Sentencia de Tutela nº 335/93 de Corte Constitucional, 17 de Agosto de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557492

Sentencia de Tutela nº 335/93 de Corte Constitucional, 17 de Agosto de 1993

Ponente:Jorge Arango Mejia
Fecha de Resolución:17 de Agosto de 1993
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Concedida
RESUMEN

Derecho de peticion. Acceso a documentos publicos. Concedida.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia No. T-335/93

CONGRESISTA-Solicitud de Informes/ACCION DE TUTELA-Improcedencia

La solicitud de informes por parte de los Congresistas se encuentra reglamentada en una ley (ley 5a. de 1992), y esto hace que no proceda su protección a través de la acción de tutela, la cual está consagrada para la protección de derechos fundamentales de rango constitucional y no legal.

DERECHO DE PETICION-Naturaleza/ACTO ADMINISTRATIVO-Eficacia

La sola orden dada por el superior a sus inferiores en lo referente al trámite de un asunto a su cargo provocado por la presentación de una solicitud de persona particular o de entidad fiscalizadora, no satisface por sí misma el derecho de petición ni tampoco representa curso adecuado a las solicitudes o requerimientos de los organismos de control. Era necesario poner en conocimiento de la peticionaria la expedición de la Resolución, no sólo para perfeccionar el acto administrativo, sino para que éste adquiriera eficacia; prueba de ello es que si la accionante hubiera sido debidamente informada, la presente tutela probablemente no habría sido iniciada, o si se hubiera iniciado, los fallos habrían sido diferentes.

DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTOS PUBLICOS/DERECHOS FUNDAMENTALES/DERECHO DE PETICION

Sobre los documentos solicitados, el Gobernador no manifestó que tuvieran carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, ni que hicieran relación a la defensa o seguridad nacional, es decir, eran documentos que perfectamente podía solicitar un ciudadano, asumiendo el costo que su expedición demandara. El derecho de acceder a documentos públicos hace parte del de petición, y por consiguiente, es un derecho fundamental que puede ser protegido mediante acción de tutela en caso de ser vulnerado o amenazado.

REF: EXPEDIENTE Nro. T - 13.374

PETICIONARIO :

M.I.D.R.

PROCEDENCIA:

CONSEJO DE ESTADO

MAGISTRADO PONENTE:

J.A.M.

Aprobada, según consta en el acta número doce (12), correspondiente a la sesión de la Sala Primera de Revisión, celebrada a los diez y siete (17) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993)

Procede la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrado J.A.M., A.B.C. y E.C.M., a revisar el fallo proferido por el Consejo de Estado, el 25 de marzo de 1993, sobre la acción promovida por la señora M. IZQUIERDO DE RODRIGUEZ contra el Gobernador de Boyacá, doctor A.S.L..

El expediente llegó a conocimiento de esta Sala de Revisión, por remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 33 del citado decreto, la Sala de Selección de la Corte eligió, para efectos de revisión, el expediente de la referencia.

I. ANTECEDENTES

  1. La senadora M.I.D.R., en su condición de ciudadana y Senadora de la República, presentó el 12 de febrero de 1993, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, acción de tutela contra el Gobernador de Boyacá, doctor A.S.L., por la siguiente razón:

    La razón o motivación para interponer la presente ACCION DE TUTELA, es la omisión del señor Gobernador, doctor A.S.L., en el incumplimiento (sic) del deber constitucional y legal de contestar una petición, formulada por un ciudadano en forma respetuosa, por escrito, sobre unos documentos públicos, no sometidos a reserva constitucional de ninguna clase.

  2. El origen de la acción es un escrito de fecha 25 de enero de 1993, que la senadora I. presentó ante el Gobernador de Boyacá, solicitando la siguiente documentación e información:

    "1. Relación pormenorizada de cuentas bancarias tanto corrientes como de ahorro, al igual que certificados y demás documentos valores que existen a nombre del departamento de Boyacá.

    "2. Relación pormenorizada de cuentas bancarias tanto corrientes como de ahorro, al igual que certificados y demás documentos valores, que haya abierto el departamento de Boyacá desde el 2 de enero de 1992, hasta la fecha de expedición de la respuesta a la presente.

    "3. Relación detallada de las órdenes de pago autorizadas por el Gobernador de Boyacá, S. del despacho, G. y Directores de Institutos Descentralizados, desde el dos (2) de enero de 1992, especificando nombre del beneficiario, concepto, cuantía. Además, números de comprobantes de egreso y números de cheques girados por la Tesorería Departamental y las Pagadurías de los diversos organismos departamentales.

    "4. Relación de los cheques y órdenes de pago autorizados por el Gobernador de Boyacá, los S. del Despacho, G. y Directores de Institutos Descentralizados del departamento.

    "5. Planta de Personal de la Administración Central del Departamento, al igual que de los organismos descentralizados del departamento.

    "6. Nombres y representantes legales de las compañias de seguros en las cuales el departamento tiene asegurados seus bienes tanto muebles como inmuebles."

    Esta petición la hizo "en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, contemplado en el decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, artículos 5 y subsiguientes, y concretamente dentro de las facultades otorgadas por la Ley 05 de 1992, artículos 258 y 259, en la condición ya anotada de Senadora de la República de Colombia e integrante de la Comisión III, con funciones fiscalizadoras y para efectos de interés general y en cumplimiento de las obligaciones y deberes que el cargo impone..."

    Así mismo, informó la dirección donde recibiría la respuesta a su petición.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 23 de febrero de 1993, CONCEDIO la tutela solicitada por "la ciudadana S.M.F.I. de R., contra la omisión incurrida por el Gobernador del Departamento de Boyacá". Y, en consecuencia, ordenó al Gobernador imponer a sus dependientes la expedición, a costa de la peticionaria, de las copias de los documentos solicitados por ella, en el término prudencial de 30 días.

El fallo del Tribunal analizó la solicitud de la peticionaria desde los siguientes aspectos: el petitum, la razonabilidad de la petición, los medios, la buena fe, el derecho de petición y el ordenamiento, la alternatividad de otros medios de impugnación.

De este fallo, se extractan los siguientes argumentos:

"b. El derecho de petición y el ordenamiento.

"La prerrogativa principal cuya protección se suplica en el recurso constitucional de tutela así incoado, la regulaba antes el art. 45 de la Constitución anterior groso modo en similares términos a los que ahora emplea el art. 23 de la nueva Carta, tan solo que el cambio de orientación en la filosofía política de la Constitución vigente en cuanto a la organización de la sociedad y del estado, le otorga características sustancialmente diferentes al derecho que nos ocupa en cuanto a su vigor y su vigencia, puesto que dentro del nuevo ordenamiento constitucional, el derecho de petición se convierte en una alternativa real de participación de la comunidad dentro del desarrollo de la actividad estatal. En efecto, el art. 1o. del Código fundamental describe como ingredientes esenciales que constituyen el estado, el que lo define en su condición democrática y participativa, de modo que no es difícil identificar al derecho de petición como un vehículo de singular eficacia para la participación, precisamente por el conocimiento de la cosa pública a todos los ciudadanos en aquellos asuntos de incumbencia colectiva que en tal virtud poseen carácter público.