Sentencia de Constitucionalidad nº 540/12 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 428261282

Sentencia de Constitucionalidad nº 540/12 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2012

Ponente:Jorge IvÁn Palacio Palacio
Fecha de Resolución:12 de Julio de 2012
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria no. 263/11 senado y 195/11 cámara, por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal y, se dictan otras disposiciones. La corte concluyó que el proyecto de ley estatutaria para regular el marco jurídico de las actividades de inteligencia y contrainteligencia se ajusta a la constitución desde el punto vista formal y material, salvo en algunas disposiciones de orden penal que declaró inexequibles. Asimismo, ratificó la garantía constitucional de la libertad de prensa frente al mandato de reserva bajo un ejercicio responsable. Se declara exequible por su aspecto formal, el proyecto de ley estatutaria revisado y exequibles sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 54, 55 y 56. Exequilbe el artículo 13 del proyecto, salvo el literal -j- que se declara inexequible. Exequible el artículo 33 del proyecto de ley, salvo el inciso tercero que es inexequible. Los artículos 40 al 49 del proyecto de ley se declaran inexequibles y exequible el artículo 53 salvo la expresión “las autoridades de policía judicial y” que se declara inexequible.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

C-540-12 Sentencia C-540/12 Sentencia C-540/12

Referencia: expediente PE-033

Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria número 263/11 Senado y 195/11 Cámara, “Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.

Magistrado Ponente:

J.I. PALACIO PALACIO

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil doce (2012).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

El P. del Senado de la República, mediante oficio recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 22 de julio de 2011, remitió el proyecto de ley número 263/11 Senado y 195/11 Cámara, “por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”, para el control previo de constitucionalidad a que refiere el artículo 241.8 de la Constitución.

II. EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

“PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 263 DE 2011 SENADO, 195 DE 2011 CÁMARA

Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 1°. Objeto y alcance. La presente ley tiene por objeto fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal. Establece los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de las bases de datos, la protección de los agentes, la coordinación y cooperación entre los organismos, y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas, entre otras disposiciones.

Artículo 2°. Definición de la función de inteligencia y contrainteligencia. La función de inteligencia y contrainteligencia es aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley.

Artículo 3°. Organismos que llevan a cabo la función de inteligencia y contrainteligencia. La función de inteligencia y contrainteligencia es llevada a cabo por las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por éstas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y por los demás organismos que faculte para ello la ley. Estos organismos conforman la comunidad de inteligencia y son los únicos autorizados para desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia. Todos los organismos que lleven a cabo estas actividades estarán sujetos al cumplimiento de la presente ley de manera integral.

Artículo 4°. Límites y fines de la función de inteligencia y contrainteligencia. La función de inteligencia y contrainteligencia estará limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En especial, la función de inteligencia estará limitada por el principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso.

Ninguna información de inteligencia y contrainteligencia podrá ser obtenida con fines diferentes de:

a) Asegurar la consecución de los fines esenciales del Estado, la vigencia del régimen democrático, la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación;

b) Proteger las instituciones democráticas de la República, así como los derechos de las personas residentes en Colombia y de los ciudadanos colombianos en todo tiempo y lugar -en particular los derechos a la vida y la integridad personal- frente a amenazas tales como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, el lavado de activos, y otras amenazas similares; y

c) Proteger los recursos naturales y los intereses económicos de la Nación.

En ningún caso la información de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición.

Artículo 5°. Principios de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Quienes autoricen y quienes lleven a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, además de verificar la relación entre la actividad y los fines enunciados en el artículo 4° de la presente ley, evaluarán y observarán de manera estricta y en todo momento los siguientes principios:

Principio de necesidad: La actividad de inteligencia y contrainteligencia debe ser necesaria para alcanzar los fines constitucionales deseados; es decir que podrá recurrirse a ésta siempre que no existan otras actividades menos lesivas que permitan alcanzar tales fines.

Principio de idoneidad: La actividad de inteligencia y contrainteligencia debe hacer uso de medios que se adecuen al logro de los fines definidos en el artículo 4° de esta ley; es decir que se deben usar los medios aptos para el cumplimiento de tales fines y no otros.

Principio de proporcionalidad: La actividad de inteligencia y contrainteligencia deberá ser proporcional a los fines buscados y sus beneficios deben exceder las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales. En particular, los medios y métodos empleados no deben ser desproporcionados frente a los fines que se busca lograr.

Artículo 6°. Prohibición de la vinculación de menores de edad en actividades de inteligencia y contrainteligencia. Los organismos de inteligencia y contrainteligencia no podrán en ningún caso vincular a niños, niñas y adolescentes para que lleven a cabo actividades de inteligencia o contrainteligencia.

CAPÍTULO II

Requerimientos de inteligencia y contrainteligencia

Artículo 7°. Requerimientos de inteligencia y contrainteligencia. Los requerimientos definen las áreas y tareas de recolección de información de inteligencia y contrainteligencia de interés prioritario para el Gobierno Nacional.

Artículo 8°. Plan Nacional de Inteligencia. El Plan Nacional de Inteligencia es el documento de carácter reservado que desarrolla los requerimientos y las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional en materia de inteligencia y contrainteligencia, y asigna responsabilidades. Este Plan será elaborado por la Junta de Inteligencia Conjunta y será proyectado para un período de un (1) año. El primer Plan Nacional de Inteligencia entrará en vigencia dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente ley.

Artículo 9°. Requerimientos adicionales. Los requerimientos adicionales a los establecidos en el Plan Nacional de Inteligencia sólo podrán ser determinados por el P. de la República, de manera directa o a través del funcionario público que éste designe de manera expresa para ello; el Ministro de Defensa; y, para efectos de cumplir con las funciones de S. Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el Alto Asesor para la Seguridad Nacional. Los demás miembros del Consejo de Seguridad Nacional podrán hacer requerimientos a través de la Secretaría Técnica del Consejo, que dará trámite para su priorización. Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos que puedan hacer los comandantes de unidades militares y de policía, y los directores de inteligencia para el cumplimiento de su misión constitucional.

CAPÍTULO III

Coordinación y cooperación en las actividades de inteligencia y contrainteligencia

Artículo 10. Coordinación y cooperación. Los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cooperarán armónica y decididamente, atendiendo los requerimientos de inteligencia y contrainteligencia de los servidores públicos autorizados por esta ley para efectuarlos, coordinando de manera eficaz y eficiente sus actividades, y evitando la duplicidad de funciones.

Artículo 11. Cooperación internacional. Los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrán cooperar con organismos de inteligencia homólogos en otros países, para lo cual se establecerán los protocolos de seguridad necesarios para garantizar la protección y reserva de la información, de conformidad con las disposiciones contempladas en la presente ley.

Artículo 12. Junta de Inteligencia Conjunta (JIC). La Junta de Inteligencia Conjunta se reunirá al menos una vez al mes con el fin de producir estimativos de inteligencia y contrainteligencia para el Gobierno Nacional. Para estos efectos asegurará la cooperación entre los distintos organismos de inteligencia y contrainteligencia. Esta Junta está conformada por:

a) El Ministro de la Defensa Nacional;

b) El Alto Asesor para la Seguridad Nacional, o el funcionario de nivel asesor o superior que delegue para ello el P. de la República;

c) El Viceministro de Defensa Nacional;

d) El J. de Inteligencia Conjunta, en representación del C. General de las Fuerzas Militares;

e) El J. de Inteligencia del Ejército Nacional, en representación del C. de esa Fuerza;

f) El J. de Inteligencia de la Armada Nacional, en representación del C. de esa Fuerza;

g) El J. de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana, en representación del C. de esa Fuerza;

h) El Director de Inteligencia Policial, en representación del Director General de la Policía Nacional;

i) El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), o su delegado, y

j) El Director de cualquier otro organismo de inteligencia y contrainteligencia facultado por ley para llevar a cabo tales actividades.

P. 1°. El C. General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía y los C.s de Fuerza asistirán a la JIC cuando lo consideren necesario. Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional podrán ser invitados a la JIC.

P. 2°. La JIC será presidida por el Ministro de Defensa o por el miembro civil de la JIC que delegue para ello el P. de la República.

P. 3°. La participación en la JIC de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, se dará en el marco de la naturaleza jurídica de la entidad.

P. 4°. Los integrantes de la JIC compartirán la información de inteligencia relevante que tengan a su disposición con los miembros de la misma. En cualquier caso esta información será manejada por los miembros con la debida reserva y observando los protocolos de seguridad de la información.

Artículo 13. Funciones de la Junta de Inteligencia Conjunta. La Junta de Inteligencia Conjunta tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar estimativos, informes y/o análisis de inteligencia y contrainteligencia que atiendan los requerimientos y apoyen la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional, en particular en el marco del Consejo de Seguridad Nacional;

b) Elaborar y presentar cada año a consideración del Consejo de Seguridad Nacional para su adopción, el Plan Nacional de Inteligencia de acuerdo con los requerimientos y prioridades establecidos por el P. de la República;

c) Coordinar la distribución de tareas para la recolección de información entre los organismos, con el fin de cumplir con las funciones de evaluación y análisis asignadas a la JIC;

d) Establecer, en un término máximo de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley, los protocolos de intercambio de información entre los organismos de inteligencia y contrainteligencia para garantizar la seguridad y reserva de la información y verificar el cumplimiento de los mismos;

e) Asegurar que existan procedimientos adecuados de protección de la información que sea compartida en la JIC;

f) Suministrar al Consejo de Seguridad Nacional la información de inteligencia y contrainteligencia necesaria para el cumplimiento de sus funciones como máximo órgano asesor del P. de la República en asuntos de defensa y seguridad nacional;

g) Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Inteligencia y elaborar informes periódicos de cumplimiento de las prioridades de inteligencia y contrainteligencia establecidas en el mismo;

h) Presentar a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República un informe anual que tendrá carácter reservado;

i) Adoptar y modificar su propio reglamento, teniendo en cuenta los fines de la Junta, y

j) Las demás que le asigne el P. de la República.

CAPÍTULO IV

Control y Supervisión

Artículo 14. Autorización. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia deberán ser autorizadas por orden de operaciones o misión de trabajo emitida por los directores de los organismos, o jefes o subjefes de unidad, sección o dependencia, según el equivalente en cada organismo, y deberán incluir un planeamiento.

El nivel de autorización requerido para cada operación o misión de trabajo se incrementará dependiendo de su naturaleza y posible impacto, el tipo de objetivo, el nivel de riesgo para las fuentes o los agentes, y la posible limitación de los derechos fundamentales. Cada organismo definirá, de conformidad con su estructura interna y atendiendo los criterios establecidos en este artículo, quién es el jefe o subjefe de unidad, sección o dependencia encargado de la autorización, en cada caso teniendo en cuenta la Constitución y la ley.

Artículo 15. Autorización de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El superior jerárquico en cada caso será responsable de autorizar únicamente aquellas actividades de inteligencia y contrainteligencia que cumplan con los límites y fines enunciados en el artículo 4° de esta ley, observen los principios del artículo 5° de la misma y estén enmarcadas dentro de un programa de planeamiento. Esta autorización deberá obedecer a requerimientos previos de inteligencia o contrainteligencia, de conformidad con el Capítulo II de la presente ley.

P.. Los funcionarios de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia que infrinjan sus deberes u obligaciones incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil, fiscal, penal o profesional que puedan tener. La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad por quien ejecuta la operación de inteligencia cuando ésta suponga una violación a los derechos humanos o una infracción al Derecho Internacional Humanitario –DIH- y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Artículo 16. Adecuación de manuales de inteligencia y contrainteligencia. Los Directores y J.s de los organismos de inteligencia y contrainteligencia adecuarán la doctrina de inteligencia y contrainteligencia ajustándola a derecho y derogando aquellas disposiciones que sean contrarias a la Constitución y la presente ley, en el término máximo de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley. Cada organismo de inteligencia establecerá los procedimientos necesarios para revisar la integración de las normas en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en los Manuales de Inteligencia y Contrainteligencia. Al finalizar este período el Gobierno Nacional deberá presentar un informe sobre la adecuación de los manuales a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República.

Artículo 17. Monitoreo del espectro electromagnético e interceptaciones de comunicaciones privadas. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagnético debidamente incorporadas dentro de órdenes de operaciones o misiones de trabajo. La información recolectada en el marco del monitoreo del espectro electromagnético en ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. El monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones.

La interceptación de conversaciones privadas telefónicas móviles o fijas, así como de las comunicaciones privadas de datos, deberá someterse a los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Constitución y el Código de Procedimiento Penal y sólo podrán llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales.

Artículo 18. Supervisión y control. Los I.es de la Policía o la Fuerza Militar a la que pertenezcan los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, deberán rendir un informe anual de carácter reservado tramitado por el conducto regular ante el Ministro de Defensa y con copia a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Este informe verificará la aplicación de los principios, límites y fines enunciados en esta ley en la autorización y el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia; la adecuación de la doctrina, los procedimientos y métodos de inteligencia a lo establecido en la presente ley; así como la verificación de los procesos de actualización, corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia. Para ello, estos inspectores contarán con toda la colaboración de los diferentes organismos, quienes en ningún caso podrán revelar sus fuentes y métodos.

P. 1°. En el caso de otros organismos creados por ley para llevar a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, el informe mencionado deberá ser rendido anualmente por un I. o quien haga sus veces ante el P. de la República y con copia a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de inteligencia y Contrainteligencia.

P. 2°. En el caso de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el informe deberá ser rendido anualmente por la Oficina de Control Interno ante el Director, con copia a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

P. 3°. En cualquier caso el informe rendido por cada entidad no exime al Director de cada organismo de su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la presente ley y demás obligaciones constitucionales y legales. Cualquier incumplimiento a los principios, fines y límites contemplados en la presente ley deberá ser reportado de inmediato al P. de la República, y a las autoridades disciplinarias y judiciales a las que haya lugar.

P. 4°. Los miembros de los organismos de inteligencia y contrainteligencia deberán poner en conocimiento del J. o Director del organismo, y en caso de que sea necesario de manera directa ante el I. o el J. de la Oficina de Control Interno, cualquier irregularidad en el desarrollo de las actividades del organismo. El Director y el I. o el J. de Control Interno velarán por la protección de la identidad del denunciante.

P. 5°. El J. o Director del organismo de inteligencia o contrainteligencia deberá informar anualmente al P. de la República sobre las irregularidades en las funciones y actividades de inteligencia y contrainteligencia que se presenten en sus respectivas dependencias.

Artículo 19. Control Político. Se crea la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Modifíquese el artículo 55 de la Ley 5ª de 1992 el cual quedará así:

“Artículo 55. Integración, denominación y funcionamiento. Además de las Comisiones Legales señaladas para cada una de las Cámaras con competencias diferentes a estas corresponderá integrar aplicando el sistema del cociente electoral y para el Periodo Constitucional, la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Comisión de Acreditación Documental, la Comisión para la Equidad de la Mujer y la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia”.

Artículo 20. Objeto de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. A. un artículo 61E a Ley 5ª de 1992 el cual quedará así:

“Artículo 61E. Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Esta Comisión, sin perjuicio de las demás facultades otorgadas al Congreso de la República por la Constitución y la ley, cumplirá funciones de control y seguimiento político, verificando la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en la ley estatutaria que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia”.

Artículo 21. Composición e Integración de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. A. un artículo 61F a la Ley 5ª de 1992 el cual quedará así:

“Artículo 61F. Composición e integración. La Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia estará conformada por 8 Congresistas mediante postulación voluntaria, los cuales deberán ser miembros de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes.

Cada Cámara en Sesión Plenaria, mediante el sistema de cuociente electoral, elegirá cuatro (4) miembros de la respectiva Corporación, garantizando la representación de por lo menos un (1) R. y un (1) Senador de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno, salvo que sus voceros de bancada en la Cámara de R.s y en el Senado de la República, manifiesten ante la Presidencia de la Cámara de R.s y del Senado de la República respectivamente, de manera libre y expresa su decisión de abstenerse de participar en la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

P. 1°. En caso de que los partidos o movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno no tengan representación en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado o de la Cámara de R.s, podrá postularse como miembro de la Comisión Legal de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia cualquier Senador o R. a la Cámara que pertenezca a dichos partidos o movimientos políticos.

P. 2°. Los partidos o movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno tendrán derecho a participar al menos uno de ellos, en la mesa directiva de la Comisión Legal de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.”

Artículo 22. Funciones y facultades de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. A. un artículo 61G a la Ley 5ª de 1992 el cual quedará así:

“Artículo 61G. Funciones. Son funciones y facultades de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia:

a) Producir un informe anual reservado dirigido al P. de la República, que dé cuenta del cumplimiento de los controles contenidos en la presente ley y formule recomendaciones para el mejoramiento del ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, teniendo en cuenta la salvaguarda de la información que afecte la seguridad y la defensa nacional;

b) Emitir opiniones y conceptos sobre cualquier proyecto de ley relacionado con la materia;

c) Emitir un concepto sobre el Informe de Auditoría de los gastos reservados elaborado por la Contraloría General de la República;

d) Solicitar a la Junta de Inteligencia Conjunta un informe anual de la ejecución general de gastos reservados que dé cuenta del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Inteligencia;

e) Hacer seguimiento a las recomendaciones incluidas dentro del informe anual del literal a) del presente artículo;

f) Proponer moción de observación respecto de los Directores de los organismos de inteligencia por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones de la Comisión, o moción de censura a los Ministros del ramo correspondiente.

P. 1°. Con el fin de verificar el cumplimiento de los mecanismos de control establecidos en la presente ley en casos específicos que sean de su interés, la Comisión podrá: (a) realizar reuniones con la JIC; (b) solicitar informes adicionales a los I.es (incluyendo a los inspectores ad hoc designados por los organismos de inteligencia), las Oficinas de Control Interno, o quienes hagan sus veces; (c) citar a los J.s y Directores de los organismos de inteligencia; (d) conocer los objetivos nacionales de inteligencia trazados en el Plan Nacional de Inteligencia; y (e) conocer los informes presentados anualmente por los inspectores de conformidad con el artículo 18 de la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de la reserva necesaria para garantizar la seguridad de las operaciones, las fuentes, los medios y los métodos.

P. 2°. En cualquier caso la Comisión pondrá en conocimiento de las autoridades competentes los hechos delictivos o las faltas disciplinarias de las que tenga conocimiento.”

Artículo 23. Estudios de credibilidad y confiabilidad de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. A. un artículo 61H a la Ley 5ª de 1992 el cual quedara así:

“Artículo 61H. Estudios de credibilidad y confiabilidad. Los funcionarios de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, así como los miembros de las unidades de trabajo legislativo que sean designados por cada miembro de la Comisión para apoyar el trabajo de la misma, se someterán a por lo menos un (1) estudio de credibilidad y confianza al año. Las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de R.s determinarán el organismo de la comunidad de inteligencia a través del cual se aplicarán los estudios y reglamentarán los procedimientos necesarios para garantizar la reserva de los resultados de estos estudios.

Las Mesas Directivas de Senado y Cámara diseñarán conjuntamente los criterios y parámetros a tener en cuenta para la evaluación y calificación de los estudios de credibilidad y confiabilidad, así como los protocolos necesarios para garantizar la absoluta reserva de la información relacionada con tales estudios.”

Artículo 24. Deber de reserva de la Comisión. Los miembros de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia están obligados a guardar reserva sobre las informaciones y documentos a los que tengan acceso durante y después de su membrecía, hasta el término que establece la presente ley.

P. 1°. Ningún documento público emanado de la Comisión podrá revelar datos que puedan perjudicar la función de inteligencia; poner en riesgo las fuentes, los medios o los métodos; o atentar contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad o la defensa nacional.

P. 2°. Los miembros de la Comisión, así como el personal permanente o eventual asignado a la misma que hicieran uso indebido de la información a la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus funciones, en los términos de la ley, serán considerados incursos en causal de mala conducta sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar y quedarán inhabilitados para ser miembros de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

Artículo 25. Funcionamiento. Las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de R.s asignarán los recursos humanos y físicos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. La Comisión podrá solicitar a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia la designación de enlaces permanentes para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 26. Planta de personal de la Comisión Legal de Seguimiento a las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. A. al artículo 369 de la Ley 5ª de 1992 el numeral 2.6.13, así:

“2.6.13 Comisión Legal de Seguimiento a las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

CANTIDAD

CARGO

1

S. de Comisión

1

Asesor

1

Transcriptor

El grado y la remuneración de cada funcionario será el mismo que el de los funcionarios del mismo cargo en las Comisiones Constitucionales.

P.. En todo caso, el S. de Comisión, previa solicitud a la dirección administrativa de Senado o Cámara, según sea el caso, adecuará el personal necesario para el correcto funcionamiento de la Comisión únicamente con personal de planta.”

Artículo 27. Debates en materia de inteligencia y contrainteligencia. A. el artículo 94 de la Ley 5ª de 1992 así:

“Artículo 94. Debates. El sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya adopción deba resolver la respectiva Corporación, es lo que constituye el debate. El debate empieza al abrirlo el P. y termina con la votación general. Los debates en materia de inteligencia y contrainteligencia se adelantarán en sesión reservada.”

CAPÍTULO V

Bases de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia

Artículo 28. Centros de Protección de Datos de Inteligencia y Contrainteligencia. Cada uno de los organismos que desarrolla actividades de inteligencia y contrainteligencia tendrá un Centro de Protección de datos y archivos de Inteligencia y Contrainteligencia (CPD). Cada Centro tendrá un responsable que garantizará que los procesos de recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información de inteligencia y contrainteligencia estén enmarcados en la Constitución y la ley. Para ello se llevarán a cabo los talleres de capacitación necesarios dentro de cada organismo.

Artículo 29. Objetivos de los Centros de Protección de Datos de Inteligencia y Contrainteligencia (CPD). Cada CPD tendrá los siguientes objetivos:

a) Controlar el ingreso y la salida de información a las bases de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal;

b) Asegurar que aquellos datos de inteligencia y contrainteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos en el artículo 5° de la presente ley, sean retirados;

c) Garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición.

Artículo 30. Comisión asesora para la depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia. Créase la Comisión Asesora para la Depuración de los Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia que será presidida por el P. General de la Nación. Esta Comisión estará integrada por un (1) miembro designado por el P. de la República; un (1) miembro del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación o quien haga sus veces; un (1) integrante de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia; un (1) representante de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia; un (1) académico nacional o internacional experto en temas de inteligencia; un (1) representante de la sociedad civil; y un (1) delegado de la Defensoría del Pueblo.

Esta Comisión tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su conformación. Su objeto será producir un informe en el que se formulen recomendaciones al Gobierno Nacional sobre los criterios de permanencia, los criterios de retiro, y el destino de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que sean retirados. Para ello la Comisión tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: a) La seguridad nacional; b) Los derechos fundamentales de los ciudadanos al buen nombre, la honra y el debido proceso; c) El deber de garantizar la preservación de la memoria histórica de la Nación; d) La protección de la información, de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, y de las fuentes, medios y métodos; e) La ley de archivos; f) Los artículos 4° y 5° de la presente ley, y g) Las prácticas internacionales sobre depuración de datos y archivos de inteligencia. La Comisión podrá solicitar asesoría técnica externa para el cumplimiento de su función, y entregar informes parciales antes del vencimiento de su mandato.

El Gobierno Nacional pondrá en marcha, dentro del año siguiente a la rendición del informe de la Comisión, un sistema de depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, orientado por el informe de recomendaciones de la Comisión.

Una vez creado el sistema de depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, el Gobierno Nacional rendirá informes periódicos a la Procuraduría General de la Nación sobre la implementación del mismo.

Artículo 31. Comités de actualización, corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia. Cada organismo de inteligencia creará un comité para la corrección, actualización y retiro de datos e información de inteligencia de conformidad con los principios, límites y fines establecidos en la presente ley. La información que haya sido recaudada para fines distintos de los establecidos en el artículo 4° de la presente ley, o por las razones establecidas en el último inciso del mismo artículo, será retirada de las bases de datos y archivos de inteligencia, y almacenada en un archivo histórico hasta tanto la Comisión para la depuración rinda su informe de recomendaciones.

Artículo 32. Supervisión y control. El informe anual de los I.es de Fuerza y las Oficinas de Control Interno, o quienes hagan sus veces, contemplado en el artículo 18 de la presente ley deberá incluir la verificación del cumplimiento de los procesos de actualización, corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

CAPÍTULO VI

Reserva de la información de Inteligencia y Contrainteligencia

Artículo 33. Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia sus documentos, información y elementos técnicos estarán amparados por la reserva legal por un término máximo de treinta (30) años contados a partir de la recolección de la información y tendrán carácter de información reservada.

Excepcionalmente y en casos específicos, por recomendación de cualquier organismo que lleve a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, el P. de la República podrá acoger la recomendación de extender la reserva por quince (15) años más, cuando su difusión suponga una amenaza grave interna o externa contra la seguridad o la defensa nacional, se trate de información que ponga en riesgo las relaciones internacionales, esté relacionada con grupos armados al margen de la ley, o atente contra la integridad personal de los agentes o las fuentes.

Este período podrá extenderse hasta la desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley sobre el que verse la información de inteligencia o contrainteligencia.

P. 1°. El P. de la República podrá autorizar en cualquier momento, antes del cumplimiento del término de la reserva, la desclasificación total o parcial de los documentos cuando considere que el levantamiento de la reserva contribuirá al interés general y no constituirá una amenaza contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad, o defensa nacional, ni la integridad de los medios, métodos y fuentes.

P. 2°. El organismo de inteligencia que decida ampararse en la reserva para no suministrar una información que tenga este carácter, debe hacerlo por escrito, y por intermedio de su director, quien motivará por escrito la razonabilidad y proporcionalidad de su decisión y la fundará en esta disposición legal. En cualquier caso, frente a tales decisiones procederán los recursos y acciones legales y constitucionales del caso.

P. 3°. El servidor público que tenga conocimiento sobre la recolección ilegal de información de inteligencia y contrainteligencia, la pondrá en conocimiento de las autoridades administrativas, penales y disciplinarias a las que haya lugar, sin que ello constituya una violación a la reserva.

P. 4°. El mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejerzan su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus fuentes.

Artículo 34. Inoponibilidad de la reserva. El carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia no será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, siempre que su difusión no ponga en riesgo la seguridad o la defensa nacional, ni la integridad personal de los ciudadanos, los agentes, o las fuentes. Corresponderá a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo establecido en el presente artículo.

P.. Salvo lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 12 de la presente ley, la inoponibilidad de la reserva en el caso de la UIAF estará regulada de manera especial por el inciso 4° del artículo de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así: “La información que recaude la UIAF en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis estará sujeta a reserva, salvo que medie solicitud de las fiscalías con expresas funciones legales para investigar lavado de activos o sus delitos fuente, financiación del terrorismo y/o legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán mantener la reserva aquí prevista.”

Artículo 35. Valor probatorio de los informes de inteligencia. En ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales y disciplinarios, pero su contenido podrá constituir criterio orientador durante la indagación. En todo caso se garantizará la reserva de la información, medios, métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los funcionarios de inteligencia y contrainteligencia.

Artículo 36. Receptores de productos de inteligencia y contrainteligencia. Podrán recibir productos de inteligencia y contrainteligencia, de conformidad con las reglas de reserva establecidas en los artículos 33 y 38 de la presente ley:

a) El P. de la República;

b) Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y, en lo relacionado con las sesiones a las que asistan, los invitados al Consejo de Seguridad Nacional;

c) El S. General de la Presidencia de la República, los Ministros y Viceministros, y el S. Privado del P. de la República en lo relacionado con el cumplimiento de sus funciones;

d) Los miembros de la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia;

e) Los miembros de la Fuerza Pública de acuerdo con sus funciones y niveles de acceso a la información;

f) Los demás servidores públicos de acuerdo con sus funciones y niveles de acceso a la información de conformidad con el artículo 37 de la presente ley, y siempre que aprueben los exámenes de credibilidad y confiabilidad establecidos para ello, y

g) Los organismos de inteligencia de otros países con los que existan programas de cooperación.

P. 1°. Los J.s y Directores de los organismos de inteligencia y contrainteligencia establecerán los procedimientos y controles para la difusión y trazabilidad de la información de inteligencia y contrainteligencia. La difusión deberá hacerse en el marco de los fines, límites y principios establecidos en el marco de la presente ley.

P. 2°. Los asesores externos y contratistas sólo podrán recibir información de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con el nivel de acceso a la información que le haya sido asignado de conformidad con el artículo 37 de la presente ley, dentro del objeto de su asesoría o contrato, y previo estudio de credibilidad y confiabilidad.

Artículo 37. Niveles de clasificación. El Gobierno Nacional, dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley, reglamentará los niveles de clasificación de la información y diseñará un sistema para la designación de los niveles de acceso a la misma por parte de los servidores públicos.

Artículo 38. Compromiso de reserva. Los servidores públicos de los organismos que desarrollen actividades de inteligencia y contrainteligencia, los funcionarios que adelanten actividades de control, supervisión y revisión de documentos o bases de datos de inteligencia y contrainteligencia, y los receptores de productos de inteligencia, se encuentran obligados a suscribir acta de compromiso de reserva en relación con la información de que tengan conocimiento. Quienes indebidamente divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, empleen o permitan que alguien emplee la información o documentos reservados, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

Para garantizar la reserva, los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrán aplicar todas las pruebas técnicas, con la periodicidad que consideren conveniente, para la verificación de las calidades y el cumplimiento de los más altos estándares en materia de seguridad por parte de los servidores públicos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia.

P. 1°. El deber de reserva de los servidores públicos de los organismos que desarrollen actividades de inteligencia y contrainteligencia, y de receptores antes mencionados, permanecerá aun después del cese de sus funciones o retiro de la institución hasta el término máximo que establece la presente ley.

P. 2°. Los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia deberán tomar todas las medidas necesarias para impedir que sus miembros copien, porten, reproduzcan, almacenen, manipulen o divulguen cualquier tipo de información de inteligencia o contrainteligencia con fines distintos al cumplimiento de su misión.

P. 3°. Las personas capacitadas para cumplir funciones relacionadas con las actividades de inteligencia y contrainteligencia, deberán cumplir en todo momento los más altos estándares de idoneidad y confianza que permitan mantener el compromiso de reserva en el desarrollo de sus funciones. Para tal efecto cada una de las entidades que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia, desarrollarán protocolos internos para el proceso de selección, contratación, incorporación y capacitación del personal de inteligencia y contrainteligencia, teniendo en cuenta la doctrina, funciones y especialidades de cada una de las entidades.

P. 4°. La no superación de las pruebas de credibilidad y confiabilidad será causal de no ingreso o retiro del organismo de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional. En los organismos de inteligencia y contrainteligencia que no pertenezcan al sector defensa, el retiro del servicio de los servidores públicos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia se producirá cuando el nominador, previo concepto de un comité asesor o quien haga sus veces, en ejercicio de la facultad discrecional considere que no se cumplen con los estándares de idoneidad y confianza.

Para los organismos de inteligencia y contrainteligencia que pertenecen al sector defensa, el retiro de servicios se hará de conformidad con las normas de carrera correspondientes.

Artículo 39. Excepción a los deberes de denuncia y declaración. Los servidores públicos de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia están obligados a guardar la reserva en todo aquello que por razón del ejercicio de sus actividades hayan visto, oído o comprendido. En este sentido, los servidores públicos a los que se refiere este artículo están exonerados del deber de denuncia y no podrán ser obligados a declarar. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 3° y 4° del artículo 18 y del parágrafo 3° del artículo 33.

La exclusión del deber de denuncia no aplicará para los casos en que el servidor público posea información relacionada con la presunta comisión de genocidio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual masiva, crímenes de lesa humanidad, o crímenes de guerra por parte de un servidor público.

En cualquier caso los servidores públicos de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia podrán denunciar las actividades delictivas de las que tengan conocimiento de manera directa o mediante representante del organismo de inteligencia y en condiciones que permitan garantizar su seguridad e integridad, garantizando la protección de fuentes, medios y métodos.

En caso de que el organismo considere necesario declarar en un proceso podrá hacerlo a través del Director o su delegado.

Cuando los servidores públicos a que se refiere este artículo deban denunciar o rendir testimonio, el juez o el fiscal según el caso, podrán disponer que la diligencia respectiva se reciba en forma privada y se mantenga en reserva mientras ello sea necesario para asegurar la vida e integridad personal del funcionario y la de su familia.

Sección Única

Reformas penales para la garantía de la reserva legal de la información de inteligencia y contrainteligencia

Artículo 40. El artículo 269A del Código Penal quedará así:

“Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará hasta el doble cuando el acceso abusivo beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, o cuando el acceso abusivo beneficie a gobiernos extranjeros”.

Artículo 41. El artículo 418 del Código Penal quedará así:

“Artículo 418. Revelación de secreto. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de veinte (20) a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez (10) años.

Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de seis (6) a nueve (9) años de prisión, multa de sesenta (60) a doscientos cuarenta (240) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por diez (10) años.

La pena se aumentará hasta el doble cuando la revelación de secreto beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, o cuando se revele de manera ilícita a gobiernos extranjeros”.

Artículo 42. El artículo 419 del Código Penal quedará así:

“Artículo 419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y pérdida del empleo o cargo público.

La pena se aumentará hasta el doble cuando la utilización del asunto sometido a secreto o reserva beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, o cuando la utilización ilícita beneficie a gobiernos extranjeros.”

Artículo 43. El artículo 420 del Código Penal quedará así:

“Artículo 420. Utilización indebida de información oficial privilegiada. El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este persona natural o jurídica, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y pérdida del empleo o cargo público.

La pena se aumentará hasta el doble cuando la utilización indebida beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, o cuando la utilización ilícita beneficie a gobiernos extranjeros.”

Artículo 44. A. un artículo 418B a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 418B. Revelación de secreto culposo. El servidor público que por culpa dé indebidamente a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y pérdida del empleo o cargo público.

La multa se aumentará hasta el doble cuando la revelación beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, o cuando la revelación ilícita beneficie a gobiernos extranjeros.”

Artículo 45. A. un artículo 418C a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 418C. Revelación de secreto por parte de particulares. Quien dé a conocer documento público de carácter reservado, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, salvo en cumplimiento de un deber constitucional o legal.

La pena se aumentará hasta el doble cuando la divulgación o el empleo del documento reservado beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley o a organizaciones de crimen organizado, o cuando se divulgue de manera ilícita a gobiernos extranjeros.”

Artículo 46. Suprímase el artículo 429B, y adiciónese un inciso al artículo 463 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

“Inciso final. En igual pena incurrirá la persona que recabe y divulgue información sobre la identidad de agentes de inteligencia o contrainteligencia, salvo en cumplimento de un deber constitucional o legal.

La pena se aumentará hasta el doble cuando la información beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, o cuando la información se difunda de manera ilícita a gobiernos extranjeros.”

Artículo 47. A. un numeral 33 al artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, el cual quedará así:

“33. Acceso abusivo a un sistema informático, revelación de secreto, utilización de asunto sometido a secreto o reserva, utilización indebida de información oficial privilegiada, revelación de secreto culposa, revelación de secreto por particulares, y espionaje.”

Artículo 48. El artículo 130 del Código Penal Militar quedará así:

“Artículo 130. Revelación de secretos. El miembro de la Fuerza Pública que revele documento, acto o asunto concerniente al servicio, con clasificación de seguridad secreto, o ultra secreto, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a doce (12) años.

Si la revelación fuere de documento, acto o asunto clasificado como reservado, el responsable incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años.

La pena se aumentará hasta el doble cuando la revelación beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, o cuando la revelación ilícita beneficie a gobiernos extranjeros.”

Artículo 49. El artículo 131 del Código Penal Militar quedará así:

“Artículo 131. Revelación culposa. Si los hechos a que se refiere el artículo anterior se cometieren por culpa, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión, multa de diez (10) a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará hasta el doble cuando la revelación beneficie a miembros de grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, o cuando la revelación ilícita beneficie a gobiernos extranjeros.”

CAPÍTULO VII

Protección de los servidores públicos que realizan actividades de Inteligencia y Contrainteligencia

Artículo 50. Protección de la identidad. Con el fin de proteger la vida e integridad de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, y para facilitar la realización de las actividades propias de su cargo, el gobierno a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, les suministrará documentos con nueva identidad que deberán ser utilizados exclusivamente en el ejercicio de sus funciones y actividades.

Los J.s y Directores de los organismos de inteligencia serán los únicos autorizados para solicitar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la expedición del nuevo documento de identificación para la protección de sus funcionarios, sin perjuicio de la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal por la omisión de denuncia del uso indebido, y el incumplimiento al debido control del uso de los documentos expedidos.

En caso de necesitarse la expedición de otros documentos públicos o privados para el cumplimiento de la misión, los funcionarios de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia podrán utilizar para el trámite el nuevo documento de identidad expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que el uso de los nuevos documentos constituya infracción a la ley.

La Registraduría Nacional del Estado Civil con el apoyo de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, reglamentarán la implementación del sistema de custodia de la información relacionada con la identidad funcional de los agentes con el fin de garantizar la seguridad de la información y la protección de la vida e integridad física de los agentes.

Los organismos de inteligencia serán responsables de garantizar la reserva de esta información de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

P. 1°. En la implementación de los mecanismos de protección contemplados en este artículo, las entidades estatales deberán suscribir los convenios interinstitucionales a que haya lugar con el fin de establecer protocolos para asegurar la reserva, seguridad y protección de la información.

P. 2°. El servidor público que indebidamente dé a conocer información sobre la identidad de quienes desarrollen actividades de inteligencia o contrainteligencia incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

P. 3°. El uso indebido de los documentos de identidad a los que se refiere el presente artículo será causal de mala conducta sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar.

Artículo 51. Protección de los servidores públicos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia y su núcleo familiar. Los servidores públicos pertenecientes a los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia que con ocasión del cumplimiento de sus funciones y actividades se vean compelidos a riesgo o amenaza actual e inminente contra su integridad personal o la de su núcleo familiar, tendrán la debida protección del Estado. Para este propósito cada institución establecerá los mecanismos de protección pertinentes.

CAPÍTULO VIII

Deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas

Artículo 52. Colaboración de las entidades públicas y privadas. Los organismos de inteligencia podrán solicitar la cooperación de las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de los fines enunciados en esta ley. En caso de que la información solicitada por el organismo de inteligencia esté amparada por la reserva legal, estos organismos y las entidades públicas y privadas podrán suscribir convenios interinstitucionales de mutuo acuerdo. En cualquier caso, la entrega de tal información no constituirá una violación a la reserva legal, toda vez que la misma continuará bajo este principio, al cual se encuentran obligados los servidores públicos de inteligencia y contrainteligencia en virtud de lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 53. Colaboración con autoridades de Policía Judicial. Las autoridades de Policía Judicial y los Fiscales, en casos específicos, podrán entregar a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia copias de los documentos y medios técnicos recaudados como elementos materiales probatorios cuando ello sea necesario para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 4° de la presente ley, sin que ello implique una violación de la cadena de custodia. Lo anterior previa solicitud del director del organismo de inteligencia o su delegado. En todo caso los organismos de inteligencia y contrainteligencia quedarán obligados a garantizar la reserva de tales documentos.

Artículo 54. Colaboración con operadores de servicios de telecomunicaciones. Los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a suministrar a los organismos de inteligencia y contrainteligencia, previa solicitud y en desarrollo de una operación autorizada y siempre que sea técnicamente viable, el historial de comunicaciones de los abonados telefónicos vinculados, los datos técnicos de identificación de los suscriptores sobre los que recae la operación, así como la localización de las celdas en que se encuentran las terminales y cualquier otra información que contribuya a su localización. Los organismos de inteligencia y contrainteligencia garantizarán la seguridad de esta información y con tal fin, en la solicitud que formulen a los operadores de servicios de telecomunicaciones, limitarán la información solicitada a un período que no exceda de cinco (5) años.

Los Directores de los organismos de inteligencia, o quienes ellos deleguen, serán los encargados de presentar por escrito a los operadores de servicios de telecomunicaciones la solicitud de dicha información.

En todo caso, la interceptación de comunicaciones estará sujeta a los procedimientos establecidos por el artículo 15 de la Constitución y el Código de Procedimiento Penal y sólo podrá llevarse a cabo en el marco de procesos judiciales.

P. 1°. Los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán informar al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y a la Fiscalía General de la Nación cualquier modificación en la tecnología de sus redes que tenga incidencia sobre la interceptación de comunicaciones y poner a su disposición, en un tiempo y a un costo más una utilidad razonable, la implementación de los equipos de interceptación para la adaptación a la red. La información suministrada será reservada. Los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán indicar el contenido y el alcance de la modificación respectiva con una antelación no inferior a 60 días calendario a aquel en que se pretenda llevar a cabo la misma.

P. 2°. Los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán ofrecer a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, un medio de transporte que permita llamadas de voz encriptadas, a un costo más una utilidad razonable, y para un número específico de usuarios en condiciones que no degraden la red del operador ni la calidad del servicio que éste presta. Este medio se otorgará a solicitud de la Junta de Inteligencia Conjunta; será exclusivo del alto gobierno y de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado; y será regulado y controlado por la Junta de Inteligencia Conjunta.

P. 3°. Los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones bajo ninguna circunstancia serán responsables de la utilización que se haga de la información de los usuarios que sea suministrada a los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado en cumplimiento de las anteriores disposiciones.

CAPÍTULO IX

Disposiciones de vigencia

Artículo 55. D.. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 2233 de 1995, “por medio del cual se crean el Sistema Nacional de Inteligencia, el Consejo Técnico Nacional de Inteligencia, los Consejos Técnicos Seccionales de Inteligencia...” y el Decreto 324 de 2000, “por el cual se crea el Centro de Coordinación de la Lucha contra los Grupos de Autodefensas Ilegales y demás Grupos al Margen de la Ley.”

Artículo 56. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.”

III. AUTO DE PRUEBAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

El Despacho del Magistrado Sustanciador, en proveído del 29 de agosto de 2011, dispuso:

“Primero. AVOCAR el conocimiento del proyecto de ley estatutaria número 263/11 Senado y 195/11 Cámara, “Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.

Segundo. DECRETAR la práctica de las siguientes PRUEBAS:

Solicitar a los S.s Generales del Senado y de la Cámara, así como a los secretarios de las comisiones primeras constitucionales permanentes de dichas cámaras, que conforme a sus competencias, en el término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente a la comunicación del presente auto, se sirvan:

a) Enviar de forma organizada conforme a las etapas del trámite legislativo, las gacetas del Congreso en las que consten la totalidad de los antecedentes del proyecto de ley número 263/11 Senado y 195/11 Cámara, “Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.

b) Informar de manera organizada, clara, detenida y concisa el número de las gacetas como los folios pertinentes donde reposen, desde el inicio del proceso legislativo hasta el final (incluye conciliación), el cumplimiento de los requisitos formales. De esta manera, deberá identificarse:

i) la radicación del proyecto de ley;

ii) las publicaciones oficiales del proyecto, las ponencias y los textos aprobados en cada cámara;

iii) las sesiones en las cuales se hicieron los anuncios de la votación del proyecto de ley en cada uno de los debates (número de actas y fechas);

iv) las sesiones en las que fue debatido y aprobado el proyecto de ley en cada una de las cámaras (número de actas y fechas);

v) el quórum deliberatorio y decisorio, las mayorías requeridas, la votación nominal y el número de votos con los cuales se aprobó el proyecto de ley en cada uno de los debates;

vi) si la aprobación fue por mayoría absoluta y dentro de una sola legislatura; y

vii) el cumplimiento de los términos que debe mediar entre los debates; entre otros.

c) Certificar respecto de cada uno de los requerimientos expuestos en el punto anterior, su cumplimiento en orden a las exigencias constitucionales (arts. 133, 145, 146, 153, 157, 160 y 161) y el Reglamento del Congreso de la República.

d) Enviar en medio magnético, atendiendo el orden del debate parlamentario, las gacetas donde reposen las actuaciones anotadas.

En consecuencia, proceda la Secretaría General de esta Corporación a librar las comunicaciones respectivas, acompañando copia íntegra de este proveído.

Tercero. COMUNICAR inmediatamente, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 244 de la Constitución, desarrollado por el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, la iniciación del presente proceso al P. de la República; al P. del Congreso de la República; al Ministerio del Interior; al Ministerio de Justicia; al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y al Ministerio de Defensa Nacional para que, si lo consideran oportuno, intervengan directamente o por intermedio de apoderado escogido para el efecto, mediante escrito que deberán presentar dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, indicando de forma organizada, clara, detenida y concisa respecto de cada una de las disposiciones del proyecto de ley estatutaria, las razones que, en su criterio, justifican o no la constitucionalidad del acto que se revisa. Proceda la Secretaría General de esta Corporación de conformidad con lo ordenado.

Cuarto. Una vez cumplido lo anterior, FIJAR en lista el asunto de la referencia por el término de diez (10) días, con el fin de permitir a los ciudadanos defender o impugnar el acto objeto de revisión (art. 7.2 del Decreto 2067 de 1991). Simultáneamente correr traslado del expediente al señor P. General de la Nación, con el fin de que rinda el concepto de que trata el artículo 278.5 de la Carta Política. Proceda la Secretaría General de esta Corporación de conformidad con lo ordenado.

Quinto. INVITAR a las siguientes organizaciones y autoridades:

- Corte Suprema de Justicia.

- Consejo de Estado.

- Fiscalía General de la Nación.

- Defensoría del Pueblo.

- C. General de las Fuerzas Militares de Colombia.

- Director General de la Policía Nacional.

- C. del Ejército Nacional.

- C. de la Fuerza Aérea colombiana.

- C. de la Armada Nacional de Colombia.

- R. de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

- Amnistía Internacional.

- Human R.W..

- Comisión Internacional de Juristas.

- Corporación Excelencia en la Justicia

- Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá.

- Central Unitaria de Trabajadores.

- Confederación General del Trabajo.

- Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJuSticia.

- Comisión Colombiana de Juristas.

- Corporación Colectivo de Abogados J.A.R..

- Instituto Latinoamericano de Servicios legales Alternativos ILSA.

- Asociación Nacional de Medios de Comunicación ASOMEDIOS.

- Asociación Colombiana de Periodistas ACP.

- Sociedad Interamericana de Prensa.

- Fundación para la libertad de prensa FLIP.

- Federación Colombiana de Municipios.

- Federación Nacional de Departamentos.

- Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

- Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.

- Departamento Administrativo de la Función Pública.

- Universidades Nacional, de los Andes, de Antioquia, Externado de Colombia, Libre de Colombia, J., Santo Tomás, S.A., Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, del Valle, de Nariño, Militar Nueva Granada, EAFIT de Medellín y Norte de Barranquilla.

Invitados que en cabeza de su representante o quien haga sus veces deberán presentar por escrito y en medio magnético, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, su opinión sobre el asunto de la referencia. El informe deberá estar precedido de una valoración organizada, clara, detenida y concisa respecto de las disposiciones del proyecto de ley, a la luz de la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y otros parámetros que consideren pertinentes. Proceda la Secretaría General de esta Corporación de conformidad con lo ordenado, acompañando copia de este proveído como del proyecto de ley estatutaria.”

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

  1. Competencia.

    La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 263/11 Senado y 195/11 Cámara, “por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y dictan otras disposiciones”, atendiendo lo previsto en el numeral 8 del artículo 241 de la Constitución.

  2. M. decisional.

    La Sala Plena acogerá como esquema de estudio constitucional el siguiente:

    i) Abordará el examen formal del proyecto de ley estatutaria.

    ii) P. al análisis material del proyecto de ley que se desarrollará a partir de una dogmática general para después ingresar al análisis individual de las disposiciones.

    iii) Habrá un aparte conclusivo.

    Las intervenciones ciudadanas y los conceptos de los expertos serán valorados con independencia de la oportunidad en su presentación por la importancia que revisten para esta decisión. La relación se hará de manera abreviada atendiendo el número y volumen de los documentos allegados.

  3. Examen formal del proyecto de ley estatutaria.

    3.1. Ministerio de Justicia y del Derecho. Solicita la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria al haberse aprobado dentro de una sola legislatura, cumpliendo los anuncios previos a la votación, con las mayorías requeridas, sin desconocer el principio de unidad de materia y bajo las exigencias del artículo 157 superior.

    3.2. Defensoría del Pueblo. Expone que al haberse adoptado en el artículo 27 del proyecto de ley una reforma al artículo 94 del Reglamento del Congreso, el legislador excedió sus competencias constitucionales y legales vulnerando los artículos 151 y 152 de la Constitución. Encuentra que se desconoció el principio de unidad de materia al incluir en el proyecto temas que por definición le estaban vedados al legislador estatutario. Por medio de leyes estatutarias solo pueden adoptarse desarrollos concernientes a los temas expresamente enunciados en el artículo 152 superior, mientras que deben tramitarse por leyes orgánicas los asuntos indicados en el artículo 151, ejusdem. Considera que excepcionalmente podría admitirse la inclusión en ambas categorías de leyes de temas asociados o que guarden relación con el núcleo del asunto. Sin embargo, queda proscrita cuando los temas están expresamente asignados a un legislador distinto del que conoce el tema principal. Descarta el argumento de que el proyecto de ley fue finalmente aprobado por mayoría absoluta, por cuanto la validez de las votaciones no soslaya el hecho de que existe una reserva temática, la cual ordena que un determinado asunto sea sometido a un específico legislador.

    3.3. Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de supresión. Encuentra satisfechos los requerimientos formales para la constitucionalidad del proyecto de ley al haberse aprobado dentro de una sola legislatura, surtirse las publicaciones como los anuncios previos a la votación, y conforme a las mayorías exigidas.

    3.4. Concepto del P. General de la Nación. Estima que el proyecto de ley estatutaria no incurre en vicios en el proceso de formación, toda vez que fue tramitado en una sola legislatura; medió el término requerido entre los debates; se cumplió lo relativo a los informes de ponencia; se hicieron los anuncios previos a la votación; fue aprobado por la mayoría absoluta en las respectivas sesiones; se realizaron las publicaciones; la comisión de conciliación se ocupó solo de los puntos divergentes; y el informe de dicha comisión fue publicado y aprobado. No obstante, estima que faltó por establecer lo relativo al anuncio en la plenaria del Senado para la votación del proyecto conciliado y si se cumplió con la mayoría calificada al aprobar el proyecto conciliado en la Cámara, para lo cual solicita que se decrete la práctica de las pruebas necesarias.

    3.5. Alcance del control formal de constitucionalidad sobre los proyectos de ley estatutaria. Dentro del sistema normativo colombiano se reconocen por su jerarquía y especialidad a las leyes de estatutarias, supeditadas en su aprobación y examen constitucional a particulares y exigentes requisitos. El artículo 152 de la Constitución establece que los derechos y deberes fundamentales como los procedimientos y recursos para su protección deben regularse por este tipo de leyes, y a renglón seguido el artículo 153 determina que la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias, requerirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura.

    En este orden de ideas, el examen que realiza la Corte reviste las siguientes características: (i) es jurisdiccional al estarle vedado estudiar la conveniencia u oportunidad del proyecto de ley toda vez que sus fallos son en derecho; (ii) es automático al no requerir para su inicio la presentación de una demanda de inconstitucionalidad; (iii) es integral al tener que examinar el proyecto de ley en su contenido formal y material, además de confrontarlo con la totalidad de las disposiciones de la Carta; (iv) es definitivo en cuanto debe decidir concluyentemente sobre el proyecto de ley, haciendo tránsito a cosa juzgada constitucional; (v) es participativo en la medida en que cualquier ciudadano podrá intervenir en el asunto para defender o impugnar el proyecto de ley; y (vi) es previo al comprender la revisión anticipada sobre la constitucionalidad del proyecto[1].

    Control formal que habrá de efectuarse bajo el cumplimiento de los requisitos previstos para las leyes ordinarias y los requerimientos propios para este tipo de normatividad, a saber: (i) la aprobación dentro de una sola legislatura (art. 153 C. Po.); (ii) la publicación oficial por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva (art. 157.1 C. Po.) y de los informes de ponencia (Ley 5 de 1992, art. 156) y de la comisión accidental de conciliación (art. 161 C. Po.); (iii) los términos que deben mediar para los debates en una y otra cámara (art. 160 C. Po.); (iv) el anuncio previo a la votación (art. 160 C. Po.); (v) el quórum deliberatorio, la votación nominal excepto en los casos que determine la ley y la aprobación por mayoría absoluta (arts. 133, 145, 153 y 157 C. Po.); (vi) la observancia de los principios de unidad de materia, identidad y consecutividad (arts. 157, 157, 160 y 161 C. Po.)[2]. Por último, este Tribunal ha exigido el cumplimiento del requisito de (vii) la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes cuando una medida legislativa pueda afectarlas directamente (art. 330 parág. C. Po.)[3].

    De esta manera, la Sala procederá a verificar la observancia de cada uno de los requisitos mencionados.

    3.6. Trámite cumplido por el proyecto de ley estatutaria en Cámara y Senado. Debe empezar la Corte por indicar que el proyecto de ley estatutaria tuvo su origen en la Ley 1288 de 2009, “por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”. Ley que fue demandada ante la Corte y declarada inexequible en sentencia C-913 de 2010, por haber sido expedida como ley ordinaria, cuando de su materialidad regulaba asuntos estrechamente vinculados con aspectos estructurales, integrales y esenciales de los derechos fundamentales, como la intimidad y el habeas data, que ameritaba su expedición por una ley de carácter estatutaria [art. 152, lit. a)]. De este modo, el Congreso en atención a lo determinado por este Tribunal, aprobó el proyecto de ley estatutaria 263 de 2011 Senado y 195 de 2011 Cámara, al cual se circunscribirá el análisis formal de la Corte.

    3.6.1. Cámara de R.s.

    3.6.1.1. Radicación y publicación. El proyecto de ley estatutaria 263 de 2011 Senado y 195 de 2011 Cámara, “por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”, fue presentado, junto con su exposición de motivos, en la Secretaría General de la Cámara de R.s el día 28 de marzo de 2011[4], por el Ministro de Defensa R.R.S., el Senador J.M.G.P. y el R.O.F.B.R.. Le correspondió el número de radicación 195 de 2011, el cual una vez repartido a la Comisión Primera de la Cámara, se publicó en la Gaceta del Congreso 121 del 29 de marzo de 2011[5].

    3.6.1.2. Ponencia para primer debate en la Comisión Primera.

    3.6.1.2.1. Publicación. La ponencia en la que se propuso dar primer debate junto con el pliego modificatorio fue presentada por los representantes O.F.B.R., C.E.H., A.P.G., M.G.M., H.V.J., V.E.V., G.H.P., G.V.C., el día 15 de abril de 2011, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 196 del 15 de abril de 2011[6].

    El pliego modificatorio propuesto por los representantes ponentes al texto del proyecto de ley estatutaria presentado por el Gobierno fue el siguiente[7]:

    “Pliego modificatorio

    A continuación se relacionan los cambios de fondo propuestos al texto del proyecto de ley:

  4. Artículos 2°, 21, 22 y 30: Se modifican las referencias a la “convivencia democrática” y la “convivencia ciudadana” por “vigencia del régimen democrático”, con el fin de adecuarlos al ordenamiento jurídico.

  5. Artículo 12: Se adiciona una función “g” a la Junta de Inteligencia Conjunta, así: “Presentar a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República un informe anual que tendrá carácter reservado.” Teniendo en cuenta este cambio, se eliminó esta función de la Comisión, que contemplaba la solicitud de dicho informe en el artículo 20.

  6. Artículos 17 a 21: Se modifica la creación y conformación de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, incorporándola a la Ley 5ª de 1992. Para ello se adicionan cuatro artículos a la misma ley, en los que se especifica el objeto, la conformación, las funciones, y los estudios de credibilidad y confianza. Estas modificaciones generaron un cambio en la numeración del articulado.

  7. Artículo 21: Se elimina el parágrafo 2° del proyecto de ley, que facultaba al Gobierno Nacional para suspender pro tempore el acceso a la información de inteligencia de la Comisión Legal de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

  8. Artículo 24: Se convierte en artículo el parágrafo del artículo 22, por considerar que al modificar la Ley 5ª de 1992 debía hacerse a través de un artículo independiente.

  9. Artículo 30: Se incluye un parágrafo 4°, nuevo, con el fin de reiterar la jurisprudencia constitucional vigente en materia de libertad de prensa. El texto es el siguiente: “P. 4°. El mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejerzan lícitamente su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia constitucional”.

  10. Artículo 37

    . Se elimina la reforma al artículo 194 de Código Penal, por considerar que se trataba de un delito referido a la protección de las libertades personales, mas no de la reserva de documentos públicos.

    . Se reforma el artículo 418B, con el fin de incorporar una pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, igual a la prevista para el mismo delito en el Código Penal Militar en el artículo 131.

    . Se crea un artículo 418C, sobre la revelación de secreto por parte de particulares, dentro del título del Código Penal que se refiere a los delitos contra la Administración Pública. Este artículo busca proteger documentos públicos de carácter reservado.

    . Se modifica el artículo 429B, con el fin de aclarar que no incurrirán en responsabilidad penal quienes recaben y revelen la identidad de los agentes de inteligencia en cumplimiento de un deber constitucional o legal.

  11. Artículo 39: Se incluye la multa de diez (10) a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes, contemplada en el artículo 418B del Código Penal, con el fin de igualar las penas a las del mismo delito cometido por servidores públicos.”[8]

    3.6.1.2.2. Anuncio y votación. Conforme al Acta 55 del 25 de abril de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 264 del 13 de mayo de 2011[9], en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes términos:

    “Entonces anuncie proyectos para la próxima sesión, señor S. y permitiéndonos hacerle nuevo llamado a los honorables R.s, para que se presenten al recinto, toda vez que en unos diez minutos levantaremos la sesión. Anuncie proyectos entonces, señor S..

    S.:

    Proyecto de ley estatutaria número 195 de 2011 Cámara, por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico, que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal y se dictan otras disposiciones.

    […]

    P., en ese orden de ideas queda anunciado el proyecto para discusión y votación para la próxima sesión, como único punto en el orden del día.

    […]

    P.:

    Entonces se levanta la sesión, se convoca para mañana, a las nueve de la mañana.”

    Según el Acta 56 del 26 de abril de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 570 del 4 de agosto de 2011[10], en esa sesión fue discutido y votado el informe de ponencia, el articulado y el título del proyecto de ley estatutaria número 195 de 2011, resultando aprobado. En relación con el quórum y la mayoría requerida, se aprecia que se sometió a votación la proposición con que termina el informe de ponencia que resultó aprobado por unanimidad, con excepción de los artículos 30, 36, 37, 40 y 44 que serían votados seguidamente por haber advertido algunos congresistas el voto negativo. A continuación, se sujetó a votación los artículos exceptuados obteniéndose como resultado 22 votos afirmativos y 2 negativos, siendo aprobados por mayoría absoluta y con votación nominal. El título del proyecto fue aprobado por unanimidad[11]. La comisión está integrada por 35 representantes.

    El texto del proyecto de ley estatutaria aprobado en la Comisión primera de la Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 233 del 4 de mayo de 2011[12].

    3.6.1.3. Ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara.

    3.6.1.3.1. Publicación. La ponencia para dar segundo debate también tuvo pliego modificatorio y fue presentada por los representantes O.F.B.R., C.E.H., A.P.G., M.G.M., H.V.J., V.E.V., G.H.P., G.V.C., R.D.R.G., C.E.O.A. y G.N.T.[13], el día 3 de mayo de 2011, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 233 del 4 de mayo de 2011[14].

    El pliego modificatorio propuesto por los representantes ponentes al texto del proyecto de ley estatutaria fue el siguiente[15]:

    “Pliego modificatorio

    A continuación se relacionan los cambios de fondo propuestos al texto del proyecto de ley:

  12. Artículo 15. Se establece un término máximo de un año para la adecuación de los manuales de inteligencia y contrainteligencia.

  13. Artículo 16. Se incluyó un nuevo artículo reiterando que las interceptaciones de comunicaciones requerirán orden previa de la Fiscalía General de la Nación.

  14. Artículo 20. Se aclara que los miembros de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia serán de la Comisión Segunda y cuando no se presenten suficientes candidatos se podrán elegir miembros de otras comisiones.

  15. Artículo 21. Se incluye un parágrafo nuevo así: “P. 2°. En cualquier caso la Comisión pondrá en conocimiento de las autoridades competentes los hechos delictivos o las faltas disciplinarias de las que tenga conocimiento”.

  16. Artículo 31. Se modificó la reserva estableciendo un término máximo de 35 años y sólo cuando se trate de información que ponga en riesgo las relaciones internacionales, esté relacionada con grupos al margen de la ley o atente contra la integridad personal de los agentes o las fuentes, el P. de la República podrá extender la reserva por quince años. En el parágrafo 4° se consagra el deber de los periodistas de garantizar la reserva de sus fuentes.

  17. Artículo 36. Se adicionan seis nuevas conductas indebidas respecto de la reserva. Se incluye un nuevo parágrafo sobre la facultad discrecional para retirar a los servidores que llevan a cabo funciones de inteligencia cuando no cumplan con los estándares de idoneidad y confianza. Se estable que para las graves violaciones a los Derechos Humanos (es decir genocidio, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desaparición forzada) y para los crímenes de guerra no existe exclusión del deber de denuncia.

  18. Artículo 37 del texto aprobado en Comisión. Se desglosa en diferentes artículos dejando cada modificación o adición al Código Penal en un artículo independiente.

  19. Artículo 43. Se aclara que la revelación de secreto por parte de particulares no será una conducta punible cuando se esté en el cumplimiento de un deber constitucional o legal.

  20. Artículo 47. Se incluye un nuevo parágrafo por recomendación de la ONU así: “P. 3°. El uso indebido de los documentos de identidad a los que se refiere el presente artículo será causal de mala conducta sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar”.

  21. Artículo 49. Se mejora la redacción.”

    3.6.1.3.2. Anuncio y votación. Acorde al Acta 59 del 4 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 523 del 25 de julio de 2011[16], en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes términos:

    “Se van a anunciar señor P., inteligencia y contrainteligencia.

    […]

    Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del martes 10 de mayo o para la siguiente sesión en el cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2003, en su artículo 8º.

    […]

    Proyecto de ley estatutaria195 de 2011 Cámara, por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permita a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal y se dictan otras disposiciones.

    […]

    Se levanta la sesión y se convoca para el próximo día martes a las 2:00 de la tarde.”

    Conforme al Acta 60 del 10 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 539 del 29 de julio de 2011[17], se puso en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia de dar segundo debate al proyecto de ley estatutaria, con el pliego modificatorio, que fue aprobado por mayoría absoluta a través de votación nominal con 86 votos a favor y 16 en contra. Se empezó a desarrollar la discusión y aprobación del articulado del proyecto, votándose un bloque de disposiciones que no tenían proposiciones, siendo aprobado por la mayoría absoluta y en votación nominal, esto es, 93 votos por el sí y 5 por el no[18]. Seguidamente, se sometió a votación el articulado que tenía proposiciones avaladas por los ponentes[19], que fueron aprobados por unanimidad, con la mayoría absoluta y teniendo como referente la votación anterior, citándose para el día siguiente a efectos de continuar la discusión de las normas restantes[20]. En esa medida, se anunció nuevamente el proyecto de ley estatutaria en los siguientes términos[21]:

    “Sí, P., se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día de mañana mayo 11 de 2011 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debata proyectos de ley o acto legislativo de acuerdo al Acto Legislativos 1 de julio 3 de 2003, artículo 8º.

    […]

    Proyectos para segundo debate

    Proyecto de Ley Estatutaria 195 de 2011 Cámara, por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permita a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal y se dictan otras disposiciones.”

    Según el Acta 61 del 11 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 582 del 10 de agosto de 2011[22], se continuó la discusión y votación del articulado, siendo aprobado un primer conjunto de disposiciones por mayoría absoluta y en votación nominal, con 90 votos por el sí y 3 por el no[23]. A continuación, se sometió a votación otro conjunto de normas que resultaron aprobados por unanimidad[24]. Posteriormente, se votó nominalmente otra disposición[25] que resultó negada con 84 votos y 5 por el sí; un conjunto de normas que fueron aprobados en votación nominal por unanimidad (89 a 0)[26] y un último artículo[27] que fue aprobado por unanimidad. Fue aprobado el título del proyecto con 90 votos a favor y 4 en contra[28]. Los miembros de la plenaria de la Cámara son 166.

    El texto del proyecto de ley estatutaria aprobado en la Plenaria de la Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso 286 del 20 de mayo de 2011[29].

    3.6.2. Senado de la República.

    3.6.2.1. Ponencia para primer debate en la Comisión Primera.

    3.6.2.1.1. Publicación. La ponencia en la que se propuso dar primer debate junto con el pliego modificatorio, fue presentada por los senadores J.M.G.P., E.E.M., J.C.V.U., L.C.A.T., J.E.L.U. y H.H.A., el día 24 de mayo de 2011, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 310 del 25 de mayo de 2011[30].

    El pliego modificatorio propuesto por los senadores ponentes al texto del proyecto de ley estatutaria presentado por el Gobierno fue el siguiente:

    “Pliego de modificaCIONES

    Respecto al proyecto aprobado por la Plenaria de la Cámara de R.s se propone una modificación al artículo 31 relacionado con la reserva de la información de inteligencia. Se sugiere extender el término máximo de la reserva de veinticinco (25) a treinta (30) años con el propósito de hacerlo armónico con la del tiempo previsto en el artículo 13 de la Ley 57 de 1985 relativo a la reserva de cualquier documento público.

    Adicionalmente, se añade un segundo parágrafo al artículo 34 que fue acordado en la Comisión Accidental conformada en la Plenaria de la Cámara de R.s, pero que no pudo ser incluido porque el artículo había sido votado al inicio de la Plenaria. El objetivo de esta modificación es garantizar que “los asesores externos y contratistas sólo puedan recibir información de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con el nivel de acceso a la información que les haya sido asignado de conformidad con el artículo 35 de la presente ley.”

    3.6.2.1.2. Anuncio y votación. Conforme al Acta 56 del 25 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 491 del 11 de julio de 2011[31], en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes términos:

    “Atendiendo instrucciones de la presidencia por secretaría se da lectura a los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión:

    . Proyecto de ley número 263 de 2011 Senado y 195 de 2011 Cámara, por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal y se dictan otras disposiciones.

    […]

    Siendo las 12:35 p.m., la presidencia levanta la sesión y convoca a sesión ordinaria para el día martes 31 de mayo de 2011.”[32]

    Según el Acta 57 del 31 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 492 del 11 de julio de 2011[33], en esa sesión se empezó a discutir y votar el proyecto de ley. Inicialmente se votó la proposición positiva con que termina el informe de ponencia, siendo aprobado nominalmente 13 a 0. Seguidamente, una vez agotada la discusión, se votó nominalmente sobre un grupo de artículos que no tenían proposición[34] resultando aprobados 12 a 0. Por último, se conformó una Comisión para el estudio de los demás artículos sobre los cuales existían proposiciones y nuevas disposiciones con la finalidad de lograr un articulado de consenso y presentar el informe en la próxima sesión[35]. El aviso de continuación de la discusión y aprobación de las normas restantes, se dio en los siguientes términos:

    “Atendiendo instrucciones de la presidencia por secretaría se da lectura a los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión:

  22. Proyecto de Ley número 263 de 2011 Senado, 195 de 2011 Cámara (estatutaria), por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal y se dictan otras disposiciones.”

    Del Acta 58 del 1 de junio de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 493 del 11 de julio de 2011[36], se observa que culminó el proceso de discusión y aprobación del proyecto de ley estatutaria. Cumplida la discusión se votó nominalmente sobre unos artículos[37] con las modificaciones formuladas y dos artículos nuevos, que fueron aprobados 10 a 0. A renglón seguido se aprobaron nominalmente otros artículos[38] con una votación 10 a 0. Posteriormente, se votó nominalmente un artículo[39] con un resultado 10 a 0, para finalmente resultar aprobado nominalmente el título del proyecto de ley 10 a 0. Conforman esta comisión 19 senadores.

    El texto del proyecto de ley estatutaria aprobado en la Comisión primera del Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 233 del 4 de mayo de 2011[40].

    3.6.2.2. Ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado.

    3.6.2.2.1. Publicación. La ponencia para dar segundo debate tuvo también pliego modificatorio y fue presentada por los senadores J.M.G.P., E.E.M., L.C.A.T., H.H.A., J.E.L.U. y J.C.V.U., el día 07 de junio de 2011, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 394 del 08 de junio de 2011[41].

    El pliego modificatorio propuesto por los senadores ponentes al texto del proyecto de ley estatutaria presentado por el Gobierno fue el siguiente:

    “4.1 Pliego de Modificaciones propuesto para segundo debate.

    - Adicionar un parágrafo 4° al artículo 12 - Junta de Inteligencia Conjunta.

    Con el objeto de ratificar el principio de cooperación y coordinación entre los organismo de inteligencia y contrainteligencia se propone introducir un parágrafo 4° al artículo 12 sobre el deber de los integrantes de la JIC sobre compartir información entre sus miembros. Así:

    Artículo 12. Junta de Inteligencia Conjunta (JIC). La Junta de Inteligencia Conjunta se reunirá al menos una vez al mes con el fin de producir estimativos de inteligencia y contrainteligencia para el Gobierno Nacional. Para estos efectos asegurará la cooperación entre los distintos organismos de inteligencia y contrainteligencia. Esta Junta está conformada por:

    a) El Ministro de la Defensa Nacional;

    b) El Alto Asesor para la Seguridad Nacional, o el funcionario de nivel asesor o superior que delegue para ello el P. de la República;

    c) El Viceministro de Defensa Nacional;

    d) El J. de Inteligencia Conjunta, en representación del C. General de las Fuerzas Militares;

    e) El J. de Inteligencia del Ejército Nacional, en representación del C. de esa Fuerza;

    f) El J. de Inteligencia de la Armada Nacional, en representación del C. de esa Fuerza;

    g) El J. de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana, en representación del C. de esa Fuerza;

    h) El Director de Inteligencia Policial, en representación del Director General de la Policía Nacional;

    i) El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), o su delegado, y

    j) El Director de cualquier otro organismo de inteligencia y contrainteligencia facultado por ley para llevar a cabo tales actividades.

    P. 1°. El C. General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía y los C.s de Fuerza asistirán a la JIC cuando lo consideren necesario. Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional podrán ser invitados a la JIC.

    P. 2°. La JIC será presidida por el Ministro de Defensa o por el miembro civil de la JIC que delegue para ello el P. de la República.

    P. 3°. La participación en la JIC de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, se dará en el marco de la naturaleza jurídica de la entidad.

    P. 4°. Los integrantes de la JIC compartirán la información de inteligencia relevante que tengan a su disposición con los miembros de la misma. En cualquier caso esta información será manejada por los miembros con la debida reserva y observando los protocolos de seguridad de la información.

    -Modificar el parágrafo 2° del artículo 18 - Supervisión y control.

    Para efectos de coherencia del artículo 18 y para fortalecer el control externo a los organismos de inteligencia, se hace expresa la obligación de UIAF de enviar copia del informe anual de Control Interno a la Comisión Legal de Seguimiento, a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Así:

    Artículo 18. Supervisión y control. Los I.es de la Policía o la Fuerza Militar a la que pertenezcan los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, deberán rendir un informe anual de carácter reservado tramitado por el conducto regular ante el Ministro de Defensa y con copia a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Este informe verificará la aplicación de los principios, límites y fines enunciados en esta Ley en la autorización y el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia; la adecuación de la doctrina, los procedimientos y métodos de inteligencia a lo establecido en la presente ley; así como la verificación de los procesos de actualización, corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia. Para ello, estos I.es contarán con toda la colaboración de los diferentes organismos, quienes en ningún caso podrán revelar sus fuentes y métodos.

    P. 1°. En el caso de otros organismos creados por ley para llevar a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, el informe mencionado deberá ser rendido anualmente por un I. o quien haga sus veces ante el P. de la República y con copia a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de inteligencia y Contrainteligencia.

    P. 2°. En el caso de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el informe deberá ser rendido anualmente por la Oficina de Control Interno ante el Director, con copia a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de inteligencia y Contrainteligencia.

    P. 3°. En cualquier caso el informe rendido por cada entidad no exime al Director de cada organismo de su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la presente ley y demás obligaciones constitucionales y legales. Cualquier incumplimiento a los principios, fines y límites contemplados en la presente ley, deberá ser reportado de inmediato al P. de la República y a las autoridades disciplinarias y judiciales a las que haya lugar.

    P. 4°. Los miembros de los organismos de inteligencia y contrainteligencia deberán poner en conocimiento del J. o Director del organismo, y en caso de que sea necesario de manera directa ante el I. o el J. de la Oficina de Control Interno, cualquier irregularidad en el desarrollo de las actividades del organismo. El Director y el I. o el J. de Control Interno velarán por la protección de la identidad del denunciante.

    P. 5°. El J. o Director del organismo de inteligencia o contrainteligencia deberá informar anualmente al P. de la República sobre las irregularidades en las funciones y actividades de inteligencia y contrainteligencia que se presenten en sus respectivas dependencias.

    - Modificación del artículo 20 - Objeto de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

    Para evitar equívocos en la interpretación de la norma se modifica y aclara que la referencia ¿a la presente ley¿ se refiere a la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia. Así:

    Artículo 20. Objeto de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. A. un artículo 61E a Ley 5ª de 1992 el cual quedará así:

    “Artículo 61E. Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Esta comisión, sin perjuicio de las demás facultades otorgadas al Congreso de la República por la Constitución y la ley, cumplirá funciones de control y seguimiento político, verificando la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en la presente ley estatutaria que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia”.

    - Adicionar dos parágrafos al artículo 21 - Composición e integración de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

    El propósito de garantizar la participación de la oposición en la Comisión Legal, podría verse frustrado si estos partidos no tiene representación en la Comisión Segunda del Senado y si no tiene la posibilidad de incidir efectivamente en el manejo de la Comisión, por lo anterior se propone adicionar dos parágrafos, así:

    Artículo 21. Composición e Integración de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. A. un artículo 61F a Ley 5ª de 1992 el cual quedara así: ¿Artículo 61F. Composición e integración. La Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia estará conformada por 8 Congresistas mediante postulación voluntaria, los cuales deberán ser miembros de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes.