Sentencia de Tutela nº 336/95 de Corte Constitucional, 31 de Julio de 1995

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.

De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

1. Solicitud

   La señorita M.M.P.R., mediante apoderado judicial, interpuso ante el Juez Civil del Circuito (reparto) de S. de Bogotá, acción de tutela en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo de 1994, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia, adelantado por S.M.C. contra la sucesión de L.A.B.S., con el fin de que se le ampararan su derecho al debido proceso, y a la igualdad, consagrados en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política.

2. Hechos

   Afirma el apoderado de la parte actora que, mediante providencia de fecha treinta y uno (31) de mayo de 1994, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Tunja desató el grado de consulta respecto de la sentencia de fecha cinco (5) de mayo del mismo año, mediante la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiquinquirá resolvió el proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia, promovido por la señora S.M.L.C., en representación de sus hijas N.R. y L.F., en contra de los herederos del señor L.A.B.S.. A juicio del apoderado de la peticionaria, la actuación judicial que se surtió en dicho proceso, vulnera el derecho fundamental al debido proceso de su representada, debido a una seria de irregularidades en las que incurrieron los funcionarios judiciales que conocieron del mismo, y que a continuación se resumen.

   Considera el mandatario judicial que desde un comienzo hubo violación del debido proceso en la mencionada actuación judicial, toda vez que hubo una indebida acumulación de pretensiones, ya que, a su juicio, no es posible tramitar en la misma cuerda procesal una acción de filiación extramatrimonial con una acción de petición de herencia.

   Afirma también que la demanda de filiación extramatrimonial con petición de herencia ha debido ser inadmitida "por falta de requisitos para ser apreciada", ya que dentro de las pruebas que se aportaron aparecen unas cartas de la hermana del señor L.A.B.S., documentos que nada tiene que ver con la pretendida filiación.

   Señala también que luego de haberse admitido la demanda en contra de los herederos de L.A.B., obra en el correspondiente expediente prueba de que el día 9 de noviembre de 1989 falleció la única heredera conocida del causante, su hermana I.T. de J.B.S.. Dice que pese a esta situación, el juzgado del conocimiento ordenó que la demanda debía continuar en contra de la señora I.T. de J.B.S., lo cual no era jurídicamente aceptable, ya que "el proceso no había podido iniciarse ni continuarse contra la persona anotada pues ella no fue demandada y al momento de la admisión de la demanda no era sujeto de derechos ni obligaciones; sin embargo, toda la actuación se sigue contra los herederos indeterminados de una persona muerta y contra ella misma, configurándose una clara violación al debido proceso por las razones ya anotadas."

   Igualmente afirma que en el proceso que dio lugar a la presenta acción de tutela se cometieron graves irregularidades que perjudicaron al señor J.B., quien actuó como apoderado de la señorita M.M.P.R., a quien en repetidas ocasiones se le negó la posibilidad de intervenir, pese a que demostró que su poderdante se encontraba legitimada para ello, ya que adquirió los derechos sobre la sucesión de I.T. de J.B.S., "mediante venta entre vivos de A.R.P..". Señala que el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiquinquirá no admitió como prueba dentro del proceso la escritura pública contentiva de la venta de los derechos herenciales de la señora I.T. de J.B. sobre la sucesión de su hermano, que se hizo en favor de la señorita M.M.P.R.. "Por esta razón ella era parte en este proceso como ya lo hemos dicho por ser cesionaria de los derechos de la causante."

   De otra parte, el representante de la peticionaria afirma que los testimonios que sirvieron de base para comprobar la filiación entre las dos menores y el señor B.S. carecen de validez ya que "simplemente hablan de la relación familiar existente entre I.T.D.J.B.S. y L.A.B.S. (...). Se configura así una interpretación indebida de la prueba que afecta la validez de la sentencia y de su confirmación por el Tribunal, violándose el debido proceso." Además, agrega que se celebró la audiencia de conciliación de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, "sin que ninguna de las partes interesadas en este proceso como intervinientes puedan pronunciarse, decretándose pruebas luego de dos años de haberse presentado la demanda, demora por demás injustificada y derivada específicamente del trámite reiterado de las solicitudes de la parte actora."

   "Todas estas irregularidades -señala el apoderado de la actora- se recogieron en la sentencia materia de esta acción de tutela y configuran una violación clara del debido proceso que ya no puede en manera alguna subsanarse mediante los recursos ordinarios porque la sentencia está en firme, y es en consecuencia competencia del juez de tutela el restablecimiento del derecho violado mediante la revocación de la sentencia materia de esta acción (sic)."

   Finalmente sostiene que en el presente caso también se ha violado el principio de la igualdad, ya con las irregularidades mencionadas se negó el derecho de su representada a participar activamente dentro del proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia comentado. "La función jurisdiccional- concluye- tiene por fin asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo como lo establece el artículo segundo de al Constitución Nacional; este orden no puede darse si no se sigue un procedimiento debido, si no hay equidad en las decisiones, si las partes no son oídas, si el derecho se deja a un lado y se usa el procedimiento para el cumplimiento no de los deberes sociales del Estado sino para la protección de un interés estrictamente particular como sucede en este caso."

3. Pretensiones

   Solicita el apoderado de la señorita M.M.P.R. que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda ordinaria de filiación extramatrimonial con petición de herencia, promovido por S.L.M.C., en representación de sus dos hijas menores de edad, en contra los herederos del señor L.A.B.S., "dejando constancia que corresponde el derecho como cesionario de los bienes del de cujus a M.M.P.R., adquiriendo así todos los derechos patrimoniales."

   Además solicita que se ordene la entrega de todos los bienes muebles e inmuebles que hacen parte de la sucesión del señor L.A.B.S. a su representada, y que se oficie a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue la conducta de los funcionarios que intervinieron en el proceso que dio origen a la presenta acción de tutela.

Esta acción de tutela fue presentada ante el Juzgado Veinticinco (25) Civil del Circuito de S. de Bogotá D.C., despacho que, mediante auto de fecha treinta (30) de noviembre de 1994, ordenó remitir la acción de tutela al Juzgado Civil del Circuito de Tunja (Boyacá), toda vez que los hechos que dieron lugar a la misma tuvieron ocurrencia en dicha ciudad.

El apoderado de las parte actora interpuso recurso de reposición en contra del auto atrás comentado, ante lo cual el Juzgado Veinticinco (25) Civil del Circuito de S. de Bogotá D.C. confirmó su decisión y remitió el expediente al Juez Civil del Circuito (reparto) de la ciudad de Tunja.

Una vez repartido el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, dicho despacho judicial, sin motivación alguna, manifestó que carecía de competencia para conocer del presente asunto, razón por la cual decidió enviarlo a la Sala Plena del Tribunal Superior de Tunja. Sin embargo, la presidente de la Sala Plena del Tribunal Superior de Tunja, mediante auto de fecha trece (13) de diciembre de 1994, resolvió remitir nuevamente la actuación al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja.

El día catorce (14) de diciembre de 1994, la juez Segunda Civil del Circuito de Tunja manifestó que la presente acción de tutela se dirigía contra la Sala Dual de Familia del Tribunal Superior, el Juzgado Promiscuo de Familia de Tunja y contra su despacho, razón por la cual se convertía en sujeto pasivo de la misma, y por tanto se declaró impedida para asumir su conocimiento, y remitió en expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad.

Al recibir el expediente de la tutela de la referencia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, mediante auto de fecha quince (15) de diciembre de 1994, manifestó que del análisis de los documentos que obran en el expediente, se concluye que la acción de tutela se dirige contra la Sala Dual de Familia del Tribunal Superior de Tunja y contra los Juzgados Promiscuo de Familia y Segundo Civil del Circuito de Chiquinquirá, razón por la cual no existe la causal de impedimento manifestada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, situación ante la cual provocó una colisión de competencia con el citado juzgado, con el fin de que el Tribunal Superior de Tunja resolviera, de una vez por todas, cual era el despacho competente para asumir el conocimiento de la tutela bajo examen.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja, mediante auto de fecha dieciséis (16) de diciembre de 1994, resolvió inadmitir el impedimento manifestado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, y por consiguiente, ordenó la remisión de la actuación a dicho juzgado.

1. Fallo de primera instancia

   Mediante providencia de fecha doce (12) de enero de 1995, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja resolvió negar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el apoderado de la señorita M.M.P.R. en contra de la Sala Dual de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y los Juzgados Promiscuo de Familia y Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá, toda vez que no es viable la acción de tutela contra sentencias judiciales, y porque además la actora cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para reclamar la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados.

   Consideró el a-quo que la presente acción de tutela se dirige contra una sentencia debidamente ejecutoriada, lo cual, de acuerdo con la sentencia de primero (1o.) de octubre de 1992 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, resulta improcedente.

   A juicio del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, "las copias del proceso materia de la controversia que fueron anexadas con la tutela, según parece incompletas, denotan la tramitación de un proceso que transitó tanto por la primera como por la segunda instancia, culminando en ambas con sentencia favorable a la demandante, La tutelante es consciente de que si bien allí no se le tuvo como parte si tuvo la oportunidad de interponer los recursos a que bien tuviera; es más, dada la cuantía del proceso ha podido interponer el recurso extraordinario de casación para que la situación fuera ventilada ante la H. Corte Suprema de Justicia. Y si la casación no fue aprovechada por la aquí demandante también se puede agregar que tiene a su favor el recurso extraordinario de revisión. Aduciendo la accionante falta de citación y notificación bien puede invocar como causal de revisión la consagrada en el art. 380 numeral séptimo del Código de Procedimiento Civil, la cual puede invocar aún dentro de término por no haber precluído la oportunidad que señala en art. 381 ibídem".

   Mas adelante, afirma que "no considera este Juzgado factible que por vía de tutela se solicite la nulidad de todo lo actuado dentro de un proceso puesto que los mecanismos judiciales para ese fin están claramente definidos en el Código de Procedimiento Civil (arts. 140 y ss.), los que desde luego han debido aprovecharse por la parte que se dice tratada con violación del derecho a la igualdad y al debido proceso".

   Concluye el fallo en comento afirmando que "aceptar que la tutela proceda en casos como el presente es desconocer la seguridad jurídica a que aspira nuestra Carta Fundamental desde su preámbulo cuando busca el establecimiento de 'un orden político, económico y social justo', lo que diamantinamente acompasa con la institución de la cosa juzgada, entes que en conjunto dan al asociado la seguridad de que sus procesos judiciales no podrán ser revividos una vez se agoten las instancias del caso."

   El fallo en comento fue impugnado por el apoderado de la parte actora, con fundamento en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela procede contra sentencias judiciales cuando éstas causen un perjuicio irremediable, como lo sería en el presente caso, y evento en el cual no es necesario que la persona acuda a los otros mecanismos de defensa judicial.

2. Segunda instancia

   Debido a que los magistrados integrantes de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja se declararon impedidos para conocer de la presente acción, ya que tuvieron conocimiento y tomaron decisiones dentro del proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia a que se ha hecho referencia, se conformó una Sala de Conjueces para que fallara en segunda instancia el presente asunto.

3. Fallo de segunda instancia

   Mediante providencia de fecha trece (13) de marzo de 1995, la Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja resolvió revocar la sentencia de fecha doce (12) de enero de 1995, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja y en su lugar declaró que "a la tutelante M.M.P.R. le fue vulnerado el derecho constitucional fundamental al Debido Proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, en el juicio de filiación natural con petición de herencia promovido por S.M.L. CASAS, como representante legal de N.R.B. y L.F. CASAS, en contra de los herederos de I.T. DE J.B.S., tramitado en el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiquinquirá, al no habérsele permitido actuar como tercero interviniente, facultad que le otorga el artículo 52 del C. de P.C."

   En virtud de lo anterior, el ad-quem ordenó que se admitiera en forma inmediata a la señorita M.M.P.R. como tercera interviniente dentro del proceso ordinario de filiación extramatrimonial con petición de herencia y que "para la efectividad de la protección decretada (...) declárase la nulidad de todo lo actuado en el proceso señalado (...) a partir del auto de fecha veintinueve (29) de enero de 1992, inclusive, por medio del cual se excluyó del proceso al apoderado judicial de la tutelante y ordénase renovar la actuación con su intervención a partir de la solicitud de intervención presentada por la accionante."

   Para tomar la decisión en comento, la Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja hace un recuento de los hechos sucedidos dentro del proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia promovido por la señora S.M.L.C., como representante legal de N.R.B. y L.F.C., en contra de los herederos de L.A.B.S., y concluye que la señorita M.M.P.R. adquirió del señor A.L.P.F., quien actuó como apoderado de T.B.S., los derechos y acciones que le pudieran corresponder a ésta dentro de la sucesión intestada de su hermano, L.A.B.S., según consta en la escritura pública de fecha primero (1o.) de febrero de 1990 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá; con fundamento en dicho título adelantó el tramite notarial de liquidación de la sucesión del señor B.S. y obtuvo la adjudicación de casi la totalidad de sus bienes, según consta en la escritura pública No. 1000 de fecha trece (13) de septiembre de 1990 de la Notaría Primera del Círculo de Chiquinquirá. Esta situación, a juicio del ad-quem, la legitimaba como causahabiente de la demandada y por tanto la facultaba para participar como tercero interviniente dentro del proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia, razón por la cual resulta violatorio de sus derechos el haber sido excluida de dicho proceso.

   Así, se consideró que "no existía razón de derecho para no admitir a la ahora tutelante como tercera interviniente en el proceso y menos cuando el juzgado del conocimiento de ese proceso considera que ella es tercero interviniente. Resulta entonces, sin lugar a duda, que al no haberse admitido a la tutelante como tercera interviniente en el proceso ordinario que nos viene ocupando, se le vulneró su derecho al debido proceso, que es el reglado en el art. 52 del C. de P.C. Se le negó el derecho a defender sus intereses patrimoniales aparentemente adquiridos con arreglo a la Ley; tácitamente se le condenó a perder tales derechos sin haber sido oída y vencida en juicio. Es evidente la violación del derecho constitucional fundamental al al debido proceso, al haberse inobservado por la jurisdicción la plenitud de las formas del proceso de conocimiento, por no admitir la intervención de tercero que proponía la tutelante."

   Así las cosas, considera que las decisiones proferidas por el Juzgado Promiscuo de Familia y la Sala Dual del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja se hallan al margen del ordenamiento legal, y por tanto constituyen una vía de hecho susceptible de ser enmendada a través de la acción de tutela, en aras de la protección de los derechos fundamentales de la peticionaria, desestimando el argumento expuesto por el a-quo. Tampoco considera admisible el argumento de que la peticionaria cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, cuales son interponer el recurso extraordinario de casación o el de revisión, toda vez que, al no ser reconocida dentro del proceso ni como parte ni como tercero interviniente, carece de legitimidad para tal efecto.

1. Competencia

   De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia.

2. El juez de tutela no tiene potestad para resolver una litis presentada en la jurisdicción ordinaria

   En diversas oportunidades ha advertido esta Corporación que la acción de tutela no es una vía alterna, ni mucho menos un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para desautorizar interpretaciones judiciales que se hacen dentro de la autonomía del juez ordinario, en su necesaria hermenéutica.

   Cuando en el curso de un proceso, por un motivo determinado por la inminencia de la defensa de un derecho fundamental, se acude al proceso de tutela, no es para que mediante este procedimiento preferencial y sumario, donde prima la informalidad, se decida lo concerniente al fondo de un asunto que cae bajo otra competencia. Lo anterior, en virtud de que la tutela en sí no es un nuevo orden jurídico total, sino una acción subsidiaria y residual, que opera cuando el orden preestablecido no es adecuado para la defensa inmediata del núcleo esencial de un derecho fundamental.

   Esto último es importante, por cuanto no todo lo que atañe a un derecho fundamental es susceptible de ser ventilado en el proceso de tutela. Si se admitiera tamaño error, todo, absolutamente todo conflicto, se podría resolver por la vía de la tutela, pues ¿cuál es el aspecto que en el mundo jurídico no toca directa o indirectamente con un derecho fundamental?

   La Sala estima que núcleo esencial es el epicentro que determina la existencia y forma de un ente. Se colige entonces que el núcleo esencial de un derecho fundamental es la esencia de la persona que determina los bienes inherentes a ella. En otras palabras, el núcleo esencial del derecho fundamental es el mínimun de la dignidad racional, sin cuyo reconocimiento el hombre no puede vivir o desarrollarse como ser humano.

   La acción de tutela se dirige pues al núcleo esencial de un derecho fundamental, y por ello su protección debe ser inmediata. Ya ha señalado esta Corporación cómo extremar un derecho es equivalente a negarlo, por cuanto la extralimitación no puede ser protegida. De ahí la importancia de saber cuándo se afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental. Lo anterior no quiere decir que si se afecta un derecho fundamental, pero no en su núcleo esencial, no tenga la protección del Estado. Desde luego la tiene, y sería absurdo pensar lo contrario, pero no mediante la acción de tutela.