Sentencia de Tutela nº 407/93 de Corte Constitucional, 28 de Septiembre de 1993
| Ponente | Hernando Herrera Vergara |
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 1993 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | 16140 |
| Decision | Concedida |
Sentencia No. T-407/93
ACCION DE TUTELA-Improcedencia/DERECHO DE PETICION
No se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma, independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición. Cuando al absolver la petición se resuelve negar lo pedido, no se está desconociendo el derecho de petición y, en consecuencia, ningún objeto tiene la tutela para reclamar la protección de éste.
DERECHO DE PETICION/SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO
El derecho de petición que la Constitución consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuación sea posible y no sea bloqueada por la administración, especialmente con vista en la promoción de las acciones judiciales respectivas, pero en forma ninguna cumple con las exigencias constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad material y sustantiva de resolución y no a una consecuencia meramente formal y procedimental, así sea de tanta importancia.
REF: Expediente No 16140
Peticionario: Francisco Javier Botero
Londoño.
TEMA: Derecho de petición.
Procedencia: Tribunal Superior de
Medellín.
MAGISTRADO PONENTE: DR.
H.H.V.
Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993).
La S. Sexta de Revisión, integrada por los Honorables Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, F.M.D. y H.H.V., previo estudio del Magistrado Ponente, procede a revisar la sentencia que para decidir la acción de la referencia fue proferida por el Tribunal Superior de Medellín, el día cuatro (4) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993).
I.I. PRELIMINAR
El veinte de mayo de 1993, el señor F.J.B., quien actúa en su propio nombre, impetró la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, con el fín de obtener por parte del INSTITUTO COLOMBIANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, pronta respuesta sobre una petición que formulara ante esta entidad.
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HECHOS
Según el peticionario, sirven de fundamento para el ejercicio de la acción de tutela los siguientes hechos:
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Refiere que laboró "en la entidad comercial denominada 'PROPIEDAD RAIZ Y.M. Y CIA LTDA'..." y que estuvo "vinculado al ICSS como trabajador..."; cumplió con los aportes legales, la edad requerida y cotizó por el término establecido en la ley para obtener el derecho de jubilación.
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Presentó la documentación completa a la institución para su pronta resolución, sin que hasta la fecha de presentación de esta demanda de tutela haya obtenido respuesta. La petición se encuentra radicada bajo el número 1272 de noviembre 27 de 1991.
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En numerosas ocasiones ha preguntado por el resultado y solo le han respondido con evasivas como "está en estudio, que la tiene el Dr. Valencia...".
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"Como ha pasado tanto tiempo desconociendo el derecho de 'petición' consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, es que se presenta la acción".
B.P..
1- El peticionario solicita que "dentro del término de ocho (8) días o lo que el H. Magistrado considera, dicte la resolución correspondiente, sobre mi petición de jubilación que formulé y a la cual me hice acreedor".
2- "Que se ordenen los reajustes al salario y la indemnización por reparto de la resolución.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, S.L., mediante sentencia del día cuatro (4) de junio mil novecientos noventa y tres (1993), resolvió "DENEGAR la solicitud..." de conformidad con las siguientes consideraciones:
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"...no cabe duda que dicha reclamación tiene otro mecanismo distinto para lograr el propósito deseado. Y no es otro, que la acción del proceso ordinario laboral, al que, para poner en movimiento, debe agotarse previamente la vía gubernativa".
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"Lo anterior, no obstante que el artículo 53 de la Constitución Nacional vigente diga que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones legales, pues, el mismo estatuto, en su artículo 86 dice: 'que esta acción SOLO PROCEDERA cuando el afectado NO DISPONGA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL, SALVO que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable' ".
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LA COMPETENCIA
En atención a los dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta S. es competente para conocer de la sentencia que resolvió acerca de la acción de tutela de la referencia. Se procede entonces a la revisión en virtud de la selección practicada por la S. correspondiente y del reparto efectuado según lo establecido por el reglamento de esta Corporación.
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LA MATERIA
Una vez examinado el expediente de la referencia y analizado el pronunciamiento del Tribunal Superior de Medellín, entra S. a estudiar el tema alusivo al derecho fundamental de petición (Art. 23 de la C.N.), el cual ha sido objeto de tratamiento en las diversas S.s de Revisión de esta Corporación cuyas consideraciones servirán de soporte para solucionar el caso que en esta oportunidad se revisa.
En efecto, la sentencia No 12 de mayo 25 de 1992, con ponencia del Honorable Magistrado José Gregorio Hernández Galindo se refirió al carácter de fundamental del derecho de petición en los siguientes términos:
"Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (art. 2o Constitución Política)".
El texto constitucional vigente, recogiendo la exigencia igualmente prevista en la Carta de 1886 contempla el derecho a obtener "la pronta resolución" de las peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades "por motivos de interés general o particular", aspecto que hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de petición, ya que "sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad este derecho" y puede "incluso llegar a afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si solo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el derecho de petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución. Es en la resolución y no en la formulación donde este derecho fundamental adquiere toda su dimensión como instrumento eficaz de la participación democrática, el derecho a la información y la efectividad de los demás derechos fundamentales". (sentencia T-426 de junio 24 de 1992 M.P.D.E.C.M. y sentencia T-495 de agosto 12 de 1992 M.P.D.C.A.B.)
Además de lo anotado, la Corte, por intermedio de sus salas de Revisión, ha tenido oportunidad de precisar las notas esenciales que caracterizan la "pronta resolución" como parte integrante del derecho de petición, a saber:
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Su pronta resolución hace verdaderamente efectivo el derecho de petición.
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Es una obligación inexcusable del Estado resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos.
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Únicamente la ley puede fijar los términos para que las autoridades resuelvan prontamente las peticiones. Ello se desprende del carácter constitucional y fundamental que tiene este derecho.
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Cuando se habla de 'pronta resolución' quiere decir que el Estado está obligado a resolver la petición, no simplemente a expedir constancias de que la recibió. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso y, en esa medida, podrá ser positiva o negativa. La obligación del Estado no es acceder a la petición, sino resolverla". (Sentencia T-495 de 1992).
Ahora bien, acerca de este último aspecto resulta pertinente recordar los criterios vertidos en la antecitada sentencia No. 12 de 1992:
"Pero no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma, independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición. Cuando al absolver la petición se resuelve negar lo pedido, no se está desconociendo el derecho de petición y, en consecuencia, ningún objeto tiene la tutela para reclamar la protección de este.
Frente al planteamiento que se acaba de transcribir, conviene destacar que reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la operancia de la figura conocida como "silencio administrativo" en modo alguno satisface la efectividad del derecho de petición. La ya referida sentencia No T-426 de 1992, sobre el particular deja en claro que, "la posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio administrativo (arts 40 a 42 código contencioso administrativo) no debe entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición". Y en sentencia No T-481 de agosto 10 de 1992, con ponencia del H. Magistrado Jaime Sanín Greiffenstein se consignaron conceptos que en lo pertinente se transcriben:
"...Es de notar también el (derecho de petición) consiste no simplemente en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino de que haya una resolución del asunto solicitado, lo cual si bien no implica que la decisión sea favorable, tampoco se satisface sin que se entre a tomar una posición de fondo, clara y precisa, por el competente; por esto puede decirse también que el derecho de petición que la Constitución consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuación sea posible y no sea bloqueada por la administración, especialmente con vista en la promoción de las acciones judiciales respectivas, pero en forma ninguna cumple con las exigencias constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad material y sustantiva de resolución y no a una consecuencia meramente formal y procedimental, así sea de tanta importancia".
Por esta razón se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia que, en ejercicio del Derecho Fundamental de Petición, el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, deberá resolver la reclamación elevada en el presente asunto dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta sentencia, si para la fecha de ésta última no ha sido resuelta la solicitud, amparando el Derecho de Petición.
De otro lado, para la S. es de suma importancia señalar que los recursos contra actos presuntos provenientes de la administración pública no constituyen mecanismo de defensa judicial para los efectos de la procedencia de la acción de tutela, pues la circunstancia de existir en cabeza del interesado la facultad de interponer los recursos pertinentes para agotar la vía gubernativa no autoriza el desconocimiento por la administración del derecho fundamental de petición que exige su pronta resolución, como se ha expresado en los apartes precedentes.
También observa la S. que en el caso sometido a estudio no existe otro medio de defensa judicial; en tal circunstancia, la vía expedita para la protección del derecho fundamental en cuestión es la acción de tutela, mecanismo preferente que hace efectivo el derecho conculcado.
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En mérito de lo expuesto, la S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Mdellín, el día cuatro (4) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993) por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. CONCEDER la tutela impetrada por violación del derecho fundamental de petición, en tal virtud, se ordena al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, resolver la petición elevada por F.J.B.L. en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, si para la fecha de esta última no ha sido resuelta la solicitud.
Tercero. LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
C., comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
H.H.V.
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
F.M.D.
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
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