Auto nº 021/14 de Corte Constitucional, 5 de Febrero de 2014

1.1. Los señores T. de J.S.B. (expediente T-2.220.837) y R.R.A. (expediente T-2.226.741), mediante escritos separados que coinciden en sus aspectos esenciales, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá, S.L., el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la asociación sindical, que, según afirmaron, les fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al proferir fallos desestimatorios de sus pretensiones, dentro de los procesos especiales de fuero sindical – acción de reintegro –, que en forma separada promovieron contra Alpina Productos Alimenticios S.A. en los que, solicitaron que se dejaran sin efectos dichas providencias y que, en su lugar, se reconociera el fuero sindical y se ordenara su reintegro a la empresa demandada, en la labor que venían realizando.

1.2. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante sentencia de 25 de noviembre de 2008, recurrida, en el expediente T- 2.220.837 negó el amparo solicitado por el señor T. de J.S.B., al considerar que los fallos dictados por los jueces accionados no comportaban vulneración alguna de sus derechos fundamentales, como quiera que fueron el resultado del análisis fáctico y la labor interpretativa propia de cada operador jurídico, por lo que concluyó que actuaron dentro del ámbito de su autonomía y competencia, otorgado por la Constitución y la ley.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, confirmó el fallo de primera instancia reiterando que la acción de amparo constitucional resulta improcedente frente a decisiones judiciales, cuando a través de ésta se busca cuestionar o rebatir criterios de interpretación no compartidos por las partes, que se ajustan a las normas que rigen la materia.

1.3. De otro lado, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2008, recurrida, en el expediente T- 2.226.741 negó el amparo de los derechos invocados por el señor R.R.A., al determinar que los fallos dictados por los jueces accionados se fundamentaron en los medios probatorios allegados al plenario, a partir de los cuales se concluyó que el accionante no probó contar con la garantía foral, por no haber demostrado, en legal forma, la existencia de la organización sindical frente a la cual pudiera detentar el fuero.

Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante sentencia de 9 de marzo de 2009, confirmó el fallo de primera instancia, al advertir que el accionante no gozaba de la protección que otorga el fuero sindical al momento del despido, como quiera que su adherencia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria o Comercialización de Productos Alimenticios, SINTRALICO, fue posterior a la negativa de inscripción de dicha organización en el registro sindical.

Así mismo, puntualizó el fallador que en el caso del señor R.R.A. no era necesario que el empleador solicitara autorización judicial para su despido, como quiera que, para tomar dicha decisión, se amparó en una justa causa, como fue la violación de las normas de seguridad establecidas por la empresa.

1.4. Por Auto de 14 de mayo de 2009, la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte Constitucional seleccionó para su revisión los fallos dictados dentro de los expedientes T-2.220.837 y T-2.226.741. De igual forma, en el mismo auto, la Sala decidió acumular los citados expedientes, por presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una misma providencia por la Sala Cuarta de Revisión.

1.5. El 27 de septiembre de 2011, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante sentencia T-733 resolvió: “CONFIRMAR la decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de las acciones de tutela de la referencia”, con base en los siguientes argumentos:

· “el Ministerio de la Protección Social, en uso de sus facultades legales[1], mediante Resolución No. 003594, del 17 de noviembre de 2006, negó la inscripción de SINTRALICO[2], en el Registro Sindical, por considerar, entre otras razones, que sus estatutos eran contrarios a la Constitución y a la Ley. Decisión que fue confirmada en las Resoluciones Nos. 001 y 00259 de 2 y 29 de enero de 2007, respectivamente.

· En el presente caso, los miembros del sindicato, incluidos los actores, gozaron del fuero sindical, nacido con la constitución de SINTRALICO, hasta el momento en que quedó en firme la decisión de negar la inscripción de dicha asociación, es decir, hasta el 29 de enero de 2007, ya que a partir de esa fecha, el citado sindicato quedó sin personería jurídica y por ende, sin existencia.

· De acuerdo con lo expuesto, la empresa no necesitaba permiso previo de la respectiva autoridad laboral, toda vez que los señores T.S.B. y R.R.A. al momento de ser notificados de su desvinculación, 16 y 12 de febrero de 2007 respectivamente, no se encontraban amparados por el fuero sindical de adherentes.

· Bajo ese entendido, la Sala no encuentra que en el presente caso se esté en presencia de una vulneración de los derechos al debido proceso, al trabajo o de asociación sindical de los demandantes. En este evento, de acuerdo con lo decidido por la autoridad administrativa competente, los estatutos de la organización sindical SINTRALICO, no se ajustaron a los lineamientos constitucionales y legales, situación que originó que no se inscribiera el sindicato en el respectivo registro. Por lo tanto, al ser el fuero sindical un mecanismo de protección establecido primariamente en favor del Sindicato, y sólo secundariamente para proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores[3], y estando establecida la falta de legalidad en la conformación del sindicato, carece de fundamento jurídico el fuero sindical que sus adherentes pretenden reclamar, pues se trata de un derecho que, en sus aspectos subjetivos, depende, de lleno, de la legalidad de la organización que se busca proteger.

· De manera que los anteriores elementos de juicio permiten concluir que, la S.L. del Tribunal Superior de Bogotá y los juzgados laborales accionados no incurrieron en un comportamiento constitutivo de una vía de hecho, ya que al no existir el sindicato al momento del despido, como consecuencia de la no inscripción en el registro sindical, los accionantes no gozaban del fuero alegado en sus escritos de tutela como adherentes de SINTRALICO”.

2.1. El 11 de enero de 2012, el señor T. de J.S.B. presentó en la Secretaria de la Corte Constitucional solicitud de nulidad contra la sentencia T- 733 de 2011 proferida por la Sala Cuarta de Revisión, con base en las siguientes razones:

2.2. Que mediante Resolución No. 003594, de 17 de noviembre de 2006, el Ministerio de la Protección Social negó la inscripción en el registro sindical de SINTRALICO, por considerar, entre otras razones, que sus estatutos eran contrarios a la Constitución y a la Ley.

2.3. Que en desacuerdo con lo anterior, el sindicato interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente, mediante las Resoluciones Nos. 001 y 00259 de 2 y 29 de enero de 2007.

2.4. Que la Resolución No. 00259 fue notificada a la organización sindical por edicto el 27 de febrero de 2007, fecha a partir de la cual empezó a producir efectos legales la Resolución No. 003594.

2.5. Que se adhirió a la asociación sindical SINTRALICO el 12 de diciembre de 2006 y ese mismo día informó sobre dicha situación a la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A.

2.6. Que el 16 de febrero de 2007, la Empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. le comunicó la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo, de forma unilateral y sin justa causa.

2.7. Que la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional consideró que el accionante estuvo cobijado con el fuero sindical hasta el 29 de enero de 2007, fecha en la que el Ministerio de la Protección Social profirió la Resolución No. 00259, sin tener en cuenta, que la misma fue notificada a la organización sindical, el 27 de febrero de 2007, por medio de edicto.

2.8. Que, en consecuencia, fue despedido por la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. cuando aún se encontraba amparado por el fuero sindical de adherentes.

2.9. Que la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional vulneró su derecho fundamental al debido proceso por considerar que el fuero sindical de los adherentes a SINTRALICO duró hasta el 29 de enero de 2007, fecha en la que se profirió la Resolución No. 00259 y no hasta el 27 de febrero de 2007, fecha en que ésta se notificó, pues los actos administrativos solo producen efectos legales a partir de su notificación.

3.1. Mediante oficio No. A-012/2012, la Secretaría General de la Corte Constitucional solicitó a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral certificar la fecha en que fue notificada la sentencia T-733 de 2011.

En respuesta a lo anterior, el 20 de enero de 2012, la Secretaria de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia remitió a ésta Corporación copia de los oficios No. 290, 225, 150, 291 y 292 de 16 de enero de 2012, por medio de los cuales notificó a las partes de la sentencia T-733 de 2011.

3.2. Mediante Auto de 17 de julio de 2012, el Magistrado sustanciador solicitó a la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. enviar a la Corporación la constancia del recibido por parte del señor T. de J.S.B. del telegrama No. 292, librado por la Secretaria de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, en dicha providencia, el Magistrado ponente requirió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia remitir al despacho el expediente contentivo de la acción de tutela presentada por los señores T. de J.S.B. y R.R.A. contra la S.L. del Tribunal Superior de Bogotá y otros.

El 26 de julio de 2012, la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. informó al Magistrado sustanciador que el Telegrama No. 292 no fue entregado al destinatario por no existir la dirección indicada.

El 27 de julio de 2012, la Secretaria General de la Corte Constitucional comunicó al Magistrado ponente que en la recepción de esta Corporación se recibieron los expedientes de tutela T-2.220.837 y T-2.226.741.

1. Competencia

   La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.

2. Precedentes constitucionales sobre la nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia

   El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 prevé que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno” y que las nulidades de los procesos que estén en estudio de la Corporación solo podrán alegarse antes de proferirse el correspondiente fallo, “únicamente por violación al debido proceso”. Ahora, cuando la irregularidad alegada nace de la sentencia, este Tribunal eventualmente ha admitido que las partes o un tercero afectado soliciten su nulidad[4].

   Respecto de los fallos proferidos por la Corporación, en sede de revisión de tutela, la jurisprudencia constitucional ha considerado que es posible declarar su nulidad solo en ciertos eventos realmente excepcionales, en los cuales se constate una grave afectación al debido proceso, bien sea de oficio[5] o a solicitud de parte interesada.

   Así pues, la oportunidad de presentar un incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional no implica que sea un nuevo espacio para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas[6]. En esa medida, quien solicite la nulidad de un fallo de tutela proferido por una sala de revisión debe dar cumplimiento a una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar, de manera clara y expresa, los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión adoptada.

   En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha señalado que la declaración de nulidad de sus fallos se presenta "en situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”[7] (subrayado fuera de texto)”[8]

   En ese sentido la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que quien acude en solicitud de nulidad de una sentencia proferida por una sala de revisión, debe acreditar el cumplimiento de unos requisitos de procedibilidad, además de invocar y sustentar cualquiera de las causales de procedencia de nulidad de las sentencias específicamente señaladas por la doctrina constitucional.

3. Presupuestos formales que deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional. Reiteración de Jurisprudencia

   La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de tutelas, los siguientes[9]:

   · Que el incidente de nulidad se proponga de manera oportuna, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la sentencia[10], en el caso que la nulidad tenga origen en la sentencia. Si la nulidad tiene origen en un vicio anterior al fallo “sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” (Art. 49 Decreto 2067 de 1991); de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla[11]. De la misma forma, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada[12].

   · Quien proponga el incidente de nulidad debe contar con legitimación activa para tal efecto, esto es, debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite del amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión, y,

   · Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar, de forma clara y expresa, los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida[13]. Lo expuesto significa que no es suficiente el expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada.

4. Presupuestos materiales de procedencia de peticiones de nulidad de sentencias proferidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional.

   Fuera de los requisitos formales exigidos para admitir las solicitudes de nulidad, la Corte Constitucional también se ha referido a determinadas condiciones y limitaciones de los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación del derecho fundamental al debido proceso por parte de la Sala de Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”[14]. Con base en estas circunstancias, la jurisprudencia ha identificado algunos casos en que la vulneración reúne esas características[15], entre los que se cuentan los siguientes eventos:

   · Cuando una Sala de Revisión, se aparta del criterio de interpretación o de la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica, debido a que el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 establece que los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte.

   · Cuando las decisiones no sean adoptadas por las mayorías legalmente establecidas, de conformidad con lo señalado en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.

   · Cuando se presente una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance de la decisión proferida. Un ejemplo de ello son las decisiones anfibológicas o ininteligibles, las contradictorias o las que carecen totalmente de fundamentación en la parte motiva. Es importante precisar que los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de redacción, como de argumentación, no configuran violación al debido proceso. En este orden, ha manifestado la Corte que el estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad.

   · Cuando en la parte resolutiva de la sentencia se profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa.

   · Cuando la Sala de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presenta de parte de ésta es una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Constitución y la ley.

   En este orden, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de esta Corte deben ser entendidas como un trámite, según lo precisado por la jurisprudencia, basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional[16]. Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten, de manera cierta, el derecho fundamental tantas veces aludido[17].

   Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituye fundamento suficiente para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implica la vulneración del debido proceso, sino que constituye meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”[18].

5. Estudio del caso concreto

   Procede la Corte a verificar el cumplimiento, en el caso concreto, de los requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad.

   5.1. Oportunidad

   Al respecto se advierte que la sentencia T-733 fue proferida el veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011) y comunicada a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante Oficio No. STA-869/2011, el quince (15) de diciembre de dos mil once (2011).

   El trece (13) de enero de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Laboral ordenó a la Secretaria de la Corporación notificar la referida providencia, no obstante, antes de que se surtiera el trámite correspondiente, el once (11) de enero de dos mil doce (2012), el señor T. de J.S.B. radicó la solicitud de nulidad contra la sentencia T-733 de 2011 en la Secretaría General de la Corte Constitucional. De lo anterior se desprende que el peticionario se notificó por conducta concluyente y que la solicitud se presento de forma oportuna.

   5.2. Legitimidad de la parte actora

   El incidente de nulidad debe ser presentado por una persona que cuente con legitimación activa por haber sido parte en el trámite del amparo constitucional o por ser un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión. En el presente caso, tal requisito se cumple pues la nulidad es solicitada por la parte actora.

   5.3. Deber de argumentación

   En razón de la naturaleza extraordinaria de la figura y del carácter de las decisiones adoptadas por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, se ha exigido que quien pretenda la nulidad de una sentencia de este Tribunal debe cumplir con una carga argumentativa seria y coherente, señalando, de manera clara y expresa, la circunstancia desconocedora del derecho al debido proceso del reclamante.

   La Corte, como se expuso en el numeral 4 de las consideraciones, ha identificado los casos en que la vulneración al debido proceso por parte de la Sala de Revisión se puede considerar como ostensible, probada, significativa y trascendental. Una de estas situaciones sucede cuando la Sala de Revisión se aparta del criterio de interpretación o de la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena frente a una misma situación jurídica. Ocurre empero que al analizar el memorial que en el presente caso plantea la nulidad de la sentencia proferida por la Sala de Revisión se advierte que el incidentista no señala el precedente que, a su juicio, pudo haber sido desconocido por la Sala, circunstancia que, por si sola, basta para negar la nulidad deprecada.

   En efecto, la Sala advierte que las objeciones formuladas por el señor T. de J.S.B. contra la sentencia T-733 de 2011 no se ajustan a ninguna de las causales señaladas por la Corte Constitucional para que sea procedente la declaración de nulidad de sus decisiones, pues los reclamos son solo una reiteración de las razones consignadas en la solicitud de tutela, las cuales fueron examinadas con detenimiento y desestimadas en la sentencia T-733 de 2011.

   Así las cosas, cualquier inconformidad con la argumentación que sustenta una sentencia y con los criterios utilizados en ella no puede constituir fundamento suficiente para solicitar su nulidad, ya que este tipo de alegato no supone, por sí solo la vulneración del debido proceso, pues, a lo sumo, únicamente refleja las apreciaciones connaturales al desacuerdo del solicitante con la decisión. Por ello, como se anotó, solamente aquellos vicios que impliquen una verdadera afectación del debido proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos” pueden conducir a la nulidad de una sentencia proferida por esta Corporación.

   La consideración según la cual el demandante no invoca ninguna de las causales que la jurisprudencia admite como constitutiva de nulidad deviene de la sola valoración de su memorial petitorio en el que literalmente se limita a señalar:

   “ la violación al debido proceso consiste en que la Sala de revisión consideró que el fuero sindical llegó hasta el 29 de enero de 2007, fecha en que el Ministerio de la Protección Social, resolvió la apelación mediante la Resolución No. 00259 de 2007, lo cual no es así, por cuanto para esa fecha no se había notificado a la organización sindical del mencionado acto administrativo, sino ésta se hizo hasta el 27 de febrero de 2007 por edicto, es apartir de ésta fecha que llegó el fuero de todos los fundadores y adherentes al sindicato SINTRALICO, lo que es lógico, pues un acto administrativo no puede generar efectos legales sin ser previamente notificado.

   En conclusión como la Resolución No.00259 de 29 de enero de 2007, proferida por el Ministerio de la Protección Social, solo se le notificó por edicto hasta el 27 de febrero de 2007, y fuimos despedidos el 12 y 17 de febrero de 2007, por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. lo que hizo sin la sujeción de las normas laborales que protegen el fuero sindical.”

   Para la Sala Plena como puede verse, el peticionario lo que busca con el presente incidente es impugnar la decisión proferida por la Sala Cuarta en sede de revisión y volver, sin razón valedera, a un debate que ya ha sido cerrado, pero tal pretensión es inviable, porque las sentencias de las Salas de Revisión de la Corte Constitucional no admiten impugnación ante la Sala Plena, ya que ésta no es una instancia de apelación de las decisiones por aquellas adoptadas.

   Por consiguiente, la Sala Plena de la Corte Constitucional desestimará el cargo de nulidad contra la sentencia T-733 de 2011 de la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, pues no se invoca causal alguna que justifique invalidar dicha providencia.

   En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,

Primero: DENEGAR la nulidad de la sentencia T-733 de 2011 proferida por la Sala Cuarta de Revisión.

Segundo: Contra esta providencia no procede recurso alguno.

N., comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

J.I. PALACIO PALACIO

Presidente

Con salvamento de voto

M. VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

Con aclaración de voto

M.G. CUERVO

Magistrado

Con salvamento de voto

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

ALBERTO ROJAS RIOS

Magistrado

Con aclaración de voto

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

[1] Artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo.

[2] Creado el 29 de octubre de 2006.

[3] Sentencia C-215 de 2006. M.P.M.G.M.C..

[4] Auto 164 de 2005.

[5] Mediante Auto A-050 de 2000, la Corte declaró la nulidad de la Sentencia T-157 de ese mismo año, donde por un error involuntario, ante el cambio de ponencia, profirió una sentencia cuya parte motiva difería completamente de su parte resolutiva.

[6] Auto 063 de 2004.

[7] Autos del 22 de junio de 1995 y del 18 de mayo de 2004.

[8] Corte Constitucional, auto de 30 de abril de 2002 y Auto 031A de 2002.

[9] Autos 217 de 2006 y 330 de 2006.

[10] Ver el Auto 163A de 2003.

[11] Corte Constitucional, Auto del 13 de febrero de 2002. En el mismo sentido, Auto del 20 de febrero de 2002.

[12] Como lo recordó la Corte en el Auto 217 de 2006, esta afirmación se justificó, "(...) no sólo por la carencia de legitimidad para pedirla, sino, además, por las siguientes razones: (i) en primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho; (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar acción de tutela contra las providencias de tutela. Y finalmente, (iii) porque es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma." (Auto de 30 de abril de 2002 y Auto 031A de 2002).

[13] Cfr. Autos A-62/03; A-146, A-103, A-029A y A-03A de 2002; A-256/01. Ver también los autos A-232/01, 053/01,082/00,050/00,074/99,013/99,026"/98, 022/98, 053/97, 033/95 Y 008/93.

[14] Cfr. Auto A-031/02.

[15] Auto A-031/02, Auto A-162/03 y Auto A-063/04.

[16] Auto A-217/ 06.

[17] Auto A-060/06.

[18] Pueden consultarse al respecto, entre otros, los Autos A-131/04 y A-052/06.