Sentencia de Tutela nº 245/15 de Corte Constitucional, 30 de Abril de 2015

1. Hechos

   El 16 de julio de 2014 la señora C.I.G.R. interpuso acción de tutela en contra de S. EPS, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la integridad física, la vida digna, la subsistencia, la seguridad social y la protección especial de las personas de la tercera edad. La acción está sustentada en los siguientes hechos:

   1.1. Refiere que se encuentra afiliada a la EPS S. desde el 22 de febrero de 1996. Señala que el 28 de diciembre de 2012 fue sometida a un bloqueo de columna, esto es, la realización de infiltraciones por medio de agujas.

   1.2. Aduce que como consecuencia de ese procedimiento se generaron graves lesiones internas en su espina dorsal, como “osteocondrosis, espondilosis y osteoartritis facetaria severa”, enfermedades que le fueron diagnosticadas en una resonancia magnética de columna lumbosacra simple y contrastada.

   1.3. Indica que por ello, el 21 de marzo de 2014, tuvo que ser sometida a una cirugía abierta de columna con exploración del canal raquídeo y hemilaminectomia, en la cual le fueron detectadas varias complicaciones como “gran fibrosis, reacción cicatricial, artrodesis y fijación pedicular”. Comenta que a partir de la intervención quirúrgica fue remitida a fisioterapia, incluso se le han realizado varias sesiones.

   1.4. Asevera que el 26 de febrero de 2014, S. EPS le entregó el concepto favorable de rehabilitación, donde se afirma que en cumplimiento del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001[1] se suspendía el pago de las incapacidades por llevar más de 180 días y se le remitió al fondo de pensiones al cual se encontrara afiliada para que se asumiera dicha prestación económica.

   1.5. Relata que se opuso al escrito referido, mediante documento radicado en la entidad accionada el 17 de marzo de 2014, en razón a que el precepto normativo invocado le permitía seguir gozando de la incapacidad hasta por 360 días adicionales. No obstante, en comunicación recibida el 27 de marzo la entidad ratificó su posición, negando el pago con posterioridad al 28 de marzo de 2014.

   1.6. Considera que la EPS no puede remitirla a la entidad administradora de fondos de pensiones (AFP) o a evaluación de la junta Regional de Calificación de Invalidez, toda vez que no se ha adelantado el tratamiento de rehabilitación integral exigido en el inciso primero de la norma en cita, el cual consiste básicamente en la intervención quirúrgica para curar los daños ocasionados con el procedimiento al cual fue sometida.

   1.7. Expresa que para determinar si hay lugar a la recuperación, es deber de la EPS continuar con el pago de las incapacidades hasta tanto pase el período postoperatorio y se terminen las terapias, ya que según el decreto referido, deben adelantarse todos los trámites tendientes a su recuperación para ser remitida a evaluación de pérdida de capacidad laboral.

   1.8. Manifiesta que en este momento no cuenta con afiliación a ningún fondo de pensiones y, por tanto, al remitirla a tal entidad, se está poniendo en riesgo su subsistencia ya que depende económicamente del pago de estas incapacidades.

   1.9. Señala que, efectivamente, S. le suspendió el pago de las incapacidades a partir del 28 de marzo de 2014, sin esperar un plazo prudencial de rehabilitación como legalmente corresponde, por lo que su subsistencia se encuentra limitada a que la EPS le cancele las incapacidades por 360 días más, tal como lo establece la norma.

   1.10. En consecuencia, solicitó que se ordenara a la accionada que, de manera inmediata, procediera al reconocimiento y pago de las incapacidades generadas a partir del 28 de marzo de 2014, hasta tanto se realicen las actividades tendientes a su recuperación y se le preste el tratamiento integral a su patología.

2. Contestación de la entidad accionada

   En respuesta de 25 de julio de 2014, S. EPS informa que la accionante se encuentra afiliada en su entidad desde el 16 de febrero de 1998 como cotizante independiente.

   R. que la paciente está diagnosticada con radiculopatía, para lo cual ha venido brindando el tratamiento integral requerido por medicina general y especializada, autorizando los servicios que se encuentran cubiertos por el POS.

   Comenta que en virtud de su enfermedad los médicos tratantes han expedido incapacidades a su favor, que acumulan a la fecha 262 días. Refiere que la competencia de la EPS se circunscribe a cubrir las incapacidades hasta el día 180 y con posterioridad corresponde directamente al fondo de pensiones de cada usuario asumir el pago de las prestaciones económicas derivadas de las patologías que han generado la incapacidad prolongada, acorde con el Decreto 2463 de 2001.

   Por lo anterior, aduce que en cumplimiento de sus obligaciones, el 26 de febrero de 2014 procedió a emitir concepto médico y entregó directamente a la usuaria el acta de remisión para que adelantara los posibles trámites ante su AFP, toda vez que a la fecha la accionante solamente realiza aportes a salud.

   Finalmente, solicita que se declare la improcedencia de la acción constitucional en contra de S. EPS, al no haber vulnerado los derechos fundamentales de la señora G.R..

3. Decisiones objeto de revisión constitucional

   3.1. Primera instancia

   El Juzgado 35 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín, en sentencia de 28 de julio de 2014, denegó la protección de los derechos invocados con fundamento en que del acervo probatorio no se deduce vulneración alguna efectuada por la EPS accionada.

   Expuso que analizado el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, la entidad accionada observó las obligaciones de allí derivadas, como quiera que i) canceló las incapacidades hasta el día 180, ii) expidió concepto favorable de rehabilitación y, iii) remitió a la usuaria al fondo de pensiones al cual se encontrara afiliada con el fin de agotar el trámite administrativo pertinente.

   A juicio del fallador, atendiendo que la accionante desde hace años se había retirado voluntariamente de la AFP, no se puede endilgar a la EPS la responsabilidad de efectuar los pagos con posterioridad al día 180 al haber cumplido irrestrictamente la norma, como tampoco a ningún fondo de pensiones.

   3.2. Impugnación

   El 5 de agosto de 2014, la accionante impugnó la decisión de primera instancia bajo el argumento de que el fallador desconoció que la perdida de la capacidad laboral solo se puede calificar cuando la EPS haya adelantado todos los trámites referidos a la rehabilitación integral o demostrado su imposibilidad, como lo dispone el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001.

   Manifestó que al existir concepto favorable de recuperación, es necesario continuar con los tratamientos y el pago de las incapacidades hasta que se reestablezca su estado de salud, por lo que, a su juicio, tiene derecho a disfrutar de 360 días adicionales de incapacidad sufragados por la EPS. Máxime cuando su afectación de salud es producto de errores médicos cometidos por personal adscrito a dicha entidad.

   Concluyó que la responsabilidad en el reconocimiento de esas prestaciones económicas no se puede trasladar a las AFP, como quiera que no se encuentra afiliada a ningún fondo de pensiones, entre otros motivos, por su avanzada edad.

   3.3. Segunda instancia

   Mediante fallo de 10 de septiembre de 2014, el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín confirmó la decisión del a quo, en razón a que la accionante está realizando una interpretación errónea del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001. Aclaró que el reconocimiento de las incapacidades posteriores a los primeros 180 días y hasta por 360 días adicionales, es una competencia exclusiva de los fondos de pensiones siempre que haya un concepto favorable de rehabilitación, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional.

   En esos términos consideró que la EPS accionada había cumplido con las obligaciones encomendadas por la normativa vigente. Coligió que no se puede endilgar dicha responsabilidad a ninguna AFP, ni siquiera a la que venía cotizando, porque la accionante voluntariamente se retiró.

   En consecuencia, indicó que la actora no tiene derecho al pago de las incapacidades que superen los 180 días, mientras no haya un fondo de pensiones al que se encuentre afiliada.

4. Pruebas

   - Copia del registro de afiliado de la base de datos BDUA (cuaderno principal, folio 7).

   - Copia del resultado de una resonancia magnética nuclear realizada el 13 de noviembre de 2013 (cuaderno principal, folio 8 y 9).

   - Copia de Resumen de la Historia Clínica suministrada por la Clínica Las Vegas, respecto al procedimiento quirúrgico realizado (cuaderno principal, folios 10, 11, 25 y 26).

   - Copia del concepto médico de rehabilitación (cuaderno principal, folio 12).

   - Copia del comunicado de S. EPS fechado el 26 de febrero de 2014 (cuaderno principal, folio 13).

   - Copia de la respuesta entregada por la accionante a S. EPS, el 17 de marzo de 2014 (cuaderno principal, folios 14 a 16).

   - Copia de la respuesta de S. EPS fechada el 27 de marzo de 2014 (cuaderno principal, folios 17 y 18).

   - Copia de las incapacidades ordenadas por los médicos tratantes desde el mes de marzo de 2014 hasta la fecha (cuaderno principal, folios 19 a 24).

   - Relación de incapacidades pagadas por S. EPS expedida el 21 de julio de 2014 (cuaderno principal, folio 32).

   - Relación de autorizaciones de servicios médicos a la accionante por parte de S. EPS expedida el 25 de julio de 2014 (cuaderno principal, folio 33 y 34).

1. Competencia

   Esta S. es competente para revisar el fallo de tutela mencionado, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, el Decreto estatutario 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.

2. Problema jurídico

   Corresponde a este Tribunal determinar si los derechos a la salud, la vida digna, al mínimo vital, la subsistencia y la seguridad social invocados por la señora C.I.G., fueron vulnerados por S. EPS al negarle el pago de las incapacidades de los periodos mayores a 180 días con fundamento en que es competencia del fondo de pensiones al cual se encuentre afiliada la accionante.

   Para resolver el asunto sub examine, la S. abordará: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de incapacidades laborales; ii) el reconocimiento de incapacidades laborales de origen común superiores a los 180 días y; iii) el caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de incapacidades laborales. Reiteración de jurisprudencia

   3.1. La Constitución Política en su artículo 49, establece la garantía para que todos los ciudadanos accedan a los servicios de promoción, protección, prevención, rehabilitación y recuperación de la salud, cuando la misma se ha visto mermada con ocasión del desarrollo de actividades laborales generando como consecuencia las denominadas incapacidades laborales.

   Esta Corporación ha señalado que las sumas de dinero reconocidas como subsidio por incapacidad, vienen a sustituir el salario durante el lapso en el cual el trabajador se encuentra al margen de sus labores, constituyendo la garantía necesaria para que su recuperación transcurra de manera tranquila al no tener que preocuparse por la procura de los ingresos necesarios para el sostenimiento personal o de su grupo familiar, garantizando de paso su subsistencia en condiciones dignas, tal como lo establece el artículo 53[2] de la Carta Política.

   3.2. En materia de procedencia excepcional de la tutela para el reconocimiento de esta prestación, en la Sentencia T-263 de 2012 se compilaron las siguientes subreglas:

   i) El pago de las incapacidades sustituye el salario del trabajador dependiente o independiente, durante el tiempo que por razones médicas está impedido para desempeñar sus labores[3], cuando las incapacidades laborales son presumiblemente la única fuente de ingreso con que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar.

   ii) Constituye también una garantía del derecho a la salud del trabajador, puesto que coadyuva a que se recupere satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por la reincorporación anticipada a sus actividades laborales, con el fin de obtener recursos para su sostenimiento y el de su familia[4].

   iii) Además, los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un tratamiento especial al trabajador, quien debido a su enfermedad se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta[5].

   3.3. Adicionalmente, este Tribunal ha sostenido que cuando no se reconoce el pago de las incapacidades laborales, se pueden terminar afectando otros derechos fundamentales como la salud, la vida en condiciones dignas, el mínimo vital del trabajador y de su núcleo familiar[6], ya que en la mayoría de los casos el subsidio por incapacidad representa el único sustento[7].

   En efecto, respecto del mínimo vital, la Corte ha reiterado que se presume que el pago de las incapacidades laborales constituye la única fuente de ingreso con la que el trabajador cuenta para garantizar su subsistencia y la de su familia, tal como ocurre con su salario[8].

   3.4. Es por ello que a pesar de la existencia de otras vías judiciales por las cuales se pueden reclamar las acreencias laborales, entre ellas las incapacidades, cuando estas no se pagan oportunamente se afectan derechos del orden constitucional, por lo que se hace necesaria la intervención del juez de tutela a fin de neutralizar el perjuicio irremediable al que se puede ver abocado el individuo y su núcleo familiar.

4. Reconocimiento de incapacidades laborales de origen común superiores a los 180 días

   4.1. El artículo 48 Superior consagró el derecho a la seguridad social, los principios que deben regirla y autorizó al legislador para que expidiera las leyes necesarias a fin de lograr el desarrollo integral del sistema.

   En cuanto a las contingencias que llegare a padecer un trabajador en razón a una enfermedad o lesión que lo incapacite para laborar en forma permanente o temporal, el legislador contempló distintas situaciones que en cada evento se pueden presentar y los procedimientos a seguir, con el único fin de garantizar que la persona afectada no interrumpiera sus tratamientos médicos o que pudiera percibir un sustento económico a título de incapacidad[9] o de pensión de invalidez, según el caso.

   Así, la obligación del empleador de asumir el auxilio monetario correspondiente a la incapacidad comprobada para cumplir sus labores fijada en el artículo 227[10] del Código Sustantivo del Trabajo, fue trasladada por la Ley 100 de 1993[11], en principio, a la entidad promotora de salud a la cual se encontrare afiliado el trabajador.

   Ahora bien, habida cuenta del desarrollo normativo posterior de dicha disposición, se advierte que la entidad responsable del reconocimiento y pago de la referida prestación económica depende de la duración del cese de labores por razones médicas.

   4.2. En efecto, si la incapacidad es igual o menor a dos días, será asumida directamente por el empleador, como lo establece el Decreto reglamentario 1406 de 1999[12] recientemente modificado por el Decreto reglamentario 2943 de 2013[13].

   4.3. Por su parte, a la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador le corresponde realizar lo propio a partir del tercer día[14] y hasta el día 180[15], siempre y cuando la misma no sea prórroga de otra. Cabe advertir que las incapacidades se entienden prorrogadas cuando entre una y otra no existe un lapso mayor a 30 días y corresponden a la misma enfermedad[16]. En relación con este deber la Corte Constitucional ha determinado algunas situaciones excepcionales en que esa competencia se traslada al empleador[17].

   En ese periodo, la entidad promotora de salud debe emitir el concepto favorable de rehabilitación antes del día 120 de incapacidad temporal y remitirlo a más tardar el día 150 al fondo de pensiones al cual se encuentre cotizando la persona. En caso de que omita dicha obligación y se hayan agotado los primeros 180 días de incapacidad, la EPS deberá continuar con el pago de los días posteriores hasta tanto expida el correspondiente concepto[18]. En este caso, compete al empleador adelantar el trámite para el reconocimiento de esas incapacidades ante la EPS[19].

   4.4. Entregado el referido dictamen, corresponde a las administradoras de pensiones[20] reconocer las incapacidades a partir del día 181 hasta por 360 días adicionales, como lo dispone el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, a saber:

   “(…) Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional (sic) de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador. (…)”

   Teniendo en cuenta que en ese lapso la persona también se encuentra cesante, la norma protegió su mínimo vital disponiendo que el fondo de pensiones al cual se encuentre cotizando sea quien asuma el pago de un valor equivalente a la prestación que le canceló la EPS durante los primeros 180 días.

   Al respecto, se destaca que la intención del legislador se circunscribe a que en dicho término el trabajador dependiente o independiente se recupere o se pensione[21], para lo cual es menester que se califique la pérdida de su capacidad[22] de manera que se determine si fueron superadas las patologías que imposibilitaban su desempeño o, si por el contrario, su condición impide de forma permanente que se reincorpore a sus tareas habituales, lo cual haría procedente el reconocimiento de la respectiva pensión de invalidez[23].

   La Corte ha manifestado que la obligación de pago a cargo del fondo de pensiones se puede extender cuando: “el afiliado no alcance el porcentaje requerido de invalidez o se le haya dictaminado una incapacidad permanente parcial, y por sus precarias condiciones de salud se sigan generando incapacidades laborales, le corresponde… hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de recuperación o se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez”[24].

   En suma, la Corte advierte que para obtener el pago de las incapacidades otorgadas entre el día 181 y el 540, se requiere: i) contar con el concepto de rehabilitación favorable expedido por la entidad promotora de salud y, ii) que la persona se encuentre activa y afiliada a una entidad administradora del sistema general de seguridad social en pensiones.

   4.5. En relación con la remisión a la AFP en la cual se encuentre afiliada la persona, esta Corporación ha considerado que la EPS debe adelantar el acompañamiento necesario, para lo cual está en la obligación de enviar directamente los documentos correspondientes al fondo de pensiones correspondiente, para que este inicie el pago de las incapacidades y promueva la calificación del trabajador.

   Lo anterior tiene sustento en que no es admisible constitucionalmente que el empleado enfermo tenga que soportar cargas administrativas o trámites adicionales que no tiene por qué asumir[25]. De tal forma, todas las entidades que hacen parte del sistema general de seguridad social deben actuar armónicamente, para que se le garantice al afiliado la resolución oportuna y efectiva, sin que se pongan en riesgo sus condiciones mínimas de subsistencia[26].

5.1. La señora C.I.G.R. promovió acción de tutela contra S. EPS, con fundamento en que esa institución trasgredió sus derechos fundamentales a la salud, vida digna, mínimo vital y seguridad social al negarle el pago de las incapacidades médicas posteriores a los 180 días. Afirmó que como consecuencia de un procedimiento efectuado en su columna por la entidad accionada, ha tenido complicaciones y se han derivado otras patologías que la han tenido impedida para realizar sus labores desde diciembre de 2012. Señaló que la EPS le reconoció los pagos hasta marzo de 2014, momento en el cual le comunicó la decisión de no continuar con los mismos y le informó que debía acercarse a la administradora de pensiones para tramitar dichos desembolsos, pese a que ella no se encontraba vinculada a ninguna AFP hace algún tiempo.

A su vez, la parte accionada señaló que no había conculcado los derechos fundamentales de la señora G., por cuanto no es la competente para el reconocimiento de dichas prestaciones como quiera que ello corresponde al fondo de pensiones al que se encuentre afiliada la accionante. Adujo que ha cumplido con sus deberes legales en razón a que canceló incapacidades por 262 días, expidió el concepto favorable de rehabilitación y le entregó a la accionante la correspondiente remisión al fondo de pensiones.

El juez de primera instancia negó las pretensiones de la acción, debido a que a su juicio la entidad accionada había cumplido con todas sus responsabilidades normativas en el caso objeto de revisión. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia, con fundamento en que la ausencia de afiliación activa de la accionante a un fondo de pensiones no puede ocasionar que la obligación del pago de las incapacidades superiores a 180 días se traslade de nuevo a la EPS.

5.2. En el presente asunto la acción de tutela cumplió los requerimientos de procedencia excepcional, toda vez que se trata de una persona de más de 66 años, que padece patologías como “fibrosis, reacción cicatricial, artrodesis y fijación pedicular”[27], que está cotizando en salud como independiente, por lo que se presume que no cuenta con un trabajo estable. Por ello se puede inferir que debido a sus limitaciones físicas, las sumas de dinero recibidas por su incapacidad, constituyen la única fuente de ingresos con que cuenta para subsistir, aspecto que además no fue rebatido por la entidad accionada.

En consecuencia esta S. entiende que a pesar de que la pretensión se enfoca en el reconocimiento y pago de una prestación económica, la negación a la que se ha visto sometida la actora, puede llegar a afectar la efectividad de sus derechos a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, impidiendo satisfacer su manutención y necesidades básicas.

5.3. Así las cosas, procede este Tribunal a constatar la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales de la señora G. que pudiere ser endilgable a la entidad accionada.

En efecto, acorde a lo reseñado en el acápite de antecedentes, S. EPS afirmó haber cancelado 262 días de incapacidad a la accionante, los cuales corresponden al periodo comprendido entre 2001 y 2014[28].

La S. constató que en relación con el tiempo posterior a la cirugía realizada el 28 de diciembre de 2012, se le otorgó una incapacidad inicial de 3 días del 26 al 29 de agosto de 2013, que fue prorrogada en 20 ocasiones cuyo último vencimiento fue el 27 de mayo de 2014, como se relaciona a continuación[29]:

Fecha inicio

Fecha término

Duración

Clasificación

Valor liquidado

26/08/2013

28/08/2013

3

Inicial

0

11/09/2013

25/09/2013

15

Prórroga

319.804

26/09/2013

10/10/2013

15

Prórroga

319.804

11/10/2013

17/10/2013

7

Prórroga

149.242

18/10/2013

01/11/2013

15

Prórroga

319.804

02/11/2013

08/11/2013

7

Prórroga

149.242

09/11/2013

03/12/2013

25

Prórroga

533.006

04/12/2013

08/12/2013

5

Prórroga

106.601

09/12/2013

02/01/2014

25

Prórroga

533.006

03/01/2014

07/01/2014

5

Prórroga

111.394

08/01/2014

22/01/2014

15

Prórroga

334.180

23/01/2014

06/02/2014

15

Prórroga

334.180

07/02/2014

21/02/2014

15

Prórroga

334.180

22/02/2014

08/03/2014

15

Prórroga

289.622

09/03/2014

23/03/2014

15

Prórroga

0

24/03/2014

07/04/2014

15

Prórroga

0

08/04/2014

17/04/2014

10

Prórroga

0

18/04/2014

27/04/2014

10

Prórroga

0

28/04/2014

07/05/2014

10

Prórroga

0

08/05/2014

17/05/2014

10

Prórroga

0

18/05/2014

27/05/2014

10

Prórroga

0

De lo anterior se advierte que la EPS pagó desde el 11 de septiembre de 2013 hasta el 8 de marzo de 2014, negando el reconocimiento de otras 7 incapacidades.

El lapso cancelado corresponde a un total de 179 días, restando uno (1) para completar los 180 que debe reconocer la entidad promotora de salud según la normativa vigente[30]. Por tal motivo, la S. concluye que la accionante tiene derecho a que se le retribuya ese día de incapacidad faltante que correspondería al 9 de marzo de 2014. Por consiguiente, se ordenará el correspondiente pago.

5.4. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación considera que en relación con las incapacidades posteriores al día 180, la EPS cumplió con todas las obligaciones legales y reglamentarias, toda vez que profirió el concepto favorable de rehabilitación[31] e hizo la remisión al fondo de pensiones[32].

En tal sentido, no genera ningún reproche para la Corte que S. EPS hubiera entregado personalmente dicho documento a la señora G.R., pudiéndose calificar como una decisión diligente en razón a que ella no cuenta con afiliación vigente a ningún fondo de pensiones, como consta en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social[33].

Para este Tribunal, que la accionante hubiere decidido retirarse del régimen de pensiones y, por ende, suspender la cotización, implica que ella misma es quien debe asumir el riesgo asegurado que compete a ese tipo de entidades. En ese contexto, no se puede exigir a ninguna AFP que asuma el pago de las incapacidades acaecidas después del 10 de marzo de 2014, como tampoco se podría exigir a S. que las cancele, atendiendo que su obligación legal se extendió hasta el día 180, como lo ha refrendado la jurisprudencia constitucional al interpretar los artículos 227 del Código Sustantivo del Trabajo y 206 de la Ley 100 de 1993:

“La interpretación sistemática de los preceptos citados[34] permite concluir que, en la actualidad, las Entidades Promotoras de Salud no pueden legalmente cubrir con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud prestaciones económicas derivadas de incapacidad temporal generada en enfermedad general, por más de 180 días.

La única excepción admisible para impartir una orden a la entidad promotora de salud, sería que aquella no hubiere proferido el concepto de rehabilitación. Pero como efectivamente S. EPS sí lo hizo, no hay lugar a disponer que asuma los pagos correspondientes.

Por consiguiente, de los hechos narrados por la actora, así como de los medios probatorios aportados al expediente, esta Corporación encuentra acreditado que la EPS se sustrajo del deber de cancelar las incapacidades superiores a 180 días con fundamento en las normas que rigen la materia.

La S. no advierte que se hayan vulnerado los derechos a la vida digna, mínimo vital y seguridad social de la accionante por parte de S. EPS en el asunto bajo revisión, por lo que se denegarán las pretensiones de la actora. De conformidad con lo expuesto, se confirmará parcialmente el fallo objeto de revisión.

No obstante, ante la posible carencia de medios económicos para suplir las necesidades básicas y garantizar la subsistencia de la señora G., se solicitará la intervención de la Defensoría del Pueblo, para que la asesore y la acompañe en el trámite para obtener su pensión de jubilación o la respectiva indemnización sustitutiva, así como la inscripción en programas del Estado, como Colombia Mayor, Beneficios Económicos Periódicos (BEP) u otro similar, con los cuales pueda percibir algún ingreso que garantice su mínimo vital.

5.5. Finalmente, en relación con la atención en salud de la accionante, no se hará ningún pronunciamiento ni se impartirán órdenes concretas, puesto que como está probado en el expediente, la entidad accionada le ha autorizado más de 80 servicios hasta 2014 y en la actualidad continúa afiliada a S. EPS, lo cual, en principio, garantiza el acceso a las tecnologías que requiera.

Así las cosas, la S. no encuentra conculcada dicha atribución fundamental, por lo que solo recordará a la EPS, su obligación de proporcionar oportunamente los medicamentos y prestaciones a la demandante, cada vez que el galeno a cargo así lo considere[35].

En mérito de lo expuesto, la S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución