Sentencia de Constitucionalidad nº 331/12 de Corte Constitucional, 9 de Mayo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 394379470

Sentencia de Constitucionalidad nº 331/12 de Corte Constitucional, 9 de Mayo de 2012

Ponente:Luis Ernesto Vargas Silva
Fecha de Resolución: 9 de Mayo de 2012
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 106 y 276 inciso 3 (parcial) de la ley 1450 de 2011, por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2010-2014. La revisión de la corte se enfoca a determinar si las normas acusadas vulneran la obligación de realizar consulta previa a las comunidades étnicas, así como los derechos a la igualdad y al debido proceso. La corte concluyó que la explotación ilegal de minerales prevista en la ley del plan nacional de desarrollo, no requería de la realización de consulta previa a las comunidades étnicas; sin embargo, la derogatoria de las normas que permitían la realización de la pequeña minería y de la minería tradicional si ha debido ser consultada a dichas comunidades, por afectarlas de manera directa. El artículo 106 acusado se declara exequible, mientras que la expresión “parágrafo 2º del artículo 12 y el artículo 30 de la ley 1382 de 2010” contenida en el artículo 276 de la ley 1450 de 2011, se declara inexequible por los cargos analizados.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

C-331-12 Referencia: expediente D-8402 Sentencia C-331/12

Referencia: expediente D-8779

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 106 y 276 inciso 3 (parcial) de la Ley 1450 de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”

Actor: Diana Paola Urrego Trujillo

Magistrado Ponente:

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia.

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución, la ciudadana demandante solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de los artículos 106 y el 276 inciso 3 (parcial) de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA

A continuación se transcribe la norma demandada según publicación en el Diario Oficial No. 48.102 del 16 de junio de 2011:

“LEY 1450 DE 2011

(junio 16)

Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 106. CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES. A partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional.

El incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal correspondiente y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la minería con minidragas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad minera.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reorganizará los municipios verdaderamente explotadores de oro y tomará medidas para aquellos municipios que usurpan y cobran por conceptos de regalías en esta materia sin tener derechos por este concepto; igualmente aquellos excedentes que se demuestren del resultado del uso indebido de estas regalías serán utilizadas como indexación e indemnización a los municipios afectados por la minería ilegal de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 276. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el fin de dar continuidad a los objetivos y metas de largo plazo planteados en los anteriores Planes de Desarrollo, se mantienen vigentes las siguientes disposiciones de la Ley 812 de 2003 los artículos, 20, 59, 61, 64, 65, 81 y 121; de la Ley 1151 de 2007 los artículos 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 39, 49, 50 excepto su tercer inciso, 62, 64, 67, los incisos primero y tercero del 69, 70, 71, 76, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 106, 110, 112, 115, 118, 121, 126, 127, inciso primero del 131, 138, 155 y 156, de la Ley 1151 de 2007. A. hasta el 6 de agosto de 2012, las funciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 1350 de 2009.

Deroga en especial el artículo 9o del Decreto 1300 del 29 de julio de 1932; los artículos 3o y 4o del Decreto 627 de 1974; 19 de la Ley 55 de 1985; 9o de la Ley 25 de 1990; elimínase la periodicidad de dos (2) años prevista en el artículo 2o de la Ley 1ª de 1991 para la presentación y aprobación de los Planes de Expansión Portuaria y en el artículo 15 de la Ley 105 de 1993 para la presentación y aprobación de los Planes de Expansión Vial, 21 de la Ley 160 de 1994; el inciso segundo del artículo 151 de la Ley 223 de 1995; el numeral 5 del artículo 2o de la Ley 549 de 1999; los artículos 2o, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley 590 de 2000; 10, 11 y el parágrafo del artículo 12 de la Ley 681 de 2001; parágrafo 3o del artículo 19 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 5o de la Ley 1383 de 2010; parágrafo 2o del artículo 7o de la Ley 872 de 2003; 26, inciso 2o del artículo 28 de la Ley 1150 de 2007; 32 y 33 de la Ley 1176 de 2007; artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 exceptuando su inciso segundo; parágrafo 2o del artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010 y el parágrafo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

Deroga las Leyes 188 de 1995; 812 de 2003 y 1151 de 2007, a excepción de las disposiciones citadas en el segundo inciso del presente artículo.

Del artículo 3o, literal a) numeral 5 de la Ley 1163 de 2007 la expresión “y cruces de información no sujeta a reserva legal de las bases de datos de la entidad” y del numeral 8 suprímase la expresión “Servicios de procesamiento, consulta de datos de identificación”.

S. del artículo 424 del Estatuto Tributario los siguientes bienes, partida y subpartida arancelaria: 82.01 L., herramientas de mano agrícola y el inciso primero del parágrafo del artículo 1o de la Ley 1281 de 2009.

Del inciso primero del numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, suprímase la expresión “salvo lo correspondiente a las utilidades o rendimientos que hubiere generado la inversión, los cuales son la base gravable para la liquidación del impuesto, el cual será retenido por el comisionista o quien reconozca las utilidades o rendimientos”.

(Se resaltan y subrayan las expresiones que se demandan)

III. LA DEMANDA

La ciudadana considera que los artículos demandados de la Ley 1450 de 2011 son violatorios de los artículos 4, 13, 29, 93, 150 y 151 de la Constitución Política, por las siguientes razones:

  1. Encuentra que se vulneran estos artículos superiores, en cuanto estas normas contrarían el principio de igualdad y debido proceso al reglamentar la explotación minera sin consideración a los derechos que ostentan las comunidades negras que ejercen dicha explotación, y especialmente por no proceder conforme lo indica el artículo 6 de la Ley 21 de 1991 por medio del cual se aprobó el convenio 169 de la OIT y que dio realce de norma constitucional al derecho a la consulta previa a las comunidades étnicas, disposición que hace parte del bloque de constitucionalidad de que trata el artículo 93 de la Constitución Política.

  2. Afirma que las normas demandadas desconocen el principio de igualdad, al no reconocerse el derecho especial que les asiste a las comunidades negras que, de manera ancestral, han venido adelantando actividades mineras de forma tradicional y como único medio de subsistencia, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 21 de 1991.

  3. De esta manera, considera que tal como está enunciado el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, desconoce de plano el derecho que tienen las personas pertenecientes a una comunidad poblacional especial, como lo son las comunidades negras, y sobre todo aquellas que se encuentran asentadas en las áreas que han sido declaradas y delimitadas por el Ministerio de Minas y Energía como zonas mineras de comunidad negra, desdibujando así el trato especial, que en virtud del artículo 13 de la Carta Política, se les ha concedido legalmente. Lo anterior, al no permitirles continuar la actividad de explotación minera que estas comunidades han venido adelantando de manera tradicional, a pesar de no tener título minero y estar inmersas dentro del proceso de legalización contemplado en la Ley 1382 de 2010, norma que les faculta a adelantar actividad minera hasta tanto no se resuelva la solicitud de legalización de su actividad minera, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010.

  4. Estima que en la forma en que fue regulada la explotación minera mediante las disposiciones legales contenidas en los artículos 106 y 276 de la Ley 1450 de 2011, el control que el Gobierno pretende hacer sobre dicha actividad, constituye una manifiesta violación al derecho fundamental al debido proceso, que se debe surtir frente a la aprobación o denegación del trámite de legalización de la actividad minera, mediante la consecución del respectivo título, en los términos expuestos en la Ley 1382 de 2010. Lo anterior, ya que de forma unilateral se desconoce el procedimiento propio de las actuaciones administrativas debidamente reglamentadas en el código de minas y el código contencioso administrativo, ya que la Ley 1382 de 2010 permite a los explotadores, grupos o asociaciones, que han adelantado la minería de forma tradicional, presentar una solicitud para legalizar su labor, y mientras no se resuelva el trámite de la solicitud, no habrá ningún tipo de acciones en su contra.

  5. Por lo anterior, considera que la Ley 1450 de 2011 en sus normas demandadas, al reglamentar lo concerniente a la minería ilícita, está desconociendo las disposiciones legales y procedimientos citados, además de vulnerar al derecho al debido proceso de las mismas, al interrumpir los procesos de legalización, a pesar de haberse declarado la Ley 1382 de 2010 inexequible por la Corte Constitucional, con efectos diferidos, concediéndole así una vigencia por el término de 2 años.

    Adicionalmente, afirma que estos artículos desconocen la tradicionalidad y ancestralidad de las comunidades negras, siendo muchas de estas áreas de explotación minera reconocidas por el Ministerio de Minas y Energía, como zonas mineras de comunidades negras, previo estudio técnico por ésta, lo cual pone de presente la tradicionalidad de tales labores mineras.

  6. Finalmente, sostiene que se configura una violación del ámbito de competencia y extralimitación de las facultades cuando el Ejecutivo pretende derogar, modificar o reformar leyes ordinarias, a través del Plan Nacional de Desarrollo. Menciona que este tema ya ha sido tratado por la Corte Constitucional, en Sentencia C-149 de 2010[1], al decidir sobre la constitucionalidad de la Ley 1151 de 2007 -artículo 79-.

    Por tanto, resulta claro para la accionante que, con la expedición de los artículos demandados como norma legal con status de ley orgánica, el Legislador o autor de la ley, está desbordando su esfera de poder y va en contravía de lo expuesto en los artículos 150 y 151 de la Constitución Política, al entrar a regular en materias que no son objeto del Plan Nacional de Desarrollo, por cuanto deben ser asuntos tratados por vía legislativa de carácter ordinario, al tratarse de reformas o derogatorias de leyes ordinarias, como lo son los artículos 12 y 30 de la Ley 1382 de 2010.

IV. INTERVENCIONES

  1. Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía intervino dentro del presente proceso de constitucionalidad para defender la exequibilidad de los preceptos demandados de la Ley 1450 de 2011, con base en las siguientes consideraciones:

(i) Afirma que la Ley 1450 de 2011 le otorga los mismos derechos, libertades y oportunidades a todas las personas, sin discriminación por razones definidas en el artículo 13 de la C.P. y que por el contrario, da la oportunidad a quienes se encuentran fuera de la ley para legalizar su situación con los mismos derechos, libertades y oportunidades desde cuando presentan su solicitud hasta cuando se les resuelva de fondo.

(ii) Respecto de los artículos 150 y 360 de la Constitución Política, sostiene la potestad del Legislador para determinar las condiciones respecto de la explotación de los recursos naturales no renovables. Así, afirma que el Legislador se encuentra expresamente facultado por la Carta Política para expedir la normatividad minera y determinar las condiciones para la explotación de recursos naturales, incluyendo los mineros, incluso los requerimientos que tengan como fin la formalización y legalización de las explotaciones ilegales.

Por tanto, a juicio del Ministerio la norma establece una condición de explotación, que no puede considerarse inconstitucional por cuanto tiene fundamento y respaldo en normas constitucionales.

(iii) Indica que la normatividad establecida para grupos étnicos, consagrada en el capítulo XVI de la Ley 685 de 2001 artículos 121 al 131 no otorga a dichas comunidades título minero alguno sobre dichas zonas, sino que simplemente otorga un derecho de prelación para la solicitud de otorgamiento de títulos mineros -art. 124 y 133-.

En este sentido, afirma que estas comunidades no son objeto de procesos de legalización, no tienen que demostrar su tradicionalidad, ni someterse a las reglas de la legalización minera, toda vez que tienen prelación para que la autoridad minera les otorgue la concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros en una de dichas zonas declaradas (art. 124 y 133). Así mismo, a en criterio del Ministerio la demanda de inconstitucionalidad no indica a qué grupo étnico específico o comunidad poblacional especial se le infringió su derecho, libertad u oportunidad, de manera concreta.

(iv) Observa que, en el presente caso, la Ley 1450 de 2011 en el artículo 106 prohíbe en todo el territorio nacional la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, y en el artículo 276 deroga las disposiciones que le son contrarias, además del parágrafo 2 del artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, disposiciones que en interpretación del Ministerio no atentan contra la diversidad étnica ni cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes, por lo cual, no requerían de trámite de consulta previa.