Sentencia de Tutela nº 066/94 de Corte Constitucional, 17 de Febrero de 1994
| Ponente | Hernando Herrera Vergara |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 1994 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | 24154 |
| Decision | Negada |
Sentencia No. T-066/94
ACCION DE TUTELA-Apoderado judicial
Siempre que se obre a nombre de otro y a título profesional dentro del marco de un mandato judicial, quien actúa deberá acreditar la condición de abogado y someterse a las normas que regulan el ejercicio de la profesión.
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA/DEFENSOR DEL PUEBLO-Atribuciones
El agente oficioso o el Defensor del Pueblo o sus delegados, sólo pueden actuar dentro de los precisos límites que la ley ha señalado a sus actuaciones; por lo tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto fáctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situación de desamparo e indefensión, o que solicite la intervención de dicho defensor".
REF.: Expediente No. 24154
PETICIONARIO: J.V.M.
PROCEDENCIA: Juzgado Primero Penal del Circuito de la Dorada
MAGISTRADO PONENTE: Dr. H.H.V..
S. de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La S. Sexta de Revisión, integrada por los Honorables Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, F.M.D. y H.H.V., previo estudio del Magistrado Ponente, procede a revisar la sentencia que para decidir la acción de la de referencia, fue proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la Dorada, el día veintidos (22) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993).
I.I. PRELIMINAR
El dieciseis (16) de septiembre de 1993, J.V.M., abogado en ejercicio, en su calidad de defensor público de oficio, adscrito a la Defensoría del Pueblo, S.S. de Bogotá, impetró la acción de tutela, prevista en el Artículo 86 de la Constitución Política "en nombre de todos los internos (sindicados y condenados) de la CARCEL DEL CIRCUITO DE LA DORADA, contra la Dirección de la misma, la cual se encuentra en titularidad de la Señorita Directora Doctora G.P.B.C.".
A. HECHOS
Según el peticionario, sirven de fundamento para el ejercicio de la acción de tutela, los siguientes hechos:
-
"Las comunicaciones escritas (misivas, cartas, tarjetas, notas, telegramas, ETC.) que envían y reciben los internos de la Carcel del Circuito de la Dorada, son revisadas, leidas y conocidas por las ditectivas de la Carcel o centro de rehabilitación a que me he referido".
-
"Como quiera que se presenta esa violación e interceptación de las comunicaciones, sin que se tenga orden judicial, se está violando uno de lo principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política cual es la inviolabilidad de documentos Privados".
3 "Ningún reglamento interno puede ir contra los principios y normas consagrados en la Constitución Nacional".
-
"En el presente caso, se están vulnerando derechos Constitucionales y por tanto se requiere la protección inmediata por parte del Estado.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de la Dorada, mediante Sentencia de septiembre veintidos (22) de mil novecientos noventa y tres (1993), resolvió declarar improcedente la acción de tutela intentada, por considerar que "se ha propuesto para proteger un derecho colectivo. Se está hablando en nombre de todos los reclusos del penal de la Dorada..." y el Numeral 3 del Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 prevé que la acción de tutela es improcedente "cuando se pretenda proteger derechos colectivos..." Estima el fallador de instancia que "lo Intimo es muy de cada persona. Basta con leer las expresiones de los dos reclusos a quienes se recibió testimonio, para llegar a esa conclusión. Ellos ven el proceder de las Directivas del Penal, como algo normal. No se sienten lesionados en su intimidad. Otros, seguramente que sí, con el mismo acto. Por esa razón debe reclamar cada pesona sobre el derecho que considere vulnerado".
A. LA COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 86, I. tercero y 241, Numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los Artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta S. es competente para conocer de las sentencias que resolvieron acerca de la acción de tutela de la referencia.
Se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por la S. correspondiente y del reparto efectuado según lo establecido por el reglamento de esta Corporación.
B. LA MATERIA
Señala el Artículo 86 de la Constitución Política que la acción de tutela puede ser promovida por la persona que considere vulnerado o amenazado alguno de sus derechos constitucionales fundamentales o "por quien actúe en su nombre". Esta previsión del constituyente encuentra desarrollo en el Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 de acuerdo con cuya preceptiva el afectado podrá actuar por sí mismo "o a través de representante", siendo posible, también, "agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa" circunstancia que "deberá manifestarse en la solicitud", prevé, además, la norma citada, que la acción de tutela podrá ser ejercida por eldefensor del pueblo y por los personeros municipales.
En primer término debe destacarse el carácter informal que preside la concepción y el diseño del instrumento tutelar puesto en manos de "toda persona", con abstracción de específicas consideraciones, como corresponde a la prevalente finalidad de protección de los derechos constitucionales fundamentales. Ese carácter informal resulta igualmente predicable cuando se actúa por otro" bien en ejercicio de representación judicial o en desarrollo de la agencia oficiosa, eventos en los cuales, quien la ejerza no requiere acreditar calidades especiales ni demostrar su condición de abogado titulado. Empero, siempre que se obre a nombre de otro y a título profesional dentro del marco de un mandato judicial, quien actúa deberá acreditar la condición de abogado y someterse a las normas que regulan el ejercicio de la profesión.
Ahora bien, la presentación de una acción de tutela supone la ocurrencia de una situación específica y concreta de violación o amenaza de derechos constitucionales fundamentales de los que es titular una determinada persona que los ve menoscabados por el actuar de una autoridad pública o de un particular en los casos y en las condiciones que la ley prevé, de modo que, en principio, la acción de tutela no es mecanismo de protección de intereses genéricos o abstractos radicados en cabeza de un conjunto de individuos indeterminados, sin identificación de ninguna especie, con prescindencia absoluta de la específica situación en que se encuentran y de la singular valoración que cada uno de ellos tenga acerca de la eventual amenaza de sus derechos.
En el caso que ahora ocupa la atención de la S., el abogado J.V.M., impetra la acción de tutela "en su calidad de Defensor Público de oficio adscrito a la Defensoría del Pueblo, S.S. de Bogotá, ... en nombre de todos los internos (sindicados y condenados) de la Cárcel del Circuito de la Dorada contra la dirección de la misma..." resalta en la solicitud de tutela la carencia de legitimidad e interés por cuanto, es claro que el accionante no actúa en su propio nombre ni podría aducir circunstancias propicias para hacerlo, y si bien manifiesta obrar en "nombre de todos los internos" no aparecen satisfechas las exigencias mínimas de la representación ni las de la agencia oficiosa por cuanto, la condición de interno en una cárcel no puede asimilarse a la circunstancia de "no estar en condiciones de promover la propia defensa" y en todo caso, de ello no se hizo manifestación en la demanda.
De otra parte, los internos de la Cárcel del Circuito de la Dorada, ni conjunta ni separadamente pusieron de presente su intención de incoar la tutela, de conferir poder para tal efecto o de reclamar un representante o la intervención del defensor del pueblo pues a más de no estar identificados, dos de ellos, llamados por el Juzgado de conocimiento a declarar, expresaron que los hechos aducidos como causa de la acción no les afectan, por el contrario, los consideran "normales". Así pues, la acción de tutela promovida no puede prosperar por la carencia de interés del accionante, quien no anexó el poder correspondiente, ni acreditó las condiciones de la agencia oficiosa, ni tampoco la delegación del Defensor del Pueblo. Debe reiterar esta S. "que el agente oficioso o el Defensor del Pueblo o sus delegados, sólo pueden actuar dentro de los precisos límites que la ley ha señalado a sus actuaciones; por lo tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto fáctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situación de desamparo e indefensión, o que solicite la intervención de dicho defensor". (Sentencia No. T-493 de 1993. Magistrado P.D.A.B.C.).
En mérito de lo expuesto, la S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la Dorada, el día veintidos (22) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
C., comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
H.H.V.
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
F.M.D.
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
-
Sentencia de Tutela nº 240/95 de Corte Constitucional, 31 de Mayo de 1995
..."como tenedores a nombre de R.C.M.KINLEY". Al respecto cabe reiterar los criterios que esta Sala de Revisión plasmó en la sentencia No. T-066 de 1994: "(...) la presentación de una acción de tutela supone la ocurrencia de una situación específica y concreta de violación y amenaza de derecho......
-
Sentencia de Tutela nº 524/14 de Corte Constitucional, 18 de Julio de 2014
...cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. [23] Ver, entre otras, las sentencias T-066 de 1994 (MP H.H.V., T-662 de 1999 (MP A.M.C. y T-896A de 2006 (MP Marco [24] En ese sentido, se pronunció la Corte en la sentencia T-617 de 2010 (MP ......
-
Sentencia de Tutela nº 959/06 de Corte Constitucional, 20 de Noviembre de 2006
...y de la singular valoración que cada uno de ellos tenga acerca de la eventual amenaza de sus derechos'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 1994. Si ni siquiera media la identificación del resto de personas que el actor considera afectadas, la Sala no puede reconocerle legitimidad......
-
Sentencia de Tutela nº 701/17 de Corte Constitucional, 28 de Noviembre de 2017
...la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. [39] En este sentido, se pueden consultar las Sentencias T-066 de 1994, T-662 de 1999 y T-896A de 2006. [40] A folios 11 a 15 obra copia de la historia clínica de M.U.T.N., en la cual consta que el 24 de enero de......
-
Las injusticias de la justicia: un análisis de precedentes judiciales sobre protección a la población carcelaria en Colombia a partir de la dignidad humana
...Hernando HerreraVergara T-494-93, 28 de octubre de 1993, Vladimiro NaranjoMesa T-575-93, 28 de octubre de 1993, Eduardo CifuentesMuñoz 1994 T-066-94, 17 de febrero de 1994, Hernando HerreraVergara T-193-94, 20 de abril de 1994, Jorge Arango-Mejía T-235-94, 17 de mayo de 1994, Antonio Barrer......