Auto nº 205/14 de Corte Constitucional, 9 de Julio de 2014

1. B.A.H.I. presentó acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía No. 38 Local de San Andrés Islas, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia. Manifiesta que las demandadas vulneraron sus derechos, al solicitar la preclusión de la investigación adelantada contra la señora Luz Estela Namen de la Peña por el delito de alzamiento de bienes, a pesar de que, en su concepto, existen suficientes elementos de juicio para formular la imputación respectiva, y así buscar el restablecimiento de sus derechos como víctima.

2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Islas, el cual, mediante auto del once (11) de junio de dos mil catorce (2014), se declaró incompetente para conocer el caso. Explicó que no podía conocer del asunto, porque de conformidad con el Decreto 1382 de 2000 “la competencia para conocer de la presente solicitud en 1ª instancia no corresponde a esta Corporación, sino a los Juzgados Penales del Circuito, por ser el superior funcional de los Juzgados Promiscuos Municipales, despachos a los cuales se encuentra adscrito el Fiscal antes mencionado [el Fiscal Local No. 38]”.

3. Realizado el nuevo reparto, correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés, Islas. Ese despacho, mediante auto del doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), señaló que “la competencia para conocer de las acciones de tutela contra una autoridad pública de orden Nacional, cuando se trata de actuaciones administrativas, es de los Tribunales o Consejos Seccionales de la Judicatura, teniendo en cuenta el numeral 10 del artículo 10 del Decreto 1382 de 2000”, por lo cual ordenó devolver las diligencias al Tribunal de origen.

4. Esta última autoridad, mediante auto del dieciséis (16) de junio de dos mil catorce, reiteró su postura a propósito de su incompetencia para conocer el asunto, y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencia suscitado.

Competencia de esta Corporación para resolver conflictos de competencia en la Jurisdicción Constitucional

5. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que por regla general los conflictos de competencias en materia de tutela son resueltos por el superior jerárquico de las autoridades judiciales que proponen la colisión. Así mismo, ha indicado que en los eventos en los que no exista superior jerárquico común, dichos conflictos serán resueltos por esta Corte como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional.[3] Lo anterior puesto que, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.

   Ahora bien, ello no debe ser entendido de manera absoluta, pues en aquellos casos en los que se prevea la tardanza en la adopción de una decisión de fondo dentro de los términos perentorios que establece la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, o en que la Corte constate que no se trata ni siquiera de un conflicto aparente de competencia, sino que en realidad advierte una discusión que envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto, previstas en el Decreto 1382 de 2000, no tiene justificación remitir el expediente de tutela al respectivo superior, pues lo que se impone es garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia, así como propender por la efectividad de los principios de economía, celeridad y eficacia que sustentan el ejercicio de la acción de tutela (D. 2591 de 1991, art. 3°).

6. De otra parte, debe advertirse que lo señalado no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria–, la competencia para dirimir conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencias dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas.

   Marco Jurídico que determina la competencia en materia de tutela

7. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son: el artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer ante cualquier juez; y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito.

8. De otra parte, se ha sostenido en la jurisprudencia constitucional que el Decreto 1382 de 2000 establece únicamente las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales. Esto, en tanto este decreto por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones (legales y constitucionales), no puede modificar las normas de superior jerarquía normativa.[4]

   En este sentido, esta Corte ha dicho que “la observancia del mencionado acto administrativo [Decreto 1382 de 2000] en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”.[5]

   Reglas para solucionar los conflictos de competencia en materia de tutela

9. La Corte Constitucional estableció en el Auto 124 de 2009[6] las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales han sido reiteradas en diversas oportunidades por esta Corporación:

   “(i) Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

   (ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

   (iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).

   (iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes.”

10. Respecto a la excepción (tutelas contra providencias de las Altas Cortes) establecida en esta última regla, la Corte en Auto 198 de 2009,[7] precisó que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído”.

11. Adicionalmente, la Corte ha precisado el significado del término “a prevención”, contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991[11] y 1° del Decreto 1382 de 2000. En el Auto 061 de 2011, siguiendo lo planteado en los autos 124 y 198 de 2011, esta Corporación señaló que la competencia a prevención implicaba que cualquiera de los jueces que fuera competente de acuerdo con el artículo 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción constitucional. De tal manera que los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad.

    En el Auto 070 de 2012[13] se dijo que “el alcance de la expresión competencia “a prevención”, en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículo 37 del decreto 2591 de 1991 y artículo 1 del decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrito a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista”.

    Con base en las consideraciones anteriores, procede la Sala Plena a decidir sobre el conflicto de referencia.

12. La Sala Plena de la Corte es competente para resolver el conflicto suscitado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés, Isla, y el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dada la naturaleza preferente y sumaria de la acción de tutela, y la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que en determinados casos pueden estar amenazados. Como se dijo anteriormente, en los eventos que se prevea una tardanza irrazonable para la adopción de una decisión de fondo en los términos establecidos por la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, esta Corporación puede asumir el conocimiento del conflicto que se presenta, como garantía del acceso efectivo a la administración de justicia y desarrollo de los principios de celeridad y eficacia que irradian el ejercicio de la acción de tutela (D. 2591 de 1991, art. 3°). Además, en este asunto se advierte que la discusión solo envuelve cuestiones de interpretación en la aplicación de las reglas administrativas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000, por lo que solo se está ante un conflicto aparente de competencia.

    Esta Corporación procede, entonces, a darle solución al caso.

13. De los antecedentes expuestos, se observa que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Islas, se declaró en un primer momento incompetente para conocer la acción de tutela de la referencia. Argumentó para ello que, en aplicación del Decreto 1382 de 2000, la competencia correspondía a los juzgados del circuito, toda vez que son los superiores funcionales de los juzgados a los cuales se encuentra adscrito el Fiscal Local 38 de San Andrés, Islas. Por su parte, el Juzgado Primero Penal de San Andrés, Islas, señaló que una de las entidades demandadas era la Fiscalía General de la Nación, y la competencia para conocer acciones impetradas contra entidades del orden nacional es de los tribunales superiores, conforme lo establece el mismo Decreto.

14. Analizada la situación planteada por los despachos involucrados, se advierte que la discusión gira en torno a la aplicación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, lo cual no autoriza a los jueces de tutela a declararse incompetentes. Debe insistirse en que los únicos conflictos de competencia existentes en tutela son los relacionados con el factor territorial y los que se presentan en acciones dirigidas contra medios de comunicación, de conformidad con el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991. En eventos como el presentado en esta oportunidad, el funcionario judicial a quien correspondió en primer lugar el conocimiento de la acción de tutela debe tramitarla o decidir su impugnación, según sea el caso.

14. Adicionalmente, al margen de la naturaleza jurídica de una de las entidades demandadas, los asuntos examinados no son de aquellos exceptuados de la aplicación de la regla sobre conocimiento inmediato y obligado de la acción de tutela, sentada por la Corte Constitucional en el auto 124 de 2009.[14] Ello, por cuanto no se observa una distribución caprichosa de la acción de tutela, o un desconocimiento de las disposiciones sobre competencia por parte de la oficina de apoyo judicial.

15. Por consiguiente, teniendo en cuenta los anteriores criterios y para que la acción de tutela no sufra más retardo, la Sala dejará sin efectos los autos del once (11) y el dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), proferidos por el Tribunal Administrativo de San Andrés, mediante los cuales se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela presentada por B.A.H.I. contra la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía No. 38 Local de San Andrés. En consecuencia, se remitirá el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial, para que de forma inmediata continúe el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS los autos del once (11) y el dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), proferidos por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Islas, mediante los cuales se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela presentada por B.A.H.I. contra la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía No. 38 Local de San Andrés.

Segundo.- REMITIR el expediente al Tribunal Administrativo de San Andrés, Islas, para que de forma inmediata tramite la acción de tutela mencionada.

Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Primero Penal del Circuito de San Andrés, Islas, la decisión adoptada en esta providencia.

C., notifíquese y cúmplase.LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

PresidenteMARÍA VICTORIA CALLE CORREA

MagistradaMAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

MagistradoLUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

MagistradoGABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

MagistradoGLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

MagistradaJORGE IVÁN PALACIO PALACIO

MagistradoJORGE IGNACIO PRETELTCHALJUB

MagistradoALBERTO ROJAS RÍOS

MagistradoMARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General[2] Al respecto, ver entre otros, los Autos 014 de 1994 (MP J.A.M., 087 de 2001 (MP M.J.C.E., SV J.A.R., 031 de 2002 (MP E.M.L., SV R.E.G., 122 de 2004 (MP M.J.C.E., SV J.A.R., 280 de 2006 (MP Á.T.G., SV J.A.R.) y 031 de 2008 (MP M.G.C.).

244 El artículo 43 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, establece: “[l]a Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos alde la Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. || También ejercen jurisdicción constitucional, excepcionalmente, para cada caso concreto, los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales.”

[4] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia No. 7057 del 18 de julio de 2002 [MP C.A.A., SV. J.O.S.G. (conjuez) y E.R.A.M. (conjuez)]. En esa providencia se examinó una demanda de nulidad contra la integridad del Decreto 1382 de 2000, sobre la base de que vulneraba el principio de reserva legal que existe en materia de establecimiento de reglas de competencia de la acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 superior. En lo relativo a ese cargo, se estableció que la norma no contrariaba el principio de legalidad en tanto allí se disponían normas de reparto de la acción de tutela, más no de competencia, la cual se regulaba por el artículo 37 del Decreto-Ley 2591 de 1991. En el mismo sentido puede observarse el Auto 099 de 2003 (MP M.J.C.E., SV J.A.R., en el cual la Corte Constitucional reiteró dicha interpretación: “[e]l Decreto 1382 de 2000 no contempla reglas para definir la competencia de un despacho judicial, sino que establece reglas para llevar a cabo el trámite administrativo de reparto. Por lo tanto, mal puede un despacho judicial que ha asumido la competencia de un proceso de acción de tutela de forma adecuada, considerar que ésta se afecta en virtud del Decreto citado. || En otras palabras, el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, entre otras cosas, ordena que las acciones de tutela dirigidas contra entidades del orden nacional seanrepartidasa los Tribunales. La norma en cuestión ni determina competencia, ni mucho menos establece reglas para cambios de competencia una vez esta ha sido fijada.”

[5] Auto 230 de 2006 (MP J.C.T., SV J.A.R.. Reiterado por el auto 340 de 2006 (MP J.C.T., SV J.A.R., entre otros.

[6] MP H.A.S.P.. Reiterado en los Autos 198 de 2009 (MP L.E.V.S., 061 de 2011 (MP H.A.S.P.) y 070 de 2012 (MP H.A.S.P..

[7] MP. L.E.V.S..

[8] El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”

[9] El artículo 1° del decreto 1382 de 2000, al establecer las reglas de reparto de las acciones de tutela, replica el mandato anterior al señalar que: “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos (…)”.

[10] MP H.A.S.P..

[11] MP J.I.P.P..

[12] MP H.A.S.P..

[13] La Corte acogió esta posición respecto del significado del término “a prevención” porque protege de manera efectiva los derechos fundamentales (interpretación más favorable para los derechos de las personas, o interpretación pro homine), al evitar las dilaciones indebidas en la resolución de las acciones de tutela, ya que los jueces no podrían iniciar conflictos aparentes de competencia en las acciones de amparo basados en que la oficina de reparto no respetó la especialidad escogida por el actor. Ver, entre otros, el auto 061 de 2011 (MP H.A.S.P..

[14] (MP. H.A.S.P..