Sentencia de Constitucionalidad nº 141/95 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 1995

El ciudadano N.R.C.C., en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, solicita a esta Corporación declarar inexequible el artículo 656 del Decreto Ley 2550 de 1988 "por el cual se expide el Nuevo Código Penal Militar".

Una vez cumplidos todos los trámites que ordena la Constitución Política y la Ley para este tipo de acciones, y oído el concepto del señor P. General de la Nación, procede la Corporación a dictar sentencia.

El tenor literal de las disposiciones demandadas es el siguiente:

"DECRETO 2550 DE 1988

(diciembre 12)

"Por el cual se expide el Nuevo Código Penal Militar"

"Artículo 656. Integración del Consejo Verbal de G.. El Consejo Verbal de G. se integrará así:

"Un presidente, tres vocales elegidos por sorteo, un fiscal, un asesor jurídico y un secretario.

"El presidente, los vocales y el fiscal deben ser oficiales en servicio activo o en retiro, superiores en grado o antigüedad del procesado.

El secretario será un oficial en servicio activo, cuando se juzgue a oficiales, o un militar o policía de cualquier graduación, también en servicio activo, en los demás casos".

Lo subrayado es lo demandado.

1. Normas constitucionales que se consideran vulneradas.

   A juicio del actor, la norma acusada resulta violatoria de los artículos 29, 228, 229 y 236 de la Constitución Política.

2. Fundamentos de la demanda.

   Considera el demandante que la norma acusada no se encuentra acorde con los preceptos constitucionales de garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia, ya que en la aplicación de la ley se deben contemplar los principios generales del derecho, "por cuanto, a pesar de que de conformidad con las prescripciones generales a las que corresponde la disposición acusada, contenida en el Código Penal Militar expedido antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, y que atienden a los tradicionales fines de la Justicia Penal Militar y a los bienes jurídicos protegidos por aquella, se ha admitido el establecimiento de una especie de dispensa frente al principio jurídico según el cual en materia penal se requiere la presencia de unos PROFESIONALES especialmente habilitados para la satisfacción de los fines generales de la Justicia Penal. Empero al respecto, se considera que es voluntad expresa del Constituyente de 1991, la de asegurar a todas las personas en el específico ámbito de los elementos que configuran el concepto de debido proceso penal, el respeto pleno al derecho CONSTITUCIONAL fundamental, y dicha voluntad compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la LEY y a los JUECES". (M. del actor).

   A juicio del demandante, el derecho fundamental al debido proceso consagrado en la Constitución se garantiza "con independencia de si se trata de la regulación penal ordinaria o de la justicia penal militar. Esto significa que las funciones de Jueces (Vocales en este caso) y los Fiscales, no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentre CIENTIFICA y TECNICAMENTE habilitadas como profesionales del Derecho, so pena de la configuración de una situación de nulidad de lo actuado en el Estrado Judicial por razones CONSTITUCIONALES, o de INCONSTITUCIONALIDAD de la disposición legal o reglamentaria que lo permita". (M. y subrayado del demandante).

   Estima que el mencionado "juzgamiento técnico" debe ser basado en la idoneidad profesional y personal de los sujetos que intervienen en los consejos verbales de G.. Igualmente sostiene que tampoco es admisible que los vocales y el fiscal deban ser oficiales en servicio activo, aunque se trate de abogados, ya que "el funcionario de las FUERZAS MILITARES se debe a una permanente relación de jerarquía, propias de las estructuras orgánicas de aquella naturaleza, y debe cumplir como militar con la orden del superior; ésta lo exime de responsabilidad y, por lo tanto, con la investidura que le confiere el servicio activo puede reducir la autonomía, la independencia y la capacidad de liberación que reclama el carácter técnico del juzgamiento dentro de un debido proceso garantizado por la CONSTITUCION". (M. del actor).

   V.I. CIUDADANA.

   El día 27 de septiembre de 1994 el ciudadano que ejerce las funciones de Ministro de Defensa presentó escrito justificando la constitucionalidad de la norma acusada, en el cual recordó que el artículo 221 de la Constitución Política prevé las cortes marciales o tribunales militares; por tanto, aduce, si el fiscal como representante del Ministerio Público es uno de sus integrantes, desde luego también tiene que ser militar.

   Recuerda así mismo el señor ministro que la Jurisdicción Penal Militar tiene su origen en la misma Constitución Política y afirma del contenido de estas normas se deduce su especialidad, su exclusividad para el juzgamiento de militares que se rige por principios bien diferentes al común de los ciudadanos, como lo es el principio de jerarquía, disciplina, mando, obediencia y todos aquellos que tienen que ver con la organización castrense.

En la oportunidad legal el señor P. General de la Nación rindió el concepto de su competencia, y solicitó a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada, con base en los argumentos que a continuación se resumen:

Tras hacer un largo recuento de los argumentos expuestos por la Corte Constitucional con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 374 del Decreto 2550 de 1988 (Código Penal Militar), en especial lo relacionado con el derecho a una defensa técnica, el debido proceso y la defensa penal, señala que en el presente caso se trata de determinar "lo que pudiéramos llamar los atributos de un poder jurisdiccional de sustantividad judicial en cabeza de los vocales y del fiscal que integran un consejo verbal de guerra, sujetos de reparos a los cuales se contrae la acción incoada, toda vez que el veredicto que profieren tiene la virtualidad de constituirse en la decisión definitiva sobre la responsabilidad del inculpado, si así lo adopta el juez militar que lo convocó. El reconocimiento constitucional a las funciones judiciales parte del supuesto de la autonomía de quienes de una u otra manera administran justicia, llámense jueces o magistrados sin importar, y en punto al derecho punitivo, que su actividad judicial se desarrolle en el ámbito penal ordinario en el especial o aun, en la justicia penal militar".

Con fundamento en los anteriores argumentos, considera el jefe del Ministerio Público que el debido proceso excluye cualquier elemento que "no sea garantía de substantivada judicial, es decir, a la jurisdicción se la concibe separada de la administración activa y en consecuencia, imparcial e independiente". Así, anota que "el juez constitucional o el juez natural a que se refiere el artículo 29, no es sólo aquel que determine la ley, sino sobre todo aquel que reúne las características de autonomía y autarquía como prenda de garantía para los sindicados de cualquier jurisdicción, de ser juzgados penológicamente sólo por él".

En virtud de lo anterior estima que los vocales y el fiscal que integren un consejo verbal de guerra, al ostentar la calidad de oficiales en servicio activo, encuentran comprometida su autonomía funcional al ser parte de una organización basada en jerarquías y subordinación.

1. Competencia.

   Por dirigirse la demanda contra una disposición que hace parte de un decreto con fuerza de ley, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el numeral 5o. del artículo 241 de la Constitución Política.

2. La administración de justicia en la Constitución Política.

   2.1. Aspectos generales.

   En la Constitución de 1991 la justicia es regulada como un valor esencial del orden político, económico y social justo que instituye el Estado Social de Derecho, necesario para la convivencia pacífica, garantista de los derechos de las personas y regulador y controlador del poder estatal. Su realización operativa se confía a la rama jurisdiccional, la cual constituye una institución orgánica y funcional.

   Según el artículo 116 de la Constitución Política administran justicia: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los jueces y la Justicia Penal Militar.

   Excepcionalmente y bajo los condicionamientos prescritos por dicha norma, se ha conferido la misión de administrar justicia al Congreso, a determinadas autoridades administrativas y a los particulares.

   Asi mismo, la Constitución extiende la función de administrar justicia, al regular las jurisdicciones especiales, a las autoridades de los pueblos indígenas y a los jueces de paz (arts. 246 y 247 C.P.).

   2.2. La Justicia Penal Militar.

   Existen en el mundo diferentes modelos de justicia penal militar: i) los modelos que insertan la justicia militar dentro de la estructura de mando, los cuales evolucionaron en el sentido de consagrar las garantías propias del debido proceso, y de introducir elementos de profesionalización con respecto a la composición del órgano jurisdiccional; ii) los modelos que reconocen la separación de la justicia penal militar, independiente de la estructura de mando, unas veces articulada al poder ejecutivo y otras integrada exclusivamente a la rama jurisdiccional; y iii) los modelos que implican una absorción de la justicia militar por la justicia ordinaria (Alemania y Francia).

   En Colombia la estructuración constitucional de la Justicia Penal Militar responde a un modelo intermedio que se soporta sobre el reconocimiento constitucional de la institución del llamado fuero militar (art. 221 C.P.), justicia que está integrada por elementos orgánicos y funcionales, objetivos y subjetivos, cuya manifestación concreta se encuentra en la existencia de un órgano jurisdiccional independiente e imparcial -Cortes Marciales o Tribunales Militares- encargado de juzgar los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo -fuerzas militares y policía nacional- en relación con el mismo servicio, y con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.

   No puede entenderse el fuero militar asociado, como en el pasado, a la idea de privilegio, prerrogativa, prebenda o gracia especial para el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública por los delitos que cometan con ocasión del servicio que cumplen, en condiciones materiales y jurídicas diferentes frente a las demás personas sobre las cuales recae en un momento dado la acción punitiva del Estado que favorezca la impunidad, pues ello implicaría el otorgamiento de un trato particularizado, contrario al principio de igualdad y a la idea de justicia.

   Pero dicho fuero sí debe ser considerado bajo la perspectiva de la existencia de un órgano jurisdiccional independiente e imparcial -las competentes Cortes Marciales o Tribunales Militares- que es el juez natural a quien constitucional y legalmente se le ha confiado la misión del juzgamiento de los referidos delitos. Dicho órgano, si bien pertenece al sistema de la administración de justicia desde el punto de vista material, pues su misión es ejercer la función jurisdiccional en un campo y materias específicos, no está adscrito a la justicia ordinaria aún cuando no se excluye la posibilidad de la articulación funcional con aquella (art. 235-1-7 C.P.), como sucede en la práctica, porque corresponde a la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal- conocer del recurso de casación contra determinadas sentencias dictadas por los Tribunales Militares (art. 435 del Código Penal Militar).

   En cuanto a la conformación del órgano, bajo una concepción meramente semántica de la expresión "Cortes Marciales o Tribunales Militares" empleada por el artículo 221, y un entendimiento equivocado de lo que es el fuero militar, se ha afirmado por algunos que éstos sólo pueden estar integrados por militares.

   Analizadas desde una perspectiva sistemática las normas constitucionales que constituyen los pilares básicos de la administración de justicia, se infiere que la función del órgano habilitado para ejercer la actividad jurisdiccional tiene los siguientes caracteres:

   - Es función pública, porque emana de órganos que ejercen una función estatal que está al servicio de los intereses generales.

   - Es función autónoma e independiente y, por tanto, ajena a las interferencias de las otras ramas del poder público. Sus decisiones, por consiguiente, son igualmente independientes.

   - Es función desconcentrada y autónoma.

   - Es función universal, porque todos tienen derecho a acceder a ella.

   - En la actuación del órgano prevalece el derecho sustancial sobre el procesal o adjetivo; ella está sometida, al igual que el ejercicio de la función administrativa, a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y salvo las excepciones legales, al de la publicidad.

   - El producto de la función, las providencias judiciales, está sujeto inexorablemente al imperio de la ley, aunque como criterios auxiliares de la actividad judicial puedan utilizarse "la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina".

   - Es función reglada, en cuanto a que la actividad judicial debe adecuarse a los principios, valores y derechos constitucionales, entre ellos, los que conciernen con las garantías a que aluden los artículos 28 a 35 de la Constitución Política.

   Hechas las precisiones precedentes, necesariamente hay que concluir que el órgano jurisdiccional al cual se le ha confiado la misión de ejercer la Justicia Penal Militar, aun cuando se presenta como un poder jurisdiccional específico, está sometido a la Constitución al igual que todo órgano que ejerza competencias estatales (arts. 1, 2, 4, 6, 123 y 124 de la.C.P.). Por consiguiente, su organización y funcionamiento necesariamente debe responder a los principios constitucionales que caracterizan a la administración de justicia.

3. El caso en estudio.

   El aparte de la norma que se demanda, pertenece al artículo 656 del Código Penal Militar, que regula la integración del Consejo Verbal de G.. La acusación se concreta a la expresión: " los vocales y el fiscal deben ser oficiales en servicio activo ".

   Para la Sala el aparte normativo que se demanda no se ajusta a la Constitución Política. En efecto:

   No se garantiza una administración de justicia independiente e imparcial, si quienes intervienen en el proceso de juzgamiento son oficiales en servicio activo, esto es, funcionarios que tienen una relación de dependencia y subordinación, un vínculo jerárquico con la institución y específicamente con sus superiores jerárquicos, en virtud del ligamen del mando militar jerárquico, que supone que aquéllos están sometidos a la obediencia debida a que alude el artículo 91 de la Constitución Política.

   Es más, la situación de conflicto social que desde hace varios años afronta el país, en la cual son actores las fuerzas encargadas de preservar el orden público y los diversos grupos interesados en subvertir el orden institucional (guerrilla, paramilitarismo, etc.), hacen que aquéllas, inmersas en la confrontación e interesadas en su solución, tengan que intervenir en las diferentes acciones represivas que para someter a los enemigos de dicho orden se requiere, y al mismo tiempo fungir como jueces de los excesos constitutivos de delitos que puedan cometerse en desarrollo de las referidas acciones. De este modo, de alguna manera se actúa no sólo como agente directo o indirecto de la acción encaminada a cumplir la misión correspondiente para alcanzar las aludidas finalidades, las cuales pueden determinar el origen de la acción delictuosa, sino igualmente para juzgar la conducta de quienes siendo actores de dicha misión incurren en un delito.

   No quiere decir lo anterior, en manera alguna que la Corte presuma la parcialidad y la mala fe de los oficiales en servicio activo que ejercen la actividad concerniente a la administración de justicia, sino que objetivamente y sin dudar de su buena voluntad no se dan las circunstancias que interna y externamente aseguran dicha independencia e imparcialidad. En otros términos, éstas se predican más del órgano-institución objetivamente considerado, que de las personas a las cuales se atribuye su función.

   La administración de justicia no sólo reclama un juez conocedor de la problemática sobre la cual debe emitir sus fallos, de juicio sereno, recto en todo sentido, con un acendrado criterio de lo justo, sino también de un juez objetiva e institucionalmente libre.

   Esta Corporación al declarar la inexequibilidad de algunos apartes del artículo 374 del estatuto al cual pertenece el aparte de la norma demandada, en relación con la posibilidad de que la defensa en el proceso penal militar pudiera estar confiada a un oficial de las fuerzas militares o de la policía nacional, en servicio activo, dijo lo siguiente:

   "Bajo estas consideraciones, tampoco es admisible que el abogado defensor sea al mismo tiempo oficial en servicio activo, puesto que la Corte encuentra que no obstante la existencia de la noción constitucional de la jurisdicción penal militar que se desprende del citado artículo 221 de la Constitución, como categoría normativa de creación de esta especial jurisdicción y que remite al Código Penal Militar el establecimiento de las prescripciones con arreglo a las cuales las cortes marciales o tribunales militares conocen de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, la Carta no permite la incorporación de un elemento como el que plantea en una de sus interpretaciones la disposición acusada, según el cual en los procesos penales militares el cargo de defensor podría ser desempeñado por un oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional en servicio activo, desde luego, aunque el defensor sea un abogado habilitado científica y técnicamente para adelantar la defensa y la asistencia del sindicado. Ocurre que la mencionada calidad de militar en servicio activo resulta incompatible con los elementos de la noción de defensa técnica a que se refiere el artículo 29 de la Carta, puesto que como tal el funcionario de las Fuerzas Militares se debe a una permanente relación jerárquica, propia de las estructuras orgánicas de aquella naturaleza, y debe cumplir como militar con la orden del superior; ésta lo exime de responsabilidad y, por tanto, con la investidura que confiere el servicio activo puede reducir la autonomía, la independencia y la capacidad de deliberación que reclama el carácter técnico de la defensa que garantiza la Constitución. Así las cosas, es preciso asegurar la absoluta independencia científica y técnica de la actividad del defensor, impidiendo la confusión de cargos y funciones en esta materia".

   "La Corte encuentra que en la Carta existe este límite en relación con la posibilidad que establece la disposición acusada, y considera, de una parte que la defensa y la asistencia penales no pueden adelantarse por quien no sea abogado y, de otra, que el militar en servicio activo no puede ser abogado defensor, pues está sometido a una relación jerárquica inadmisible con aquel encargo".

   "Comparte la Corte las apreciaciones del Ministerio Público en cuanto hace a la falta de independencia de los oficiales a los que se refiere la disposición acusada, y su relación con la hipotética violación a las garantías constitucionales del sindicado en razón de la obediencia debida a los superiores, puesto que la formación profesional previa y concurrente no es factor suficiente de reforzamiento de uno de los elementos de la defensa, como lo es la independencia y el compromiso con los derechos del defendido. Obviamente, situaciones como las descritas por el Señor P., se pueden presentar en el desarrollo de los acontecimientos de la vida ordinaria, pero es función de todos los órganos judiciales y de control asegurar el cabal respeto de los derechos de todos los ciudadanos, y ello es razón suficiente para conducir a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma acusada".11 Sentencia C-592/93. M.F.M.D..

   En conclusión, la Corte reconoce que la Constitución Política establece de manera expresa e inequívoca la existencia de la Justicia Penal Militar y del respectivo Código Penal Militar, los cuales le dan sustento legítimo al fuero. Sin embargo, es igualmente claro que la Justicia Penal Militar y las normas que la regulan deben sujetarse a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, inherentes al debido proceso y al ejercicio de la función jurisdiccional.

   Es indubitable entonces, que la norma preconstitucional, en cuanto habilita a los oficiales en servicio activo para actuar como vocales o fiscales dentro de los C.V. de G., no se aviene con la preceptiva constitucional (arts. 209 y 228 C.P.) que garantiza la autonomía y la imparcialidad del juez. En tal virtud, se declarará inexequible la expresión " en servicio activo o " del inciso 2o de la norma demandada.

   No desconoce la Corte las repercusiones de su sentencia en la organización y funcionamiento de la Justicia Penal Militar. Sin embargo, corresponde al legislador diseñar un modelo de Justicia Penal Militar que se halle acorde con los preceptos de la Constitución Política.

   Conforme a la Sentencia C-113/9322 M.J.A.M. , según la cual corresponde a la Corte la facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, en la parte resolutiva se expresará que la sentencia tiene efectos hacia el futuro y sólo con respecto a los nuevos procesos que den lugar a C.V. de G. y que se inicien a partir de la fecha de su ejecutoria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, S.P., oído el concepto del P. General de la Nación, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,