Sentencia de Constitucionalidad nº 093/93 de Corte Constitucional, 27 de Febrero de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557150

Sentencia de Constitucionalidad nº 093/93 de Corte Constitucional, 27 de Febrero de 1993

Ponente:Fabio Moron Diaz
Fecha de Resolución:27 de Febrero de 1993
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Exequible
RESUMEN

Dec. 2271/91. Normas de orden publico adoptadas como legislacion permanente. Jueces sin rostro. Recompensas. Exequible.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia C-093/93

LEGISLACION PERMANENTE/NORMA DE ORDEN PUBLICO/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD/CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Aplicación

En atención a que las disposiciones constitucionales transitorias que se invocan como fundamento para la expedición de las normas acusadas no establecen distinción alguna sobre el tipo y la clase de control de constitucionalidad en esta especial materia del ejercicio de las facultades extraordinarias de origen constituyente, dicho control se debe verificar ante esta Corporación judicial de modo integral, es decir, tanto por el fondo o por el contenido, como por la forma que debe revestir su expedición ante la nueva Carta Constitucional. Aun cuando el nuevo Código de Procedimiento Penal regule en forma sistemática las actuaciones procesales ordinarias, en ningún momento puede entenderse que por su entrada en vigencia se haya producido el fenómeno de la derogatoria de las normas especiales que se examinan. Resulta incongruente y por lo mismo no atendible por carente de sentido jurídico el que las facultades extraordinarias de origen constituyente hubiesen sido ejercidas simultáneamente por el mismo órgano de manera contradictoria, puesto que tanto las normas del Código de Procedimiento Penal como las de la legislación especial para los delitos de que conocen los F.es y los J.R. conservan su vigencia cada una en sus ámbitos propios; más bien, dado el carácter especial de estos últimos, el Código en mención resulta aplicable en defecto de las normas especiales cuando no hubiere regla prevista para el caso de que se trate en éstas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 del Decreto 2790 de 1990. Los procesos asignados al conocimiento de F.es y J.R. y al Tribunal Nacional deberán regirse por los decretos especiales incorporados como legislación permanente de tal forma que la aplicación del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal se circunscribe a aquellas materias que no encuentran regulación en las normas especiales.

PROCESO PENAL-Cambio de radicación

Se trata del cambio de radicación del proceso, lo que comprende tanto la etapa de instrucción como la de juzgamiento, bajo el entendido de que en esta materia existe concurrencia de competencias entre el Ministro de Justicia y la F.ía General de la Nación, entidades que deben participar de manera coherente y armoniosa a resolver las situaciones que motiven tan delicada situación, puesto que se trata de competencias especiales para atender unas condiciones también especiales en las que se ha colocado a la administración de justicia dentro del marco de las acciones del crimen organizado. T. en cuenta, además que la competencia de la F.ía General en esta materia está circunscrita exclusivamente a la etapa de instrucción.

DIRECCION NACIONAL DE FISCALIAS

Debe entenderse que la figura del "Director Nacional de Instrucción Criminal" fue sustituída por la del Director Nacional de F.ías, dependiente de la F.ía General de la Nación. En lo que respecta al mismo artículo 81 del Estatuto, al señalar las funciones del "Director de Instrucción Criminal" en lo relacionado con la jurisdicción de Orden Público, es preciso observar que cuando el literal a) establece que aquel deberá dirigir la organización y el adecuado funcionamiento de la jurisdicción de Orden Público, se está refiriendo a las competencias puramente administrativas -más bien de carácter operativo- que le corresponden. No pueden ellas en forma alguna interferir en la órbita de la competencia ni en la autonomía de una autoridad jurisdiccional, como lo es el Tribunal Nacional. En lo que corresponde a la parte acusada del literal b) del artículo 81 que hace relación a las competencias del antiguo "Subdirector Nacional" y de los "Directores Seccionales de Orden Público", en materia de las decisiones relacionadas con las situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de aquella dependencia, incluyendo a los empleados de la anteriormente denominada "Sección Jurisdiccional", esta Corporación advierte que no obstante que el Decreto 2699 de 1991 introduce una reorganización de funciones administrativas relacionadas con la estructura operativa de los funcionarios ahora incorporados a las fiscalías, la facultad a que se hace referencia se mantiene radicada en cabeza del "Director Nacional de F.ías" y de los "Directores Regionales". La finalidad de esta disposición así interpretada no es otra distinta que la de lograr el funcionamiento ágil y eficaz del personal al servicio de las labores de investigación, acusación y juzgamiento dentro de esta especial regulación que no es sólo procesal sino también material; esto presupone unas condiciones expeditas y propicias de carácter especial con el propósito específico de asegurar una cabal administración de justicia en dicho asunto especial.

JUEZ REGIONAL-Sede

En lo que corresponde a la competencia para asignar la sede de los jueces ahora denominados regionales, esta Corporación nuevamente observa que esta función es competencia del Consejo Superior de la Judicatura, y por tanto no puede ser ejercida por la entidad que ahora entró a sustituir a la citada Dirección Nacional de Orden Público; en consecuencia, y siguiendo los lineamientos que se han advertido, aunque se declare la exequibilidad del literal e) acusado, ésta no comprende lo relativo a los J.R., cuya sede sólo puede ser asignada por el Consejo Superior de la Judicatura dentro del marco de la ley.

RECUSACION-Prohibición/JUEZ SIN ROSTRO

Se trata de una modalidad específica de carácter procesal predicable de las actuaciones tanto de fiscales como de los jueces regionales que se ocupan de estas modalidades delictivas dentro de los trámites especiales previstos por la ley, enderezada a asegurar la reserva de la identidad de los jueces y de los fiscales, que se vería burlada si se reconociere una tal posibilidad de recusación. No es necesario el conocimiento de la identidad del juez para lograr el fin de la cabal administración de la justicia y para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las personas. Bien puede el legislador excluir del régimen procedimental la procedencia de las causales de recusación de los funcionarios judiciales en aquellas materias sin que por ello se viole norma constitucional alguna.

LEY PROCESAL PENAL-Vigencia/RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY

Se establece el alcance temporal de las competencias de los jueces y fiscales regionales en el sentido de señalar que éstas no se contraen sólo a los delitos cometidos a partir de su vigencia, la que entre otras cosas proviene de 1.987 al crearse la figura de los jueces especializados; por el contrario, en ejercicio de la competencia del legislador sobre estas materias, y por virtud del mecanismo de las facultades extraordinarias de origen constituyente, se mantuvo la vigencia de la regla legal que se examina, según la cual ahora, tanto jueces como fiscales regionales son competentes para conocer de las actuaciones y de los procesos en curso por los hechos punibles atribuídos a ellos, cualquiera sea la época en que hayan sido cometidos. En materia de la cabal fijación de competencias y procedimientos ordenada por el legislador, la Constitución no establece límite alguno en cuanto hace al tema de la vigencia de la ley procesal penal en el tiempo, pudiendo ésta ser retrospectiva dados sus efectos generales y su característica de orden público.

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Aplicación de normas

Cabe advertir la naturaleza procesal especial que adquieren las disposiciones que se examinan, respecto de las cuales no procede la derogatoria por ley de naturaleza general, como ocurre con algunas disposiciones del nuevo Código de Procedimiento Penal que en principio aparecen como contradictorias con éstas. En este sentido, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de manifestar su jurisprudencia al respecto en el fallo vertido sobre el Decreto 1156 de 1.991, y en ella se expresa que se trata de dos ordenamientos jurídicos que por la naturaleza del objeto que atienden conservan su autonomía, bajo los supuestos normativos de la nueva Constitución y que ambos ámbitos legislativos deben examinarse de manera complementaria e integradora en lo que no resulten incompatibles con la Constitución.

POLICIA JUDICIAL-Personal no militar

La disposición acusada establece la distinción que consiste en señalar que en materia de justicia penal militar y en casos de orden público, dichas funciones de Policía Judicial son ejercidas en forma permanente por aquellas unidades, mientras que en los demás eventos estas funciones sólo pueden ser ejercidas de manera transitoria o por comisión de los fiscales y jueces regionales y del Tribunal Nacional, bajo la dirección y coordinación del F. General y sus fiscales delegados. Esta referencia de carácter complementario e integrador se hace por la Corte Constitucional atendiendo igualmente a las previsiones de carácter constitucional y legal que sin alterar la naturaleza y el alcance de la disposición acusada, permiten su racional funcionamiento. Al respecto se reiteran las consideraciones vertidas por esta Corporación en el fallo del 8 de febrero de 1993 sobre el Decreto Legislativo No. 1810 de 9 de Noviembre de 1992, que prevé una disposición similar a la que se examina (Sentencia C-034); obsérvese que la exequibilidad de aquella disposición fue condicionada en su interpretación, en el sentido de que las Unidades de Policía Judicial que colaboran en los casos de competencia de los F.es y J.R. deben estar integradas por personal no militar.

PREVALENCIA DE NORMAS

Las disposiciones del Decreto 2271 de 1.991 son especiales y prevalecen sobre las generales contenidas en los códigos Penal y de Procedimiento Penal, atendidas las razones que fundamentaron su expedición por el Gobierno Nacional previa su no improbación por la Comisión Especial Legislativa. Es claro que lo dispuesto por el citado artículo 5º transitorio del C.P.P., se refiere al procedimiento señalado en dichas normas especiales, pues es obvio que dicha interpretación se hace sin menoscabo de las nuevas regulaciones constitucionales en materia de organización y funcionamiento de las entidades encargadas de la administración de justicia. En consecuencia, se repite, el inciso 1º del artículo 20 también resulta constitucional en el sentido de que es una disposición especial que prevalece sobre la general.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE ORDEN PUBLICO-Actuaciones oficiosas

En la etapa de investigación previa no existe sindicado ni acusado, ni siquiera se ha determinado la existencia de la conducta punible; desde luego, el carácter "oficioso" de estas actuaciones se ejerce bajo el control del F. General de la Nación y de las Unidades de F.ía y con la presencia del Ministerio Público como lo determina la norma bajo examen. No deja pasar por alto esta oportunidad la Corte para reiterar que la expresión citada no implica discrecionalidad absoluta, ni mucho menos arbitrariedad, solamente, agilidad y prontitud bajo la dirección política y técnica de la F.ía General, la que debe evaluar no sólo los resultados sino la organización, funcionamiento y trámite de las actuaciones de dichas unidades en cada caso y en todo momento antes y después de las actuaciones; obsérvese además, el deber que compete al Procurador General de la Nación en estas materias para controlar y evitar posibles desvíos y abusos.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE ORDEN PUBLICO-Diligencias

Las diligencias a las que se hace referencia son las propias del giro ordinario de las competencias legales y reglamentarias de la policía judicial y que surgen de las condiciones del hecho punible bajo la acción de aquellas autoridades, la que no implica ni comporta por principio violación de los derechos fundamentales, ni el desconocimiento al principio de legalidad ni al debido proceso; dicha previsión tampoco comporta desconocimiento de las funciones constitucionales de la F.ía a la que quedan subordinadas por virtud de la competencia constitucional de dirigir las investigaciones y adelantar la instrucción correspondiente. Resultaría absurdo considerar que si cualquier persona puede declarar y arrimar una prueba a la actuación investigativa o de instrucción y aun a la causa, y estas deben ser recibidas, se deba rechazar o no admitir las pruebas conducentes que sean allegadas, practicadas o aportadas por unas autoridades legalmente constituidas y habilitadas para ello.

SISTEMA ACUSATORIO

Es en verdad un elemento normativo, procesal y sustancial que de modo evidente se expide para superar las viejas practicas enervantes y entorpecedoras de carácter dilatorio y obstruccionista que lindaban con el fraude procesal y que deben desaparecer al consagrarse constitucionalmente el sistema acusatorio penal; este sistema supone que el fiscal califica y evalúa los hechos para formular una o varias acusaciones sustentadas y que el juez, oída la defensa y admitidas las pruebas de esta y su controversia con todas las garantías judiciales, decide con su sentencia sobre la acusación. La calificación y el cierre de la investigación es una decisión de impulso procesal de la acción pública de naturaleza penal, reservada al Estado a través de sus agentes fiscales que no puede ser objeto de las mencionadas distorsiones. A la luz de la nueva Constitución estos funcionarios de las fiscalías, forman parte de la misma R., garantizándose su independencia y autonomía; por tanto y dentro de las estructuras del nuevo sistema acusatorio, nada se opone a que dentro de la misma R. Judicial, existan instrumentos de organización y funcionamiento de sus recursos humanos y técnicos de acuerdo con su habilidad o disponibilidad para la más cabal y pronta administración de justicia. Ahora bien, en cuanto hace a la reserva de la identidad del fiscal o del juez dispuesta por ellos mismos en la práctica de pruebas, nada se opone a su consagración legal.

NULIDAD PROCESAL

Para los fines de la Constitución, es suficiente garantía en el ámbito de la jurisdicción penal y en especial la que atiende ciertas modalidades delictivas como las que ocupan a los jueces y fiscales y regionales, el que las solicitudes de nulidad y cualquier otra petición puedan presentarse y ser formuladas para que sean resueltas durante la etapa del juicio; lo cual a todas luces es una garantía cierta de los derechos a que se hace referencia y que no pueden ser objeto de desconocimiento legal. Otro asunto es el momento procesal de su resolución, el que bien puede ser establecido para la etapa de la sentencia y, obviamente esta decisión debe ser objeto de los recursos que correspondan y de la controversia o de las consultas que procedan.

TESTIGO-Protección/VICTIMAS-Protección

Este tipo de disposiciones no se opone a la Constitución Nacional, mucho menos cuando el artículo 250 numeral 4-º de la Constitución prevé la facultad de la F.ía General de la Nación de velar por la protección de las victimas, testigos e intervinientes. Por tal razón la Corte declarará su exequibilidad teniendo en cuenta, además, que las especiales disposiciones a las que pertenecen estos mecanismos, guardan estrecha relación con el propósito del legislador y del constituyente de dotar a la R. Judicial de los mecanismos suficientes para enfrentar las acciones de la delincuencia organizada.

REF: Expedientes Nos. D-061, D-087 y D-126 (Acumulados).

Normas Acusadas: Decreto 2271 de 1991 (Parcialmente). "Por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio".

Legislación Especial del Procedimiento Penal.

Actores: E.U., J.E.M. y L.E.R.; R.S.; y P.E.G., C.P.R. y L.A.V..

Magistrados Sustanciadores:

F.M.D. y

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Santafé de Bogotá, D.C, Febrero Veintisiete (27) de mil novecientos noventa y tres (1.993).

La Corte Constitucional de la República de Colombia,

EN NOMBRE DEL PUEBLO

Y

POR MANDATO DE LA CONSTITUCION

Ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

En las demandas instauradas por los ciudadanos E.U., J.E.M. y L.E.R. -demanda D-061-; R.S. -demanda D-087-; y P.E.G., C.P.R. y L.A.V. -demanda D-126-, previo el examen de los siguientes

I. ANTECEDENTES

Los mencionados ciudadanos presentaron en distintas fechas ante la Corte Constitucional varios escritos de demanda en los que, en ejercicio de la Acción Pública que otorgan el numeral 5o. del artículo 241 y el artículo 242 numeral 1o. de la Carta, solicitan la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones que se transcriben y se subrayan más adelante en el acápite de las normas acusadas.

En cada caso se admitieron las demandas, se ordenó su fijación en lista y se verificaron las comunicaciones de rigor constitucional y legal; igualmente, en cada caso se ordenó el traslado correspondiente al despacho del Señor Procurador General de la Nación para efectos de recibir su concepto. El jefe del Ministerio Público manifestó que se encontraba incurso en una causal de impedimento que le fue aceptada y solicitó ser desplazado del conocimiento de los negocios correspondientes y que los expedientes pasaran al despacho de la Señora V. General de la Nación.

Posteriormente se ordenó la acumulación de las demandas y el nombramiento de dos Magistrados como ponentes con el fin de resolver sobre todas ellas en una Sentencia; así, la Señora V. General de la Nación, dentro de la oportunidad correspondiente, pronunció su concepto fiscal sobre los tres expedientes acumulados debidamente por disposición del la Sala Plena de la Corte.

Además, se conocieron varias intervenciones ciudadanas, y el Señor Ministro de Justicia presentó dos escritos en los que manifestó el concepto de su despacho; el primero por medio de un representante, y el segundo suscrito directamente por dicho funcionario en el que manifiesta no compartir los conceptos vertidos por aquel agente.

Cumplidos como se encuentran todos los trámites que proceden en esta clase de actuaciones de control de constitucionalidad, la Corte entra a decidir sobre las demandas.

II LAS DISPOSICIONES ACUSAD.

Se transcribe enseguida el texto de las disposiciones acusadas del Decreto 2271 de 1991, subrayando las partes correspondientes en cada uno de los artículos a los que pertenecen, así:

DECRETO 2271 DE 1991

(octubre 4)

por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 8° de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional se encuentra autorizado por el artículo transitorio 8° de la Constitución Política para convertir en legislación permanente, los decretos expedidos en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio, que la Comisión especial no haya improbado;

Que la Comisión Especial creada por el artículo transitorio 6° de la Constitución Política en ejercicio de la atribución conferida en el literal a) de la misma disposición, ha decidido no improbar las normas de los Decretos legislativos: 1199 de 1987, 474 de 1988, 2790 de 1990, 099 de 1991, 390 de 1991 y 1676 de 1991, que se adoptan como legislación permanente,

DECRETA

ARTICULO 3°.- A. como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto legislativo 2790 de 1990.

ARTICULO 2°.- Los jueces de orden público tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional, pero cumplirán sus funciones ordinariamente en la sede que señale el Subdirector Nacional de Orden Público.

ARTICULO 17.- En los delitos a que se refiere el artículo 9 de este Decreto, el Ministerio de Justicia oficiosamente, o a petición del Director Seccional de Orden Público, podrá variar la radicación del proceso cuando existan serios motivos para deducir que está en peligro la integridad del J., o existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad del procesado.

ARTICULO 29.- Transcurrido el término de ejecutoria del auto inhibitorio, el expediente pasará al Director Seccional para su conservación. No obstante, el auto inhibitorio puede ser revocado, aunque hubiese adquirido ejecutoria formal en los términos y condiciones previstos en el Código de Procedimiento Penal, con fundamento en las pruebas que aporte la Policía Judicial o los interesados.

ARTICULO 34.- Conforme a las necesidades de la investigación y cuando se trate de pluralidad de imputados en la comisión del hecho, el J. podrá deferir la vinculación de alguno de los implicados para el momento del sumario que considere más oportuno, de acuerdo con el desarrollo de aquella.

Cuando considere pertinente proceder a la vinculación, librará orden de captura, y si pasados ocho (8) días de su comunicación ésta no se ha logrado, emplazará por medio de edicto que permanecerá fijado por tres días en lugar visible de la Sección Jurisdiccional. Si la comisión de los hechos se hubiere llevado a cabo en otra localidad, se remitirá además un ejemplar del edicto para que sea colocado en lugar visible de la Alcaldía por el mismo lapso. Copia del edicto con constancias de secretaría sobre fijación y desfijación, así como de su remisión si fuere el caso, se agregarán al expediente.

Transcurridos tres (3) días después de la desfijación del edicto en la Sección Jurisdiccional, si el imputado no hubiere comparecido, el J. le declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio con quien continuará el proceso hasta su terminación, sin perjuicio de la facultad que tiene el procesado para nombrarlo.

Si el sindicado compareciere lo vinculará al proceso para nombrarlo.

Si el sindicado compareciere lo vinculará al proceso en los términos señalados en el artículo 32 de este Decreto.

ARTICULO 40.- En el evento de que el J. de Instrucción de Orden Público dicte resolución acusatoria y ésta adquiera firmeza, pasará el expediente al Director Seccional a fin de que lo asigne mediante decisión no sujeta a recurso alguno, a cualquiera de los Jueces de Conocimiento de Orden público pertenecientes a la dependencia, a quien corresponderá sustanciar el juicio.

ARTICULO 48.- El Director Seccional de Orden Público o su asistente, bajo la reserva pertinente, entregarán o recibirán de los Jueces de Orden Público y del J. de la Sección Jurisdiccional los expedientes o providencias las cuales agregarán a aquellos en copia autenticada en la que no aparezca la firma del J..

ARTICULO 49.- Durante el proceso todas las providencias que dicten los Magistrados y Jueces, así como los conceptos de los Agentes del Ministerio Público, deberán ser suscritos por ellos; pero se agregarán al expediente en copia autenticada por el Presidente del Tribunal o el Director Seccional de Orden Público respectivo en la que no aparecerán las firmas de aquellos. El original se guardará por el Presidente del Tribunal o el Director Seccional de Orden Público con las seguridades del caso.

ARTICULO 58.- En los hechos punibles de competencia de los Jueces de Orden Público, sólo procede la detención preventiva como medida de aseguramiento.

El J. de Orden Público al proferir auto de detención preventiva decretará el secuestro de los bienes muebles y el embargo y secuestro de los inmuebles de propiedad del sindicado, debiendo disponer en la sentencia la condena al pago de los perjuicios, para cuyo fin el remate se efectuará según lo previsto en el artículo 521 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se enviará copia auténtica de lo pertinente al J. Civil competente.

ARTICULO 65.- El término de la prescripción de la acción se interrumpe según el caso, para quien sea juzgado como persona ausente por los delitos de que trata el artículo 9º del presente Decreto.

ARTICULO 79.- El Consejo Nacional de Policía Judicial tendrá, además de las funciones dadas en el Decreto-ley 54 de 1987, las siguientes:

  1. Asesorar al Director Nacional de Instrucción Criminal para el adecuado desarrollo y funcionamiento de los tribunales y Jueces de Orden Público,

  2. Evaluar los resultados de las actividades cumplidas por los Tribunales y Jueces de Orden Público y proponer acciones que tiendan a optimizarlas;

  3. Proponer medidas que tiendan a fortalecer la capacidad técnica de las correspondientes Unidades Investigativas, y

  4. Asesorar la fijación de la política de capacitación de los empleados y funcionarios de los Tribunales y Juzgados de Orden Público.

    ARTICULO 80.- Créase la Subdirección Nacional de Orden Público como una dependencia de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con la siguiente estructura:

    1. Dirección Nacional de Instrucción Criminal.

    2. Subdirección Nacional de Orden Público.

    2.1. Direcciones Seccionales de Orden Público.

    2.1.1. S.J..

    2.1.2. Divisiones Administrativas.

    P. 1°. El Consejo Nacional de Policía Judicial actuará como organismo asesor de los Tribunales y Juzgados de Orden Público.

    P. 2°. El Ministerio Público y las Unidades Investigativas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, tienen relación funcional con las Direcciones Seccionales de Orden Público.

    ARTICULO 81.- El Director Nacional de Instrucción Criminal, en lo relacionado con los Despachos de Orden Público, cumplirá las siguientes funciones:

  5. Dirigir la organización y el adecuado funcionamiento de los Despachos de Orden Público;

  6. Nombrar, remover y dar posesión al Subdirector Nacional, los Directores Seccionales y al Personal de la Seccionales de Orden Público, con excepción de los Jueces, que serán elegidos por el Tribunal de Orden Público.

    No obstante, el Subdirector Nacional y los Directores Seccionales de Orden Público, decidirán las demás situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de su dependencia, incluyendo los empleados de la Sección Jurisdiccional.

  7. Elaborar, en acuerdo con la Subdirección Nacional de Orden Público y el Director de la Escuela de Instrucción Criminal, los programas de capacitación para los empleados y funcionarios de Orden Público, y supervisar su ejecución;

  8. Participar en la elaboración del presupuesto de las dependencias de Orden Público y asegurar su cumplida ejecución;

  9. Asignar los empleados del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que le corresponda a cada Dirección Seccional de Orden Público, y

  10. Hacer parte del Consejo Nacional de Seguridad cuando se trate de asuntos relacionados con los Despachos de Orden Público.

    P.. El Director Nacional de Instrucción Criminal podrá delegar estas funciones, salvo la del literal f) en el Subdirector Nacional de Orden Público, y en los Directores Seccionales.

    ARTICULO 82.- El Subdirector de Orden Público, tendrá las siguientes funciones:

  11. Coordinar con el Director Nacional de Instrucción Criminal, el adecuado funcionamiento de los Despachos de Orden Público;

  12. Coordinar la prestación de los servicios de laboratorios criminalísticos, como auxiliares de las Unidades Investigativas;

  13. Dirigir y coordinar las Direcciones Seccionales de su competencia;

  14. Dirigir el sistema de información correspondiente a los diferentes procesos y velar por su permanente actualización;

  15. Asignar la sede a los Jueces de Orden Público;

  16. Definir la comprensión territorial de las Direcciones Seccionales de Orden Público, pudiendo variarla según la situación de la zona y las necesidades del servicio;

  17. Definir criterios para la distribución de las actuaciones de que tratan los artículos 40 y 48 de este Decreto;

  18. Elaborar el proyecto de presupuesto de las dependencias de Orden Público, preparar las distribuciones de partidas para cada Seccional, solicitar los traslados y adiciones que considere necesarios y someterla a aprobación de las autoridades competentes por conducto del Director Nacional de Instrucción Criminal;

  19. Velar por la debida ejecución del presupuesto asignado a las dependencias nacionales de Orden Público;

  20. Atender los servicios administrativos de la Subdirección Nacional de Orden Público;

  21. Actuar como ordenador del gasto de la Subdirección Nacional de Orden Público según la asignación de competencia que para el efecto haga el Consejo Superior de la Administración de la Justicia;

  22. Las demás que le señale el presente Decreto y el Director Nacional de Instrucción Criminal.

    ARTICULO 83.- Los Directores Seccionales de Orden Público tendrán las siguientes funciones:

  23. Ejercer la Dirección Administrativa de las diferentes dependencias, incluidos los Jueces y funcionarios que prestan servicios en ellas. En tal virtud le corresponde fijar horarios, dictar las normas de carácter administrativo y tomar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de las diferentes secciones;

  24. Coordinar con las autoridades públicas seccionales y locales, y con los organismos de seguridad, la prestación de los diferentes servicios;

  25. Tomar medidas para garantizar que en el trámite del proceso se mantenga la reserva de las personas que intervienen en él;

  26. Recibido el aviso de que trata el artículo 23, asignar el J. de Instrucción que deba controlar la indagación , dirigir la investigación o conocer el juicio según el caso, debiendo responder por la entrega y remisión oportuna de los expedientes;

  27. Llevar los archivos de los expedientes cuyo trámite ha culminado;

  28. Dirigir el sistema de información de los Despachos de Orden Público, en el nivel que le corresponda;

  29. Coordinar con los organismos competentes todo lo relacionado con la seguridad de los funcionarios y empleados de Orden Público, así como de la planta física, los materiales y equipos;

  30. Actuar como ordenador del gasto de la respectiva Seccional según la asignación de competencia que para el efecto haga el Consejo Superior de la Administración de Justicia;

  31. Rendir los informes que sobre el curso de las indagaciones e investigaciones y del funcionamiento administrativo de la Seccional le soliciten el Director Nacional de Instrucción Criminal y el Subdirector Nacional de Orden Público;

  32. Las demás que le señale el presente Decreto, el Director Nacional de Instrucción Criminal y el Subdirector Nacional de Orden Público.

    P.. Para garantizar su seguridad, todas las relaciones entre los Jueces y las Unidades Investigativas se harán a través del correspondiente Director Seccional de Orden Público.

    ARTICULO 85.- Las Direcciones Seccionales de Orden Público están conformadas por la Sección Jurisdiccional y la División Administrativa.

    ARTICULO 87.- La Sección Jurisdiccional tendrá un jefe quien actuará como Secretario para los asuntos judiciales con las siguientes funciones:

  33. Recibir memoriales y notificaciones, autorizar las visitas carcelarias, hacer registros y llevar los correspondientes archivos;

  34. Responder por las funciones jurídico- administrativas y administrativas en los trámites de los procesos. En tal virtud deberá suscribir los autos de sustanciación que le correspondan, así como las comunicaciones y demás documentos que sean necesarios;

  35. Coordinar la prestación de los demás servicios con las demás secciones;

  36. Las demás que le señale el Director Seccional de Orden Público.

    P.. El J. de la Sección Jurisdiccional podrá delegar algunas de sus funciones en el personal subalterno de la Sección.

    ARTICULO 4º. A. como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto legislativo 099 de 1991.

    ARTICULO 1º. Para todos los efectos de ley, los artículos del Decreto legislativo número 2790 de 1990 que se incluyen a continuación, quedarán así:

    ARTICULO 5°.- Sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones legales, el Tribunal de Orden Público, conoce:

    1. De los impedimentos de sus miembros, lo mismo que de los Jueces de Orden Público, los cuales decidirá de plano.

      Durante el proceso no habrá lugar a formular recusación, pero Jueces y Agentes del Ministerio Público deberán declararse impedidos cuando exista causal para el efecto.

      Si el incidente prospera y se trata de un J., se remitirá el asunto al Director Seccional de Orden Público a fin de que éste haga la nueva asignación de manera inmediata.

    2. De los recursos de apelación contra las providencias proferidas por los juzgados de Orden Público que sean susceptibles de este recurso, y del recurso de hecho cuando se deniegue el de apelación.

    3. Del grado jurisdiccional de consulta en relación con todas las sentencias absolutorias, las providencias que disponen cesación de procedimiento o la devolución de bienes a particulares, y los autos inhibitorios que impliquen devolución de bienes.

      Si el Tribunal inadmite el recurso de apelación y la providencia impugnada es susceptible del grado jurisdiccional de consulta, asumirá inmediatamente el conocimiento del proceso y dará el trámite correspondiente.

    4. En primera instancia, de las actuaciones y procesos que se inicien o adelanten contra Jueces de Instrucción o de Conocimiento de Orden Público, por delito cometido en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, los cuales serán tramitados conforme al procedimiento penal ordinario.

      P. 1°. A fin de garantizar la seguridad de los Magistrados, los asuntos correspondientes a la competencia del Tribunal de Orden Público se distribuirán entre ellos conforme al procedimiento que se establezca en reglamento interno que para el efecto expida la Sala de Gobierno de la Corporación.

      Las providencias serán firmadas pero se notificarán o comunicarán en copia en donde no aparezcan las firmas, la que deberá ser debidamente certificada por el Presidente del Tribunal.

      Efectuada la certificación anterior se entenderá, para todos los efectos legales, que la asignación de procesos y la adopción de providencias, al igual que las disidencias, se produjeron de conformidad con el procedimiento vigente.

      ARTICULO 9°.- A los Jueces de Orden Público corresponde conocer en primera instancia:

      ...

      P..- La competencia de los Jueces de Orden Público comprenderá además el conocimiento de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos a sus delitos conexos conservandose la unidad procesal en el evento de que se extienda a otras jurisdicciones, con excepción de la de menores, así como de los casos de fuero constitucional. En todo caso la ley sustancial favorable, o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la desfavorable. (D-087)

      ARTICULO 18.- La Policía Judicial de Orden Público estará integrada por las Unidades Investigativas permanentes conformadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial o del Departamento Administrativo de Seguridad, D., o por miembros de la Policía Nacional (Dijin y S., y con el personal técnico y operativo que se requiera para su funcionamiento eficiente.

      P. 1°. En las Fuerzas Militares se conformarán unidades investigativas de orden público con personal seleccionado de las secciones de inteligencia de las mismas. Estas sólo tendrán calidad permanente en relación con los hechos punibles referidos en el artículo 9° de este Decreto cuya competencia corresponda a la Justicia Penal Militar. En los demás eventos, ejercerán esa función de manera transitoria o por comisión de J. de Orden Público.

      P. 2°. El Director Seccional de Orden Público, podrá integrar unidades investigativas de orden público con personal de las distintas dependencias a que se refiere este artículo, previa consulta con los jefes seccionales de las dependencias respectivas.

      ARTICULO 20.- La controversia del material probatorio se adelantará durante la etapa del juicio.

      La Policía Judicial practicará las pruebas, o incorporará al expediente las que se pongan a su disposición y que considere pertinentes, sin expedir acto en que así lo ordene, y a su realización sólo podrá asistir el Agente del Ministerio Público correspondiente.

      Igualmente incorporará al expediente las que se hayan producido válidamente en cualquiera otra actuación judicial, administrativa o disciplinaria tanto en el país como en el exterior.

      ARTICULO 22.- Cuando las circunstancias lo aconsejen para seguridad de los testigos, se autorizará que éstos coloquen la huella digital en la declaración en lugar de su firma; pero en estos casos es obligatoria la participación del Agente del Ministerio Público, quien certificará que dicha huella corresponde a la persona que declara. Se omitirá la referencia al nombre y generales de estas personas en el texto del acta, la que se hará formar parte del expediente correspondiente con la constancia sobre levantamiento de la identificación y su destino.

      Simultáneamente se levantará un acta separada en la que se reseñará en forma completa la identidad del declarante con la descripción de todos sus generales y condiciones personales y civiles, así como la indicación de sus relaciones personales, familiares o de cualquier otra índole con el acusado y el ofendido si lo hubiere, incluyendo todos los elementos de juicio que puedan servir al J. para valorar la credibilidad del testimonio, acta en la cual se colocará claramente la huella digital del exponente, se firmará por éste, por quien reciba la exposición y por el Agente del Ministerio Público, se guardará en sobre cerrado y se remitirá a la Dirección Seccional de Orden Público con las seguridades del caso.

      Para efecto de valoración de la prueba testimonial, el J. de Orden público podrá solicitar en cualquier momento el acta separada a que se refiere el inciso segundo de este artículo, manteniendo su reserva para las demás partes o intervinientes en el proceso. Dicha reserva se levantará cuando se descubra o determine que el testigo incurrió en el falso testimonio o que lo hizo con fines o propósitos fraudulentos. Igual podrá hacerse con los peritazgos o con cualquiera otra prueba en relación con la cual sea conveniente guardar la identidad de las personas que hayan participado en ella.

      Sin perjuicio de la atribución conferida por la ley al jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el Subdirector Nacional de Orden Público podrá tomar medidas especiales para proteger a los testigos cuando éstos lo soliciten, las cuales podrán llegar a consistir en la sustitución de los documentos de Registro Civil y de identidad de la persona, así como en la provisión de los recursos económicos indispensables para que puedan cambiar de domicilio y ocupación tanto dentro del país como en el exterior.

      ARTICULO 23.- En relación con los hechos punibles cuya competencia atribuye el artículo 9° de este Decreto a los Jueces de Orden Público, las diligencias preliminares serán adelantadas oficiosamente por las Unidades Investigativas de Policía Judicial de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad, D., y de la Policía Nacional, bajo el control del J. de Instrucción de Orden Público y la vigilancia de los Agentes del Ministerio Público. Las Unidades Investigativas de Orden Público constituidas en las Fuerzas Militares, las adelantarán cuando el delito sea de competencia de la Justicia Penal Militar.

      Las Unidades Investigativas de Orden Público del Cuerpo Técnico de Policía Judicial adscritas a las Direcciones Seccionales de Orden Público sólo adelantarán investigaciones cuando así lo disponga el J. de Orden Público, y en los casos señalados por el Decreto 3030 de 1990 con sus adiciones y reformas, cuando el Director Nacional de Instrucción Criminal así lo disponga.

      Iniciada la indagación el J. Superior de la Unidad Investigativa de Orden Público dará aviso escrito de inmediato, o a más tardar en la primera hora del día hábil siguiente, a la Dirección Seccional de Orden Público respectiva, para que el Director de ésta asigne el J. de Instrucción de Orden Público que deba controlarla.

      El J. de Instrucción podrá desplazar por intermedio del Director Seccional de Orden Público en cualquier momento a la Unidad Investigativa que esté adelantando la indagación, y asignarla a otra Unidad Investigativa de Orden Público. Para tales efectos el J. podrá solicitar informes en relación con el desarrollo de la misma.

      P.. Las Unidades Investigativas de Orden Público conocerán a prevención de las indagaciones sobre hechos que se produzcan dentro de su jurisdicción. Pero aprehenderá su conocimiento aquélla que primero haya hecho su arribo al lugar de los hechos, debiéndole prestar las demás el apoyo necesario para el aislamiento y protección del sitio y de los testigos, así como para las demás medidas que sean conducentes.

      El Ministerio Público velará por el cumplimiento de la disposición procedente y dirimirá de plano los conflictos que se presenten al respecto, en decisión cuyo desacato por cualquier miembro de Policía Judicial constituirá causal de mala conducta.

      ARTICULO 24.- Durante la indagación preliminar que se adelante por los delitos que el artículo 9° de este Decreto atribuye a la competencia de los Jueces de Orden Público, los miembros de las Unidades Investigativas de Orden Público, además de las funciones atribuidas a la Policía Judicial en otros estatutos, ejercerán permanentemente las siguientes:

  37. Recibir bajo juramento las denuncias que le sean presentadas y adelantar oficiosamente las indagaciones por los delitos aludidos en el inciso anterior de que tengan noticia.

  38. Inspeccionar minuciosamente el lugar de los hechos y allegar los elementos que puedan servir para asegurar las pruebas de la materialidad del delito y de la responsabilidad de sus autores, cuidando que tales huellas no se alteren, borren u oculten; levantarlas, trasplantarlas o registrarlas técnicamente, y hacerlas reconocer o examinar si fuere necesario;

  39. Practicar el levantamiento de cadáveres, en lo posible con la asistencia de un médico legista u oficial, ordenar la correspondiente necropsia y hacer las diligencias necesarias para su identificación;

  40. Levantar el croquis del lugar donde se haya cometido el ilícito y tomar fotografías;

  41. Realizar y ordenar las pruebas técnicas necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos;

  42. Recibir bajo la gravedad del juramento testimonio a todas las personas que hayan presenciado los hechos, y a quienes les conste alguno en particular;

  43. Recibir por escrito y con fidelidad la versión que libre y espontáneamente quiera hacer el imputado sobre las circunstancia y móviles del hecho, su participación en él y la de otras personas. Esta diligencia será firmada por el imputado en señal de asentimiento;

  44. Practicar el reconocimiento fotográfico o en fila de personas para verificar la identidad de un sospechoso, en los términos señalados por la ley penal. Sin embargo, en el último caso deberá contarse con la presencia del Agente del Ministerio Público;

  45. Proveer a la identificación del imputado por los medios legales pertinentes;

  46. Recaudar los antecedentes penales y de policía que existan con relación a las personas que pudieren ser responsables de los hechos investigados;

  47. Aprehender las armas que hayan utilizado en la comisión del ilícito, y los elementos que hayan servido para su ejecución o provengan de ella, e incautar u ocupar bienes en los términos señalados en las regulaciones legales vigentes;

  48. Pedir a las autoridades encargadas de llevar el registro de los derechos reales principales y accesorios, certificaciones sobre los Titulares inscritos respecto de los bienes aprehendidos, ocupados o incautados;

  49. Informar a los Titulares de derechos inscritos sobre los bienes incautados u ocupados, para que ejerzan la defensa de sus derechos ante la jurisdicción respectiva;

  50. Dar aviso a las autoridades del respectivo país conforme a los pactos, convenios o usos internacionales, si se tratare de automotores, naves, aeronaves o unidades de transporte aéreo, fluvial o marítimo de procedencia extranjera y que hayan sido objeto material de delito contra sus legítimos propietarios, tenedores o poseedores en el extranjero, a fin de que se realicen las diligencias necesarias para que les sean devueltos, siempre que hayan actuado de buena fe exenta de culpa.

    P. 1°. Siempre que la Policía Judicial de Orden Público vaya a practicar un allanamiento, interceptar lineas telefónicas, registrar correspondencia o capturar una persona en los casos que no sean de flagrancia, deberá solicitar autorización a cualquier J. Penal o Promiscuo de la Jurisdicción Ordinaria.

    P. 2°. Salvo las decisiones que por mandato legal correspondan a las autoridades administrativas, las solicitudes para la devolución u otros pronunciamientos sobre bienes incautados u ocupados se tomarán, por el J. de Orden Público a quien corresponda el control de la indagación o la dirección de la instrucción, para lo cual se remitirá la petición de inmediato junto con el original del expediente conformado hasta el momento, continuando la Unidad de Policía Judicial con el trámite de indagación sobre copia.

    P. 3°. Los funcionarios y miembros de Policía Judicial de Orden Público presentarán sus informes y se identificarán en las diligencias con el número de código asignado por la institución a la cual pertenezcan.

    ARTICULO 26.- En caso de captura del infractor los funcionarios de Policía Judicial procederán a informarle sobre los motivos de ella, el derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión y el de rendir versión libre y espontánea sobre los hechos que la produjeron, dentro de los parámetros de la Constitución Política, levantando acta en que se deje constancia de todo ello, la cual será suscrita por el aprehendido o por un testigo si aquél fuere renuente a hacerlo.

    El funcionario aprehensor deberá registrar el hecho en un libro llevado especialmente para el efecto, que será revisado diariamente por un Agente del Ministerio Público, momento en el cual rubricará y foliará las páginas correspondientes, con indicación de la fecha y la hora en que hubiese verificado el control de las capturas efectuadas y la correspondencia del registro con los avisos de capturas que le hayan sido enviadas.

    Del mismo modo, el funcionario que hubiese efectuado la captura deberá dar noticia inmediata de ella a la persona que indique el aprehendido, por intermedio del Director Seccional de Orden Público, al J. de Instrucción que le corresponda el control de la indagación. La omisión injustificada de las obligaciones precedentes será causal de mala conducta y podrá hacer responsable a su autor del delito de prevaricato por omisión.

    Dentro de las 36 horas siguientes al acto físico de la captura deberá remitir al aprehendido y el original del expediente al J. de Instrucción correspondiente, a fin de que éste decida lo pertinente, pudiendo en todo caso continuar con el recaudo de pruebas sobre la copia del expediente, salvo disposición en contrario del mencionado juez.

    P. 1°. Si el aprehensor fuere autoridad de Policía Judicial diferente a la de Orden Público, registrará la captura en los libros que se lleven para el efecto en la entidad y remitirá las copias de la actuación adelantada en el término de 48 horas a la Unidad Investigativa de Orden Público más próxima, y el capturado a una autoridad judicial del lugar dentro de las 36 horas siguientes a la aprehensión.

    P. 2°. Los costos que implique o demande la remisión de los aprehendidos a las autoridades judiciales, luego de su captura, estarán a cargo de la Unidad de Investigación que la haya efectuado. El Ministerio de Hacienda apropiará las partidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición en cada entidad..

    ARTICULO 27.- Desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos, el Agente de Ministerio Público deberá procurar el recaudo de las pruebas tendientes a establecer la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados con la infracción, solicitando para ello la práctica de las pruebas correspondientes a cualquier J. de la República salvo a los de Orden Público, las que no causarán costos de ninguna naturaleza diferentes a las erogaciones necesarias para producirlas y serán trasladas durante el juicio al expediente.

    Los testigos y peritos que intervengan en el trámite previsto en el inciso anterior tendrán, si lo solicitan, las mismas garantías de reserva y seguridad consagradas en el artículo 22 de este Decreto.

    Igual facultad relacionada con el recaudo probatorio podrán ejercer, por medio de apoderado, los perjudicados con la infracción; pero en tal evento cursarán informe al Agente del Ministerio Público respectivo, caso en el cual éste se abstendrá de iniciar su trámite o suspenderá el que al efecto ya hubiere iniciado.

    ARTICULO 30.- Si transcurrido un año contado a partir de la iniciación de la indagación preliminar no hay sindicado conocido, la Policía Judicial de Orden Público enviará el expediente a la Dirección Seccional de Orden Público para que el J. de Instrucción correspondiente decida sobre la suspensión provisional de la actuación, la practica de nuevas pruebas, o dicte el auto inhibitorio si hubiere lugar a él. Esta última decisión la tomará en auto interlocutorio contra el cual proceden los recursos ordinarios.

    ARTICULO 35.- Cuando la Policía Judicial de Orden Público considere necesario vincular a un posible sindicado no capturado, remitirá el original de la actuación que hubiese adelantado por intermedio del Director Seccional de Orden Público correspondiente, quien dará aplicación a lo dispuesto en el artículo que precede, si encuentra mérito para ella, conforme a estudio sobre el cuaderno original.

    La Unidad Investigativa de Policía Judicial de Orden Público, continuará adelantando la actuación sobre el cuaderno de copias.

    En la orden de captura emitida, el J. podrá autorizar el allanamiento de los sitios en donde presuma se pueda encontrar el sindicado, señalandolos, y deberá informar sobre su expedición o cancelación al Director Nacional de Instrucción Criminal para su registro de inscripción en un banco de datos que debe llevarse para el efecto. Igual obligación tendrá el J. en relación con las medidas de aseguramiento que profiera, modifique o revoque.

    ARTICULO 37. Durante la etapa de instrucción, la persona vinculada mediante indagatoria, el defensor, los auxiliares de la justicia, el agente del Ministerio Público, El Director Nacional de Instrucción Criminal o su delegado, el Subdirector Nacional de Orden Público, y el funcionario que adelante investigación penal, disciplinaria o administrativa relacionada con actuaciones tramitadas en aquella o con bienes vinculados a la misma, tendrán derecho a revisar el proceso, con la obligación de mantener la reserva de sus propias actuaciones.

    Si en las investigaciones penales surge mérito para vincular en indagatoria, o en las disciplinarias para formar pliego de cargos, el funcionario que las adelante podrá solicitar el levantamiento de la reserva de la identidad del funcionario investigativo con el deber de mantenerla para efectos diferentes al trámite de la investigación a su cargo.

    Sin embargo, para los tres primeros el juez podrá disponer la reserva de las decisiones o de alguna prueba concreta hasta el auto del cierre de la investigación, cuando considere que dicha medida es necesaria para garantizar el éxito de ésta o la seguridad de los participantes en el proceso. En ningún caso podrán ser reservadas las decisiones que afecten la libertad del procesado y el soporte probatorio que haya servido para dictar el auto de detención.

    Sólo podrán expedirse copias de las diligencias una vez ejecutoriado el auto que califique el mérito del sumario con resolución acusatoria o cesación de procedimiento, salvo que las solicite la autoridad competente para investigar o conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de hecho, y con ellas la autoridad que las solicite conformará cuaderno separado que seguirá sujeto a la reserva. El Agente del Ministerio Público tendrá derecho a que se le expidan copias de cualquier parte de la actuación.

    Quien violare la reserva del sumario o de la indagación preliminar, o transgrediere la prohibición del inciso anterior, incurrirá, si fuere funcionario o empleado oficial, en causal de mala conducta sancionable con destitución; sino lo fuere, se le impondrá multa por suma equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales. La primera se ordenará por el superior respectivo previo el procedimiento disciplinario y la segunda por el J. de Orden Público mediante auto motivado y luego de oír en diligencia de descargos al infractor, así como de practicar las pruebas que solicitare y fueren conducentes en cuaderno separado. Esta última decisión será susceptible de recurso de apelación para ante el Tribunal de Orden Público pero no afectará la marcha del proceso o actuación.

    ARTICULO 39.- Practicadas las diligencias ordenadas por el J. y las demás que fueren conducentes, la Unidad Investigativa de Orden Público devolverá la actuación al J. de Orden Público, quien declara cerrada la investigación por auto de sustanciación que se comunicará al sindicado detenido por cualquier medio eficaz y se notificará por estado a los demás sujetos procesales y parte civil reconocida.

    Dicho proveído no será susceptible de recurso alguno y en él se dispondrá un traslado común por cinco (5) días a la parte civil si la hubiere, y a los sujetos procesales para que presenten sus alegatos. Para este último se surtirá el traslado por igual lapso en su Despacho.

    Vencidos los términos anteriores, el J. calificará en mérito del sumario dentro de los 10 días hábiles siguientes por medio de resolución acusatoria, cesación de procedimiento o reapertura de investigación. En este último caso el J. deberá señalar discriminadamente las pruebas a practicar, indicando la Unidad Investigativa de Orden Público que deba hacerlo.

    ARTICULO 47.- El Director Seccional de Orden Público asignará al J. de Instrucción o de Conocimiento de Orden Público que deba controlar la indagación, dirigir la instrucción o sustanciar y fallar el juicio dentro de un proceso determinado, y podrá variar la asignación o petición sustentada por el J., siempre que lo considere necesario para garantizar la reserva de la identidad de éste.

    ARTICULO 50.- A fin de garantizar su seguridad, cuando el J. considere conveniente mantener la reserva de su identidad o la de los intervinientes en el proceso, dispondrá que en la práctica de pruebas se utilice cualquier medio o mecanismo adecuado para tal efecto, o que los contrainterrogatorios, solicitud de aclaración de dictamenes o cualquier petición similar, se formulen y tramiten por escrito.

    ARTICULO 51.- Los autos de trámite no previstos en el artículo 36 como privativos para su emisión por parte del J., las notificaciones, citaciones y en general las comunicaciones procesales, así como todo acto que implique manejo de títulos de depósito judicial o de bienes o elementos vinculados al proceso, salvo su orden de entrega, serán elaborados y suscritos por el J. de la Sección Jurisdiccional respectiva, pudiendo delegar su ejecución, cumplimiento y control en cada proceso a uno de los empleados de su dependencia, con quien compartirá la responsabilidad por su tramitación adecuada y oportuna.

    Los memoriales y comunicaciones en general serán entregados en la Sección Jurisdiccional a cuyo cargo se asigna la agregación al expediente correspondiente, y su tramitación oportuna por medio del Director Seccional de Orden Público o su Asistencia si fuere necesario.

    ARTICULO 52.- Las solicitudes de nulidad por causa que se presente durante el juicio y toda otra petición que se formule dentro de éste, salvo las de pruebas o las que se refieran a la libertad del procesado, serán decididas en la sentencia.

    P. 1º.- La variación de la asignación de J. durante el sumario o en el juicio hecho por el Director Seccional de Orden Público no genera nulidad por incompetencia, siempre que se trate del funcionario de la misma naturaleza.

    P. 2º. Desvirtuados los supuestos que dieron lugar al conocimiento del hecho punible por los Jueces de Orden Público, todas las agencias y pruebas practicadas conservan su validez.

    ARTICULO 59.- Los procesados por los delitos de competencia de los Jueces de Orden Público sólo tendrán derecho a la libertad provisional en los siguientes casos:

    1. Cuando en cualquier estado del proceso hubieren sufrido en detención preventiva un tiempo igual que merecieren como pena privativa de la libertad por el delito de que se les acusa, habida consideración de su calificación o de la que debería dársele.

      Se considera que ha cumplido la pena el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.

    2. Cuando fuere mayor de 70 años, siempre que no haya sido procesado antes por uno de los delitos de competencia de los jueces de Orden Público.

      ARTICULO 60.- En los procesos por los delitos de competencia de los Jueces de Orden Público, no habrá lugar a la suspensión de la detención preventiva ni de la ejecución de la pena, pero procederá la detención hospitalaria que se concederá por el J. cuando el procesado o condenado sufriere grave enfermedad, o a la imputada le faltaren cuatro semanas o menos para el parto, o si no han transcurrido dos meses desde la fecha en que dió a luz.

      En los eventos anteriores, se exigirá por el J. certificado de médico legista, quien dictaminará periódicamente sobre la necesidad de que continúe la detención en la forma prevista en el inciso anterior.

      ARTICULO 64.- Quien no siendo autor o partícipe del hecho punible, suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectiva orden de captura de sindicado o incautación de bienes destinados a la comisión o que provengan de la ejecución de delito de competencia de los Jueces de Orden Público, o informes que permitan determinar la autoría, participación o responsabilidad penal en los mismos, será beneficiario de una recompensa monetaria cuya cuantía no excederá el equivalente de 1.000 salarios mínimos legales mensuales, la que podrá ser pagada dentro o fuera del país.

      Dicho beneficio será determinado por el J. del Departamento Administrativo de Seguridad, el Director General de la Policía Nacional o el Director Nacional de Instrucción Criminal, según el caso, quienes serán los ordenadores del gasto, el que se cargará contra la cuenta especial del presupuesto de la respectiva entidad, y cuyo manejo será cobijado por reserva legal, la cual podrá ser levantada solamente y en forma indelegable por el Contralor General de la República a quien corresponderá privativamente su auditaje, o por el Procurador General de la Nación y para las investigaciones penales o disciplinarias que promoviere.

      Los ordenadores de estos gastos podrán autorizar en casos especiales que se realicen ofertas de recompensa, por la cuantía superior a la señalada en el inciso primero.

      Los informes se consignarán en acta reservada, en la cual se hará constar la versión y se suscribirán por los Ordenadores del Gasto o por su delegado especial, un Agente del Ministerio Público, y el informante, quién además estampará su impresión dactilar. El acta se remitirá a la Jefatura del organismo que la haya autorizado donde se conservará con la debida reserva y seguridades, y de su contenido el J. delD., el Director General de la Policía Nacional o el Director Nacional de Instrucción Criminal deberá expedir copia autenticada, prescindiendo de la firma y datos de identidad del informante, con destino a la respectiva investigación penal, quedando su valor probatorio sujeto a la estimación que haga el Magistrado o J..

      En todo lo relacionado con el contenido del acta para la identificación del informante; el levantamiento de su reserva para el J. y F., o en caso de comprobación de falsedad de información o de motivos fraudulentos, así como de la protección del exponente se aplicará lo previsto para el caso del testigo a que se refiere el artículo 22 del presente Estatuto.

      ARTICULO 5º.- A. como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto legislativo 390 de 1991:

      ARTICULO 1º.- El artículo 13 del Decreto 2790 de 1990, quedará así:

      Artículo 13. Todos los procesos o actuaciones cuya competencia se asigna por este Decreto a los Jueces de Orden Público, que estén tramitando en la actualidad los Juzgados de Orden Público, los Especializados y los Ordinarios, o la Policía Judicial, deberán ser enviados a los Directores Seccionales de Orden Público, quienes procederán de la siguiente manera:

    3. Los procesos en que se haya proferido auto de citación para audiencia, resolución acusatoria o auto de proceder , o el que dispone el traslado al Ministerio Público para el concepto de fondo, los distribuirán entre los Jueces de conocimiento de Orden Público para que éstos continúen el trámite con el procedimiento establecido para el juicio. Si alguna de las decisiones anteriores no estuviere ejecutoriada, el expediente se dejará en la Sección Jurisdiccional, hasta cuando ésta se produzca.

      Cuando en el proceso se hubieran decretado pruebas para practicar en la audiencia, el J. las practicará directamente o por comisión a una Unidad de Investigación de Orden Público, en un término que no podrá exceder de 10 días. Practicadas las pruebas, el J. citará para sentencia de acuerdo con el artículo 46 del decreto 2790 de 1990.

    4. Los que se hallan en etapa de instrucción, los asignará a los Jueces de Instrucción de Orden Público, para que dispongan el trámite pertinente de acuerdo al procedimiento señalado en este decreto.

    5. Los que estén en diligencias preliminares, los remitirá a las Unidades Investigativas de Orden Público a fin de que adelanten la averiguación acatando las normas de este decreto.

      P.. En los proceso de competencia de los Jueces de Orden Público, no habrá audiencia pública en ningún caso.

      ARTICULO 6º.- A. como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto legislativo 1676 de 1991.

      ".

      Artículo 3º. Modifícanse los numerales 2 y 13 y el parágrafo del artículo 9º del Decreto 2790 de 1990, modificado por el Decreto 99 de 1991, así:

      Artículo 9º. A los jueces de Orden Público corresponde conocer en primera instancia:

    6. De los procesos por delitos de extorsión en todas sus modalidades, así como del concierto para cometerlo, su encubrimiento y la omisión de su denuncia o del informe de que trata el artículo 7º del Decreto 2790 de 1990, y cuando la cuantía sea o exceda de cinco millones de pesos, o cuando cualquiera de las conductas anteriores busque facilitar actos terroristas sin importar su cuantía.

    7. De los procesos por los delitos descritos en los artículos 35 y 39, 43 y 44 de la Ley 30 de 1986, y el aludido en el artículo 1º del Decreto 1198 de 1987.

      P.. La competencia de los Jueces de Orden Público comprenderá además el conocimiento de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos y a sus delitos conexos, conservándose la unidad procesal en el evento de que se extienda a otras competencias, con excepción de la de menores, así como de los casos de fuero constitucional. Igualmente conocerán de los delitos cometidos con antelación a la fecha en que fueron definidos los tipos penales que aparecen en este Decreto y en las normas a que él se refiere cuando se adecúen ellos. En todo caso la ley sustancial favorable, o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la desfavorable. (D-087 y D-126).

      Artículo 5º. Corresponde a los Directores Seccionales de Orden Público dar posesión a los funcionarios y empleados de la respectiva Dirección Seccional.

      Corresponde al J. de la Sección Jurisdiccional de Orden Público respectiva, hacer el reconocimiento del Defensor, y dar posesión a éste y al apoderado de la parte civil. El juramento en estos casos, se entenderá prestado con la firma del acta correspondiente.

      Artículo 6º. El artículo 32 del Decreto 2790, quedará así:

      Artículo 32. Si el J. dicta auto cabeza de proceso, señalará día y hora para oir en indagatoria al sindicado capturado en un término que no podrá exceder de los tres (3) días siguientes al que le sea puesto a disposición.

      Si son dos o más los capturados, el término se ampliará a cinco (5) días; pero si son aprehendidos fueren más de cinco se extenderá a diez (10) días. En uno y otro evento, el Director Seccional de Orden Público podrá asignar varios Jueces para recibirlas, o demandar del Director Seccional de Instrucción Criminal, o del Nacional, la asignación de uno o varios Jueces de Instrucción Criminal para la recepción de las indagatorias.

      Cuando un hecho punible de competencia de los Jueces de Orden Público se suceda en lugar distinto de las sedes de las Direcciones Seccionales de Orden público, el J. de Instrucción Criminal, Promiscuo o Penal del lugar al cual la unidad de investigación de orden público le entregue las diligencias, deberá avocar el conocimiento e indagar a los sindicados, enviándolas inmediatamente a la Dirección Seccional de Orden Público correspondiente.

      La designación de apoderado se hará conforme al Código de Procedimiento Penal y con él se actuará hasta la terminación del proceso. Sin embargo, el procesado podrá cambiar de apoderado en cualquier momento.

      Artículo 7º.- El artículo 33 del Decreto 2790 de 1990, subrogado por Decreto 099 de 1991, quedará así:

      Artículo 33. Recibida la indagatoria, el J. de Instrucción de Orden Público definirá la situación jurídica dentro del término de diez (10) días, el cual se ampliará a veinte (20) si fueren más de cinco (5) los aprehendidos, o si aquella hubiere sido recibida por J. de sede distinta a la de la Dirección Seccional, y en el mismo auto determinará las pruebas que se deban practicar a fin de continuar con la instrucción del sumario, para lo cual remitirá copia completa de la actuación a la Unidad Investigativa de Orden Público que considere pertinente, la que practicará las pruebas decretadas, así como las que estime conducentes dentro del término que se le señale, el cual podrá ser prorrogado por el Jueces sin formalidades de ninguna índole.

      En cumplimiento de su función de dirección, el J. de Instrucción de Orden Público podrá solicitar informes en cualquier momento sobre curso de la investigación, los cuales le serán suministrados de inmediato so pena de incurrir quien los omita en causal de mala conducta y, con base en ellos, tomará la medida que estime procedente.

      El cuaderno original será conservado por la dirección Seccional de Orden Público y adicionado cada vez que regrese de la Unidad Investigativa con las diligencias o actuaciones, a fin de entregarlo al J. debidamente actualizado en todos los casos en que pase a su poder para estudio o decisión.

      Artículo 8º.- Créanse veinte (20) cargos de Jueces Supernumerarios de Orden Público, quienes cumplirán sus funciones como I. o de Conocimiento, según lo determine la Sala de Gobierno del Tribunal de Orden Público a petición del Subdirector Nacional de Orden Público, y prestarán sus servicios en la sede que éste les asigne, durante el tiempo que sea necesario.

      Los Directores Seccionales de Orden Público podrán limitar el número de procesos asignados a algún J. de Orden Público cuando las circunstancias lo aconsejen, o conformar equipos de investigadores, coordinados por alguno de los Jueces de la respectiva sede, cuando la complejidad de alguna investigación lo requiera.

      Cuando un Magistrado o J. de Orden Público sea designado de aquellos que prestan sus servicios también en la jurisdicción ordinaria, dicha vinculación no afectará su situación de carrera y los derechos que de ella se deriven. Para tal efecto se le concederá comisión especial de servicio hasta por el resto del respectivo período, susceptible de ser prorrogada en los períodos siguientes, si a ello hubiere lugar.

      P. 1º. Quienes al momento de haber ingresado como funcionarios de Orden Público estuviere vigente su inscripción en carrera, continuarán vinculados a ella sin solución de continuidad, en el escalafón correspondiente a los literales a) y b) del artículo 42 del Decreto 052 de 1987, respectivamente.

      P. 2º. Los cargos desempeñados como funcionarios de Orden Público habilitan para cumplir los requisitos exigidos para desempeñar cargos en la Jurisdicción Ordinaria.

      P. 3º. El Gobierno queda facultado para hacer los traslados presupuestales necesarios para el cumplimiento de esta norma y autorizar el nombramiento de los Jueces creados por la misma.

      Artículo 9º. Las Unidades Investigativas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial también podrán adelantar indagaciones preliminares cuando así lo disponga el Director Seccional de Orden Público en los eventos de los delitos de competencia de dicha jurisdicción.

      Artículo 10. Para efectos de las diligencias que tuvieren que practicar los Jueces y las Unidades Investigativas de Orden Público, aún aquellas en que fuere necesario el concurso de los procesados, podrán utilizarse los mecanismos tecnológicos que se estimen necesarios para garantizar la protección y reserva de la identidad de los intervinientes, de tal manera que se haga posible el ejercicio del derecho a la defensa.

      En estos casos el J. o J. de Unidad identificará los técnicos y funcionarios que deban intervenir elaborando un documento que conservará el respectivo Director Seccional de Orden Público, y todos ellos estarán obligados a guardar la reserva de lo que conocieren por razón de su oficio.

      (Las partes resaltadas y subrayadas son las demandadas y a ellas se contrae el fallo de la Corte, según la remisión que se ordena en la parte resolutiva de esta providencia.)

      bOnsérvesO

      OO

      III LAS DEMAND.

      El resumen de las demandas es tomado parcialmente del borrador inicial elaborado por el Magistrado Dr. A.M.C. quien, junto con el Magistrado F.M.D. fue encargado de elaborar la ponencia.

    8. El expediente Número Nº D-061.

      Los ciudadanos E.U.M., J.E.M. y L.E.R., presentaron su demanda ante la Corte Constitucional el día 22 de enero de 1.992 y en ella solicitan la declaratoria de inexequibilidad las partes transcritas y subrayadas de los artículos 3°, 4°, 5° y 6° del Decreto 2271 de 1.991.

      Las consideraciones en las que fundamentan su petición, son las que se resumen enseguida:

      Las disposiciones acusadas consagran una serie de normas que restringen el ejercicio del Derecho de Defensa (art. 29, inciso 3º), en aspectos como la imposibilidad de recusar al juez, la facultad de deferir la vinculación del imputado, la prohibición de expedir copias del expediente durante el sumario, la potestad de mantener en secreto las pruebas, el "ocultamiento" de la identidad del juez y de los intervinientes, el autorizar la firma de la versión libre y espontánea por parte de un testigo, entre otras.

      Para los actores el artículo 3º del Decreto 2271 de 1.991, que se refiere al artículo 34 del Decreto 2790 de 1.990 en su inciso primero, vulnera el Derecho de Defensa al permitir que el juez pueda diferir la vinculación de un imputado, pues mediante dicho proceder se imposibilita la controversia directa del material probatorio que se ha recaudado antes de su vinculación al proceso. Es decir, "que la investigación se adelanta a espaldas del procesado, negándose de plano esta fundamental garantía procesal".

      C. como argumentos en favor de sus consideraciones los salvamentos de voto suscritos por los Magistrados Lafont Pianetta, S.R., B.H., V.M. y C.R., en sentencia de abril 11 de 1991 de la H. Corte Suprema de Justicia.

      Acusan el artículo 4º del decreto 2271 de 1.991 que incorpora el artículo 1º del Decreto 099 de 1.991, que a su vez adiciona el artículo 26 del Decreto 2790 de 1.990, por la supuesta violación del artículo 33 de la Carta Política, que garantiza que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes en los términos de la misma Carta Fundamental.

      En su opinión, la ejecución de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, facilita la obtención de una versión por medios que atentan contra la dignidad e integridad del capturado; igualmente, la prohibición de expedir copias del expediente durante el sumario, contenida en el artículo 4º del Decreto 2271 de 1.991, que incorpora el Decreto 099 de 1.991 y éste a su vez modifica el artículo 37 del decreto 2790 de 1.990, dificulta la defensa técnica del procesado en una etapa que es decisiva dentro del proceso, puesto que es en ella en la cual se recaudan las pruebas, en evidente violación al principio de igualdad ante la ley.

      En su concepto, el artículo 39 del Decreto 2790, recogido en el mismo artículo 4º del Decreto 2271 de 1.991, atenta contra la igualdad de las partes ante la ley, pues a diferencia lo que ocurre durante el procedimiento ordinario, en éste se niega la posibilidad de interponer recursos contra el auto que cierra la investigación. Esta providencia, a pesar de ser de trámite, resulta ser importante ya que concluye la etapa de investigación y por lo tanto, las partes deben tener la posibilidad de impugnarla, por ejemplo, cuando no se haya practicado la totalidad de las pruebas.

      Para la demanda, el Derecho de Defensa se ve conculcado, entre otras razones, por hacerse obligatoria la práctica por escrito de pruebas eminentemente orales.

      Sobre el tema de las nulidades, regulado por el artículo 52 del Decreto 2790, afirman los actores que como éstas se decidirán únicamente en la sentencia, se presenta un vacío frente a las nulidades que podría interponer el defensor de oficio de la persona ausente, vacío que rompe el principio de igualdad ante la ley y restringe el derecho de defensa del procesado.

      En el artículo 4º del Decreto 2271 que recoge el artículo 1º del Decreto 099 de 1.991, y el artículo 5º numeral 3º del 2790 de 1.990, se establece el grado jurisdiccional de consulta en relación con las providencias absolutorias de primera instancia, proferidas en los Juzgados de Orden Público, cuando no se interponga recurso de apelación, lo cual atenta contra el Derecho de Defensa y la presunción de inocencia (artículo 29 C.N.).

  51. La publicidad del proceso.

    El artículo 3º del Decreto 2271, que recoge el artículo 48 del Decreto 2790 de 1990; al igual que en el artículo 4º del Decreto 2271 de 1991 que adopta el artículo 1º del Decreto 099 de 1991, modificatorio de los artículos 22, 27 inciso 2º, 37 y 64 del Decreto 2790 de 1990, y en el mismo sentido el artículo 5º del Decreto 2271, que convierte en permanente el artículo 1º del Decreto 390 de 1991, que modifica el artículo 9º del Decreto 2790 de 1990, permiten la existencia de jueces y testigos secretos, la reserva de las decisiones o de alguna prueba en concreto y, en consecuencia, vulneran el derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho a la contradicción y el carácter de publicidad del mismo.

    Sobre el testigo secreto sostienen que las normas que lo consagran, rompen con la estructura lógica del derecho constitucional colombiano y del Derecho Internacional, en lo que atañe al derecho de contradicción, y el "derecho a una defensa real".

    Sostienen que la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados como legislación interna a través de la Ley 16 de 1972 y 74 de 1968 respectivamente, tienen carácter superior en el ordenamiento jurídico colombiano.

    Sostienen respecto de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2790 de 1990, modificado por el artículo 1º del Decreto 099 de 1991 y convertido en legislación permanente mediante el Decreto 2771 de 1991, que permiten que "el juez podrá disponer la reserva de las decisiones o de alguna prueba concreta hasta el auto de cierre de la investigación" que se elimina la oportunidad de controversia de las pruebas al impedir el conocimiento de éstas.

    En relación con el parágrafo del artículo 13 del Decreto 390 de 1990, convertido en legislación permanente por el artículo 5º del Decreto 2271 de 1991, manifiestan que se elimina el carácter público del proceso al disponerse que no habrá audiencia pública en ningún caso ya que, la publicidad de los juicios es la "garantía de su rectitud y de la justicia y de la libertad". Ademas, sostienen que la oportunidad de ejercer el "derecho a controvertir" desaparece con disposiciones como la citada, que restringen el término para debatir o contradecir la prueba, mucho más cuando no se conoce quién juzga, ni el por qué y sobre qué fundamentos fallará el juzgador; además, como se consagra que el debate sobre el caudal del material probatorio, que sería la manifestación del derecho de defensa, se circunscribe a una sola etapa del proceso -el juicio-, la controversia sólo será posible en un momento de este.

    En su concepto, el derecho de contradicción resulta violado por el artículo 4º del Decreto 2271 de 1991, que convierte en permanente el artículo 1º del Decreto 099 de 1991, modificatorio del artículo 20 del Decreto 2790 de 1990, al disponer que la controversia del material probatorio se adelante sólo durante la etapa del juicio y al restringirse la posibilidad del debate del acervo probatorio recaudado durante la fase sumarial, que resulta ser la "fundamental", pues, de ella dependen las decisiones a que se llegue; así, se elimina la posibilidad de "defensa" real, se adelanta el proceso a espaldas de la persona y su presencia se transforma en una mera ritualidad.

    Así mismo, el inciso segundo viola el derecho de contradicción cuando se ordena que a la realización o práctica de las pruebas por la Policía Judicial, sólo puede asistir el agente del Ministerio Público correspondiente.

    Sostienen que al disponerse en el parágrafo 1º del artículo 18 del Decreto 2790 de 1990, que en relación con hechos punibles señalados en el mismo, se integrarán Unidades Investigativas de Orden Público con personal de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares, se configura una indebida extensión del fuero penal militar y se desconoce el mandato de la Carta Política, que señala que los jueces militares conocerán de los delitos cometidos por la Fuerza Pública al servicio activo y en relación con el mismo servicio.

    Además, advierten que la intromisión de la R. Ejecutiva a través de la Dirección de Orden Público en las actividades de la R. Judicial, se traduce en la pérdida de la independencia y de la imparcialidad que debe inspirar a todo juez.

    Afirman que el artículo 3º del Decreto 2271 de 1991, que adopta como legislación permanente, entre otros, los artículos 2º, 17, 40, 48, 81, 82, 83, 85 y 87 del Decreto 2790 de 1990 y faculta al Subdirector Nacional de Orden Público para que señale la sede de los jueces de Orden Público, a pesar de que los mismos tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, restringe y modifica administrativamente la competencia asignada mediante norma con fuerza de ley.

    Además, consideran que el artículo 40 faculta al Director Seccional de Orden Público, para que una vez dictada resolución de acusación señale el juez que debe adelantar la etapa del juicio, a través de una decisión que adicionalmente no tiene ningún recurso; también, se establece esta forma de asignar procesos en los eventos en que un juez de orden público se encuentre impedido. Así, las normas impugnadas expresan unas formas inconstitucionales intromisión del ejecutivo en la rama judicial, porque afectan las bases sobre las cuales se erige el Estado de Derecho; además, advierten que el principio de autonomía e independencia de las ramas del poder es imperativo para el legislador tanto en períodos de normalidad como en los de perturbación del Orden Público, según lo ordena el artículo 214 numeral 3º de la Constitución.

    Manifiestan que el Decreto 2271 de 1991 es "reiterativo" al ampliar el espectro de acción de la Policía Judicial de Orden Público en el campo probatorio, según lo dispuesto en su artículo 4º, que adoptó como legislación permanente algunas disposiciones del Decreto 2790 de 1990, entre ellas los artículos 20, 24 literal e) y 39. Igual acontece en el artículo 5º, que acogió el artículo 7º del Decreto 390 de 1991, referente al artículo 33 del ya citado Decreto 2790 de 1990 que señala como facultades de la Policía Judicial, la de practicar no sólo las pruebas decretadas por el J., sino las que estime convenientes; así mismo, la de anexar al expediente las que considere oportunas.

    En el mismo artículo 4º, al adoptar los artículos 23 y 24 literal a), se faculta a esos funcionarios administrativos para iniciar de oficio las indagaciones preliminares, por lo cual se posibilita la práctica de diligencias sin orden judicial; en consecuencia, la apertura formal de la investigación queda supeditada al juicio de los mismos; de otra parte, así se rompe la inmediación que debe existir entre la F.ía General de la Nación y las entidades que realizan actividades de Policía Judicial.

    El P. del artículo 1º del Decreto 099 de 1991 incluído en el actual artículo 4º del Decreto 2271 de 1991, al consagrar que los jueces de orden público conocerán de los hechos punibles a ellos atribuídos sin importar la época en que hayan sido cometidos, viola el principio universal del derecho que consagra que las normas sólo tendrán vigencia hacia el futuro a excepción de las que se refieran a la favorabilidad del procesado en asunto criminal. Igualmente, el artículo 13 del referido decreto, actual artículo 5º del 2271, es inconstitucional por las mismas razones.

    Además, señalan que el parágrafo 1º del artículo 52 que se refiere a la variación de asignación del J. por el Director Seccional de Orden Público, constituye una vulneración al principio de legalidad de la jurisdicción.

    También manifiestan que los artículos 58, 59 y 60 del Decreto 2790 de 1990, incluidos en el actual artículo 3º del Decreto 2271 de 1991, establecen una serie de restricciones a la libertad del procesado ya que limitan en la Jurisdicción de Orden Público las medidas de aseguramiento a la detención preventiva, excluyendo otras causales de libertad provisional y de suspensión de la detención, contraviniendo así, el artículo 13 y el inciso 4º del artículo 29 de la Constitución Nacional, además del numeral 5º del artículo y numeral 2º del artículo de la Convención Americana y el numeral 1º artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El desconocer para los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público la posibilidad de aplicar otras medidas de aseguramiento contraviene la función resocializadora que debe caracterizar a los sistemas punitivos democráticos.

    El artículo 65 del Decreto 2790 de 1990, establece una causal de interrupción de la prescripción de la acción penal para quien sea juzgado como reo ausente en delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público, sujeta al arbitrio del juez como se deduce de la expresión "según el caso".

    1. La demanda número D-087.

    2. Los artículos 4º y 6° del Decreto 2271 de 1991 que adoptaron como legislación permanente el parágrafo del artículo 9° del Decreto legislativo 099 de 1991, y del Decreto legislativo 1676 de 1991, son igualmente acusados por las mismas razones que en la demanda que se acaba de resumir.

      Fundamenta la demanda la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política que garantiza el principio del debido proceso legal puesto que viola claramente este precepto constitucional cuando establece que la competencia de los jueces de Orden Público se extiende, igualmente, para conocer de hechos punibles que hubiesen sido cometidos con anterioridad a la fecha de creación de dicha jurisdicción especial, y de conformidad con el procedimiento propio de ella.

      Los artículos 4º y 6º del Decreto 2271 de 1991, en cuanto acogen como vigentes respectivamente, los parágrafos de los artículos de los Decretos legislativos de los artículos 099 de 1991 y 1676 de 1991 que, sucesivamente, modificaron el parágrafo del artículo 9º del Decreto legislativo 2790 de 1991, violan en su juicio la garantía constitucional del debido proceso legal en su doble manifestación de: a) preexistencia necesaria de la ley que defina el hecho punible, y la forma de su juzgamiento; y b) la observancia de la plenitud de las formas de juzgamiento establecidas, para un hecho punible determinado, por una ley preexistente o anterior a su comisión.

    3. Demanda número D-126.

      Igualmente los ciudadanos P.E.P.G., C.P.R.L. y L.A.V.A. presentaron demanda solicitando la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo del artículo 9º del Decreto legislativo 2790 de 1990, modificado por el artículo 3º del Decreto Legislativo 1676 de 1991, que fue adoptado como legislación permanente mediante Decreto 2271 de 1991 en su artículo 6º, atribución que le confería el artículo 8º transitorio de la Constitución.

      Sostienen al respecto que la norma en cuestión, al plantear la competencia judicial para conocer de delitos cometidos con anterioridad a su definición como tales, implica el ejercicio arbitrario y desmesurado de la persecución punitiva que le atañe al Estado, y por ende, el sacrificio del principio de la legalidad.

      El principio de legalidad, recogido por la Constitución Nacional, que rige toda la estructura de nuestro ordenamiento penal y que tiene como fundamento el control de la intervención del Estado, con miras a lograr el respeto de las garantías fundamentales y la seguridad jurídica, significa que a nadie se puede imputar, procesar o condenar por un hecho si su comportamiento no ha sido previsto con anterioridad como punible (delito o contravención); no se puede imponer pena o medida de seguridad si no reúne la misma exigencia, y tampoco se puede someter a un proceso que no esté perfectamente determinado con antelación a la realización del hecho.

      Los artículos 28 y 29 de la Carta Fundamental exhiben una formulación integral del principio, al prescribir en primer término que toda intervención punitiva del Estado deberá ajustarse a leyes preexistentes. En segundo lugar y en particular, el artículo 29, establece que en materia penal, la ley permisiva o favorable aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

      IV INTERVENCIONES CIUDADANAS

      Durante el término de fijación en lista, se presentaron los siguientes escritos, en relación con la Demanda D-061:

      1. ) De coadyuvancia a la demanda, presentado por el ciudadano B.G., quien se refiere a la inconstitucionalidad del artículo 3º del Decreto-Ley 2271 de 1991, y fundamenta el cargo en la violación del artículo 228 de la Constitución que establece el funcionamiento autónomo de la administración de justicia y en el artículo 133 de la Constitución como desarrollo del conocido principio de la separación de poderes.

      2. ) De coadyuvancia a la demanda, presentado por la ciudadana M.F.M.C., quien considera que con posterioridad a la presentación de la demanda de la referencia (D-061) las diversas salas de selección de tutela de la Corte Constitucional admiten las normas internacionales ratificadas por Colombia sobre derechos, como normas con validez en el derecho interno colombiano; igualmente considera que el artículo 29 de la Constitución es norma fundamental que no admite la existencia de varios tipos de procedimientos pues se viola el principio de igualdad ante la ley.

      3. ) Escrito de impugnación de las demandas presentado por L.E.C.P., apoderado del Ministerio de Justicia.

      Considera que corresponde a la Corte Constitucional decidir acerca de la procedencia de su pronunciamiento; en efecto, varios aspectos relacionados con las normas atacadas le permiten afirmar que la Corte Constitucional, debe declararse inhibida para emitir pronunciamiento alguno en el presente caso, por sustracción de materia.

      Considera que las normas demandadas desaparecieron del ordenamiento jurídico colombiano el pasado 1º de julio a raíz de la entrada en vigencia del Decreto 2700 de 1991, nuevo Código de Procedimiento Penal, y la Corte Constitucional fallará sobre normas impugnadas que se encuentran derogadas.

      Sostiene que el Decreto 2271 de 1.991 se limitó a resolver un problema de vacío jurídico, o ausencia de norma aplicable, que se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de las disposiciones transitorias de la Constitución Política. Los Decretos 2790 de 1990, 099 de 1991 y 390 de 1991 fueron expedidos en ejercicio de las facultades extraordinarias que el artículo 121 de la Constitución anterior le otorgaba al Presidente de la República. Es bien sabido que la legislación expedida en uso de tales atribuciones no derogaba la legislación preexistente y sólo las suspendía. Levantado el Estado de Sitio, los Decretos expedidos durante su vigencia y en ejercicio de facultades extraordinarias perdían validez. Por eso se explica el artículo 8º transitorio de la Carta, norma que prorrogaba por 90 días la vigencia de dichos decretos y permitía al Gobierno convertirlos en legislación permanente previa la aprobación de la Comisión Especial Legislativa. En todo caso, es claro que los decretos comentados fueron expedidos como legislación de emergencia que por su misma naturaleza debía tener una vigencia temporal. El artículo 1º del mismo Decreto 2790 de 1990 comprueba la característica de vigencia temporal cuando prescribe: "Mientras subsista turbado el Orden Público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional...".

    4. Recusación a los Magistrados de la Corte Constitucional.

      El Sr. J.E.M.R., presentó escrito de recusación contra los Magistrados S.R.R., J.S.G. y F.M.D., con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 del decreto 2067 de 1.991 y se fundamenta en el hecho de que los Decretos 2790 de 1.990, 099 y 390 de 1.991, fueron examinados en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia en oportunidad antecedente y los citados Magistrados formaban en aquella oportunidad, parte de la Corporación.

      Los restantes Magistrados de la Corte Constitucional mediante providencia de julio 13 de 1.992 consideraron que el haber juzgado la constitucionalidad de los Decretos mencionados, ante la Constitución anterior y haber pronunciado el fallo correspondiente a la Corte Suprema de Justicia dentro de las reglas anteriormente vigentes, no constituye causal ninguna de impedimento o recusación, pues, el juicio que debe verificar la Corte Constitucional se hace frente a una nueva Constitución y sobre normas que formal y materialmente son distintas a las señaladas por los demandantes.

      V EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

      Aceptados los impedimentos que en su oportunidad expresó el Procurador General de la Nación, la señora V. General rindió en término el concepto de su competencia. Inicia su exposición refiriéndose a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales cuya "positivización tienen la ventaja de vincular a todo el sistema normativo, condicionando su interpretación y desarrollo y, simultáneamente, obligan a todas las autoridades sin distinción alguna en la ejecución de sus poderes, deberes y responsabilidades inherentes". Destaca, con miras a la dilucidación del asunto planteado, la existencia de derechos y de garantías tales como la igualdad de todas las personas, y las diversas garantías judiciales que, en su opinión, han de entenderse de acuerdo con "las previsiones preexistentes en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia". Normatividad que es vinculante "no sólo respecto de las decisiones judiciales sino también en materia político-legislativa"; cita al respecto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, señalando precisos apartes de su contenido que comprometen a los estados.

      Analiza las disposiciones constitucionales transitorias, e indica que en desarrollo de las habilitaciones extraordinarias conferidas al gobierno, se encuentra la de la incorporación como legislación permanente del Estatuto de Defensa de la Justicia, la expedición del Estatuto Orgánico de la F.ía General y finalmente el Decreto 2700 de 1991 o nuevo Código de Procedimiento Penal. Sobre esta base, y partiendo del principio de separación de los poderes públicos, concebido para impedir la concentración de los mismos, pasa a examinar la estructura constitucional de la administración de justicia. Sostiene al respecto que la estructura constitucional básica "y el establecimiento expreso y directo de las excepciones, no reconoce ni permite admitir que pueda, después de expirado el plazo de adaptación del sistema jurídico penal o de tránsito, la subsistencia o incorporación analógica de la jurisdicción especial de orden público", porque dicha jurisdicción fue diseñada como "especial y paralela" a la ordinaria y tenía como base de operación un apoyo técnico, logístico, administrativo y financiero "cuyo origen y naturaleza no era puramente judicial "dada la interferencia del ejecutivo; además en su momento se justificaba en atención a la gravedad de los hechos, pero "por su origen, naturaleza y concepción, su proyección en el tiempo sólo podría ser transitoria", en fin, "porque la Constitución Política vigente expresamente señala cuáles son las jurisdicciones especiales, y por ende prohibe deferir la jurisdicción a otros órganos, como fue la jurisdicción de orden público que indiscutiblemente dejó de tener existencia jurídica al entrar en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal y en funcionamiento la F.ía General de la Nación...".

      Luego de enunciar algunas funciones de la F.ía General de la Nación, puntualiza la señor V. que la Asamblea Nacional Constitucional estableció dos importantes previsiones, a saber: Que aún durante los estados de excepción (artículos 212 y 213) el Gobierno no podrá suprimir ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento (art. 252). Y que se defiere a la ley la determinación de la estructura y funcionamiento de la F.ía General, el ingreso a la carrera y el retiro del servicio, así como lo atinente a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia (art. 253), de modo que "tanto la función de acusación como la de juzgamiento sólo pueden ser desarrolladas por los organismos y funcionarios judiciales habilitados por la Constitución y la ley" y, en virtud de la entrada en vigencia de la Carta y del nuevo Código de Procedimiento Penal y del comienzo del cumplimiento de sus funciones por la F.ía General, "fenece aquella jurisdicción y sus organismos administrativos y operativos citados, para dar paso de una parte al nuevo órgano requirente constituído por la F.ía General y, de otra a los Juzgados Regionales y Tribunal Nacional".

      Sostiene la señora V. General que la denominada legislación permanente, particularmente el Decreto 2271 del 4 de octubre de 1991 fue derogada por el Decreto 2700 de 1991, con fundamento en las siguientes razones:

      "El nuevo Código de Procedimiento Penal derogó expresamente el anterior, sus normas complementarias y todas las disposiciones que le sean contrarias"; así se desprende de la lectura de los artículos 2o. 5o. y 7o transitorios del nuevo estatuto procesal penal y también de sus artículos 71 y 69 que prevén las reglas de la competencia asignada a los jueces regionales, entendiéndose que la segunda instancia se surte ante el Tribunal Nacional. La derogación de las leyes puede ser expresa o tácita y en este orden de ideas "siendo que en materia penal, consagrando expresamente normas que se refieren a los trámites y situaciones procesales que se habían de observar ante la extinta jurisdicción de Orden Público, recogida durante el tránsito del ajuste institucional judicial por disposición posterior a ella la derogó, quedando a salvo exclusivamente todo aquello que no pugne con las disposiciones de la nueva ley". A lo anterior se agrega que el artículo 5o. transitorio ordenó la integración de la jurisdicción de orden público a la ordinaria, regulando exclusivamente la competencia, pues, el procedimiento se encuentra señalado en el Código de Procedimiento Penal sin que el alcance de esta norma pueda extenderse dado que en materia procesal la interpretación debe ser restringida y la competencia deber ser expresa, concreta y limitada por el legislador. De otra parte, el Tribunal Nacional y los J.R. perderán su competencia una vez vencido el período previsto en el artículo 2o. transitorio del C. de P.P., momento en el cual "no habrá quienes apliquen esas normas pues a partir de allí la competencia será asignada a jueces del circuito o a los que designe la ley"; además la expresión "legislación permanente" que aparece en el nuevo Código no puede interpretarse en el sentido de que encuentre "paralelamente vigente" y no puede entenderse "como sinónimo de aplicación indefinida de la legislación especial de orden público, sino como una expresión coyuntural."

      Estima la señora V. General que la legislación permanente también fue expresamente derogada por el Estatuto Orgánico de la F.ía General de la Nación y por el correspondiente al Consejo Superior de la Judicatura, algunas de cuyas normas comenta en punto a demostrar su aserto; finalmente consigna su criterio en el sentido de que "El Código de Procedimiento Penal es la única legislación aplicable para la tramitación de los asuntos de competencia de la F.ía General de la Nación y de los jueces...no sólo por expresa y directa previsión sino por el desarrollo contextual de las atribuciones de investigación, calificación y acusación y de juzgamiento asignadas a ellos, en particular los deferidos a los F.R. y Tribunal Nacional...".

      La señora V. General señala que ni el nuevo ordenamiento procesal penal, ni los estatutos a los que se ha aludido podían prever, sin contrariar la Constitución, "la coexistencia de régimenes procesales para la tramitación y sustanciación de los asuntos de competencia de los fiscales y jueces regionales, pues la estructura del proceso penal en sus etapas de investigación y juzgamiento contiene una regulación completa y expresamente omnicomprensiva de la normatividad que única y exclusivamente pueden y deben aplicar los F.R. y los J.R., como integrantes de la justicia ordinaria y ante la proscripción de jurisdicciones especiales distintas a las autoridades explícitamente consagradas por la Constituyente". El artículo 5o. transitorio del C. de P.P. ordenó la integración de la antigua jurisdicción de orden público a la ordinaria, e integrar "significa unir entidades separadas en un todo coherente, en donde la entidad que se integra pierde su naturaleza, funciones y nominación y obviamente su autonomía, aspectos que los asume o adquiere el nuevo órgano". No cabe entonces por vía de interpretación auténtica o analógica integrar al ordenamiento un conjunto de normas que han sido retiradas del mismo, y aún suponiendo una tal interpretación, no pueden entenderse incorporadas las funciones de la anterior jurisdicción de orden público a los nuevos organismos de la F.ía General de la Nación, puesto que "no existe previsión alguna que permita o autorice asimilar los cargos y sus funciones a los creados...rompería el principio de legalidad y la determinación de las funciones de cada cargo de este nuevo organismo de investigación y acusación, el pretender establecer equivalencias entre los cargos suprimidos y los nuevos, porque la ley no lo prevé y no es dable en esta materia hacer esa clase de hermenéuticas".

      Seguidamente la señora V. indica que en razón de la declaratoria del Estado de Conmoción Interior mediante Decreto 1155 de 1992, el Gobierno Nacional adoptó medidas otorgando vigencia "al ordenamiento derogado del Decreto 2271 de 1991 y defiere parcialmente la vigencia del Estatuto Procesal Penal"; situación frente a la cual, y en el hipotético caso de que la Corte Constitucional encuentre exequibles los decretos citados, cabrían tres precisiones, así:

      - Si la Corte admite la vigencia del decreto parcialmente demandado, de conformidad con las consideraciones precedentes, la mayor parte de sus disposiciones efectivamente estarían derogadas; en el concepto se señalan tales disposiciones.

      - Partiendo del supuesto de que la Corte admita la vigencia del decreto parcialmente demandado, no se opondrían a la Carta las normas que la señora V. incluye en esta parte de su concepto, las que, por ende deberían ser declaradas exequibles.

      - Dependiendo de la decisión de exequibilidad sobre los Decretos de Conmoción Interior, podrían estar vigentes algunas normas, pero resultarían inconstitucionales en cuanto violatorias del derecho de defensa y del debido proceso; así, el artículo 17 del Decreto 2790 de 1990 al otorgarle al Ministro de Justicia la facultad de variar oficiosamente la radicación del proceso, desconoce los derechos de los sujetos procesales y afectaría precisas competencias tanto del F. General como del Consejo Superior de la Judicatura; el artículo 34 al diferir para la etapa del juicio la controversia del material probatorio, suprime el ejercicio del derecho de defensa; razón por la cual también resulta inconstitucional el artículo 2o. del Decreto 099 de 1991; el artículo 52 del Decreto 099 de 1991 al establecer que las solicitudes de nulidad por causa que se presente durante el juicio y toda otra solicitud excepto la de pruebas o la de libertad del procesado, serán decididas en la sentencia, desconoce que las nulidades son mecanismos para reclamar y hacer variables los derechos fundamentales judiciales; el testimonio secreto (artículo 22 del Decreto 099 de 1991) atenta contra el derecho de defensa e impide a la parte acusada y al funcionario judicial valorar las condiciones del testigo; igualmente atenta contra ese derecho permitir a los testigos o peritos que intervengan en el trámite señalado en el artículo 27 del Decreto 099 de 1991 y solicitar las garantías de reserva y seguridad consagradas en el artículo 22; el inciso 3o. del artículo 37 del Decreto 099 de 1991 vulnera el derecho de defensa al autorizar al juez para que disponga la reserva de las decisiones o de alguna prueba concreta hasta el cierre de la investigación; la reserva de la identidad del juzgador se opone al derecho de defensa, pues limita la posibilidad de un proceso imparcial y objetivo en cuanto prácticamente elimina el impedimento y la recusación; en ese sentido resulta inconstitucional el artículo 50 del Decreto 099 de 1991.

      La señora V., con base en las consideraciones que se han resumido, solicita a la H. Corte Constitucional que se declare inhibida para proferir fallo de mérito, o que en caso de encontrar exequible el Decreto 1156 de 1992, se declare inhibida para conocer de la demanda de casi todas las normas acusadas, por haber operado la derogatoria; que declare la exequibilidad de los artículos del Decreto 2271 de 1991 que no se oponen a la Carta, de acuerdo con el análisis efectuado y declare la inconstitucionalidad de los artículos del Decreto 2271 de 1991 que según el estudio presentado resultan contrarios a la Carta.

      VI INTERVENCION DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

      El D.A.G.D., en su calidad de Ministro de Justicia y asumiendo la representación del Ministerio a su cargo, "en sustitución de los apoderados especiales que han venido actuando en su nombre", el doce (12) de agosto de 1991 presentó personalmente un escrito en el que solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones del Decreto 2271 de 1991 que han sido acusadas por los accionantes mediante las demandas cuya acumulación se ordenó; además, solicita a la Corte considerar su escrito "como la postura oficial del Gobierno a través del Ministerio de Justicia, argumentación que sustituye las consideraciones presentadas".

      Afirma la plena vigencia del "Decreto Extraordinario 2271 de 1991 y, por ende, de todas las disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades inherentes a la antigua figura del Estado de Sitio que por virtud suya se elevaron a categoría de legislación permanente", aseveración que, en su sentir, encuentra fundamento en el ejercicio de la facultad extraordinaria que la Nueva constitución Política en sus artículos 8 y 10 transitorios le confirió al Gobierno Nacional, motivo por el cual tales disposiciones rigen de manera general y obligatoria en todo el territorio nacional", no siendo dado desconocerles "el grado de validez que les corresponde en el marco de la normatividad jurídica interna" sin poner "en entredicho el alcance que la misma Constitución les asigna en virtud de los artículos 8 y 10 transitorios".

      Observa que el anterior criterio fue expuesto también por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 22 de julio de 1992, en el que se puntualizó sobre la vigencia del Decreto 2271 de 1991 por contener normas especiales.

      De acuerdo con lo anterior, la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Penal, que reguló sistemáticamente las actuaciones procesales ordinarias, no implica que "se haya producido ipso iure la derogatoria de las normas especiales precedentes cuya permanencia tiene origen en la propia voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente "que prorrogó la vigencia de dichas normas durante 90 días y autorizó la posibilidad de erigirlas en legislación permanente previa no improbación de la Comisión Especial Legislativa, pues, "No tendría sentido que una misma voluntad constituyente hubiese otorgado al Gobierno Nacional, facultades extraordinarias para la expedición de unas nuevas normas de procedimiento penal (Artículo 5° transitorio, literal a) y, al propio tiempo, para dar carácter permanente a normas como las previstas en el Decreto 2271, si el resultado final habría de ser per se excluyente y derogatorio".

      En este orden de ideas, en su opinión, el Decreto 2271 "forma parte de un estatuto especial y de aplicación prevalente" siendo aplicable el Código de Procedimiento Penal en materia de los delitos de orden público, siempre que "no hubiere norma prevista para el caso en la legislación especial, tal como se dispone en el artículo 100 del Decreto 2790 de 1990..."; tanto el Decreto 2700 de 1991, como el 2271 del mismo año "por estar ubicados en un ámbito de regulación distinto, por referirse a dos planos de aplicación diferentes, tienen una vigencia simultánea, no opuesta entre sí", Es que el último decreto mencionado responde a precisas necesidades del país ante la ausencia de especiales mecanismos "para asegurar la persecución de las organizaciones criminales y, al propio tiempo, ante la necesidad de amparar la integridad de los servidores de la justicia".

      Manifiesta el señor Ministro que mientras sigan subsistiendo las causas que estuvieron al origen de esta situación de emergencia "continúa teniendo justificación la aplicación de normas excepcionales cuya vigencia es tan evidente 'que se les fijó una temporalidad' (artículo 2 transitorio del C. de P.P.)".

      Sobre la "naturaleza de las disposiciones demandadas" y el alcance de la impugnación, considera que el Decreto 2271 de 1991 es un acto con fuerza de ley que "por sí mismo no establece ordenes, mandatos o prescripciones generales en el sentido de las leyes materiales ordinarias" constituyendo "el instrumento necesario para formalizar el ejercicio de una atribución especial. Destaca que el Gobierno Nacional tuvo el particular cuidado de incorporar en él "las normas vigentes sobre las cuales se dió una decisión de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, así como otras que tienen sustento en la jurisprudencia constitucional", conformando por lo mismo, "un estatuto organizado y sistemático que se refiere en todas sus partes a la misma materia: los mecanismos de protección necesarios para garantizar la administración de justicia en el ramo penal, en relación con conductas punibles de alta peligrosidad y específicamente tipificadas".

      La parte más extensa del memorial está dedicada a la exposición de las "razones que justifican la constitucionalidad de las normas impugnadas"; en su opinión, éstas integran "un estatuto especial caracterizado por la previsión de unas instituciones judiciales mucho más vigorosas y eficaces para la difícil tarea que significa la investigación y juzgamiento de modalidades criminales particularmente peligrosas y complejas", de modo que en las normas cuestionadas subyace una decisión de política criminal del Estado Colombiano que "sólo al legislador le es dado valorar" como en su oportunidad lo sostuvo la H. Corte Suprema de Justicia; todo lo anterior en procura de la preservación de bienes jurídicos como la vida, la seguridad ciudadana, la tranquilidad y salubridad públicas y la economía nacional, amenazados por la delincuencia organizada, requiriendo por tal razón "un mayor grado de protección", para "alcanzar un equilibrio razonable entre la eficacia de la capacidad sancionatoria del Estado y los derechos y garantías fundamentales de quienes directa o indirectamente deban tomar parte en el desarrollo de un proceso penal, incluidos los servidores públicos a cuyo cargo se encuentra", pues "con el Estatuto para la Defensa de la Justicia Colombia quiere reivindicar la majestad de la justicia en la persona de quienes le sirven con fervor y denuedo".

      Analiza los cargos formulados contra las disposiciones acusadas y advierte que el de la presunta administrativización del proceso penal, comprende el mayor número de normas demandadas "por lo cual se responde en primer término señalando que no existe la pretendida intromisión de la R. Ejecutiva en las actividades de la R. Jurisdiccional", pues "el presente cargo carece ya de toda justificación a la luz de la Constitución Política de 1991 y de las normas legales vigentes que han desarrollado las nuevas instituciones judiciales". En efecto, de la lectura del inciso quinto del artículo 27 transitorio de la Carta, de los artículos 64 y 2 transitorio del Decreto 2699 de 1991, orgánico de la F.ía General de la Nación, así como del artículo 7 transitorio del Nuevo Código de Procedimiento Penal, se desprende que "la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, la Subdirección de Orden Público y sus respectivas seccionales, en cuanto se han integrado formalmente a la F.ía General de la Nación por ministerio de la Constitución y de la ley, se convirtieron en organismos propios de la R. Judicial, en verdaderas autoridades judiciales", lo que armoniza con lo preceptuado en los artículos 116 inciso 1 y 249 inciso 2 de la Carta. El Decreto extraordinario 2699 de 1991 ha previsto para la organización interna de la F.ía General de la Nación, la creación de "dependencias que han venido a subsumir a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y a la Subdirección de Orden Público en las atribuciones y las facultades que el Estatuto para la defensa de la Justicia les confería a las últimas; así, pues, el Capítulo IV del referido decreto creó la Dirección Nacional de F.ías y la Dirección Regional de F.ías, así como las correspondientes direcciones seccionales, para el cumplimiento de funciones administrativas y judiciales de apoyo a las Unidades de F.ía que les están adscritas, esto es, de aquellas que actúan ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional y los J.R.", aclarándose que el ejercicio de tales funciones corresponde a "autoridades eminentemente judiciales".

      Contiene el memorial un análisis pormenorizado de las normas acusadas, orientado a rebatir los argumentos de los demandantes y a fundamentar su constitucionalidad, la que en su opinión es posible predicar partiendo de la base de la no violación del derecho de defensa ni del debido proceso, ni del principio de igualdad, ni de ninguna de las otras garantías constitucionales tales como el principio de publicidad, el derecho de contradicción, la legalidad de la jurisdicción, los principios de favorabilidad, irretroactividad de la ley penal, reserva, presunción de inocencia, etc.

      Respecto de la solicitud adicional contenida en la demanda No. 061 en el sentido de obtener un pronunciamiento por vía general sobre el efecto derogatorio que pudo haber causado la entrada en vigencia del decreto 2652 de 1991 contentivo de las medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, estima el señor Ministro, que las dichas medidas "no tienen virtualidad derogatoria ninguna". En punto a la obligatoriedad de los tratados, convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos, invocados por los accionantes, reitera el Ministro de Justicia el convencimiento que asiste al Gobierno Nacional sobre su obligatoriedad y sobre el carácter vinculante para el Estado colombiano y agrega que "el Gobierno considera que la juridicidad de las disposiciones examinadas puede sostenerse categóricamente a la luz de los postulados de la Constitución Política y que entendidas en el contexto de las razones aquí expuestas, no vulneran los mandatos del derecho internacional."

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera.- La competencia y los especiales requisitos de forma

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo Transitorio 10 de la Constitución Política, corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de los decretos que haya expedido el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas en los artículos transitorios 5o. , 6o. y 8o. de la misma codificación constitucional.

En atención a que las disposiciones constitucionales transitorias que se invocan como fundamento para la expedición de las normas acusadas no establecen distinción alguna sobre el tipo y la clase de control de constitucionalidad en esta especial materia del ejercicio de las facultades extraordinarias de origen constituyente, dicho control se debe verificar ante esta Corporación judicial de modo integral, es decir, tanto por el fondo o por el contenido, como por la forma que debe revestir su expedición ante la nueva Carta Constitucional. Adviértase que la Carta Constitucional de 1991, no obstante convalidar transitoriamente hasta por el término de noventa (90) días la vigencia de las disposiciones que se habían expedido a la luz de la anterior normatividad superior en una modalidad expresa de dispensa transitoria de constitucionalidad, y que podían durante dicho término ser incorporadas como legislación permanente, exige su examen tanto por los especiales aspectos de forma que se advierten, como por los aspectos de fondo que aparecen en el nuevo texto constitucional.

Obviamente, el examen de los aspectos de forma de las disposiciones acusadas se verifica en esta Corporación frente a los especiales requisitos que para el ejercicio de las mencionadas facultades estableció el mismo Constituyente y no frente a los ordinarios y generales que también contempla la Carta para el caso de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador a la luz de lo dispuesto por el artículo 150 de aquella.

En este sentido se tiene que las normas acusadas forman parte del Decreto 2271 de 1991, que a su vez corresponde al ejercicio de las facultades otorgadas de manera especial por el Artículo 8o. Transitorio de la nueva Carta Fundamental mediante el cual el Gobierno estuvo habilitado para convertir en legislación permanente mediante decreto, los actos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio previstas en el artículo 121 de la anterior Constitución Política hasta la fecha de promulgación del Acto Constituyente.

En efecto, el artículo 8° transitorio de la Constitución Política dispuso:

Los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de promulgación del presente Acto Constituyente continuarán rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Nacional podrá convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la Comisión Especial no los imprueba (Subrayas de la Corte).

La "Comisión Especial" prevista por el artículo transitorio 8° de la Constitución Política de 1991 fue creada por el artículo transitorio 6° de la misma Carta Fundamental, en los siguientes términos:

"Créase una Comisión Especial de treinta y seis miembros elegidos por cuociente electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de los cuales podrán ser Delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y entre el 18 de noviembre de 1991 y el de la instalación del nuevo Congreso. La elección se realizará en sesión convocada para este efecto el 4 de julio de 1991.

"Esta Comisión Especial tendrá las siguientes atribuciones:

"

  1. Improbar por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de decreto que prepare el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el artículo anterior y en otras disposiciones del presente Acto Constituyente, excepto los de nombramientos.

"Los artículos improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno.

"b) Preparar los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la Constitución. La Comisión Especial podrá presentar dichos proyectos para que sean debatidos y aprobados por el Congreso de la República.

"c) Reglamentar su funcionamiento.

Como se observa, el control de la constitucionalidad de los decretos que expidió el Gobierno Nacional en desarrollo de las atribuciones especiales que le fueron conferidas por el artículo transitorio 8 de la Constitución Política de 1991, fue confiado por ésta, a la Corte Constitucional bajo el tramite procesal de carácter judicial que debe dársele a los restantes decretos de facultades extraordinarias; es así como el artículo transitorio 10 de la Carta estableció:

Los decretos que expida el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en los anteriores Artículos tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional.

Por su parte, el artículo 241 de la Carta, entrega a la Corte Constitucional las expresas y precisas competencias para adelantar la guarda de la supremacía y de la integridad de la Constitución, las que naturalmente comprenden el examen de disposiciones como las acusadas en las demandas que se resuelven.

Conforme a las anteriores normas se advierte que esta Corporación es competente para conocer del decreto 2271 de 1991, dictado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades excepcionales otorgadas por el artículo 8° transitorio de la Carta, y no improbado por la Comisión Especial Legislativa.

Igualmente, de los documentos que aparecen en el expediente, se tiene que el texto de las disposiciones que son acusadas forma parte de los decretos que habían sido expedidos por el Gobierno Nacional bajo el régimen del Estado de Sitio y que no fueron improbados por la Asamblea Nacional Legislativa; por tanto, por este aspecto no se encuentra vicio de constitucionalidad y así habrá de declararlo la Corte Constitucional.

Segunda.- El Examen de las disposiciones acusadas.

A)Consideraciones Preliminares

-Para adelantar el examen de la constitucionalidad del conjunto de disposiciones jurídicas que hacen parte de las demandas que se atienden en esta oportunidad por la Corporación, es necesario advertir que se trata del Decreto 2271 de 1991 expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las mencionadas facultades extraordinarias conferidas por el Constituyente para revestir de carácter permanente a las normas expedidas al amparo de la Constitución de 1886 dentro de la figura del anterior Estado de Sitio para garantizar la eficacia de la Administración de Justicia en el ámbito penal, y para rodear al personal de sus servidores de especiales garantías ante la escalada de la delincuencia organizada del narcotráfico y del terrorismo.

Se trata de la una expresión normativa compleja en la que están presentes tanto la voluntad del Gobierno Nacional, como la de la Asamblea Nacional Constituyente y la Comisión Especial Legislativa, fundada en la idea de rodear de garantías y seguridades a los jueces, funcionarios y empleados de la R. Judicial del Poder Público, para hacer efectivas sus actuaciones y sus decisiones. Dicha expresión política de los poderes públicos se funda también en la necesidad de fortalecer la acción de los organismos judiciales en las labores de investigación, acusación y juzgamiento en un ámbito especial de las modalidades criminales contemporáneas en las que están de por medio grandes poderes de organización y financiación, y que por las acciones realizadas de manera sistemática denotan propósitos concientes de ataques a la vida y a la integridad de los funcionarios judiciales y de sus familias; por lo mismo, se trata de proteger también a los testigos y colaboradores eficaces de la administración de justicia y a los miembros de la fuerza pública que participan en el ejercicio de funciones de Policía Judicial.

Basta examinar los antecedentes y las persistentes situaciones de amenaza, atentados y crímenes para percibir con claridad que se trata de una grave condición de presión que debe ser atendida con medidas especiales que respondan a ella. Es necesario advertir en primer término que las normas a las que pertenecen las disposiciones acusadas tienen como propósito final el de permitir a los funcionarios judiciales condiciones de protección y de agilidad suficientes y necesarias para el cabal cumplimiento de las tareas que le encomienda la Constitución a todos los órganos del Estado en general y a la R. Judicial en particular, la que en condiciones ordinarias no ha sido suficientemente efectiva para contrarrestar los ataques al orden jurídico, a la paz pública y a la convivencia ciudadana.

Los sucesos que ha conocido el país, los magnicidios y los atentados terroristas están en la base de la mencionada reflexión del Constituyente y han conducido a elaborar, dentro de la estructura normativa de la Constitución, soluciones jurídicas de carácter orgánico y procedimental especial como las que se examinan.

Estos asertos fueron recogidos de manera expresa por la Comisión Especial Legislativa y por el Gobierno Nacional bajo el entendido de que no obstante su carácter de emergencia debían mantenerse dentro del nuevo marco organizativo y funcional de la Carta, puesto que las condiciones que rodean el funcionamiento de la R. Judicial en el mencionado ámbito especial de la legislación penal contra el crimen organizado y el terrorismo, se mantenían y continuaban en su persistente acción.

-Las normas convertidas en legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991 y ahora algunas de ellas acusadas en las demandas que se examinan, integran un estatuto especial que se caracteriza por el mantenimiento de unas instituciones judiciales vigorosas y eficaces, en condiciones que les permitan funcionar dentro del Estado de Derecho en las tareas de investigar y juzgar las conductas criminales de la delincuencia organizada y terrorista. Se trata, en otros términos de que el Legislador ha estimado necesario preservar de manera especial bienes jurídicos de alto valor, que por las particularidades de las modalidades criminales advertidas afectan gravemente la convivencia y la seguridad ciudadanas.

-De otra parte, destaca la Corte en esta oportunidad que conforme a lo previsto en el artículo 3o. del Decreto 2271 de 1991, se adoptaron como legislación permanente algunas medidas contenidas en el Decreto 2790 de 1990, cuyo artículo 100 de modo especial prescribe que "En las materias no reguladas por este Decreto, se aplicarán las normas del Código Penal y las del Código de Procedimiento Penal, así como las que los adicionen o reformen".

De lo anterior se desprende que los estatutos referidos sólo podrán aplicarse en los procesos de los que conocen los F.es y J.R. y el Tribunal Nacional, y en las materias tratadas en los decretos especiales expedidos por el Gobierno Nacional como legislación permanente previa su no improbación por la Comisión Especial Legislativa. T. en cuenta que aun cuando el nuevo Código de Procedimiento Penal regule en forma sistemática las actuaciones procesales ordinarias, en ningún momento puede entenderse que por su entrada en vigencia se haya producido el fenómeno de la derogatoria de las normas especiales que se examinan en esta providencia.

Resulta incongruente y por lo mismo no atendible por carente de sentido jurídico el que las facultades extraordinarias de origen constituyente hubiesen sido ejercidas simultáneamente por el mismo órgano de manera contradictoria, puesto que tanto las normas del Código de Procedimiento Penal como las de la legislación especial para los delitos de que conocen los F.es y los J.R. conservan su vigencia cada una en sus ámbitos propios; más bien, dado el carácter especial de estos últimos, el Código en mención resulta aplicable en defecto de las normas especiales cuando no hubiere regla prevista para el caso de que se trate en éstas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 del Decreto 2790 de 1990, como se vió más arriba.

-El artículo 5o. transitorio del Nuevo Código de Procedimiento Penal dispuso la integración de la antigua jurisdicción de Orden Público a la ordinaria desde el momento mismo de su entrada en vigencia, siendo importante señalar a este respecto que la competencia de los ahora denominados F.es y J.R. y Tribunal Nacional no sufrió modificación alguna como que continúan conociendo de los hechos punibles anteriormente atribuídos a la jurisdicción de orden Público, de acuerdo con los decretos convertidos en legislación permanente, sin que pueda entenderse que el artículo 5o. transitorio se refiere exclusivamente a la competencia, por cuanto las normas especiales consagran, además, el procedimiento aplicable y lo relativo a la libertad; es decir, la mencionada disposición comprende tanto la competencia, como el procedimiento indicado en las normas especiales.

De lo anotado en precedencia puede concluirse que los procesos asignados al conocimiento de F.es y J.R. y al Tribunal Nacional deberán regirse por los decretos especiales incorporados como legislación permanente de tal forma que la aplicación del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal se circunscribe a aquellas materias que no encuentran regulación en las normas especiales.

A la misma conclusión es posible arribar si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 2o. transitorio del Decreto 2700 de 1991 (Nuevo Código de Procedimiento Penal), conforme al cual los J.R. continuarán conociendo de los asuntos de su competencia durante diez (10) años a partir del primero (1o). de julio de mil novecientos noventa y dos (1992); asuntos y procedimientos, se repite, contemplados en las normas especiales a las que se ha hecho referencia, las que mantienen su vigencia en razón de una norma posterior, como para el caso lo es el supracitado artículo 5o. transitorio del Nuevo Código de Procedimiento Penal.

Esta interpretación coincide con la realizada por el legislador extraordinario mediante el Decreto 1156 de 1992, la que se invoca por el Gobierno Nacional para reiterar que el nuevo estatuto procesal penal no derogó las normas especiales, que en consecuencia siguen vigentes; aseveración que también encuentra sustento en el hecho de que la Comisión Especial Legislativa no improbó y, por el contrario, permitió la adopción de las normas especiales como legislación permanente y, al mismo tiempo, igual conducta adoptó en relación con el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Cabe señalar que esta Corporación, en ejercicio de sus competencias de control de la Constitucionalidad de los decretos expedidos con base en las facultades que otorga el nuevo régimen de la Conmoción Interior (art.213 C.N.), expresó su jurisprudencia al respecto de la vigencia de las disposiciones especiales, que provienen del anterior ordenamiento constitucional, pues fueron expedidas a la luz del anterior régimen del Estado de Sitio y son convertidas posteriormente en legislación permanente por el Gobierno Nacional bajo las condiciones de la habilitación legislativa extraordinaria originada en la voluntad del Constituyente; en dicha oportunidad la Corte Constitucional señaló que esta normatividad tiene carácter especial por razón de la materia de que se ocupa y que no resulta derogada por la entrada en vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal, conservando su vigor en cuanto no resulten contrarias a la Carta.

Ahora bien, la Corte Constitucional encuentra que en la mencionada legislación especial de carácter penal y procedimental penal que se examina en esta oportunidad, aparecen disposiciones que, en cuanto no resultan contrarias a la Carta Fundamental, deben ser examinadas con criterios sistemáticos, adecuadores e integradores en procura de su cabal interpretación frente a toda la nueva normatividad organizativa de la R. Judicial del Poder Público, tal y como se verá enseguida.

B) La materia de las normas acusadas.

  1. ) Respecto de la parte acusada del artículo segundo del Decreto 2790 de 1990, que establece la competencia de la antigua "subdirección de orden público" para fijar la sede donde cumplirán sus funciones los "jueces de orden Público" (Jueces y F.R.), ahora subsumida orgánicamente en la F.ía General de la Nación, incorporada como legislación permanente por el artículo 4o. del Decreto 2271 de 1991, cabe hacer la siguiente distinción:

    - En la etapa de instrucción, el F. General de la Nación, de conformidad con la nueva regulación constitucional, quedó habilitado para asumir directamente la instrucción y ordenar la remisión de la actuación a otro fiscal, según lo previsto por el numeral 5º. del artículo 121 del C. de P.P.; lo que significa que para los efectos de lo dispuesto por el citado artículo segundo acusado y en lo que hace a las competencias ejercidas por los fiscales regionales, quienes ahora son los habilitados para adelantar la etapa de instrucción, la norma aplicable de manera complementaria con dicho fin específico es el citado numeral 5º. del artículo 121 del C. de P.P..

    Esta interpretación obedece a la aplicación de las reglas de la lógica jurídica sobre tránsito legislativo que en este caso, de manera especial, divide el ámbito de la actuación judicial de las disposiciones sobre competencia entre los fiscales y los jueces regionales. Se indica, además, que la Carta Fundamental establece que la competencia de los fiscales se extiende a todo el territorio nacional según las voces del penúltimo inciso del artículo 250 de la normatividad superior.

    -Ahora bien, en la etapa del juicio, cabe indicar que estas funciones, es decir, las de señalar la sede de los "jueces regionales" ya no corresponde a dichos funcionarios, ni a la dependencia que lo sustituye dentro del nuevo marco constitucional del procedimiento penal, sino que por disposición expresa de la Carta, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la Ley, el señalamiento de dichas sedes para fijar la división del territorio con fines judiciales, y ubicar y redistribuir los despachos (art. 257 num. 1o. C.N.)

  2. ) En lo que corresponde al artículo 17 del Decreto 2790 de 1991, se observa que en él se establece como competencia especial del Ministerio de Justicia la facultad de variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces ahora llamados regionales, en determinadas condiciones relacionadas con la afectación del orden público, la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad del procesado; en este sentido a juicio de la Corte Constitucional no existe fundamento alguno para decretar su inexequibilidad en atención a que se trata de una competencia expresa de carácter administrativo que debe adelantarse de conformidad con las reglas que regulan las actuaciones de la administración en su nivel superior. Adviértase que este examen se verifica con independencia de las disposiciones contenidas en el capítulo quinto del C. de P.P., en concordancia con el artículo 9º. del Decreto 2790 de 1991, que establece las reglas especiales sobre la competencia de los jueces regionales.

    Se observa además, que se trata del cambio de radicación del proceso, lo que comprende tanto la etapa de instrucción como la de juzgamiento, bajo el entendido de que en esta materia existe concurrencia de competencias entre el Ministro de Justicia y la F.ía General de la Nación, entidades que deben participar de manera coherente y armoniosa a resolver las situaciones que motiven tan delicada situación, puesto que se trata de competencias especiales para atender unas condiciones también especiales en las que se ha colocado a la administración de justicia dentro del marco de las acciones del crimen organizado.

    T. en cuenta, además que la competencia de la F.ía General en esta materia está circunscrita exclusivamente a la etapa de instrucción.

  3. ) En relación con el artículo 29 que se acusa parcialmente en la parte de la competencia para la conservación del expediente en el que se haya proferido auto inhibitorio, se observa que la expresión "Director Seccional" ha sido reemplazada en su interpretación sistemática por la figura del Director Regional de F.ías que en adelante asume esta función predicada para la anterior figura, ahora desaparecida. Además, el inciso segundo del citado artículo 29 que también se acusa, regula la posibilidad de la revocatoria del auto inhibitorio o resolución inhibitoria como ahora se denomina, lo cual puede ordenarse de conformidad con las normas del C. de P.P. que aparecen recogidas en su artículo 328, al cual hace remisión expresa la disposición acusada. Observa la Corte que las disposiciones citadas (artículo 29 inciso 2º. del Decreto 2790/91 y el artículo 328 del C. de P.P.), son complementarias y no excluyentes, salvo en cuanto que las reglas previstas en el artículo 29 acusado se aplican exclusivamente para los delitos de competencia de los jueces regionales; en este sentido, existe correspondencia y no derogatoria entre el ámbito regulado de manera general por el artículo 328 del C. de P.P. y aquel al que se dirige de manera especial el artículo 29.

  4. ) El artículo 34 acusado parcialmente establece la posibilidad de diferir la vinculación de alguno de los implicados para el momento del sumario que se considere más oportuno, de acuerdo a las necesidades de la investigación y cuando haya pluralidad de imputados en la comisión del hecho; al respecto se observa que el artículo 9º. del C.P.P. sobre la finalidad del procedimiento ordena que "En la interpretación de la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que la finalidad del procedimiento es la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que en él intervienen".

    Además, la Corte encuentra que aun cuando no fueron acusadas en esta oportunidad, las restantes partes del artículo 34 del Decreto 2790 de 1990, debe entenderse que forman con la parte acusada un instrumento especial de garantía de los derechos constitucionales de los imputados en el trámite sumarial o etapa de instrucción; ésta es razón suficiente para estimar que no obstante que el artículo 352 inciso 2º. del Nuevo C. de P.P. reproduzca de manera más o menos similar la parte acusada de este artículo, él mantiene su vigencia autónoma y debe declararse constitucional. Deferir dicha vinculación es un instrumento procesal enderezado a garantizar la efectividad del derecho material y de los derechos de todas las personas que intervinieren en el proceso; se trata de permitirle al fiscal la facultad de señalar la oportunidad correspondiente de acuerdo con el desarrollo de la investigación y en la cual procederá a recibir la indagatoria al imputado. No se trata de una medida que autorice el desconocimiento de los términos constitucionales previstos para regular el régimen de la libertad física de las personas respecto de las cuales se adelanten diligencias judiciales que conduzcan a desbordar dichos términos, sino, más bien a facilitarle al funcionario judicial, sin que haya privación de la libertad, la posibilidad de señalar la oportunidad correspondiente para la recepción de la indagatoria. Obsérvese que por disposición del mismo estatuto y en relación con las normas del C.P.P. se establecen los principios y los términos para la recepción de la indagatoria cuando exista capturado o capturados; empero, la hipótesis cuestionada por los actores presupone la ausencia de capturado o de privación de libertad y exige la existencia de pluralidad de imputados y el adelantamiento de una investigación previa que permita determinar el grado de vinculación o la existencia de los hechos que constituyan un posible delito.

    5). El artículo 40 del Decreto 2790 de 1990 hace referencia a la función del "Director Seccional" de asignar, a los jueces del conocimiento mediante decisión no sujeta a recurso alguno, los negocios en los que se haya producido resolución acusatoria y ésta se encuentre en firme.

    Por las consideraciones precedentes en punto al desaparecimiento de la figura del "Director Seccional de Orden Público", debe entenderse que esta especial función se encuentra hoy en día en cabeza de las Direcciones Regionales de F.ías, las que una vez reciban el expediente con la resolución acusatoria ejecutoriada lo repartirán, para luego remitirlo al J. Regional correspondiente. Esta norma es constitucional por cuanto la naturaleza del acto procesal de reparto es neutro frente a la definición del proceso, ya que se atribuye a una sola categoría de jueces y por tanto resultaría inocuo admitir impugnaciones al mismo.

  5. ) Respecto del artículo 48 que se complementa por el artículo 49 del Decreto 2790 de 1990, también incorporados como legislación permanente, debe entenderse que es función del "Director Regional de la F.ía" o de su asistente, mantener la reserva de los expedientes o providencias en copia autenticada en la que no aparezca la firma del F. o del J.. Esta disposición mantiene su vigencia por cuanto obedece a la necesidad de preservar la identidad de los Jueces y F.R., en atención a las condiciones generalizadas de orden público que actualmente mantienen su persistente acción y que han conducido a rodear a los funcionarios judiciales de medidas extraordinarias enderezadas a proteger su integridad e independencia. Estas disposiciones deben siempre entenderse como garantías encaminadas a asegurar el ejercicio imparcial y autónomo de la función del J., sin que se advierta en ello violación de las garantías procesales propias de estos trámites. La Corporación encuentra que a la luz de la nueva organización constitucional de la R. Judicial del Poder Público, las disposiciones que se examinan aparecen reforzadas por la naturaleza judicial de la F.ía General de la Nación (art. 116 de la C.N.), y por el carácter autónomo de las actuaciones orientadas a mantener la reserva en las actuaciones judiciales.

    Por último, la actuación del Director de la F.ía Regional no desvirtúa la naturaleza de la actuación puesto que no implica separación del ejercicio de las competencias judiciales.

    Las reflexiones anteriores comprenden la parte acusada del artículo 49 que establece la misma modalidad de reserva sobre la identidad del funcionario judicial o del Magistrado del Tribunal Nacional que conozca de la actuación.

  6. ) En relación con la parte acusada del artículo 58 del Decreto 2790 de 1990, esta Corporación advierte que no existe contradicción con la Constitución Nacional al determinarse como única medida de aseguramiento la detención preventiva, que debe ser ordenada por el funcionario judicial competente, con fundamento en las disposiciones aplicables para los delitos de conocimiento de los jueces y fiscales regionales. En especial, no encuentra la Corte violación alguna al artículo 28 de la Carta; obviamente se trata de una disposición que corresponde a las modalidades delictivas propias de las mencionadas competencias que exigen un mayor celo procedimental y que en nada atenta contra el principio de igualdad. Dentro del mismo supuesto debe advertirse que el nuevo C. de P.P. establece la procedencia de la detención preventiva para determinados hechos punibles según se desprende de lo dispuesto por su artículo 397 num. 1°.; se trata en verdad de una herramienta jurídica natural propia de las actuaciones del procedimiento penal que permite al funcionario judicial adoptar la decisión correspondiente sobre la persona vinculada al tramite de las actuaciones de la jurisdicción penal.

    No encuentra la Corte violación a los artículos 28 y 13 de la Constitución, pues aquella disposición es resultado del natural ejercicio de las competencias constitucionales del legislador en materia del establecimiento del procedimiento penal en el cual esta involucrado el conjunto de reflexiones jurídicas y de política criminal que toman en cuenta las especiales modalidades delictivas propias de las competencias de los jueces y fiscales regionales. R. en que en el conjunto general de las disposiciones legislativas sobre estas materias abundan distinciones similares y que éstas son una práctica institucional que comprende juicios racionales enderezados a proveer soluciones que responden ante las distintas modalidades de conductas atentatorias del orden jurídico penal.

  7. ) En relación con el artículo 65 acusado, se tiene que esta disposición contiene una regla especial dentro del instituto procesal y sustancial de la prescripción de la acción penal, regulada por los artículos 79 y siguientes del Código Penal (Decreto 100 de 1980), ya que señala como otra de las causales de interrupción del término de prescripción la no comparecencia o la ausencia del procesado en la etapa del juicio. Debe entenderse que esta previsión legal se acompasa con las restantes reglas previstas para estas modalidades delictivas, en especial las que establecen el trato dentro de las políticas de sometimiento a la justicia. Además, no se trata de regular de manera discriminatoria a las personas que están siendo juzgadas por los jueces regionales, ya que de todas formas conservan el derecho legal a la prescripción, pero sobre la base de la comparecencia al proceso.

    Las especiales medidas de carácter procesal en las que el legislador pone de presente la necesidad de hacer ágil y eficaz la recta administración de justicia, comportan disposiciones como la que se examina. T. en cuenta que esta disposición hace precisa advertencia de que esta regla se aplica únicamente para los delitos de competencia de los ahora denominados F.es, J.R. y Tribunal Nacional.

  8. ) En lo que corresponde a la parte demandada de los artículos 79 literales a) y b), y del artículo 80 parágrafo 1º, esta Corporación hace las siguientes precisiones. En relación con la conformación o integración del "Consejo Nacional de Policía Judicial", el artículo 12 del Decreto 2699 de 1991 expresamente determinó quiénes son sus integrantes, y en consecuencia debe entenderse como derogado el artículo 80 en su inciso primero y en los numerales 1, 2, 2.1, 2.1.1., y 2.1.2., salvo sus parágrafos 1° y 2° que conservan su vigencia; además, en lo relacionado con las funciones que debe desarrollar este organismo asesor, el artículo 13 del mismo decreto señaló, de conformidad con la nueva regulación constitucional, las que le corresponden en adelante de manera general.

    En este sentido debe tenerse en cuenta que las disposiciones acusadas hacen referencia específica a las funciones de asesoría y evaluación del funcionamiento de los F.es y J.R. y del Tribunal Nacional. Estas disposiciones no son contrarias a texto constitucional alguno y expresan la colaboración orgánica e institucional que debe existir al interior de la R. Judicial y del conjunto de los órganos del Estado en el cabal cumplimiento de los fines de éste, como el de la cumplida administración de justicia en todos sus ámbitos.

  9. ) En relación con lo dispuesto en las partes acusadas del artículo 81, literal a) y literal b) parcialmente impugnado, se advierte que a la luz de las nuevas disposiciones contenidas en los artículo 34 y siguientes del Decreto 2699 de 1991, debe entenderse que la figura del "Director Nacional de Instrucción Criminal" fue sustituída por la del Director Nacional de F.ías, dependiente de la F.ía General de la Nación.

    En lo que respecta al mismo artículo 81 del Estatuto, al señalar las funciones del "Director de Instrucción Criminal" en lo relacionado con la jurisdicción de Orden Público, es preciso observar que cuando el literal a) establece que aquel deberá dirigir la organización y el adecuado funcionamiento de la jurisdicción de Orden Público, se está refiriendo a las competencias puramente administrativas -más bien de carácter operativo- que le corresponden. No pueden ellas en forma alguna interferir en la órbita de la competencia ni en la autonomía de una autoridad jurisdiccional, como lo es el Tribunal Nacional.

    Ahora bien, en lo que corresponde a la parte acusada del literal b) del artículo 81 que hace relación a las competencias del antiguo "Subdirector Nacional" y de los "Directores Seccionales de Orden Público", en materia de las decisiones relacionadas con las situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de aquella dependencia, incluyendo a los empleados de la anteriormente denominada "Sección Jurisdiccional", esta Corporación advierte que no obstante que el Decreto 2699 de 1991 introduce una reorganización de funciones administrativas relacionadas con la estructura operativa de los funcionarios ahora incorporados a las fiscalías, la facultad a que se hace referencia se mantiene radicada en cabeza del "Director Nacional de F.ías" y de los "Directores Regionales". La finalidad de esta disposición así interpretada no es otra distinta que la de lograr el funcionamiento ágil y eficaz del personal al servicio de las labores de investigación, acusación y juzgamiento dentro de esta especial regulación que no es sólo procesal sino también material; esto presupone unas condiciones expeditas y propicias de carácter especial con el propósito específico de asegurar una cabal administración de justicia en dicho asunto especial.

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