Sentencia de Constitucionalidad nº 336/07 de Corte Constitucional, 9 de Mayo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43532179

Sentencia de Constitucionalidad nº 336/07 de Corte Constitucional, 9 de Mayo de 2007

Ponente:Jaime Cordoba Triviño
Fecha de Resolución: 9 de Mayo de 2007
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Ley 906 de 2004 articulos 14 (parcial), 244 (parcial) y 246 (parcial). Se expide el codigo de procedimiento penal. Intimidad, busqueda selectiva de bases de datos y actuaciones que requieren autorizacion judicial previa para su realizacion. Considera en demandante que las normas acusadas son contrarias al articulo 250 numeral 2 de la carta y a la jurisprudencia constitucional que lo desarrolla. Como regla general, las medidas que afectan derechos fundamentales requieren autorizacion previa del juez de control de garantias. Las medidas que las normas acusadas preven no se encuentran contempladas en las excepciones previstas en la constitucion, ni se encuentra cobijada pro el numeral 2o del articulo 250 de la constitucion. La busqueda selectiva de informacion confidencial en bases de datos puede afectar los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data. Definicion del derecho a la intimidad, al habeas data o a la autodeterminacion informatica         tipos de informacion que se maneja a traves de las bases de datos. El acceso por parte de la fiscalia a las bases de datos que no sean de libre acceso en procura de informacion personal (privada) referida al indiciado o imputado, tiene la potencialidad de afectacion del derecho a la autodeterminacion informatica de la persona, quien sera la unica legitimada para autorizar su circulacion. Cargos contra los articulos 14 y 244 (parciales) de la ley 906 de 2004, integracion normativa. Cargo contra el articulo 246 (parcial). Inhibicion de la corte por ineptitud sustantiva de la demanda que carece de una argumentacion clara, precisa y suficiente. Exequibilidad condicionada de la expresion del articulo 14 y el inciso 2 del articulo 244 de la ley 906 de 2004, e inhibida en relacion con la acusacion contra el aparte del articulo 246 de la ley 906 de 2004

 
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CONTENIDO

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Sentencia C-336/07

BASE DE DATOS PERSONALES DE INDICIADO O IMPUTADO-Búsqueda selectiva de información confidencial requiere autorización previa del juez de control de garantías/BASE DE DATOS PERSONALES-Consulta selectiva de información que se acopia con fines legales, por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello

Las bases de datos a que aluden los preceptos demandados, no pueden confundirse con aquellos sistemas de información creados por el usuario que no ejerce esa actividad de acopio de información de manera profesional o institucional. Conviene precisar también que la consulta selectiva en estas bases de datos personales, tampoco puede confundirse con los registros que se realizan en el marco de una diligencia de allanamiento y registro sobre ciertos objetos como archivos, documentos digitales, videos, grabaciones, que constituyen típicas diligencias de registro y que, como tales, se rigen por el numeral 2 del artículo 250 de la Constitución y los artículos 219 a 238 de la Ley 906 de 2004, los cuales no son objeto del presente estudio de constitucionalidad. En ese orden de ideas estima la Corte que, de conformidad con el numeral 3° del artículo 250 superior, la búsqueda selectiva en las bases de datos personales computarizadas, mecánicas o de cualquier índole, que realice la F.ía General de la Nación, debe contar siempre con la autorización previa del juez de control de garantías y referirse a la información que se acopia con fines legales, por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello, por estar de por medio el derecho fundamental al habeas data. Sólo, en este sentido, los apartes acusados de los artículos 14 y 244 de la Ley 906 de 2004 resultan compatibles con la Constitución y por ende se declarará su exequibilidad condicionada.

DERECHO A LA INTIMIDAD EN PROCESO PENAL-Vulneración en facultad para acceder a información confidencial sin autorización judicial previa

El interés de la sociedad en que se investiguen las conductas delictivas y se sancione a sus responsables, en procura de preservar la vigencia de un orden justo, es también un bien protegido por la Constitución. El acopio de información en relación con las personas puede ser eventualmente un medio necesario para la satisfacción de ese interés constitucionalmente protegido. Sin embargo, su recaudo debe realizarse con escrupuloso acatamiento de las cautelas que la propia Constitución ha establecido para la protección de los derechos fundamentales especialmente expuestos a su afectación, vulneración o mengua en el contexto de una investigación criminal. El requerimiento de autorización judicial previa para la adopción de medidas -adicionales- que implique afectación de derechos fundamentales es una de esas cautelas que el legislador debe acatar al configurar las reglas orientadas a regular la actividad investigativa del Estado. Al establecer, en las normas impugnadas, la facultad para el órgano de investigación de acceder a información confidencial, reservada a la esfera personal del individuo, sin que medie la autorización judicial previa, está estableciendo una interferencia indebida en el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad, que resulta efectivamente transgresora del artículos 14 C.P., así como del 250.3 ib. que establece los presupuestos bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio de su potestad investigativa, puede realizar intervenciones en los derechos fundamentales.

MEDIDAS DE LA FISCALIA QUE AFECTAN DERECHOS FUNDAMENTALES-Necesidad de control previo por juez de control de garantías

Para determinar el tipo de control que debe recaer sobre las medidas a que se refieren las normas demandadas, conviene recordar las reglas que deslindan la actuación de la F.ía y del juez de control de garantías en materia de facultades de afectación de derechos fundamentales, conforme al artículo 250 superior: (i) corresponde a los jueces de control de garantías la adopción de las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal; solo excepcionalmente y previa regulación legal que incluya los límites y eventos en que procede, la F.ía puede efectuar capturas; (ii) la F.ía tiene la facultad de adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones, sometidos al control posterior del juez de control de garantías; y (iii) en todos los demás eventos en que para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios, se requiera medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá mediar autorización, es decir, control previo, por parte del juez de control de garantías.

DERECHO AL HABEAS DATA-Búsqueda selectiva de información confidencial del indiciado o imputado

JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Presupuestos que debe examinar para autorizar búsqueda selectiva de información confidencial del indiciado o imputado en bases de datos

La búsqueda selectiva en bases de datos conformadas por instituciones o entidades pública o privadas autorizadas para el tratamiento de datos personales, que contienen información confidencial del indiciado o imputado y que por lo tanto no son de acceso público, involucra afectación al derecho fundamental a la autodeterminación informática, por lo que su práctica sólo puede llevarse a cabo previa autorización del juez de control de garantías, quien para la adopción de la autorización correspondiente tendrá en cuenta la legitimidad de la medida atendiendo a su finalidad, así como los criterios de pertinencia, idoneidad y necesidad de la misma que determinen su proporcionalidad en el caso concreto.

BASE DE DATOS PERSONALES DE INDICIADO O IMPUTADO-Reglas respecto del manejo de información confidencial

La búsqueda selectiva en bases que contengan información confidencial referida al indiciado o imputado, hace referencia a las búsquedas focalizadas sobre un sujeto en particular, en este caso el indiciado o imputado. La confidencialidad de la información dimana del carácter personal de los datos, cuya difusión constituye una invasión a la intimidad personal o familiar de su titular. La confidencialidad es uno de los principios que regula la actividad del tratamiento de datos personales, en virtud del cual, las personas que intervengan en la recolección, almacenamiento, uso, divulgación y control de estos datos están obligadas, en todo tiempo, a garantizar la reserva de la misma, incluso después de finalizar sus relaciones con el responsable del tratamiento.

REGISTROS, ALLANAMIENTOS, INCAUTACIONES E INTERCEPTACIONES DE COMUNICACIONES-Control posterior por juez de control de garantías

La relativa flexibilización que el numeral 2° del artículo 250 de la Constitución introduce respecto de los registros (que pueden recaer sobre archivos digitales o documentos computarizados), allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones, en el sentido de permitir un control posterior del juez de control de garantías, puede explicarse en la necesidad y oportunidad del recaudo de la información, en cuanto se trata de diligencias que generalmente están referidas a realidades fácticas que pueden estar propensas a cambios repentinos, o que podrían eventualmente ser alteradas en desmedro del interés estatal de proteger la investigación.

DERECHO A LA INTIMIDAD-No es absoluto

DERECHO AL HABEAS DATA-Alcance

INFORMACION PUBLICA-Definición

INFORMACION SEMIPRIVADA-Definición

INFORMACION PRIVADA-Contenido

UNIDAD NORMATIVA-Integración

Advierte la Corte que para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la censura parcial que se formula contra el inciso 2° del artículo 244, resulta imprescindible extender su pronunciamiento a todo el inciso, debido a que éste guarda una relación inescindible con el aparte demandado, lo que impone el forzoso análisis integral de todo el inciso. De otra parte, observa la Sala que una insular declaratoria de inexequibilidad referida únicamente a la expresión demandada haría inocuo el pronunciamiento e incluso ampliaría el espectro de intervención no controlada, en cuanto removería la autorización previa del F. y habilitaría a la Policía Judicial para realizar directamente estas intervenciones. Por tales razones, la Corte procederá a realizar la integración normativa del aparte del inciso 2° del artículo 244 que no fue objeto de impugnación para extender a él su pronunciamiento.

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda

Referencia: expediente D-6473

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 (parcial), 244 (parcial) y 246 (parcial) de la Ley 906 de 2004 ''Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal''.

Actor: A.D.G.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil siete (2007).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano A.D.G. solicitó ante esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad parcial de los artículos 14, 244 y 246 de la Ley 906 de 2004 ''Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal''.

La demanda fue admitida por auto del veintinueve (29) de agosto del dos mil seis (2006) proferido por el magistrado sustanciador. Mediante escrito de septiembre 19 de 2006 los señores Procurador General de la Nación y su Viceprocurador manifestaron hallarse incursos en las causales de impedimento previstas en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991 y solicitaron a la Corte les fuese aceptado el impedimento para emitir concepto dentro del expediente de la referencia. Por auto de septiembre 29 de 2006 la Sala Plena aceptó los impedimentos manifestados por el Procurador y el Viceprocurador y ordenó correr traslado del proceso con el objeto de que se designara al funcionario que debería emitir el correspondiente concepto.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. NORMAS DEMANDADAS

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones parcialmente demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004 En la sentencia C-925 de 2005, frente a una demanda contra algunas disposiciones de la ley 906/04, fundada en que el texto sancionado de las disposiciones acusada es distinto al correspondiente en el texto aprobado por el Congreso, la Corte Constitucional decidió: ''DECLARAR EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en

el Diario Oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004''.

, y se subraya lo acusado:

"LEY No. 906 DE 2004

(Agosto 31)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

El Congreso de la República

DECRETA:

(...)

''Artículo 14. Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.

No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del F. General de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley.

De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones.

En estos casos, dentro de las trenita y seis (36) horas siguientes deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías, con el fin de determinar la legalidad formal y material de la actuación''.

(...)

''Artículo 244. Búsqueda selectiva de bases de datos. La policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público.

Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos.

En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva de la información''.

(...)

CAPÍTULO III

''ACTUACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA PARA SU REALIZACIÓN

Artículo 246. Regla general. Las actividades que adelante la policía judicial, en desarrollo del programa metodológico de la investigación, diferentes a las previstas en el capítulo anterior, y que impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales, únicamente se podrán realizar con autorización previa proferida por el juez de control de garantías, a petición del fiscal correspondiente. La policía judicial podrá requerir autorización previa directamente del juez, cuando se presenten circunstancia excepcionales que ameriten extrema urgencia, en cuyo caso el fiscal deberá ser informado de ello inmediatamente''.

III. LA DEMANDA

A juicio del ciudadano demandante las expresiones ''cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole que no sean de libre acceso, o'', del inciso tercero del artículo 14 y ''deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y'' del inciso segundo del artículo 244 de la Ley 906/04, son manifiestamente contrarias al artículo 250 numeral 2º de la Carta y a la jurisprudencia constitucional que lo desarrolla.

Expresa que los segmentos acusados autorizan la búsqueda selectiva en bases de datos confidenciales con autorización previa del fiscal que dirija la investigación, sin obtener la respectiva autorización del juez que ejerce funciones de control de garantías, a pesar de que dicha medida investigativa implica afectación de derechos fundamentales, ''y no está consagrada en los casos excepcionales (registro, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones) en los que la F.ía puede proceder de esa manera: motu propio, sin control previo del juez'', conforme al artículo 250 numeral 2º de la Constitución.