.
Normas que determinan la competencia en materia de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
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- De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las únicas normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y, la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.
De este modo, el Decreto reglamentario 1382 de 2000, no puede, por su inferior jerarquía, modificar tales disposiciones, razón por la cual se ha entendido que las reglas que contiene son simplemente de reparto, y no de competencia[8]. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante Sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.
Como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que:
la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)[9].
Prueba de ello son algunos casos en los cuales el planteamiento de conflictos de competencia con base en el Decreto 1382 de 2000 ha generado que los peticionarios deban sufrir por varios meses las graves consecuencias de la presunta violación de sus derechos fundamentales mientras los distintos jueces discuten aspectos meramente procesales relacionados con las reglas de reparto; lo cual, además, es muestra de una gran insensibilidad constitucional[10] .
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- Ahora bien, esta Corte estableció en auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corporación:
(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.
(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.
(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquellos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).
(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto.
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- Con la anterior argumentación, la Corte no desconoce la validez del Decreto 1382 de 2000, simplemente le está otorgando el alcance que debe tener. Se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario (auto 178 de 2009) .
A partir de las consideraciones precedentes, procede la Sala a decidir sobre el supuesto conflicto negativo de competencia planteado.
El caso concreto
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- Esta Corporación es competente, en calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional, para conocer del presunto conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís (Putumayo) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa (Putumayo), puesto que puede resolver cualquier conflicto de competencia que se le plantee respecto de acciones de tutela, sin importar si las autoridades judiciales involucradas tienen o no superior jerárquico común (ver fundamento No. 6).
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- De los antecedentes expuestos en la parte inicial de este proyecto, se evidencia que el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís, a quien le correspondió en primer lugar el reparto de la acción, no avocó conocimiento argumentando que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hace parte del orden nacional y de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 eran los Tribunales Superiores del Distrito quienes debían avocar conocimiento de las tutelas que la accionaran.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa tampoco avocó conocimiento del amparo constitucional, pues consideró que la verdadera entidad accionada era la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Victimas y no el Departamento Administrativo para la Prosperidad, pues a partir del Decreto 4155 de 2011 se le brindo la facultad a la Unidad Administrativa de entregar las ayudas humanitarias a los desplazados. En su sentir, la acción de tutela incoada en su contra debía ser conocida por los jueces del circuito, pues así lo prevén las reglas de reparto consagradas en el Decreto 1382 de 2000.
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- Resulta evidente que la situación planteada por Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís y el Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial, tomaron como base argumentativa la aplicación de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000 que, conforme a los preceptos jurisprudenciales de esta Corporación, no genera siquiera un conflicto aparente de competencia, puesto que dicha normatividad no tiene la jerarquía suficiente para modificar las únicas normas de competencia que existen en materia de tutela, como son el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Valga resaltar, que esta Corporación en Auto 124 del 2009 determina que en el caso en que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia con base en las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000, el expediente debe ser remitido al organismo judicial a quien se repartió en primer lugar, con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, pues de lo contrario, se sometería al accionante a soportar la vulneración de su derechos fundamentales por un periodo mucho mayor al término constitucional de diez (10) días[11]. Tal y como sucede en el presente caso, pues el accionante ha tenido que soportar por más de un mes la posible vulneración de sus derechos fundamentales sin que hasta el momento haya sido proferido el fallo de primera instancia, lo que asimismo infringe los principios constitucionales de celeridad, eficacia y acceso oportuno a la administración de justicia.
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- Así, esta Corporación concluye que en ningún momento se generó conflicto de competencia siquiera aparente, pues ni el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís, ni el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, desconocieron los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 86 de la Constitución Política.
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- Teniendo en cuenta los anteriores criterios y para que la acción de tutela no sufra más retardo, se dejará sin efectos el auto proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís del veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013) y, en su lugar, se le remitirá el expediente a esa misma autoridad judicial para que decida sin más retardo sobre la tutela interpuesta por el señor E.J.P..
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS, el auto proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís Putumayo- del veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013).
Segundo.- REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por E.J.P. contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa de Atención y Reparación de Víctimas, al Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís Putumayo-, para que sin más demoras, adelante el trámite de la misma.
Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Penal del Circuito de Puerto Asís que, en adelante, deberá observar estrictamente la jurisprudencia de la Corte, sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto.
Cuarto.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa (Putumayo), la decisión adoptada en esta providencia con el fin de que tenga conocimiento sobre lo resuelto por la Corte Constitucional en relación con el presunto conflicto de competencia.
C., notifíquese y cúmplase.
J.I. PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional. Auto 17 de 1995.
[2] Ibídem.
[3] Ibídem.
[4] Corte Constitucional. Auto 044 de 1998.
[5] Ibídem. En el mismo sentido, sentencia C-037 de 1996 (revisión de constitucionalidad de la ley estatutaria de la administración de justicia).
[6] Posición sostenida en los autos A. 023/00, A. 051/00, A. 052/00, A. 060/00, A. 068/00, A. 087A/00, A. 018/01, , A. 047/02, A. 048/02, A. 049/02, A. 050/02, A. 069A/02, A. 083/02, A. 088/02, A. 103/02, A. 105/02, entre otros.
[7] Corte Constitucional. Auto 170A de 2003. Reiterado en los autos A. 168/05, A. 157/05, A. 169/06, A. 095/06, entre otros.
[8] Corte Constitucional. Auto 009A/04. Reiterado por los autos A. 230/06, A. 237/06, A. 008/07, A. 029/07, A. 039/07, A. 260/07, A. 037/08 y A. 031/08, entre otros.
[9] Corte Constitucional. Auto 230/06. Reiterado por el Auto 340/06, entre otros.
[10] Ver los Autos 072, 077 y 111 de 2008; Auto 078/08; Auto 169/08 y Auto 202/08, entre otros.
[11] En el auto 124 del 2009 se estableció que lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.
