Auto nº 060/15 de Corte Constitucional, 2 de Marzo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 572617262

Auto nº 060/15 de Corte Constitucional, 2 de Marzo de 2015

Número de sentencia060/15
Número de expedienteT-296/13
Fecha02 Marzo 2015
MateriaDerecho Constitucional

Auto 060/15

(Bogotá DC, Marzo 2)

Referencia: Solicitudes de aclaración y cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, Exp. T-3758508.

Solicitantes: Alcaldía Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Recreación y

Deporte -IDRD.

Magistrado Ponente: M.G. CUERVO.

I. ANTECEDENTES

  1. La sentencia T-296/13 objeto de la solicitud de aclaración.

    1.1. La Sentencia T-296 de 2013, proferida por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, efectuó la revisión de las sentencias de tutela del 16 de octubre de 2012, del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, y la Sentencia del 8 de agosto de 2012 del Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, dictadas en el marco del proceso de tutela iniciado por la Corporación Taurina de Bogotá (en adelante CTB) contra la Alcaldía Mayor de Bogotá (en adelante Alcaldía) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (en adelante IDRD). En la acción de tutela, la CTB consideró que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso y a la libertad de expresión artística, por la decisión de dichas autoridades públicas de terminar anticipadamente el contrato que permitía a la CTB el uso de la Plaza de Toros de S.M. (en adelante la Plaza) para realizar espectáculos taurinos, y la decisión administrativa de suspender la venta de abonos para la temporada 2013 y la cancelación de novilladas adelantadas en el marco del Festival de Verano.

    1.2. La Sala Segunda de Revisión se pronunció sobre los derechos a la libre expresión artística y frente al derecho al debido proceso, exclusivamente frente a la competencia para la cancelación de actividades y espectáculos propios de las manifestaciones del arte y la cultura relacionados con la tauromaquia. La Sala se abstuvo de realizar un pronunciamiento sobre controversias contractuales de rango legal o de carácter patrimonial. Como problema jurídico del caso, se formuló el siguiente:

    “9.4. El problema jurídico constitucional. La Corte Constitucional se ocupa en esta sentencia de decidir si ¿la decisión administrativa distrital de no permitir al accionante la presentación de espectáculos taurinos que conlleven sufrimiento y muerte del animal en la Plaza de Toros de “S.M.” de Bogotá, contenida principalmente en la resolución IDRD No 280/12 de terminación anticipada del contrato de utilización de la Plaza, vulnera: (i) el derecho al debido proceso, por la posible incompetencia de la autoridad distrital para adoptar tales decisiones administrativas que impiden la realización de espectáculos taurinos en los términos y modalidades previstos en la ley? (ii) el derecho a la libertad de expresión artística, por la posible restricción indebida del contenido de una actividad legalmente regulada y definida como “expresión artística del ser humano”?”[1]

    1.3. La Sala Segunda de Revisión resolvió el caso ordenando la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión artística, disponiendo:

    “Primero.- REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia del 16 de octubre de 2012 del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó la Sentencia del 8 de agosto de 2012 del Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, que negó el amparo solicitado, y en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión artística, invocados por la Corporación Taurina de Bogotá, dejando sin efectos la Resolución 280 de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de 1999”; y el Oficio 20121010062061 del 26 de abril de 2012, por medio del cual se suspendió la venta de abonos y las novilladas en el marco del Festival de Verano.

    Segundo.- DECLARAR la existencia de un daño consumado en relación con la realización de la temporada taurina correspondiente al año 2013.

    Tercero.- ORDENAR a la entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de S.M. como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004; (ii) rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla; (iii) abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo taurino en Bogotá D.C.

    Cuarto.- ORDENAR a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de S.M. de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como escenario taurino en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la administración pública aplicables al proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la temporada regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en el mes de agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las características habituales de la calidad y contenido de tal expresión artística.

    Quinto.- El IDRD dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior -cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros administrativos del caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004[2].

  2. Las solicitudes.

    Tanto la Alcaldía como el IDRD radicaron solicitudes de aclaración, el día 10 de septiembre de 2014, ante la Secretaría General de esta Corporación; debe indicarse que ambos documentos se corresponden exactamente en su contenido, y que la solicitud del IDRD se presentó coadyuvando la solicitud radicada por la Alcaldía[3], razón por la cual se analizarán como una sola.

    2.1. Fundamentos de la solicitud.

    2.1.1. En primer lugar, las solicitantes argumentaron que es necesaria la aclaración de la sentencia T-296/2013, pues la parte resolutiva de la misma sería contradictoria. Sostienen que en ella se ordenó a la vez la restitución inmediata de la Plaza, pero simultáneamente se planteó (i) la necesidad de realizar un contrato para la utilización de la Plaza, fruto de un proceso de selección que atienda los principios de la contratación pública, y (ii) ejecutar la rehabilitación del escenario, que presupone una intervención en la Plaza con obras de reforzamiento estructural. Para los solicitantes no resultaba posible cumplir los mandatos de manera simultánea, pues se requiere de un tiempo prudencial tanto para la realización de los procedimientos para la contratación, como para realizar el reforzamiento estructural del escenario[4], imposibilidad frente a la cual debería pronunciarse la Sala.

    2.1.2. En segundo lugar, expusieron que la actuación administrativa necesaria para el cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-296/2013, implica una dilación en su ejecución, haciendo imposible su acatamiento inmediato. En este sentido, la orden en torno a “abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate” [5] el restablecimiento de la Plaza como recinto del espectáculo taurino en Bogotá, sería también imposible de cumplir.

    2.1.3. En tercer lugar señalaron que el término de 6 meses dispuesto en el resolutivo quinto de la sentencia para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo cuarto, no atendería los “términos legales que deba agotar en los correspondientes procesos, en los cuales intervienen otras autoridades públicas, tales como órganos de control y eventualmente autoridades judiciales”[6], pudiendo resultar imposible para el IDRD el cumplimiento de las órdenes mencionadas.

    2.2. Pretensiones de aclaración.

    2.2.1. La restitución de la plaza debe cumplirse luego de que se realicen el proceso contractual y las obras de intervención en desarrollo del contrato, necesarias para que la Plaza pueda utilizarse en la forma como lo dispone la sentencia.

    2.2.2. La orden de "abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento" debe entenderse como referida solo a actuaciones no previstas en la ley.

    2.2.3. El término de seis meses en el que el IDRD debe dar cumplimiento a las órdenes comprende exclusivamente las actuaciones que son de su competencia.

II. CONSIDERACIONES

  1. Cuestión previa: el alcance de las solicitudes del IDRD y la Alcaldía.

    1.1. Las solicitudes radicadas por el IDRD y la Alcaldía fueron presentadas como solicitudes de aclaración. Con todo, algunos de los puntos desarrollados refieren a la forma de cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-296 de 2013: el tiempo necesario para completar la rehabilitación del escenario; y la posibilidad de diferir el cumplimiento de las órdenes en vista de las exigencias propias de las obras de rehabilitación.

    1.2. Los temas aludidos, si bien rebasan el alcance de una solicitud de aclaración en los términos del Código General del Proceso, son importantes y merecen una consideración por parte de esta Sala. Así, serán tenidas en cuenta en el marco de las diligencias de cumplimiento de las sentencias de tutela, reguladas en el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

    1.3. Como consecuencia de lo anterior, el presente auto se ocupará tanto de la aclaración de la sentencia T-296/13 como de su cumplimiento, atendiendo el contenido material de las solicitudes.

  2. Competencia de la Sala.

    2.1. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha admitido la procedencia excepcional de solicitudes de aclaración en el marco de sus procedimientos de constitucionalidad: cuando el texto de la sentencia a la que se refiere ofrezca verdaderos y poderosos motivos de duda en cuanto a su alcance, y se cumplan ciertos requisitos básicos de procedencia, previstos en el Código General del Proceso[7] -art. 285- y la jurisprudencia constitucional.

    2.2. La Corte Constitucional ha destacado que si bien “[e]s obligatorio para el juez de primera instancia, en cuanto no pierde competencia para ello, hacer cumplir la orden de tutela”[8], extraordinariamente la propia Corte puede asumir la competencia para conocer del cumplimiento de sus fallos, como cabeza de la jurisdicción constitucional, cumpliendo los requisitos básicos establecidos jurisprudencialmente.

  3. Requisitos de admisibilidad y procedencia de la aclaración y la verificación del cumplimiento.

    3.1. Requisitos de la solicitud de aclaración.

    3.1.1. Como requisitos de procedencia de la solicitud de aclaración, la jurisprudencia ha establecido: (i) un requisito de legitimación, exigiendo que esta sea formulada por quien fue parte en el proceso al que se refiera la sentencia[9]; igualmente, se admite la procedencia de oficio de la aclaración de una providencia. (ii) La aclaración solo es admisible si es formulada dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia[10], […] durante los tres días posteriores a su notificación”[11] -CGP, art. 302-. (iii) Los conceptos o frases a aclarar deben estar contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o deben influir en ella, ofreciendo “verdadero motivo de duda”[12] y teniendo en cuenta que la aclaración no debe servir para revocar o reformar la providencia a la que se refiere.

    3.1.2. En el presente caso, (i) tanto la Alcaldía de Bogotá como el IDRD fueron parte en el procedimiento de revisión del expediente T-3.758.508, que culminó con la expedición de la sentencia T-296 de 2013; por este motivo, ambos se encuentran legitimados para elevar la solicitud de aclaración. (ii) Igualmente, frente al cumplimiento del requisito de oportunidad, se verificó que la sentencia T-296 de 2013 fue notificada a la Alcaldía Mayor de Bogotá el 10 de septiembre de 2014, mientras que la notificación al IDRD se realizó el 11 de septiembre de 2014[13], cumpliéndose el requisito de oportunidad pues las solicitudes de aclaración fueron radicadas en la Secretaría de esta Corporación el 10 de septiembre de 2014[14]. (iii) Es claro que las pretensiones de aclaración expuestas por los solicitantes se refieren a elementos de la parte resolutiva de la sentencia T-296/13, y las entidades accionadas exponen dificultades en el entendimiento de las órdenes.

    3.1.3. La Sala considera que a pesar de que las órdenes son claras y que de ellas no se deriva una duda que haga imposible su comprensión, las entidades obligadas exponen interpretaciones que dejan entrever una eventual dificultad en la ejecución de las órdenes, lo que sugiere la necesidad de esclarecer algunos elementos para facilitar la intelección y el cabal cumplimiento de la sentencia y del restablecimiento de los derechos vulnerados.

    3.2. Requisitos para la verificación del cumplimiento de la sentencia de revisión.

    3.2.1. Para la procedencia de la verificación del cumplimiento de las sentencias proferidas por las salas de revisión de la Corte Constitucional, debe comprobarse el cumplimiento de los siguientes tres requisitos: “1. Se debe tratar de un incumplimiento de una sentencia dictada por la propia Corte Constitucional, en donde se concede la pretensión solicitada. 2. Debe resultar necesaria la intervención de esta Corporación para proteger el orden constitucional. 3. La actuación de la Corte debe ser indispensable para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados”[15].

    3.2.2. Se tiene en el presente caso: (i) la verificación del cumplimiento se refiere a una sentencia dictada por la Corte Constitucional, en la que se concede la pretensión; (ii) la intervención de la Corte es necesaria para la preservación del orden constitucional pues se encamina a asegurar la efectividad de las órdenes dispuestas en la sentencia T-296/13; y (iii) se comprueba la necesidad de que la Corte Constitucional intervenga para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales vulnerados, al haber sido puesto en consideración de la Sala, como situación sobreviniente, la necesidad de emprender labores de reforzamiento estructural de la Plaza, para asegurar la seguridad, la salubridad y la tranquilidad de los asistentes y participantes del espectáculo taurino.

    3.3. Conclusión del punto.

    Como consecuencia de lo anterior, la Corte ejercerá competencia para adoptar decisiones relativas a la aclaración del sentido de las órdenes dispuestas en la sentencia T-296/13, como para tomas determinaciones dirigidas al correcto cumplimiento del objeto de la misma.

  4. Aclaración de las órdenes impartidas en la Sentencia T-296/13.

    4.1. La expresión “restitución”[16] de la sentencia T-296 de 2013 (resolutivo tercero, i).

    4.1.1. Ha de aclararse que la expresión “restitución” refiere a un concepto estrictamente jurídico, para ratificar la destinación legal de la Plaza de Toros de S.M. de Bogotá y regresarla a su uso legal como plaza de toros permanente de primera categoría[17]. La “restitución” no debe confundirse ni con la rehabilitación física de la Plaza ni con su reapertura al público. Por esto, la orden de la “restitución” así entendida obra de manera inmediata, y se entiende cumplida con la notificación a la autoridad distrital de la sentencia T-296/13.

    4.1.2. No sobra recordar que la “restitución” de la Plaza como escenario para la realización de espectáculos taurinos no impide que el escenario pueda ser utilizado en otras actividades culturales o artísticas, deportivas o recreativas, siempre y cuando con ello no se altere ni obstruya su destinación principal y tradicional.

    4.2. La expresión “rehabilitación”[18] de la sentencia T-296/13 (resolutivo tercero, ii).

    4.2.1. La rehabilitación hace referencia a la intervención física o locativa de la Plaza, (i) dirigida a la adecuación de la infraestructura necesaria para la práctica de la tauromaquia y la realización de espectáculos taurinos -y otros- en las condiciones habituales de su realización, (ii) en garantía de la salubridad, seguridad y tranquilidad que deben rodear el espectáculo taurino y demás espectáculos.

    4.2.2. En el trámite de aclaración, las autoridades distritales han puesto en conocimiento de esta Sala la necesidad de realizar un reforzamiento estructural de la Plaza, dado el deterioro que actualmente presenta, con miras a garantizar su idoneidad como recinto para la realización de espectáculos taurinos.

    4.2.3. Se aclara que el reforzamiento estructural se inscribe en la orden fijada en la sentencia T-296/13 -resolutivo tercero .ii-, en cuanto obra de infraestructura para “rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza”. Así, su ejecución será objeto de evaluación judicial del cumplimiento de la sentencia de tutela, en los términos del decreto 2591/91 y la jurisprudencia de la Corte.

  5. El procedimiento administrativo/contractual para la rehabilitación y reapertura de la Plaza.

    5.1. El término de las obras de rehabilitación.

    5.1.1. Las obras de reforzamiento estructural hacen parte integral del mandato de rehabilitación de la Plaza ordenado en el resolutivo tercero de la T-296/13 -supra II, 4.2.3-. Por ello, la correcta ejecución y cumplimiento de las órdenes de tutela demanda de la Sala el establecimiento de tiempos ciertos para la ejecución de las obras, en garantía de la protección constitucional concedida, destacando, además, que la apreciación de su necesidad y modalidad compete a la autoridad distrital en ejercicio de sus funciones administrativas y de policía.

    5.1.2. En tal sentido, la Sala toma en cuenta que la autoridad distrital ha emprendido un procedimiento contractual cuyo objeto es la realización del reforzamiento estructural de la Plaza de Toros de S.M.[19], fijando para el efecto un “plazo máximo de ejecución” de dieciocho (18) meses y una “fecha de legalización” del contrato el 17 de marzo de 2015. Considerando razonable y conducente dicho proceso contractual y tales término y fecha, la Sala incorporará las propias determinaciones distritales como criterios para la evaluación del cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-296 de 2013, así: (i) la legalización del contrato para el reforzamiento estructural de la Plaza deberá realizarse a más tardar el 17 de marzo de 2015; (ii) el término de ejecución del contrato, es decir, para la finalización de las obras de rehabilitación estructural de la Plaza, será de máximo dieciocho (18) meses, contados a partir de la legalización del respectivo contrato. Los parámetros serán tenidos en todo caso por la Corte como fecha y término ciertos[20].

    5.2. El plazo de seis meses para el proceso administrativo/contractual de operación de la Plaza.

    5.2.1. Consistiendo la reapertura de la Plaza de Toros de S.M. en su puesta a disposición del público para el restablecimiento de espectáculos taurinos, la Sala reconoce la necesidad de que se realice previamente la rehabilitación del escenario en los términos antes expuestos, con miras a garantizar su ejecución y cumplimiento en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad.

    5.2.2. Para la exigibilidad de lo dispuesto en el ordinal quinto de la sentencia T-296/13[21], la Sala de Revisión dispondrá que los seis (6) meses allí fijados para la conclusión del proceso administrativo/contractual de operación de la Plaza, habrán de coincidir con el semestre final del cronograma de ejecución de las obras de rehabilitación. Así, vencido el mes doce (12) del término de ejecución de las obras de reforzamiento estructural -a iniciarse el 17 de marzo, tomada ésta como fecha cierta-, deberá darse inicio al proceso administrativo/contractual aludido, “garantizando la selección objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la administración pública” y procurando con ello el restablecimiento de los derechos vulnerados y facilitando en la mayor medida posible la ejecución del fallo de tutela.

  6. Actuaciones dilatorias.

    6.1. La Sala destaca que el adelantamiento de los procedimientos de rehabilitación estructural y administrativos/contractuales antes referidos, en los términos dispuestos en el presente auto, no han de ser tenidos como dilatorios u obstructivos del restablecimiento de los derechos fundamentales tutelados en la sentencia T-296/13.

    6.2. La orden consistente en “abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo taurino en Bogotá D.C.”, es parámetro de verificación judicial del cumplimiento de las órdenes dispuestas para este caso por la Corte Constitucional, con arreglo a criterios de finalidad, razonabilidad y conducencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE

Primero-. ACLARAR que la orden de restitución contenida en el resolutivo tercero de la Sentencia T-296 de 2013 (i. “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de S.M. como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004”), alude a la ratificación de la destinación jurídica de la Plaza de Toros de S.M. de Bogotá, como plaza de toros permanente de primera categoría, de acuerdo con lo establecido en la Ley 916 de 2004.

Segundo-. ACLARAR que la rehabilitación dispuesta en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la Sentencia T-296 de 2013 (ii. rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla”), comprende la obra de reforzamiento estructural de la Plaza de Toros de S.M. decidida por la autoridad distrital.

Tercero-. ASUMIR la competencia para verificar cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013.

Cuarto-. DISPONER que la ejecución de las obras de reforzamiento estructural de Plaza de Toros de S.M. de Bogotá, parte integral del mandato de rehabilitación antes aludido, habrá de adelantarse de acuerdo con el cronograma propuesto por la autoridad distrital, así: (i) la legalización del contrato para el reforzamiento estructural deberá realizarse a más tardar el 17 de marzo de 2015; (ii) el término máximo de ejecución del contrato de rehabilitación estructural de la Plaza de toros de S.M. será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la legalización del respectivo contrato.

Quinto-. DISPONER que el término de seis (6) meses consagrado en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la Sentencia T-296 de 2013 para la realización del proceso administrativo/contractual de operación de la Plaza de Toros, comenzará a correr a partir del 17 de marzo de 2016, correspondiendo a la autoridad distrital competente adelantarlo de conformidad con el resolutivo cuarto de la sentencia, “en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en la administración pública”, conducente a la reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004.

Sexto-. INFORMAR a los interesados que contra las decisiones atinentes a la aclaración de la Sentencia T-296 de 2013 no procede recurso alguno.

C., notifíquese, cúmplase y publíquese.

M.G. CUERVO

Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

Con salvamento de voto

LUÍS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Secretario General (e)

[1] Sentencia T-296/13.

[2] I..

[3] Cfr. Solicitud de Aclaración IDRD, folio 1.

[4] Al respecto destacan la necesidad de obtener la aprobación del Ministerio de Cultura para la realización de intervenciones estructurales en la Plaza, siendo susceptible el proyecto de sufrir ajustes y modificaciones en el trámite de la misma.

[5] T-296/13, Resolutivo Tercero.

[6] Solicitud de Aclaración Alcaldía de Bogotá, folio 7.

[7] En cuanto a la interpretación de las normas del procedimiento civil, se ha aplicado lo dispuesto en el Art. 4 del Decreto 306 de 1992, que indica que “Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto […]”. Al respecto los principios consignados en los artículos 11 y 12 del Código General del Proceso (L. 1564/12), llaman a llenar los vacíos de las normas procesales “con las normas que regulen casos análogos” (Art. 12), y a interpretar la norma procesal para la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, justificación suficiente para la aplicabilidad del artículo 285 del CGP para tramitar la aclaración de las sentencias de la Corte Constitucional. Antes de la vigencia del CGP se hacía remisión a lo dispuesto en el artículo 309 del CPC que disponía: “ACLARACION. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. || La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término. || El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos”.

[8] Sentencia T-1038/00.

[9] Cfr. Autos A-150 y A-151 de 2012.

[10] Cfr. Autos A-013/14, A-073A/14,.

[11] Auto A-339/10.

[12] CGP, Art. 285, (subrayas fuera del texto original).

[13] Respecto del IDRD, se aplican al caso las reglas de la notificación por conducta concluyente (CGP Art. 301), en tanto su solicitud de aclaración, en la que se hace mención de la sentencia T-296 de 2013, fue radicada antes de la notificación efectiva de la Sentencia T-296 de 2013, a cargo del Juez de primera de instancia de tutela. Al respecto pueden verse los autos A-013/14; A-197A/11.

[14] Cfr. Certificación del 17 de septiembre de 2014, expedida por el Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, y contenida en el Oficio No. T 0629/14Este oficio obra en el expediente de la solicitud de nulidad formulada por la Alcaldía Mayor de Bogotá contra la Sentencia T-293 de 2013, en los folios 229 a 237. En virtud de (i) la informalidad en el trámites de las acciones de tutela, (ii) que dicho documento consta en la solicitud de nulidad formulada por el solicitante de la presente aclaración, y (iii) que el mismo está a cargo del despacho sustanciador, la certificación referida es tenida en cuenta en el presente trámite para la demostración de la fecha de notificación de la sentencia T-296 de 2013, de la Corte Constitucional.

[15]Consultar, entre otros, Autos A-149A/03; A-127/04; A-184/06; A-072/10; A-216/12; A-219/12; A-245/14.

[16] Sentencia T-296/13, parte resolutiva, orden tercera: “(i) restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santamaría como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004

[17] Cfr. L.916/04, A.. 4 y 10.

[18] Sentencia T-296/13, parte resolutiva, orden tercera: “(ii) rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla”.

[19] Para el efecto el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural puso en marcha el procedimiento de contratación identificado con el numero IDPC-LP-001-2015, con el fin de realizar el siguiente objeto contractual: “EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DE TOROS LA SANTAMARÍA, UBICADA EN LA CALLE 27 NO. 6-29 / CARRERA 6 NO. 26-50 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.

[20] Se tiene como cronograma para la realización de la orden de rehabilitación el siguiente, tomando en consideración el “pliego de condiciones definitivo” en el proceso de contratación identificado con el número IDPC-LP-001-2015, y en la adenda no. 4 del mismo, referida al cronograma del proceso, publicados en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública con fechas 6 de febrero de 2015 y 18 de febrero de 2015, así: a) Fecha límite para la legalización del contrato: 17 de marzo de 2015; b) Plazo máximo de Ejecución: Dieciocho meses contados a partir de la fecha de legalización antes establecida, de manera que su culminación se produzca antes del 18 de septiembre de 2016. En: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-132120

[21] T-296 de 2013: “Quinto.- El IDRD dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior -cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros administrativos del caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004”[21].

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