Auto nº 128/11 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2011

1. Mediante providencia T-696 de 2010 la Sala Tercera de Revisión, resolvió:

“PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 16 de marzo de 2010 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por la cual se confirmó la providencia de 17 de febrero de 2010 proferida por la Sala de Casación Civil de esa Corporación. En su lugar, TUTELAR el derecho al debido proceso del Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, en los términos señalados en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Sala Civil, en los siguientes procesos:

Radicación :2006-00129

Demandante :Nelson Martelo & Cía

S. en C.

Sentencia Primera Instancia: :26 de junio de 2008

Sentencia de Segunda Instancia :15 de diciembre de 2008

Radicación :2006-00144

Demandante :Carmen Elena T.

García

Sentencia Primera Instancia : 26 de enero de 2009

Radicación :2006-00145

Demandante :Luís Adolfo T.

García

Sentencia Primera Instancia :26 de enero de 2009

TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Corozal – S., en el siguiente proceso:

Radicación :2005-00201

Demandante :Y.M.G. de

V..

Sentencia Primera Instancia :28 de enero de 2008

CUARTO. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de S. y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Sala Civil, en los siguientes procesos:

Radicación :2006-00051-00

Demandante :F. de Paula

Ricardo Hoyos

Sentencia Primera Instancia :13 de agosto de 2008.

Radicación :2005-00187-00

Demandante :Miguel Segundo

Meléndez Campos

Sentencia Primera Instancia :15 de agosto de 2008.

Radicación :2005-00186-00

Demandante :R. de Jesús

Galviz

Sentencia Primera Instancia :12 de agosto de 2008.

Radicación :2006-00147-00

Demandante :J. de Jesús Cervera

Espitia

Sentencia Primera Instancia :4 de marzo de 2009.

Radicación :2006-00094-00

Demandante :Santiago Salvador

Álvarez

Sentencia Primera Instancia :5 de marzo de 2009

Radicación :2006-00030-00

Demandante :Juvenal Enrique

García.

Sentencia Primera Instancia : :28 de julio de 2008

Radicación :2006-00046-00

Demandante :Cristo Manuel

Zambrano

Sentencia Primera Instancia :13 de agosto de 2008

Radicación :2006-00045-00

Demandante :Rosa Felicidad Ortega

Sentencia Primera Instancia : :11 de agosto de 2008

Radicación :2006-00044-00

Demandante :Luís Carlos García

Requena

Sentencia Primera Instancia : :14 de agosto de 2008

Radicación :2006-0017300-00

Demandante :Manuel Santander

Cárdenas

Sentencia Primera Instancia :2 de septiembre de

2008.

Radicación :2005-00290-00

Demandante :F. Manuel

Monterroza Figueroa.

Sentencia Primera Instancia :14 de diciembre de 2007

Sentencia de Segunda Instancia :31 de julio de 2008.

Radicación :2005-00288-00

Demandante :A.G.M.

Sentencia Primera Instancia :13 de diciembre de

2007

Sentencia de Segunda Instancia :22 de octubre de 2008

Radicación :2005-00185-00

Demandante :S.M.P.

de Sánchez

Sentencia Primera Instancia :1º de septiembre de

2008.

Radicación :2006-00246-00

Demandante :Farid Díaz Rondón

Sentencia Primera Instancia :19 de mayo de 2009

Radicación :2006-00049-00

Demandante :J. Joaquín Martínez

Santos

Sentencia Primera Instancia :28 de julio de 2008

Radicación :2006-00217-00-00

Demandante :Rosa Isabel Cortés

Salgado.

Sentencia Primera Instancia :2 de septiembre de

2008

QUINTO. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé - S. y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Sala Civil, en los siguientes procesos:

Radicación :2005-00431

Demandante :A. de Jesús

Garavito Díaz

Sentencia Primera Instancia :5 de octubre de 2007

Sentencia de Segunda Instancia :24 de junio de 2008

Radicación :2007-00231

Demandante :Manuel J.

Hernández Navarro.

Sentencia Primera Instancia :19 de diciembre de

2008

Radicación :2005-00328

Demandante :Alberto F.

Romero Martínez.

Sentencia Primera Instancia :19 de diciembre de

2008.

Radicación :2005-00280

Demandante :Beatriz Eugenia

Vergara de Pérez

Sentencia Primera Instancia :19 de diciembre de

2008

Radicación :2006-00139

Demandante :Pablo Ramón Arrieta

Villadiego.

Sentencia Primera Instancia :1º de diciembre de

2008.

Radicación :2006-00046

Demandante :L. de los Reyes

Meza Atencia.

Sentencia Primera Instancia :30 de julio de 2008

Radicación :2005-00327

Demandante :Narciso Rafael Flórez

Castro.

Sentencia Primera Instancia :30 de julio de 2008

Radicación :2007-00128

Demandante :R.M.M. de

Severiche

Sentencia Primera Instancia :30 de julio de 2008

Radicación :2006-00180

Demandante :Teobaldo del Cristo

Beltrán Medrano y otro.

Sentencia Primera Instancia :11 de julio de 2008

SEXTO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos - S. y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Sala Civil, en los siguientes procesos:

Radicación :2007-00179

Demandante :INMAQ LTDA.

Sentencia Primera Instancia :11 de mayo de 2009

Radicación :2007-00134

Demandante :Jorge Luís Vergara

Díaz

Sentencia Primera Instancia :11 de mayo de 2009

Radicación :2007-00084

Demandante :S.M. y otros.

Sentencia Primera Instancia :1º de abril de 2009

SÉPTIMO. ORDENAR a INVIAS que en caso de haber procedido a los pagos de las condenas señaladas por la autoridades judiciales en los procesos antes referidos, emprenda todas las acciones legales necesarias para su recuperación, por tratarse del pago de lo no debido. Para el efecto, esta sentencia de tutela prestará mérito ejecutivo frente a los beneficiarios de dichos pagos.

OCTAVO. NOTIFICAR el presente fallo a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, a los Juzgados Civiles del Circuito de Sincelejo y a los Juzgados Promiscuos del Circuito de S., Sincé y San Marcos.

NOVENO. ORDENAR a la Secretaria General de esta Corporación compulsar copias de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia.”

2. Mediante escritos radicados en esta Corporación los días 2 y 9 de diciembre de 2010 –respectivamente-, los ciudadanos M.S.C.C., R.I.C.S., A.D.J.G. y D.A.A.M., por un lado y, D.C.M.P. y P.M.M. DE CABALLERO, por otro, solicitaron a través de apoderado la nulidad de la sentencia T-696 de 2010.

3. Para mejor proveer este despacho mediante Auto de 3 de febrero de 2011, solicitó a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, el envío en su integridad del expediente T-2641602 al cual se acumularon las siguientes acciones de tutela:

1. No. 11001-02-03-000-2010-00019-00 de INVIAS contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo.

2. No. 11001-02-03-000-2010-00016-00 de INVIAS contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos.

3. No. 11001-02-03-000-2010-00020-00 de INVIAS contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de S..

4. No. 11001-02-03-000-2010-00021-00 de INVIAS contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal.

5. No. 11001-02-03-000-2010-00022-00 de INVIAS contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé.

4. El día 15 de febrero de 2011, la Secretaría de esta Corporación remitió a este despacho, en su integridad, los expedientes solicitados.

1. La solicitud de nulidad de M.S.C.C., R.I.C.S., A.D.J.G., R.M.M. DE SEVERICHE y D.A.A.M., se fundamenta de la siguiente manera:

1.1 Los señores MANUEL SANTANDER CÁRDENAS, R.I.C., ALONSO DE J.G., R.M.M. DE SEVERICHE y D.A.A.M., interpusieron en el año 2008, acción civil reivindicatoria contra INVIAS, con el fin de obtener restitución ficta por la construcción de vías realizadas en los años 70’ y 80’ por CAMINOS VECINALES en predios de los cuales a la fecha de la demanda eran poseedores o titulares, respectivamente.

1.2 El conocimiento de tales procesos correspondió para efectos de MANUEL SANTANDER CÁRDENAS y R.I.C. al Juzgado Promiscuo del Circuito de S. y para los señores A.D.J.G., R.M.M. DE SEVERICHE y D.A.A.M. al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé (S.). En desarrollo de tales procesos se profirieron sentencias el 2 de septiembre de 2008 (procesos 2006-00173 y 2006-00217), 5 de octubre de 2007 (proceso 2005-0431) –con apelación resuelta mediante Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 24 de Junio de 2008- y 30 de julio de 2008 -proceso 2007-00128- cuyos demandantes fueron R.M.M. de Severiche y D.A.A.M. en calidad de propietarios.

1.3 El 18 de diciembre de 2009, INVIAS interpuso varias acciones de tutela contra las diferentes providencias proferidas en los respectivos procesos ordinarios de reivindicación adelantados en su contra. Para efectos de vincular a los intervinientes de los procesos ordinarios dentro del trámite de tutela, la Corte Suprema de Justicia notificó a MANUEL SANTANDER CÁRDENAS mediante los telegramas 2916 y 2917, a la señora R.I.C.S. mediante los telegramas 2922 y 2923. Lo propio se hizo respecto del expediente de tutela 2010-0002200 con los telegramas 3053, 3054 y 3042 dirigidos a los señores ALONSO DE J.G., R.M.M. DE SEVERICHE y M.S.A. apoderada de ésta última.

1.4 Mediante sentencia proferida el 17 de febrero de 2010, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por INVIAS; decisión que al ser impugnada por el accionante, fue confirmada por la Sala de Casación Laboral en providencia del 16 de marzo de 2010. Posteriormente, mediante auto del 13 de mayo de 2010, la Sala Novena de Selección de la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente de tutela acumulado.

1.5 En ese orden, sostiene el representante que el señor D.A.M., no fue vinculado a la acción de tutela en referencia en ninguna de las instancias ni tampoco en sede de revisión, razón por la cual, en su entender se le impidió ejercer su derecho de defensa, aspecto que vicia de nulidad el fallo T-696 de 2010.

1.6 Adicionalmente, indica el apoderado que la sentencia T-696 de 2010, desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en cuanto a los presupuestos de: (i) subsidiaridad: Por cuanto la falta de jurisdicción no se ventila únicamente a través de un incidente de nulidad, sino que debe debatirse en todas las instancias del proceso desde el auto que admite la demanda, pasando por excepciones previas y hasta agotar los recursos de apelación, casación y revisión; en este caso INVIAS fue negligente en la gestión de los reseñados instrumentos procesales, de donde no puede trasladarse la incuria de INVIAS al paro judicial ocurrido en el mes de septiembre de 2008 en el departamento de S.. De esta forma, la existencia de un perjuicio irremediable no liberaba a INVIAS de la carga que impone la subsidiariedad; (ii) inmediatez: Se indica que las sentencias en el proceso civil ordinario fueron proferidas el 30 de julio de 2008 y 2 de septiembre de 2008, respectivamente, y la tutela sólo se interpuso en el mes de diciembre de 2009; (iii) la tutela no puede ser utilizada para rescatar etapas procesales pérdidas, principio según el cual no se puede abusar del derecho propio como forma de acceder a ventajas indebidas e incluso inmerecidas, pues nadie puede alegar en su favor su propia culpa.

1.7 En cuanto a la oportunidad para presentar la presente nulidad, precisa el apoderado que debe tenerse en cuenta que la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia expidió el pasado 9 de noviembre de 2010, los oficios o telegramas 4849, 4896, 48499, 48500, 48489 y 48487 informando a los señores M.S.C.C., R.I.C.S., A.D.J.G.D. y R.M.M. DE SEVERICHE la parte resolutiva de la sentencia, pero para la fecha de la solicitud de nulidad no habían recibido las comunicaciones pertinentes. En consecuencia, la notificación del fallo se da por conducta concluyente a la fecha de presentación del escrito de nulidad. Esta conclusión no varía por el hecho de que el fallo se haya notificado también a la doctora M.S.A. (telegramas u oficios 48466, 48488 y 84490) en su condición de apoderada de los procesos ordinarios, ya que para actuar dentro de la acción de tutela debía contar con poder especialmente conferido para el efecto. Tampoco puede afirmarse que ocurrió notificación por conducta concluyente por el hecho de haber otorgado poder al representante que obra en el presente incidente, pues así lo ha reconocido la Corte mediante Auto 195 de 2009, ni por la solicitud de desarchivo que se realizó el pasado 23 de noviembre en la Secretaria de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

2. La solicitud de nulidad de D.C.M.P. y P.M.M.P. DE CABALLERO, se fundamenta en lo siguiente:

2.1 En cuanto a las señoras D.C.M.P. y P.M.M. DE CABALLERO, señala el apoderado que éstas actuaron como demandantes en el proceso ordinario reivindicatorio agrario contra INVIAS, junto con los señores S. de J.M.P. quien actuó en su propio nombre y como representante de R.A.M., D.P. de Martelo y A.L.M. de Támara -quien a su vez actuó como representante de M.M. de Name-.

2.2 El proceso ordinario agrario 2007-00084, correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, el cual mediante Sentencia del 1º de abril de 2009 declaró que los demandantes eran propietarios de 282.672 metros cuadrados del predio rural “Guayepo” y, en consecuencia, se concedía la pretensión subsidiaria de pagar a éstos el equivalente monetario del predio ocupado por INVIAS. Dicha providencia no fue objeto de ningún recurso.

2.3 El 18 de diciembre de 2009, INVIAS interpuso acción de tutela contra la mencionada providencia. El conocimiento de la acción correspondió a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que mediante auto de 25 de enero de 2010, ordenó vincular a la sociedad INMAQ Ltda. (Proceso Ordinario 2007-00179), J.L.V.D. (Proceso Ordinario 2007-00134) y S.M. (proceso ordinario 2007-00084).

2.4 Mediante Sentencia del 17 de febrero de 2010 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por INVIAS, la cual fue confirmada mediante la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación el 16 de marzo de 2010. Posteriormente, mediante auto del 13 de mayo de 2010, la Sala Novena de Selección de la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente de tutela acumulado.

2.5 En consecuencia, ni C.M.P. ni P.M.M.P. DE CABALLERO fueron vinculadas a la acción de tutela en referencia en ninguna de las instancias ni tampoco en sede de revisión, razón por la cual, en su entender, se les impidió ejercer su derecho de defensa, aspecto que vicia de nulidad el fallo T-696 de 2010.

2.6 Adicionalmente, indican que la sentencia T-696 de 2010, desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a los requisitos de procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales frente a los presupuestos de: (i) subsidiaridad, (ii) inmediatez y, el principio según el cual (iii) la tutela no puede ser utilizada para rescatar etapas procesales perdidas, con fundamento en los argumentos reseñados en el precitado numeral 1.6 de esta providencia.

Competencia.

1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.

La nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional.

2. La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que “conforme al inciso primero del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, ¨contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno¨, medida que en criterio de esta corporación resulta razonable, dado que mediante tales providencias se resuelven de manera definitiva los asuntos que ante ella se plantean, ya sea en el campo del control abstracto de constitucionalidad o en procesos relativos a la revisión de fallos de tutela” [1].

Así mismo, el inciso segundo de la norma en comento establece que “la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” y agrega que “sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.

3. No obstante, también ha admitido que excepcionalmente es factible proponer la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional, siempre y cuando quien la alega demuestre “de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso.”[2].

4. De modo que, por regla general, el incidente de nulidad en los procesos que se adelantan ante la Corte Constitucional es improcedente. No obstante, la jurisprudencia constitucional, con base en un análisis armónico de la legislación aplicable, ha admitido la posibilidad de solicitar la nulidad de las sentencias proferidas por la Corte, incluso con posterioridad al fallo o de manera oficiosa[3]. Ha sustentado esta posibilidad en que las decisiones judiciales que adopta esta Corporación, en tanto expresiones del poder de administrar justicia y, de manera más amplia, de la actividad del Estado, deben contar con mecanismos judiciales de control en los casos excepcionales en que contradigan los postulados propios del derecho al debido proceso.

En ese sentido, la nulidad de las sentencias de la Corte se erige en un instrumento que media entre (i) los efectos de la cosa juzgada constitucional, inscritos en la teoría de los órganos límite, que obliga a que una vez la sentencia cobra ejecutoria sea inmodificable y perfeccione sus efectos en el ordenamiento jurídico; y (ii) la necesidad de garantizar la eficacia del derecho fundamental al debido proceso, cuando es afectado por la decisión de la Corte.

5. En desarrollo de esta doctrina ha fijado una serie de requisitos definidos para la declaratoria de nulidad, los cuales son sintetizados a continuación.[4]

5.1. Naturaleza excepcional. La declaratoria de nulidad de una sentencia de revisión proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional a la cual sólo puede arribarse cuando en la decisión concurran “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”’[5] (Subrayado fuera de texto)”[6].

En este sentido, la jurisprudencia ha concluido que la solicitud de nulidad de una sentencia no puede, en ningún caso, tornarse en un recurso adicional contra la providencia adoptada por la Corte. Por ende, solo la existencia de asuntos graves, relevantes y probados, podrán ser hábiles para predicar la nulidad del procedimiento o del fallo de constitucionalidad. En tal sentido, la jurisprudencia ha indicado de manera estable que la solicitud de nulidad no es una nueva instancia, ni un recurso de reconsideración para que el Pleno reformule las razones que dieron lugar a la decisión atacada o, menos aún, modifique el sentido del fallo.

5.2. Presupuestos formales de procedencia. La jurisprudencia constitucional determina las condiciones formales que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias.[7] Estos requisitos son:

(i) La solicitud debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte. Vencido este término, se entiende que toda circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada[8];

(ii) En caso que el vicio se funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir el fallo, la solicitud de nulidad deberá solicitarse, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de proferida la sentencia correspondiente. En caso que las partes que intervinieron en el proceso constitucional no eleven petición en ese sentido dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la nulidad posteriormente;[9]

5.3. Presupuestos materiales de procedencia. En igual sentido, la doctrina constitucional relativa a los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de nulidad también ha establecido determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que se utilicen para fundar los cargos contra la sentencia respectiva, las cuales se resumen de la siguiente manera:

(i) El solicitante tiene la carga de demostrar, con base en argumentos serios y coherentes, que la sentencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Como se indicó, el incidente de nulidad no es una oportunidad para reabrir la discusión jurídica resuelta en el fallo, por lo que una censura al fallo sustentada en el inconformismo del peticionario ante lo decidido o en una crítica al estilo argumentativo o de redacción utilizado en la sentencia, carece de eficacia para obtener la anulación de la misma.

(ii) En el caso particular de las sentencias de revisión de tutela, la condición prevista en el numeral anterior conlleva a que la solicitud de nulidad no puede utilizarse como alternativa para que la Sala Plena de la Corte Constitucional reabra el debate probatorio realizado por la Sala de Revisión que profirió el fallo respectivo. En consecuencia, el cargo que sustente la solicitud de nulidad no puede estar dirigido hacia ese fin.

(iii) La afectación del debido proceso por parte de la Sala tiene naturaleza cualificada. Por tanto, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”.[10] Con base en estas características, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características, tales como[11]:

- Cuando una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte. [12]

- Cuando una decisión de la Corte es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[13]

- Cuando existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[14] igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.

- Cuando la parte resolutiva de una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso.[15]

- Cuando la sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[16]

(iv) Igualmente, la jurisprudencia también ha contemplado la configuración de una causal de nulidad de las sentencias de revisión cuando, de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión.[17]

5.4. En conclusión, la solicitud de nulidad de las sentencias que profiere la Corte Constitucional es un trámite de configuración jurisprudencial relacionado con la protección del derecho al debido proceso, que tiene naturaleza excepcional y que está sometido a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental mencionado. Igualmente, constituye un procedimiento que, en ningún caso, puede originar la reapertura del debate jurídico resuelto por la sentencia correspondiente.

Con fundamento en el anterior marco teórico procede la Corte a constatar, respecto de cada una de las solicitudes, la concurrencia o no, de los referidos presupuestos.

La solicitud de nulidad.

6. La solicitud de nulidad se promueve en consideración a que la providencia T-696 de 2010, produce efectos respecto de particulares que no fueron formalmente vinculados a su trámite. En ese caso, se afirma que los señores D.A.A.M., D.C.M.P. y P.M.M. DE CABALLERO, no fueron notificados de la tutela iniciada por INVIAS, con lo cual se vulneró su derecho de defensa y al debido proceso.

7. Adicionalmente, se afirma que la sentencia T-696 de 2010, desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a los requisitos de procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales respecto de los presupuestos de subsidiaridad, inmediatez y, el principio según el cual la tutela no puede ser utilizada para rescatar etapas procesales pérdidas

Pruebas.

8. Para efectos de resolver el presente incidente la Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá en cuenta las siguientes pruebas documentales que reposan en el expediente de tutela remitido por la Corte Suprema de Justicia a petición del Magistrado sustanciador en esta sede de nulidad:

8.1 Incidente de nulidad propuesto por D.A.A.M.:

8.1.1 Con radicación No. 70-742-31-89-001-2007-00128-00, cursó ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé – S., proceso reivindicatorio agrario contra INVIAS, promovido a través de apoderada -M.S.A.- por los señores R.M.M. de Severiche y D.A.A.M. en su condición de propietarios del predio “LA PUENTE”, ubicado en jurisdicción del Municipio de Sincé, S., según se acredita mediante el folio de matrícula inmobiliaria No. 347-0005270 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Sincé, S. y la escritura pública No. 472 de agosto 6 de 1991 de la Notaría única de Sincé – S.[18].

8.1.2 Mediante Oficio No. 3054 de 26 de enero de 2010, la Corte Suprema de Justicia-Sala Civil, notificó a la señora R.M.M. DE SEVERICHE del Auto de 25 de enero de 2010, por el cual se admitió la acción de tutela, promovida por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo[19]. De igual forma, mediante Oficio No.3042 del 26 de enero de 2010 se notificó a la doctora M.S.A. en calidad de apoderada.

8.1.3 Por escrito radicado el 10 de febrero de 2010, la doctora M.S.A. en su condición de apoderada judicial de la señora ROSA MEDINA DE SEVERICHE, contestó la demanda de tutela interpuesta por INVIAS con el propósito de dejar sin efecto la providencia proferida dentro del proceso ordinario reivindicatorio con radicación 2007-00128[20].

8.1.4 Según Oficio No. 4202 de 3 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia-Sala Civil notificó a la señora R.M.M. DE SEVERICHE, la providencia de 2 de febrero de 2010 por la cual la Magistrada R.M.D.R. ordenó la acumulación de los expedientes de tutela Nros. 11001-02-03-000-2010-00019-00, 11001-02-03-000-2010-00016-00,11001-02-03-000-2010-00019-00; 11001-02-03-000-2010-00016-00; 11001-02-03-000-2010-00020-00; 11001-02-03-000-2010-00021-00 y 11001-02-03-000-2010-00022-00. De igual forma, mediante Oficio No. 4184 del mismo mes y año se notificó de esta decisión a la apoderada M.S.A.[21].

8.1.5 Por Oficio No.7710 de 18 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil notificó a la señora R.M.M. DE SEVERICHE, la sentencia de 17 de febrero de 2010 por la cual dicha Corporación denegó el amparo de tutela solicitado por el Instituto Nacional de Vías. De igual manera, por oficio No.7711 del mismo mes y año se notificó a la doctora M.S.[22]. De igual forma, les fue notificado el recurso de apelación interpuesto por INVIAS mediante los oficios 8962 y 8979 de 25 de febrero de 2010, dirigidos a cada una de ellas, respectivamente.

8.1.6 Mediante los telegramas 7531 y 7528 de 18 de marzo de 2010, dirigidos a M.S. y R.M.M. DE SEVERICHE, respectivamente, se les notificó que por sentencia de 16 de marzo de 2010 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se confirmó el fallo impugnado y se remitió el expediente para eventual revisión de la Corte Constitucional[23].

8.1.7 La sentencia T- 696 de 2010 proferida por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional fue notificada a la doctora M.S.A. mediante telegrama 48466 de 8 de noviembre de 2010[24] y a R.M.M. mediante telegrama 48487 de 8 de noviembre de 2010[25].

8.2 Incidente de nulidad propuesto por D.C.M.P. y P.M.P. DE CABALLERO:

8.2.1 D.C.M.P. y P.M.P. DE CABALLERO, son propietarias junto con el señor S.D.J.M.P., R.M.P., A.L.M.D.T. y M.M. DE NAME de 282.672 M2 del predio rural “Guayepo”, ubicado en jurisdicción del municipio de San Marcos, Departamento de S., según se acredita mediante escrituras públicas No. 515 de 20 de diciembre de 1967 de la Notaría Única de Corozal y 345 de 28 de diciembre de 1984 de la Notaría Única de San Marcos y matricula inmobiliaria No.346-0002527 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de San Marcos[26]. Los citados propietarios, a través de apoderado -H.B.L.-, propusieron demanda reivindicatoria agraria contra INVIAS ante el Juez Promiscuo del Circuito de San Marcos con ocasión de la construcción de vías públicas por C.V..

8.2.2 Mediante Oficio 2856 de 26 de enero de 2010, la Corte Suprema de Justicia-Sala Civil notificó a los señores S.M. y A.L.M.D.T., el Auto de 25 de enero de 2010 por el cual se admitió el trámite de tutela promovida por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo[27]. De igual forma, se notificó al señor H.B.L., mediante oficio 2855 de la misma fecha[28].

8.2.3 Por Oficio No. 4187 de 3 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil notificó al señor S.M. y A.L.M.D.T., la providencia de 2 de febrero de 2010, por la cual la Magistrada R.M.D.R. ordenó la acumulación de los expedientes de tutela Nros.11001-02-03-000-2010-00019 -00, 11001-02-03-000-2010-00016-00, 11001-02-03-000-2010-00019-00; 11001-02-03-000-2010-00016-00; 11001-02-03-000-2010-00020-00; 11001-02-03-000-2010-00021-00 y 11001-02-03-000-2010-00022-00. Igualmente se notificó al señor H.B.L., mediante Oficio No. 4184 del mismo mes y año[29].

8.2.4 Mediante Oficio No. 7692 de 18 de febrero de 2010 la Corte Suprema de Justicia - Sala Civil notificó a los señores S.M. y A.L.M.D.T., la providencia de 17 de febrero de 2010, por la cual dicha Corporación denegó el amparo solicitado por el Instituto Nacional de Vías contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos. De igual forma, les fue notificado el recurso de apelación interpuesto por INVIAS mediante los oficios 8963 y 8964 de 25 de febrero de 2010 dirigidos a H.B.L., S.M. y ANA LUCIA MARTELO DE T., respectivamente.

8.2.5 Mediante telegramas 7510 y 7509 de 18 de marzo de 2010 dirigidos a S.M., A.L.M.D.T. y H.B.G., respectivamente, se les notificó de la providencia de 16 de marzo de 2010 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por la cual se confirmó el fallo impugnado y se remitió el expediente a revisión de la Corte Constitucional[30].

8.2.6 Mediante telegramas 48469 y 48468 de 8 de noviembre de 2010, se notificó a los señores H.B.L. y S.M., respectivamente, la decisión adoptada por la Corte Constitucional mediante sentencia T- 696 de 2010.

Verificación de los presupuestos formales de esta solicitud.

9. Las solicitudes de nulidad se encuentra suscrita por D.C.M.P. y P.M.M.P., con fecha 9 de diciembre de 2010 a través de apoderado y por los señores M.S.C.C., R.I.C.S., A.D.J.G.D., R.M.M. DE SEVERICHE y D.A.A.M., el 2 de diciembre de 2010 a través de apoderado. Para el efecto, afirman los solicitantes que los respectivos telegramas enviados el 09 de noviembre de 2010 mediante los cuales se notificó la sentencia T- 996 de 2010, no habían sido recibidos a la fecha de interposición del incidente de nulidad.

10. Para verificar tal afirmación la Corporación mediante Auto de 31 de mayo de 2011 solicitó a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A certificar las fecha de recibo de los telegramas 48486, 48487, 48466, 48490, 48495, 4896, 48499, 48500, 48468, 48469. La respuesta no fue recibida oportunamente por la esta Corporación.

En razón a lo anterior y. con el fin de preservar el derecho al debido proceso se dará curso a la presente solicitud de nulidad con independencia de la fecha en que efectivamente fueron surtidas las notificaciones de la providencia T-696 de 2010.

Verificación de los presupuestos materiales. La decisión acusada no está afectada por vicio que conduzca a su nulidad.

11. Frente al cargo de falta de vinculación al proceso de tutela de los señores D.A.A.M., D.C. y P.M.M.P., se considera lo siguiente:

11.1 En este caso, aunque la acción de tutela planteada por INVIAS se promovió contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé y el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, entre otros, es claro que el resultado de la sentencia T-696 de 2010, repercute de manera directa sobre los propietarios de predios que en calidad de actores interpusieron las acciones ordinarias reivindicatorias cuyos fallos fueron revocados, lo cual los convierte en terceros con interés legítimo para estar vinculados al trámite de tutela.

11.2 En esos términos, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el deber que tienen los jueces de notificar la acción de tutela al demandado y a todo aquel que posea legítimo interés en el proceso, en procura del ejercicio de su derecho a la defensa y de que se materialice la igualdad de las partes en el proceso, aspecto en torno al cual ha puntualizado que, “[s]er oído en el proceso de tutela es derecho fundamental de rango constitucional que asiste no solamente a quien aparece como demandado, tanto si es un funcionario o entidad estatal como si se trata de un particular, sino a quien, sin ser parte, puede resultar afectado por la decisión que se adopte como culminación del especialísimo trámite consagrado en el artículo 86 de la Constitución.”[31]. La falta de vinculación de terceros con interés legítimo da lugar, entonces, a la nulidad de lo actuado. En Auto 030 de 2000 la Corte expresó que, “… según la jurisprudencia de esta Corporación, en materia de tutela, se presenta causal de nulidad por violación del debido proceso y del derecho de defensa cuando durante el curso del respectivo proceso se omite notificar la iniciación del mismo a los terceros con interés legítimo que pudieren resultar afectados con la decisión judicial…”.

11.3 En el presente caso la Sala advierte, a partir de las pruebas obrantes en el expediente que fueron debidamente relacionadas en acápite anterior, que los predios materia de los procesos ordinarios reivindicatorios ventilados ante la Jurisdicción Civil y, que fueron materia del fallo de tutela acusado de nulidad, se encuentran sometidos a una propiedad compartida o copropiedad, así:

11.3.1 El predio “LA PUENTE” ubicado en jurisdicción del Municipio de Sincé, S., es de propiedad de los señores R.M.M. de Severiche y D.A.A.M., según se acredita mediante el folio de matrícula inmobiliaria No. 347-0005270 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Sincé y las escrituras correspondientes[32].

11.3.2 El área de 282.672 M2 del predio rural “GUAYEPO” ubicado en jurisdicción del municipio de San Marcos, Departamento de S., es de propiedad de los señores D.C.M.P., P.M.P., S. de J.M.P., R.M.P., A.L.M. de T. y M.M. de Name, según se acredita mediante la matricula inmobiliaria No.346-0002527 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de San Marcos y las escrituras correspondientes[33].

12. Así, existe copropiedad cuando una sola y misma cosa pertenece en su conjunto, a varias personas, sin perjuicio de la alícuota que sobre el bien corresponda a cada comunero. En ese sentido, todos son propietarios de un bien en común, lo cual liga el concepto de copropiedad al de indivisión del inmueble, por lo menos hasta que por voluntad de los comuneros se realice el debido deslinde de su alícuota o porción. En consecuencia, cada comunero o copropietario tiene un verdadero derecho real sobre el inmueble, de manera que sus actos tienen efectos jurídicos respecto de los demás propietarios con excepción de los actos de venta e hipoteca que sólo se materializan con la división o con el consentimiento de los condueños. Así, los actos que realice uno de los copropietarios dirigidos a representar los intereses respecto del derecho real que ostentan y los derechos conexos a éste, necesariamente vinculan a todos los copropietarios, por lo menos mientras subsista la indivisión. Lo anterior significa que en la cuestión litigiosa, los recursos y, en general, las actuaciones que algún copropietario adelante en defensa de su derecho real, necesariamente tendrá impacto frente a los demás copropietarios[34].

El derecho real que fue materia de litigio por la vía ordinaria a través de un proceso reivindicatorio y, luego discutido por vía de tutela por falta de competencia, representa un poder directo sobre la cosa en la cual recae, de forma que para la defensa y protección de este derecho real no es indispensable la concurrencia de todos los propietarios, ya que al ser la acción real directa cualquiera de sus condueños está legitimado para activar su defensa. Así, ocurrió en el caso concreto en cual el juez constitucional estimó que la vinculación de uno de los propietarios y de quien fungía como apoderado, resultaba suficiente para asegurar el derecho de defensa en sede de tutela de los propietarios del bien cuya reivindicación ficta se solicitaba, ya que en todo caso los efectos de la decisión serían erga omnes respecto de todos los titulares del derecho de dominio. Por eso, es acertada la definición que otorga J.J.G. de derecho real: “Es el poder jurídico total o parcial sobre una cosa, con cargo a ser respetado por todos”, en la misma forma lo presenta la escuela clásica representada por A. y R., según la cual “derechos reales son aquellos que, creando una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona a cuyo poder ella se encuentra sometida, son por esto mismo susceptibles de ser ejercidos no solamente contra una persona determinada, sino frente y contra todas”[35]. En esa línea, la afectación al derecho de defensa sería palpable respecto de un derecho personal, en que no hayan sido vinculados todos los titulares del mismo, más en este caso concreto la participación de uno de ellos asegura la defensa de todos los condueños en razón a la pluralidad de la titularidad, es decir, a la titularidad de un mismo derecho o de una propiedad plena.

El Código Civil señala en su artículo 2323 que le derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común, es el mismo que el de los socios sobre el haber social, norma que debe entenderse en el sentido de que a los condueños se les aplican los mismos criterios de administración establecidos para las sociedades, de allí que la representación en todo lo favorable puede estar en cabeza de cualquiera de ellos.

13. En consecuencia, al haberse vinculado en forma incontrovertible y permanente, en cada una de las instancias surtidas por el expediente de tutela -tal como consta en el ácapite de pruebas de esta providencia-, a los señores

S.M., A.L.M.D.T. y su apoderado señor H.B.G., por un lado, y a R.M.M.D.S. y su apoderada M.S.A. –quien en calidad de apoderada de ésta y del señor D.M.- contestó la demanda de tutela, es posible afirmar que a través de ellos, en su condición de condueños o copropietarios y representante, se garantizó el derecho de defensa y al debido proceso de todos y cada uno de los demás propietarios de los predios “GUAYEPO” y “LA PUENTE”, garantizando de esta manera el conocimiento de la tutela cursada y el derecho de acción en defensa de los intereses comunes derivados del título común de propiedad.

En tales términos, no es posible afirmar que al no vincular expresamente a los señores D.A.A.M., P.M.M. y C.M.P., se dejó huérfano de defensa el interés jurídico materia de tutela, más aún cuando como en el caso de la señora R.M.M. DE SERVERICHE y D.A.A.M., se contestó la demanda de tutela a través de apoderada.

14. Basta recordar que en los términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, las providencias que se dicten en el trámite de tutela se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y, en este caso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, estimó como la forma más eficaz de vinculación de terceros notificar a quienes figuraran como titulares de la demanda, por ejemplo, “S.M. y otros”, en atención a su condición de condueño, así como a quien figurara como apoderado judicial en los respectivos procesos reivindicatorios, en razón a que con ello no se afectaba de manera material el derecho de defensa.

15. En consecuencia, se denegará por este cargo la nulidad invocada.

16 En lo que respecta al desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a los requisitos de procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, subsidiaridad, inmediatez y, el principio según el cual la tutela no puede ser utilizada para rescatar etapas procesales perdidas, se advierte que el solicitante incumplió la carga que le impone el mecanismo excepcional de la nulidad, de demostrar con argumentos serios y coherentes, por qué razón la sentencia modificó en forma inconsulta el precedente jurisprudencial en cuanto a los requisitos de procedebilidad de la acción de tutela, más aún cuando este aspecto fue ampliamente desarrollado en la providencia que se acusa de nulidad.

Sobre el punto, la Sala ha de recordar al apoderado que la nulidad solo procede por las expresas causales ya señaladas en el numeral 5.3 (iii.) de esta providencia. Así, no resulta suficiente para esta Corporación exponer argumentos que se limiten a expresar razones propias y subjetivas o interpretaciones individuales frente a las consideraciones expuestas por la Sala de Revisión en su providencia, las cuales obedecen más al disgusto o inconformidad del solicitante respecto de la decisión adoptada y las repercusiones de ésta respecto de sus poderdantes.

Las afirmaciones generales que realiza el representante no solo persiguen revivir el debate ya concluido, sino que pasan por alto la realidad procesal y probatoria que da cuenta de aspectos tales como que INVIAS participó en calidad de parte en todas las audiencias de conciliación celebradas de manera obligatoria en los procesos ordinarios reivindicatorios, en las cuales alegó como excepción la falta de jurisdicción. De igual forma, que las decisiones sobre dichas excepciones -obrantes en los autos admisorios de las respectivas demandas- fueron objeto de recurso, al tiempo que se intentó el recurso de apelación de la providencia de primera instancia, denegado por causa de una extemporaneidad discutible atribuida a un paro judicial, todos ellos aspectos que fueron objeto de estudio en la sentencia T-696 de 2010 y, que dejan sin piso afirmaciones tales como que se desconocieron los principios de subsidiariedad e inmediatez.

Resulta de meridiana claridad que la finalidad del apoderado de los accionados es reabrir la discusión de fondo sobre uno de los varios asuntos ventilados en el proceso de revisión, como lo fue la posibilidad material de que el Instituto Nacional de Vías accediera a la acción de tutela. Surge evidente de la disertación de quien propone la nulidad, que su propósito no trasciende el ámbito de una sentida defensa de las reglas procesales, sino de la defensa de un interés de conveniencia a partir de afirmaciones generales e infundadas que a su juicio debieron llevar al rechazo de la tutela por incuria de INVIAS. En ese orden y, debido a que la finalidad de la nulidad no puede ser la de reabrir el debate jurídico ya resuelto y, a que no se demostró de forma alguna el cambio de precedente jurisprudencial, la Sala Plena denegará de plano el citado cargo de nulidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, en Sala Plena,