Sentencia de Tutela nº 648/12 de Corte Constitucional, 23 de Agosto de 2012

En razón a que durante el trámite del proceso de tutela y su revisión ante la Corte Constitucional se expidió el Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, por el cual se suprimió el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y se transfirió al Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional la función de “llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República”[11], el magistrado sustanciador, mediante Auto del 30 de abril de 2012, dispuso:

“PRIMERO.- VINCULAR a la Policía Nacional de Colombia, con el fin de que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie frente a los casos en referencia, ya que podría verse afectada con la decisión que se adopte en sede de revisión.

SEGUNDO.- VINCULAR al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie frente a los casos en referencia, ya que podría verse afectado con la decisión que se adopte en sede de revisión.

TERCERO.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación, que ponga en conocimiento de la Policía Nacional de Colombia y el Ministerio de Defensa Nacional, el contenido de los expedientes de tutela T-3320221, T-3321540 y T-3338024.

CUARTO.- REQUERIR a la Policía Nacional de Colombia, para que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y 95 del Decreto Ley 019 de 2012, en el término de 4 días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, responda y remita a esta Corporación su contestación, frente a los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son las normas administrativas que regulan el sistema de consulta en línea de los antecedentes judiciales? A..

2. ¿En qué consiste la consulta en línea de los antecedentes judiciales?

3. ¿Quién y bajo qué circunstancias, tendrá la posibilidad de realizar la consulta en línea de los antecedentes judiciales de una persona?

4. Específicamente ¿Qué información será revelada al realizar la consulta en línea de los antecedentes judiciales de una persona determinada?

5. ¿Qué información se proveerá de las personas sin antecedentes judiciales, de las que tienen deudas pendientes con la justicia, y aquellas que hayan cumplido su pena o que la misma haya prescrito, según declaración de una autoridad competente? Adjunte una impresión de la información que aparece en línea en cada uno de los casos y remita también los certificados actuales de los peticionarios.

   QUINTO.- REQUERIR al Ministerio de Defensa Nacional, para que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y 95 del Decreto Ley 019 de 2012 y en el término de 4 días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, responda y remita a esta Corporación su contestación, frente a los siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son las normas administrativas que regulan el sistema de consulta en línea de los antecedentes judiciales? A..

2. ¿En qué consiste la consulta en línea de los antecedentes judiciales?

3. ¿Quién y bajo qué circunstancias, tendrá la posibilidad de realizar la consulta en línea de los antecedentes judiciales de una persona?

4. Específicamente ¿Qué información será revelada al realizar la consulta en línea de los antecedentes judiciales de una persona determinada?

5. ¿Qué información se proveerá de las personas sin antecedentes judiciales, de las que tienen deudas pendientes con la justicia, y aquellas que hayan cumplido su pena o que la misma haya prescrito, según declaración de una autoridad competente? Adjunte una impresión de la información que aparece en línea en cada uno de los casos y remita también los certificados actuales de los peticionarios.

   SEXTO.- SUSPENDER el término para fallar los asuntos de la referencia, hasta tanto se practique y valore lo solicitado en el presente auto.”

   Lo anterior, con el fin de explorar los cambios normativos y situaciones relevantes que atañen a los casos objeto de estudio,[12] permitir a la nueva entidad encargada ejercer su derecho de defensa y, adicionalmente, allegar al proceso de tutela elementos de juicio relevantes para determinar si es necesaria la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

   No obstante lo antedicho, el término para que la entidad vinculada se pronunciara venció en silencio.

1. Competencia

   Esta Corte es competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

   De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a esta S. de Revisión determinar si la entidad encargada de administrar las bases de datos sobre antecedentes penales (antes DAS, ahora Ministerio de Defensa- Policía Nacional) vulnera los derechos al habeas data; intimidad, buen nombre y al trabajo de una persona que ha cumplido su pena, cuando al dar constancia de su información personal utiliza un formato que permite inferir a terceros la existencia de antecedentes penales. Lo anterior, pese a que la persona afectada ya ha solicitado expresamente la supresión relativa del dato negativo.

   Teniendo en cuenta que este problema jurídico fue abordado recientemente por la S. Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-458 de 2012, y que los casos analizados en esta oportunidad cuentan con presupuestos fácticos idénticos a los estudiados en aquel entonces, a continuación se reseñará el análisis realizado en dicha providencia y posteriormente se efectuará una breve fundamentación en la aplicación a los casos concretos.

4. R. de los fundamentos de la Sentencia SU-458 de 2012

   En esa oportunidad la Corte analizó 13 casos en los que los accionantes invocaban la protección constitucional de sus derechos fundamentales al habeas data, intimidad, buen nombre y trabajo, debido a que la entidad encargada de administrar los datos de antecedentes penales[13], al expedir sus certificados judiciales, permitían inferir a terceros que estas personas habían sido objeto de una sanción penal independientemente de si sus penas ya habían sido cumplidas o extintas[14] y pese a que los peticionarios habían solicitado formalmente la supresión del dato negativo[15].

   La Corte determinó que en estos casos se vulnera el derecho fundamental al habeas data en sus tres dimensiones: (i) cumplimiento de los principios de la administración de datos, (ii) derecho subjetivo a la supresión relativa de un dato negativo y (iii) garantía del derecho al trabajo de los peticionarios:

   En primer lugar, constató que el conocimiento sobre los antecedentes penales ha fungido como fuente privilegiada de prácticas de exclusión y de discriminación prohibidas por la Constitución; en segunda instancia, se presenta una divulgación implícita de un dato negativo que va en contra de los principios de utilidad, necesidad y circulación restringida que rigen la administración de datos personales; y finalmente, en razón a que con la violación del derecho fundamental al habeas data se vulneran otras garantías como el derecho al trabajo y al buen nombre, impidiéndoles a estas personas retomar su plan de vida en la legalidad después de saldar cuentas con la justicia.

   Con el fin de dar mayor claridad a los argumentos que llevaron a tomar esta decisión a la S. Plena de la Corte, a continuación se realizará la reseña de cada uno de los puntos tratados a lo largo de la providencia.

   3.1. P. de los datos personales y de las bases de datos personales relacionados con antecedentes penales.

   En este acápite la S. en pleno precisa que el derecho al habeas data aplica únicamente en el contexto determinado de la administración de bases de datos personales y por tanto no opera para proteger información que no tenga dicha connotación, o que, a pesar de estar dentro de una base de datos no está vinculada a una persona natural o jurídica. Un ejemplo emblemático en el que es susceptible de aplicación la protección al habeas data es el referente a las bases de datos de antecedentes penales. Esto en razón a que este tipo de banco de datos cumple con las características propias para ser objeto de control, en la medida en que: (i) se asocia a una actividad determinada con una persona natural; (ii) comprende datos personales, propios y exclusivos; y (iii) permite identificar, reconocer e individualizar a una persona. Al respecto la Sentencia expresó:

   “Para la Corte es claro que el derecho al habeas data opera en el contexto determinado de la administración de bases de datos personales. Por tanto, su ejercicio es imposible jurídicamente en relación con información personal que no esté contenida en una base o banco de datos, o con información que no sea de carácter personal. Estos presupuestos han permitido que esta Corte descarte la invocación del habeas data por ejemplo para proteger información personal que conste en distintos soportes, no organizados en una base de datos o en un fichero, o para proteger información de otro carácter, como información académica, científica, técnica, artística que, a pesar de estar contenida en base de datos o archivos, esté desvinculada de personas naturales o jurídicas. Para la S., estas limitaciones de contexto tornan indispensable la caracterización tanto de los datos personales, como de las bases de datos relacionadas con antecedentes penales. De esta caracterización se nutre el contenido específico del régimen del habeas data aplicable al caso bajo estudio.(…)// Siguiendo las definiciones sobre datos personales contenidas en las sentencias T-414 de 1992 y T-729 de 2002, la Corte considera que los antecedentes penales son datos personales en la medida en que, asocian una situación determinada (haber sido condenado, por la comisión de un delito, en un proceso penal, por una autoridad judicial competente) con una persona natural. Estos datos personales son propios y exclusivos de la persona, y permiten identificarla, reconocerla o singularizarla en mayor o menor medida, de forma individual o en conexión con otros datos personales[16].” .

   3.2. El dato personal sobre antecedentes penales

   En este fundamento la providencia realiza una clara definición del concepto de antecedentes penales e indica la importancia de las bases de datos que los contienen.

   Con relación a los antecedentes penales señala que: (i) son considerados datos negativos[17]; (ii) poseen el carácter de información pública[18]; (iii) son producto de la imposición de una sanción, mas no una pena en sí misma; y (iv) se originan en la obligación constitucional de crear un banco de datos en el que se constate la existencia de hechos delictivos atribuibles a una persona.[19]

   En lo referente a las bases de datos sobre antecedentes penales, precisa el concepto definiéndolo como “un conjunto organizado de información personal, en concreto de antecedentes penales, que con ayuda de programas de carácter informático y de una plataforma, permite el acceso fácil e inmediato a una extensión ilimitada de información personal, dependiendo de la cantidad de información personal en ellos contenida y los avances tecnológicos que soportan su operación. Dicha base de datos personales es administrada por un sujeto responsable, y puede ser operada por un sinnúmero de personas en la medida en que se faciliten condiciones de accesibilidad con fines de alimentación, modificación o consulta”.

   3.3. La base de datos sobre antecedentes penales

   Luego de la anterior conceptualización, la Corte realiza un análisis sobre la relevancia del poder informático que poseen las entidades administradoras de información[20], concluyendo que con dicho poder se puede llegar a repercutir en derechos, libertades y otras garantías de aquellas personas cuya información reposa dentro de las bases de datos.[21] Es por ello por lo que se indica que el habeas data surge como una necesidad de establecer un cuerpo normativo singular orientado a proteger las libertades individuales e igualmente como respuesta del constitucionalismo para enfrentar las amenazas a derechos fundamentales en que pueden incurrir las administradoras de las bases de datos, por el robustecimiento de su poder informático.

   3.4. Los principios y las reglas que debe seguir el administrador de este tipo específico de bases de datos, en especial los principios de finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida

   En este acápite la S. Plena de la Corte Constitucional es enfática en aclarar que, las bases de datos sobre antecedentes penales son administradas de forma exclusiva por personas de derecho público, lo cual supone que esta actividad deba ejercerse bajo el estricto cumplimiento de principios y reglas específicas tal como a continuación se expone[22]:

   Si bien no existe una regulación estatutaria específica sobre la administración de antecedentes penales, de acuerdo con el amplio desarrollo jurisprudencial efectuado por esta corporación mediante las sentencias T-729 de 2002, C-185 de 2003, C-1011 de 2008 y C-748 de 2011, entre otras, su manejo solo puede materializarse con observancia de los principios de la administración de datos personales: (i) finalidad, (ii) necesidad, (iii) utilidad y (iv) circulación restringida.[23]

   Respecto del principio de finalidad, indica que las actividades de administración deben obedecer a un fin legítimo, definido de forma clara, suficiente y previa, razón por la cual no es posible a) recopilar información personal sin que se establezca el objeto por el cual deba ser incorporada a la base de datos y b) recolectar, procesar y divulgar información personal para propósitos diferentes a los argumentados al momento en que se incluyó la información en la base de datos.

   En lo concerniente al principio de necesidad, aduce que conlleva a que solo pueda ser administrada aquella información personal que sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del fin último para el cual es o fue creada la base de datos.

   Con relación al principio de utilidad, expresa que la administración de información debe obedecer a una utilidad clara y suficientemente determinable.

   Finalmente, en lo que respecta al principio de circulación Restringida, dice que hace referencia a que está prohibida la divulgación indiscriminada de datos.

   Así las cosas, lo que se infiere es que son estos lineamientos los limitantes al ejercicio de las competencias de los administradores de las bases de datos, toda vez que definen el margen de su actuación y garantizan el ejercicio de libertades de los sujetos de los cuales poseen información.

3. 5. Funciones de los datos personales sobre antecedentes penales en el contexto de la administración de las bases de datos sobre antecedentes penales

   Este fundamento hace mención a las funciones que cumplen las bases de datos sobre antecedentes penales y la expedición del certificado judicial.

   Ante el primer asunto, es decir, en lo referente a las funciones que cumplen las bases de datos sobre antecedentes penales, esta corporación precisó:

   Sirven como prueba cuando lo que se busca es establecer si existen o no inhabilidades para el acceso a la función pública y/o para contratar con el Estado. De igual manera, el objetivo primordial de dar esta función a los antecedentes penales es precisamente procurar la protección de la moralidad administrativa.[24]

   Son utilizados como referencia para la dosimetría penal u otras circunstancias de la ejecución de la ley penal. En esa medida, son por ejemplo determinantes para decidir la mayor o menor punibilidad cuando se impone una sanción penal, se tienen como punto de referencia para conceder o negar subrogados penales se contemplan como indicativos según los cuales se puede cumplir la pena en el lugar de residencia, etc.[25]

   En materia de inteligencia y contrainteligencia coadyuvan al establecimiento del grado de peligrosidad de un individuo y su historial criminal.[26]

   De otra parte, de acuerdo con lo preceptuado en la Sentencia C-536 de 2006, la expedición del certificado de antecedentes judiciales cumple con las siguientes funciones[27]:

1. Es necesario para la posesión de cualquier empleo o cargo público o la celebración de contratos de prestación de servicios con la administración.

2. Es requisito para la tenencia o porte de armas de fuego.

3. Es requisito para tramitar la visa.

4. Es requisito para ingresar al Ecuador.

5. Es requisito para recuperar la nacionalidad colombiana.

6. Es requisito para la adopción de menores de edad.

7. Es requisito para el ingreso de numerosas empresas del sector privado.[28]

   3.6. La dimensión subjetiva del habeas data: la facultad específica de suprimir como parte de su objeto protegido

   Otro punto de gran relevancia que aborda la sentencia es el referente a la dimensión subjetiva del habeas data. Al respecto, indica que este es un derecho fundamental que habilita a su titular[29] para que pueda conocer, actualizar, rectificar,[30] autorizar incluir, suprimir y certificar su información personal.[31]

   Este fundamento hace especial énfasis en la facultad de suprimir determinada información, e indica que dicha potestad no es absoluta. De igual manera hace claridad sobre el hecho de que solo es susceptible de protección a un ciudadano su derecho a exigir el amparo del derecho al habeas data y por ende el poder de demandar la supresión de determinados datos, en aquellos eventos en los que el administrador de los bancos de información incumpla cualquiera de los principios que lo rigen.[32]

   Expresa que esta potestad de supresión de datos tiene a su vez dos facetas: (i) el también llamado derecho al olvido o supresión definitiva y (ii) la supresión parcial, que significa la posibilidad de almacenar la información y circularla de manera restringida. La providencia en concreto expresó:

   “19. Para la Corte, la facultad de supresión, como parte integrante del habeas data, tiene una doble faz. Funciona de manera diferente frente a los distintos momentos de la administración de información personal. En una primera faceta es posible ejercer la facultad de supresión con el objeto de hacer desaparecer por completo de la base de datos, la información personal respectiva. Caso en el cual la información debe ser suprimida completamente y será imposible mantenerla o circularla, ni siquiera de forma restringida (esta es la idea original del llamado derecho al olvido). En una segunda faceta, la facultad de supresión puede ser ejercitada con el objeto de hacer desaparecer la información que está sometida a circulación. Caso en el cual la información se suprime solo parcialmente, lo que implica todavía la posibilidad de almacenarla y de circularla, pero de forma especialmente restringida.”.

   La Corte aduce que es precisamente la facultad de supresión parcial de la información la que se aplica como una alternativa para conciliar varios elementos normativos que concurren en el caso de la administración de información personal sobre antecedentes penales. Ello por cuanto, de un lado, la supresión total de los antecedentes penales es imposible constitucional y legalmente; y de otro, debido a que la circulación indiscriminada de la información personal, que es considerada un dato negativo, sin fines constitucionales precisos y con el potencial de generar discriminación a las libertades, habilita al sujeto cuya información es administrada para que, mediante el ejercicio del habeas data, solicite la supresión relativa de la misma.[33]

   3.8. El carácter del habeas data como derecho autónomo y como garantía de otros derechos fundamentales

   La Corte concluye precisando que el derecho al habeas data posee una doble naturaleza en razón a que goza de reconocimiento constitucional de derecho autónomo de acuerdo con lo consignado en el artículo 15 superior y además por cuanto es considerado un instrumento para garantizar otros derechos como el del trabajo, seguridad social, salud, libre locomoción, etc.[34]

   3.9. Reglas indicadas en los casos concretos de la Sentencia SU-458 de 2012 y protección del derecho

   En la solución de los casos concretos dada en la Sentencia SU-458 de 2012, la Corte determinó que en aquellos eventos en los que la entidad encargada de administrar la base de datos de antecedentes penales expida un certificado (ya sea en físico o vía electrónica) con una leyenda de la cual se pueda inferir que una persona tiene antecedentes penales, pese a no tener cuentas pendientes con la justicia, se le está vulnerando su derecho al habeas data “por un lado, por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales contenida en bases de datos. Y por el otro, por la renuencia de la entidad encargada de la administración de dicha base de datos a suprimir de forma relativa dicha información, a pesar de que mediaba una petición expresa de los demandantes para que terceros sin un interés previamente determinado tuviesen conocimiento de dicha información”.

   En consecuencia, en tales oportunidades, es viable que mediante acción de tutela se proteja el derecho al habeas data y por ende, se ordene que se omita el empleo de cualquier fórmula en la leyenda de los antecedentes, de la cual pueda inferirse la existencia de antecedentes penales, cuando estas personas ya no son requeridas ni tienen cuentas pendientes con las autoridades.

4. Casos concretos[35]

   4.1. Generalidades

   Los peticionarios interpusieron las acciones de tutela de la referencia en contra del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al considerar que dicha entidad, al expedir sus certificados judiciales, permitía inferir a terceros que estas personas habían sido objeto de una sanción penal, a pesar de que en los tres casos la autoridad competente ya había decretado el cumplimiento de sus condenas.

   Sostienen que dicha situación no solo les vulnera su derecho fundamental al habeas data, sino que además les impide acceder a un trabajo y llevar una vida digna por los estigmas que esta condición genera en la sociedad.

   En los tres casos objeto de análisis se negó la protección de los derechos invocados bajo el argumento de no haberse demostrado la afectación de los mismos.

   4.2. Procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho al habeas data según la SU-458 de 2012.

   La sentencia SU-458 de 2012 plantea que sin importar (i) el cambio normativo, (ii) la supresión del DAS, (iii) las nuevas funciones a cargo del Ministerio de Defensa Policía Nacional como entidad administradora de la base de datos de los antecedentes penales y (iv) la sustitución del certificado judicial por la posibilidad de su constatación vía electrónica; en todos aquellos casos en los cuales a una persona le aparezca en su certificado judicial una leyenda de la cual se infiera que tiene antecedentes penales, (pese a que se haya cumplido o extinto su pena), es procedente la acción de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales al habeas data y al trabajo.

   De acuerdo con esta regla, en los tres casos sub exámine es procedente la acción de amparo ya que según la información que aparece al consultar los certificados de antecedentes judiciales de los peticionarios, fácilmente se infiere que fueron objeto de una sanción penal.

   Por tanto, al igual que en los asuntos estudiados en la Sentencia SU-458 de 2012, en los casos de J.A.A.C., M.M.S. y C.E.B., se presenta una vulneración de los derechos al habeas data y al trabajo, toda vez que en los tres asuntos al consultar la base de datos del Ministerio de Defensa-Policía Nacional como entidad administradora de los antecedentes penales en la actualidad, se constata que aparece en el certificado judicial la leyenda: “ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA” mientras que para aquellas personas que no han sido objeto de sanción penal aparece “NO REGISTRA ANTECEDENTES”.

   En consecuencia, al no suprimirse de manera relativa dicha información (es decir, de la vista pública de terceros sin un interés), se ocasiona la vulneración de sus derechos fundamentales al habeas data y al trabajo, tal como fue argumentado por los peticionarios en su escrito de tutela.

   Es necesario aclarar al señor J.A.A.C. que, tal como se indicó tanto en la sentencia de unificación como en el fundamento 3 de esta providencia, no es posible la supresión total de la información prevista en la base de datos de antecedentes penales como él lo pretende, en razón a que su continuidad en la misma está dispuesta en la Constitución y la Ley. No obstante, lo que si es posible es que su circulación sea restringida frente a terceros sin un interés legítimo.

   4.3. Desconocimiento de los principios de administración de datos personales según la Sentencia SU-458 de 2012.

   En la precitada providencia la Corte indicó que “[l]a conducta activa u omisiva de facilitar el acceso indiscriminado por parte de terceros a la información acerca de si A, B, o C tienen antecedentes penales, no encuadra en ninguna de las funciones relacionadas con el uso legítimo, legal y constitucional de esta información. Tal acceso no está orientado a determinar la existencia de inhabilidades para proteger la moralidad administrativa y el correcto ejercicio de la función pública, no sirve de manera alguna para la correcta aplicación de la normatividad penal; no cumple tampoco ningún fin preciso de inteligencia o contrainteligencia de la que dependa la seguridad nacional; no busca de manera concreta facilitar la cumplida ejecución de la ley. Por el contrario, la administración de esta información personal no sometida a ninguna de estas estrictas y precisas finalidades, tiene como efecto perverso favorecer el ejercicio inorgánico del poder informático al radicarlo en cabeza de cualquier persona con acceso a esta base de datos. Permite así que terceros empleen la información sobre antecedentes penales para cualquier finalidad legítima o no, y en todo caso, que lo hagan de una forma no orgánica y sin asidero en el ordenamiento jurídico.”

   Se debe aclarar que en los casos objeto de análisis, al igual que en los estudiados en aquella oportunidad por la Corte en pleno, no encuadran en ninguna de las funciones relacionadas con el uso legítimo, legal y constitucional de la información negativa. Caso distinto sería, por ejemplo, que alguno de los accionantes quisiera participar en un cargo de elección popular y la entidad encargada (Consejo Nacional Electoral u otras relacionadas con ese trámite) los quisiera investigar para determinar la existencia de inhabilidades y demás. Esta situación sí habilitaría a dicha entidad para solicitar la información detallada pero mediante un proceso interno directamente con la administradora del banco de datos.

   No obstante, en los casos bajo estudio en ningún momento es dable permitir a terceros el acceso a una información negativa así sea de manera inferida, toda vez que ello repercute negativamente en la vida de los peticionarios marginándolos social y laboralmente, sin un fin legítimo.

   4.4. Conclusión

   Teniendo en cuenta que los peticionarios[36], al igual que en los asuntos analizados en la Sentencia SU-458 de 2012, ya cumplieron la pena impuesta y no obstante, la entidad administradora de la base de datos de los antecedentes penales[37] sigue circulando esta información de manera indiscriminada, permitiendo que terceros no autorizados conozcan la existencia de los antecedentes penales asociados a sus nombres, la S. observa que se presenta una clara vulneración de los derechos fundamentales invocados.

   Lo anterior, en razón a que como se manifestó en la mencionada sentencia de unificación, esta trasgresión se presenta (i) por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales contenida en la base de datos, actualmente administrada por el Ministerio de Defensa-Policía Nacional; e igualmente, (ii) ante la negativa de la entidad accionada a suprimir de forma relativa dicha información, a pesar de haber sido solicitado por petición expresa de los accionantes.

   Por lo expuesto, esta S. procederá, en primer lugar, a revocar las sentencias proferidas por los jueces de instancia para en su lugar, proteger el derecho fundamental al habeas data, en sus tres dimensiones: cumplimiento de los principios de la administración de datos (finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida); derecho subjetivo a la supresión relativa de la información personal negativa; y garantía del derecho al trabajo de los peticionarios.

   En consecuencia, siguiendo los lineamiento de la Sentencia SU-458 de 2012 ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Nacional (como administrador responsable de la base de datos sobre antecedentes penales), que para los casos de acceso a dicha información por parte de particulares, en especial, mediante la base de datos en línea a través de las plataformas respectivas de la Internet, omita emplear cualquier fórmula de la cual se infiera la existencia de antecedentes en cabeza de los peticionarios, si efectivamente estos no son requeridos ni tienen cuentas pendientes con las autoridades judiciales.

   De igual manera, con el fin de guardar uniformidad con lo preceptuado por la S. Plena de esta corporación, se ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Nacional aplicar lo prescrito en la Sentencia SU-458 de 2012, frente a la manera en que en adelante debe aparecer la información de los peticionarios.[38]

En mérito de lo expuesto, la S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,