Sentencia de Tutela nº 066/14 de Corte Constitucional, 3 de Febrero de 2014
| Ponente | MarÍa Victoria Calle Correa |
| Fecha de Resolución | 3 de Febrero de 2014 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | T-4110338 |
Sentencia T-066/14 Referencia: expediente T-4110338
Acción de tutela presentada B.L. Arango de M. contra F.S. y C..
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREABogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil catorce (2014)
La S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados M.V.C.C., M.G.C. y L.G.G.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de B., el 15 de julio de 2013, y en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de B., el 20 de agosto de 2013, en el proceso de tutela de B.L. Arango de M. contra F.S. y C..
El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la S. de Selección Número Diez, mediante auto proferido el 31 de octubre de 2013.
La señora B.L.A. de M. presentó acción de tutela contra F.S. y C., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social en salud. Relató que las entidades accionadas le negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de su difunto esposo, el señor J.P.M.L., debido a la negativa de F.S. de reconocerle la sustitución pensional de su esposo porque según dijo, al causante se le reconocía una pensión convencional desde 1997 y hasta que alcanzara los requisitos para acceder a la pensión legal, y estos requisitos los reunió antes de morir, razón por la cual corresponde a C. reconocer a la tutelante su derecho a la sustitución pensional. Sin embargo C. afirmó que el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la muerte, requisito indispensable para acceder a la prestación solicitada de conformidad con la Ley 100 de 1993. Los hechos que fundamentan la acción, son los siguientes:
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Hechos
1.1. El señor J.P.M.L. gozaba de una pensión convencional por vejez que le reconoció la empresa F. S.A. en 1997 y que se pagaría hasta el momento en que el causante reuniera los requisitos para acceder a la pensión legal por vejez contemplada en la Ley 100 de 1993. El señor M.L. murió el 28 de febrero de 2012.
1.2. La accionante, B.L.A. de M., esposa del fallecido, solicitó a F. S.A. el reconocimiento de la sustitución de la pensión convencional de vejez que disfrutaba su esposo. Relata que la empresa le contestó que debía dirigirse a C., porque el causante, al momento de la muerte, ya había reunido los requisitos para acceder a la pensión legal por vejez.
1.3. Acto seguido, la peticionaria presentó solicitud ante C.. Mediante la Resolución GNR00558 del 29 de enero de 2013, notificada el 22 de mayo de 2013, la entidad negó el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes con fundamento en que el señor J.P.L.M. no cotizó 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la muerte, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Contra tal decisión la señora L. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación el 28 de mayo de 2013, sin que al momento de presentarse la tutela, 3 de julio de 2013, el mismo fuera resuelto.
1.4. Ante la negativa de C., el 28 de mayo de 2013 la señora B.L. presentó nueva solicitud a F.S. En comunicación del 24 de junio de 2013 la empresa reiteró que correspondía a C. asumir el pago de la pensión señalada:
( ) le informamos que la pensión reconocida al señor J.P.M. es una pensión de jubilación de carácter compartido, dada su fecha de ingreso a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. el día 27 de mayo de 1957, por lo anterior dicha pensión se concedió única y exclusivamente por parte de la empresa hasta el momento en que el señor M.L. cumpliera los requisitos para acceder a la pensión de vejez que otorga el Instituto de Seguros Sociales hoy C..
Ahora los requisitos sobre la densidad de cotizaciones necesarias para acceder a la prestación económica. Estos ya fueron satisfechos lo cual se evidencia en la historia laboral expedida por el Instituto de Seguros Sociales hoy C., entidad que recibió el 11 de mayo de 2011 la correspondiente solicitud por parte de F. S.A. para que se revisara y corrigiera la historia laboral del asegurado M.L. corrección con la que se superaba la densidad de cotizaciones mínimas exigidas por esa entidad para acceder a la pensión de vejez, siendo este número de cotizaciones el requisito establecido por el Instituto de Seguros Sociales a favor del pensionado para otorgarle pensión de vejez, exigencias que estableció mediante Resolución No. 011383 de 2011
En consecuencia usted debe reclamar ante C. el derecho adquirido mediante la citada resolución y en caso de existir mayor entre la pensión que paga la empresa y la que queda a cargo C. usted deberá presentarse a la compañía para solicitar el pago del complemento a que hubiere lugar.
1.5. La accionante relató que desde la muerte de su esposo quedó desafiliada al Sistema de Seguridad en Salud y sin una suma fija para su sustento económico. Considera entonces que las entidades accionadas deben concurrir en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, de forma que se garantice el goce efectivo de sus derechos fundamentales, especialmente su derecho al mínimo vital. En consecuencia, solicita al juez de tutela que ordena a la entidad a quien corresponda el reconocimiento y pago de dicha prestación.
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Respuesta de las entidades accionadas
2.1. F.S..
A través del jefe de seguridad social, la empresa accionada pidió que se declare que C. es la entidad encargada de reconocer la prestación solicitada. Reiteró que el señor J.P.M. recibía una pensión de jubilación compartida, que sería pagada hasta el momento en que reuniera los requisitos para acceder a la pensión legal a cargo del Instituto de Seguros Sociales, ahora C.. Que si bien el causante no adelantó ante tal entidad los trámites para el reconocimiento de la prestación, de su historia laboral se puede acreditar el cumplimiento de las semanas mínimas requeridas para acceder a ella, y con ello, también, los requisitos para que a la señora B.L.A. se le reconozca la pensión de que gozaba su esposo. Entonces, concluyó que la accionante deberá reclamar ante C. el derecho adquirido y en caso de existir un mayor valor entre la pensión que le cancelaba F. y la que debe reconocer C., podrá solicitar a la empresa el pago de la suma a que hubiere lugar.
2.2. C.
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no contestó la acción de tutela.
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Decisiones que se revisan
3.1. En primera instancia el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de B., en fallo del 15 de julio de 2013, declaró la improcedencia de la acción. Estimó que no es posible acceder a la protección de los derechos fundamentales de la actora en tanto C. no ha decidido el recurso de reposición elevado por ella en mayo de 2013. Que en caso de que la entidad accionada niegue el derecho, podrá interponer las acciones correspondientes ante la justicia ordinaria y no a través de la tutela, que es una acción subsidiaria que procede cuando se quiere evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en el caso concreto no demostrado.
3.2. La accionante impugnó la decisión. Reiteró la solicitud de reconocimiento de la pensión que gozaba su esposo, toda vez que esa es la única fuente de ingresos para su sustento diario, y además le permitirá afiliarse nuevamente al Sistema de Seguridad Social en Salud. También, señaló que la acción de tutela es procedente para que se le reconozca su derecho pensional porque es una persona de edad avanzada que sufre diferentes afecciones de salud, a quien no se le puede exigir acudir a la vía ordinaria para proteger el derecho adquirido con la muerte de su esposo.
3.3. En segunda instancia, mediante providencia del 20 de agosto de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de B., confirmó en fallo recurrido.
Esta S. de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
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Teniendo en cuenta que en el caso objeto de estudio se presenta la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado porque mientras se surtía el trámite de revisión C. reconoció a la señora B.L.A. la pensión de sobrevivientes, la S. Primera de Revisión motivara brevemente la presente sentencia.
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La accionante presentó la acción de tutela porque consideraba que F.S. y C. vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social al negarle el reconocimiento a la pensión de sobreviviente a que considera tiene derecho por causa de la muerte de su esposo, el señor J.P.M.L., de quien ella dependía económicamente.
F.S. en el trámite correspondiente sostuvo que el derecho a la pensión de sobrevivientes debía garantizarlo C., en tanto si bien el causante gozaba de una pensión convencional de jubilación, al momento de su muerte había reunido los requisitos para acceder a la pensión legal por vejez. Con esta información la peticionaria solicitó a C. que le reconociera la pensión correspondiente. Sin embargo, mediante resolución del 29 de enero de 2013, la entidad negó la solicitud aduciendo que el causante no cotizó al Sistema de Pensiones 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la muerte, tal como dispone el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. El 28 de mayo de 2013 la accionante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación reiterando que en la historia laboral de su esposo se puede establecer que sí cotizó 50 semanas en los tres años anteriores al momento de la muerte, dado que del pago mensual de la pensión convencional F. S.A. le descontaba los aportes requeridos para el futuro reconocimiento de la pensión legal de jubilación.
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El problema jurídico que la S. debía plantearse era si: ¿vulnera una entidad encargada de reconocer y pagar pensiones de sobrevivientes (C.), los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de un beneficiario por negarle el acceso a dicha prestación, tras señalar que el causante no cotizó 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento a pesar de que de su historia laboral se puede establecer que para esa fecha el causante había efectuado aportes al Sistema de forma ininterrumpida por más de 19 años?
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En este caso se presenta un objeto superado, porque a la actora al momento de proferirse el fallo, ya se le reconoció su derecho pensional. Sin embargo, de conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, de presentarse la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado en el trámite de una acción de tutela, la S. de Revisión conserva la competencia para pronunciarse sobre la situación que presuntamente vulnera los derechos fundamentales del interesado. En ese orden de ideas, el juez constitucional resuelve de fondo el asunto puesto a su consideración, y sólo en la parte resolutiva de la sentencia declara que el objeto de la controversia dejó de existir, porque se superaron las circunstancias que lo originaron o por consumarse el daño sobre el cual se pedía protección. En la sentencia SU-225 de 2013[1] la S. Plena de la Corporación reiteró que la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la tutela no surtiría ningún efecto, como consecuencia de dos circunstancias: el hecho superado o el daño consumado.
El primero se presenta cuando al momento del fallo la pretensión que originó la interposición de la acción ha sido satisfecha. El segundo se presenta, como ya se dijo, cuando ocurre el daño sobre el cual el interesado pedía amparo. En ambos casos el juez de tutela en sede de revisión puede pronunciarse de fondo a prevención para que la parte accionada se abstenga de repetir las actuaciones que en un primero momento dieron origen a la presentación de la tutela.
También, cuando hay daño consumado, la Corte ha considerado que la forma de garantizar los derechos constitucionales de las personas que se puedan ver afectadas por las omisiones o actuaciones negligentes de la parte demandada, consiste en poner en conocimiento de los órganos de control las actuaciones que afectaron el goce efectivo de un derecho fundamental. Así lo hizo la Corte en la sentencia T-520 de 2012[2] al poner en conocimiento de la Superintendencia de Salud el caso de 4 usuarios del Sistema Público de Salud cuyas muertes se originaron en la falta de atención médica oportuna de sus EPS.
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En el caso concreto el asunto de fondo versa sobre el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes a la señora B.L.A., por causa de la muerte de su esposo: si bien C. negó la solicitud mediante la resolución del 29 de enero de 2013, al resolver el recurso de reposición presentado contra el acto, el 28 de mayo de 2013, mediante la Resolución GNR306753 del 19 de noviembre de 2013 la entidad sostuvo que en la primera decisión no tuvo en cuenta todas las semanas cotizadas por el causante en los 3 años anteriores al fallecimiento, razón por la cual revocó la resolución recurrida y reconoció y ordenó pagar a la actora la pensión de sobrevivientes. De esta decisión tuvo conocimiento la S. mediante comunicación enviada por la señora B.L.A. el 21 de enero de 2014.[3]
5.1. Como lo reconoce C., en la primera decisión en la cual resolvió desfavorablemente la solicitud de reconocimiento de la pensión hubo un error en el conteo de las semanas mínimas requeridas. De hecho, al comparar las dos resoluciones sucede que la entidad no tuvo en cuenta en un primer momento las cotizaciones efectuadas entre el 31 de diciembre de 2008 al 28 de febrero de 2012, fecha del fallecimiento del señor J.P.M.. Y tal situación, evidentemente fue el fundamento para que la entidad declarara que el causante no tenía 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de la muerte. Pese a que C. reconoció su error, es pertinente llamar la atención de la necesaria precisión y cuidado que debe tenerse al momento de decidir una solicitud tan importante para la vida en dignidad de las personas, porque en muchas ocasiones una pequeña pensión es su única fuente de ingresos. En el caso concreto además, se trataba de una persona de la tercera edad (76 años)[4] que dependía económicamente de los ingresos que recibía su difunto esposo, razón por la cual cualquier dilación en el reconocimiento de la pensión puede ocasionar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
5.2. Finalmente, cabe resaltar que en las decisiones de instancia los jueces de la causa declararon la improcedencia de la acción por cuanto el recurso de reposición contra la primera decisión estaba en trámite. Esta S. no comparte tales decisiones. Agotar la vía gubernativa no es un requisito de procedencia de la acción de tutela, más aún sí se trata de una persona que como la actora (i) es de la tercera edad y (ii) no tienen un sustento económico diferente al que reclama, para llevar una vida en dignidad. En el caso concreto se está frente a una situación de vulnerabilidad en la cual es urgente la pronta resolución de la controversia en torno al derecho a la pensión de sobrevivientes, y la acción de tutela se convierte en la vía idónea de defensa de los derechos de la peticionaria.
La S. tampoco comparte la postura de los jueces de instancia que señalaron que en caso de que la entidad resolviera el recurso de reposición de forma desfavorable, la tutelante debía agotar la vía ordinaria. Las personas de la tercera edad tienen derecho a acceder a la administración de justicia en condiciones menos gravosas. En concreto la Corte ha sostenido que la subsidiariedad debe ser examinada de forma flexible cuando se trata de personas que por su edad no pueden esperar la resolución de su controversia por la vía ordinaria, y si a ello se aúna la precariedad que se presume caracteriza la satisfacción de sus necesidades diarias por carecer de un ingreso fijo mensual, se reitera, la acción de tutela es el mecanismo que permite adoptar una medida de protección pronta.[5]
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Dadas las anteriores consideraciones, la S. Primera de Revisión revocará la sentencia proferida en segunda instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de B. el 20 de agosto de 2013, que a su vez confirmó la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de B. del 15 de julio de 2013, en la cual se declaró la improcedencia de la acción, y en su lugar proteger los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad de la señora B.L.A., pero declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a cargo de C..
En mérito de lo expuesto, la S. Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de B., el 20 de agosto de 2013, que a su vez confirmó el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de B., el 15 de julio de 2013, en la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de B.L. Arango de M. contra F.S. y C.. Y en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de la accionante al mínimo vital y a la seguridad social.
Segundo.- Declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO en relación con la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la señora B.L.A. de M..
Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.C., notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.MARIA VICTORIA CALLE CORREA
MagistradaMAURICIO GONZALEZ CUERVO
MagistradoLUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
MagistradoMARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General[1] Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013 (M.A.J. Estrada): en esa ocasión la controversia versaba sobre la solicitud de nulidad de un laudo arbitral en el cual se condenaba a la ETB a pagar una suma de dinero a OCCEL, orden que se fundamentó en diversas resoluciones que posteriormente fueron anuladas por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Al momento de fallar, la S. Plena de la Corte conoció que el laudo recurrido también fue declarado nulo por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante el Auto No. 43045 del 9 de agosto de 2012, por lo tanto sostuvo que ( ) no es del casoemitir un pronunciamiento de fondo sobre el asunto en estudio, por cuanto se está ante unacarencia actualde objeto. Efectivamente, tanto el origen de la litis como las pretensiones de la presente acción de tutela, consistían en que el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 15 de diciembre de 2006, fuera declarado nulo. Para la S., al encontrarse satisfecha la pretensión formulada en sede de tutela, la probable vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la parte actora, ha sido superada, en vista de que el Consejo de Estado, órgano competente para el efecto ya dictó medidas en ese sentido, las cuales, desdenueve (9) de agosto de dos mil doce (2012)vienen ejecutándose. Frente a lo anterior, es necesario concluir, conforme a lo anotado en precedencia, que la decisión que habría de adoptarse en el caso concreto, resultaría contraria al objetivo constitucionalmente previsto para este mecanismo de amparo, pues supondría una dualidad de propósitos absolutamente innecesaria.
[2] Corte Constitucional, sentencia T-520 de 2012 (MP. M.V.C.C.).
[3] Folios 13 a 18 del cuaderno de revisión de tutela.
[4] De conformidad con la fotocopia de la cédula, la accionante nació el 18 de agosto de 1937.
[5] Ver por ejemplo las sentencias (i) T-043 de 2013 (M.G.E.M.M.) en la cual la Corte declaró la procedencia de una acción de tutela presentada por un mujer de 89 años quien dependía económicamente de su hija fallecida. La entidad accionada no reconoció el derecho a la pensión porque no se cumplía en el caso concreto el requisito de fidelidad, ya declarado inexequible por la Corte Constitucional. La S. de Revisión considero que la vía ordinaria no ofrecía al actor la protección de su derecho fundamental al mínimo vital, evidentemente amenazado desde la muerte de su hija, dijo en concreto la S. teniendo en cuenta la situación económica de extrema precariedad de la señora J.M.C.C., esta S. de Revisión estima que es necesaria la intervención del juez de tutela en aras de proteger sus derechos fundamentales, por cuanto es evidente que del reconocimiento y pago de la prestación económica reclamada, depende la satisfacción de su derecho al mínimo vital y en vista de que su hija fallecida era quien velaba por la satisfacción de sus necesidades básicas. De fondo, ordenó el reconocimiento del derecho a la pensión, sin aplicación del requisito de fidelidad, tan sólo, exigiendo que el causante hubiere cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la muerte, y demostrando la dependencia económica, que en el caso se encontraba probada, de la madre a su hija; (ii) T-618 de 2013 (M.J.I.P.P.): la Corte reiteró la facultad del juez de tutela para adoptar las medidas necesarias de protección del derecho al mínimo vital, a pesar de que se trata de una vía subsidiaria frente al proceso ordinario, cuando de las pruebas obrantes en el expediente se tiene que el interesado está en una situación de debilidad manifiesta que puede acarrear la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Se trató también de un caso en el que la falta de reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes a un hombre de 71 años que sufría una pérdida de capacidad laboral superior al 72% por las múltiples enfermedades que sufría, afectó la satisfacción de sus necesidades básicas diarias, y (ii) T-633 de 2013 (M.L.E.V.S.): la S. Novena de Revisión estudió el caso de una persona de 89 años de edad a quien el seguro social le reconoció el derecho a la pensión de sobrevivientes, pero a pesar de ello, no inició el pago de las mesadas. En procedencia la S. sostuvo que la falta de pago sucesivo de las mesadas pensionales, en el caso concreto por sobrevivencia, hace presumir la afectación del derecho fundamental al mínimo vital, especialmente en los casos en los cuales el monto de la prestación es igual al salario mínimo. Si tal afectación está sumariamente acreditada en el expediente, el juez constitucional tiene competencia para conocer de la acción y ordenar a quien corresponda el pago de la prestación. Ver también las sentencias: T-361 de 2012 (M.J.I.P.P.). Tratándose de otras prestaciones del Sistema de Seguridad Social en Pensiones como la pensión de vejez o la indexación de la primera mesada (T-255 de 2013 M.J.I.P.C., la Corporación se ha pronunciado en igual sentido: la tutela es procedente para solicitar el reconocimiento de dicha prestación cuando se trata de una persona de la tercera edad, a veces, con afecciones de salud que empeoran su estado de vulnerabilidad, y la pensión es la única fuente de ingresos del interesado y de su familia. En ese sentido se puede ver la sentencia T-702 de 2013 (M.N.P.P.): la S. de Revisión conoció del caso de un hombre que solicitó al Instituto de Seguros Sociales, hoy C. el reconocimiento de la pensión de vejez. El ISS negó el derecho porque no se había expedido el bono pensional del trabajador y el correspondiente traslado de los aportes al ISS. El señor tenía cáncer de próstata y él y su familia no tenían ingresos fijos. De fondo, la Corte estimó que el hecho de que no se hubieran expedido el bono pensional era una situación de índole administrativa no imputable al actor, y que no podía afectar el goce efectivo de su derecho. Sobre la procedencia, la S. dijo que la pensión de vejez permite a las personas de la tercera edad, que han dejado de estar en el mercado laboral, cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, cuando por la falta del reconocimiento y pago de la pensión la persona no pueda satisfacer esas necesidades y también las de su familia la acción de tutela es el mecanismo judicial que evitará la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Ver en el mismo sentido: T-476 de 2013 (M.M.V.C. Correa).
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