Sentencia de Tutela nº 803/98 de Corte Constitucional, 16 de Diciembre de 1998

El 11 de junio de 1998, el señor J.T.L.O., interpuso acción de tutela ante la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que esta corporación judicial ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso (C.P., artículo 29).

Los hechos que, según el demandante, dieron lugar a la vulneración del derecho fundamental invocado son, en suma, los siguientes.

1.1. El actor, quien se encuentra bajo detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, señaló que, en el año de 1994, denunció penal y disciplinariamente al doctor C.A.G.A., en ese entonces Procurador Segundo Delegado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en razón de sus actuaciones dentro de un proceso disciplinario y, posteriormente, penal por el cual se encuentra actualmente detenido.

Posteriormente, en el mes de marzo de 1997, tras unas declaraciones en las cuales el señor J.L.A. puso de presente el supuesto financiamiento ilícito de su campaña política, solicitó a la Corte Suprema ser oído en versión libre con la finalidad de aclarar los hechos anotados. Indicó que, el 15 de julio de 1997, esa corporación judicial abrió investigación penal en su contra, bajo la conducción del magistrado C.A.G.A., dentro de la cual fue llamado a rendir versión libre el 18 de marzo de 1998.

Según el demandante, luego de designar defensor en la diligencia de versión libre, solicitó, en forma conjunta con éste, la expedición de copias del expediente contentivo de la investigación en su contra, con la finalidad de ejercer su derecho de defensa. Indicó que la petición antes anotada le fue denegada, para serle posteriormente comunicada mediante oficio N° 2039 de marzo 25 de 1998, "sin que se señalase siquiera mediante qué tipo de providencia se dispuso la negativa ni la fecha de ella". Considera que, con esta actuación, le fue impedida la posibilidad de interponer los recursos pertinentes. Señaló que, pese a esta decisión negativa, insistió, junto con su apoderado judicial, en la expedición de las mencionadas copias, solicitud que fue nuevamente negada y comunicada mediante oficio N° 2576 de abril 17 de 1998.

Manifestó que el 21 de abril de 1998 recusó al magistrado C.A.G.A.. Sin embargo, mediante providencia de mayo 20 de 1998, la Sala de Casación Penal declaró infundada la recusación. Señaló que aunque esta decisión le fue comunicada mediante oficio N° 3617 de mayo 22 de 1998, la misma no le ha sido aún notificada en debida forma.

El demandante relató que, el 26 de mayo siguiente, planteó la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal con base en lo dispuesto en la causal contemplada en el artículo 304-2 del Código de Procedimiento Penal, consistente en "la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso".

El actor relató que, el 27 de mayo de 1998, por medio de oficio N° 3735, el magistrado C.A.G.A. lo citó a rendir indagatoria, el 29 de mayo siguiente, dentro del proceso penal tantas veces mencionado. Señaló que, debido a motivos de salud, solicitó el aplazamiento de la diligencia para una fecha posterior al 11 de junio de 1998, momento hasta el cual se había certificado su incapacidad médica. Sin embargo, por medio de oficio N° 3836, fechado el 1° de junio de 1998, le fue comunicado que el magistrado G.A. insistía en la práctica de la indagatoria, motivo por el cual ésta se practicaría el 3 de junio siguiente.

El demandante manifestó que el 3 de junio de 1998 asistió a rendir la indagatoria para la cual fue citado. Indicó que, en esta oportunidad, le fue notificada personalmente la providencia por medio de la cual la Sala de Casación Penal se abstenía de resolver su solicitud de nulidad, habida cuenta de que carecía de la calidad de sujeto procesal. Así mismo, señaló que, en esa misma ocasión, solicitó la suspensión de la diligencia con base en el hecho de haber renunciado a su curul de congresista, a su estado de salud, a la imposibilidad de "convalidar las irregularidades alegadas en la petición de nulidad" y a la falta de garantías. Informó que esta solicitud fue atendida pero sólo por el hecho de haber renunciado a su investidura de miembro del Congreso de la República. Afirmó que, pese a lo anterior, el día sábado 6 de junio de 1998 - día inhábil y de vacancia judicial -, mediante oficios N° 4001 y 4056 fechados el 4 y el 5 de junio, le fueron comunicadas la continuación de la diligencia de indagatoria para el 8 de junio siguiente y una nueva negativa de expedición de copias. El actor manifestó que, el 8 de junio de 1998, se excusó formalmente de asistir a la indagatoria con motivo de sus quebrantos de salud. De igual modo, señaló que, al día siguiente, la plenaria de la Cámara de Representantes aceptó la renuncia presentada a su curul de congresista.

1.2. Como fue mencionado, el 11 de junio de 199, el señor L.O. interpuso la acción de tutela bajo estudio.

A su juicio, "las determinaciones tomadas por el magistrado C.A.G.A. en el expediente a que aluden los hechos de la presente tutela, violaron el debido proceso en sus formas de derecho a presentar y controvertir pruebas, designar defensor y notificar personalmente las providencias correspondientes". Aseguró que la violación de su derecho fundamental al debido proceso se produjo cuando (1) el magistrado G.A. le negó personería a su apoderado, "para actuar en procura de la información que requería para ejercer adecuadamente dicha defensa"; (2) no le fueron notificadas providencias que debían serlo; (3) le fue negada la expedición de copias del expediente luego de haber rendido versión libre; y, (4) durante la investigación preliminar fueron practicadas pruebas, "a espaldas del imputado y su defensor que no han podido ser, por consiguiente, contradichas".

El actor aseguró que "a mí se me ha negado la acreditación plena de un abogado en la medida en que al que designé en la versión libre no se le escuchó en la petición de copias a que tenía derecho". Aseveró, igualmente, que las actuaciones de la autoridad demandada son violatorias del "derecho a un proceso público", toda vez que, encontrándose privado de la libertad y, por ende, no pudiendo acceder directamente al expediente, le ha sido negada la expedición de copias del mismo, en detrimento de su posibilidad de controvertir las pruebas practicadas durante la etapa investigativa. De igual modo, afirmó que le han sido negados los derechos a controvertir las pruebas y a "la invalidez de la prueba obtenida sin debido proceso", toda vez que, en el proceso penal que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tramita en su contra, "se han recibido pruebas (...) con violación del debido proceso, porque no han sido contradichas debido a mi detención, a la negativa de expedirse copias del expediente a mi defensor y a mí, y a la falta de notificación en forma de las providencias que las han decretado". En consecuencia, señaló que "las pruebas practicadas desde mi detención domiciliaria son nulas y yo no tengo forma de impetrar su nulidad por las mismas razones invocadas anteriormente".

Por otra parte, el demandante alegó que los artículos 186, 188, 189 y 194 (derecho del imputado detenido o del sindicado privado de la libertad de que toda providencia le sea notificada en forma personal), 321 (derecho del defensor del imputado que rindió versión preliminar a que se le expidan copias) y 324 (derecho del imputado a rendir versión libre y a designar defensor que lo asista en ésta y en todas las demás diligencias) del Código de Procedimiento Penal habían resultado igualmente vulnerados con las actuaciones de la autoridad pública demandada.

Conforme a lo anterior, solicitó (1) que se ordene al magistrado C.A.G.A. o al funcionario judicial que conozca del proceso penal en su contra que reconozca a su defensor personería para actuar durante todo el proceso o, en su defecto, durante la etapa de investigación; (2) que se ordene a los mismos funcionarios la expedición de copias de todo el expediente que contiene la investigación preliminar del proceso penal en su contra; (3) que ordene la notificación personal de las distintas providencias que se hayan proferido dentro del anotado proceso penal y, en especial, del auto de apertura de la investigación y del que niega la recusación planteada contra el magistrado G.A.; y, (4) que se ordene resolver sobre la nulidad de las pruebas que han sido practicadas en contravía de los postulados del debido proceso.

Mediante memorial fechado el 19 de junio de 1998, el magistrado C.A.G.A. explicó al tribunal de tutela sus actuaciones como magistrado sustanciador dentro del proceso penal que en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cursa contra el señor J.T.L.O..

En primer lugar, señaló que, una vez el mencionado proceso penal le fue repartido para su trámite, se declaró impedido para conocer del mismo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103-1 del Código de Procedimiento Penal. Explicó que "por cuanto al existir en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia que contra (...) mí (...) había formulado el doctor L.O. por la intervención que como Procurador Segundo Delegado en lo Penal ante la Sala de Casación Penal de la Corte tuve al solicitar a esta Corporación se compulsaran copias para que se investigara el posible delito de peculado proveniente de auxilios parlamentarios en que habría incurrido el doctor J.T.L.O., (...), podía eventualmente existir interés recíproco al ostentar mutuamente la calidad de jueces". El magistrado G. manifestó que el impedimento antes anotado fue inadmitido por la Sala de Casación Penal, mediante decisión adoptada el 12 de junio de 1998.

Así mismo, el funcionario judicial demandado explicó que, habida cuenta de los cargos formulados en contra de L.O. por el señor J.L.A. y conforme a lo dispuesto en el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal, se ordenó el inicio de la correspondiente investigación preliminar, mediante decisión que fue debidamente comunicada al investigado y al Procurador Delegado en lo Penal. Indicó que, durante el trámite de la indagación previa, se dispuso la práctica de algunas pruebas, entre las cuales se ordenó escuchar en versión libre al señor L.O.. Este ultimo, asistido por su apoderado, "a quien otorgó poder, como era lo legal, sólo para esta etapa," fue escuchado el 18 de marzo de 1998. Manifestó que, en esa oportunidad, L., "sin ninguna clase de coadyuvancia por parte de su defensor, solicitó la expedición de copias de lo actuado hasta ese momento, petición que fue negada en la misma fecha 'por no ser esa la finalidad de la diligencia prevista en el artículo 322 del Código de Procedimiento Penal y además porque de conformidad con el artículo 321 del mismo ordenamiento sólo el defensor del imputado tiene derecho a que se le expidan', habiéndosele comunicado oportunamente la decisión al solicitante".

El magistrado G.A. informó que, el 19 de marzo de 1998, con base en las disposiciones del artículo 329 del Código de Procedimiento Penal, fue abierta investigación penal en contra del señor J.T.L.O.. De igual modo, se dispuso, entre otras pruebas, la vinculación del imputado mediante indagatoria (C.P.P., artículo 352). Señaló que esta decisión fue debidamente comunicada al señor L.O., "mas no notificada por cuanto se trata de un auto de cúmplase, de mero trámite, pues aparte de no figurar en el artículo 186 del Código de Procedimiento Penal, entre los de notificación, tampoco dispone la ley que sea de carácter interlocutorio y como constante e invariablemente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte tampoco puede catalogarse como tal por vía interpretativa".

Según el magistrado demandado, el señor J.T.L.O. fue llamado a rendir indagatoria mediante auto fechado el 30 de marzo de 1998, fecha en la cual "entró al despacho la solicitud del abogado J.J.Q.M., quien aduciendo la calidad de defensor, solicitaba fotocopias de la 'la actuación preliminar', la cual con fundamento en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal fue negada mediante auto del día siguiente, y comunicada oportunamente, por cuanto ya la actuación para ese momento se encontraba 'en etapa de instrucción', esto es, que la preliminar ya había sido superada al haberse proferido auto de apertura de investigación, razón por la cual y al no haber sido todavía para ese momento indagado el doctor L.O., era evidente que ni el peticionario ni su poderdante ostentaban la calidad de sujetos procesales habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del Código de Procedimiento Penal, sólo con la indagatoria o con la declaración de persona ausente adquiría el doctor L. dicha calidad pudiendo entonces designar su defensor y en esta condición sí el profesional del derecho poder solicitar las copias al tenor de lo dispuesto en el artículo 331 ibídem".

Señaló que la petición de expedición de copias fue nuevamente elevada el 2 de abril de 1998, la cual fue negada con los mismos argumentos expresados anteriormente. De igual modo, informó que, el 16 de abril de 1998, L.O. solicitó el aplazamiento de la indagatoria y la suspensión de la instrucción, solicitudes cuya negativa fue resuelta y comunicada oportunamente. Con posterioridad, el 21 de abril siguiente, el imputado insistió en su solicitud de aplazamiento de la indagatoria y recusó al magistrado demandado con base en lo dispuesto en las causales primera, quinta y décima consagradas en el artículo 103 del Código de Procedimiento Penal. El magistrado G.A. manifestó que, mediante decisión fechada el 20 de mayo de 1998, la Sala de Casación Penal declaró infundada la recusación y ordenó que se continuara con la instrucción del proceso.

El magistrado accionado aseveró que, tras fijar como nueva fecha para recibir la indagatoria de L.O. el 29 de mayo de 1998, éste solicitó la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. Indicó que, en esa misma fecha, su despacho se pronunció "en el sentido de que 'se resolverá una vez recepcionada su indagatoria y en la medida en que persista en ella [la solicitud de nulidad]', pues aún no era sujeto procesal como ya se le había expuesto en otras decisiones". De otro lado, el magistrado G.A. puso de presente que, tras reiterar su solicitud de suspender la indagatoria con base en razones médicas e insistir en que la nulidad impetrada fuera resuelta, el señor L.O. se negó a rendir indagatoria en la fecha fijada para ese efecto. Informó que, una vez la Sala de Casación Penal, por auto de junio 2 de 1998, se abstuvo de resolver la nulidad planteada conforme al argumento de que el imputado L. aún no ostentaba la calidad de sujeto procesal, éste fue nuevamente citado a rendir indagatoria para el día 3 de junio siguiente.

El magistrado G.A. indicó que, en la fecha antes anotada, el señor L.O. se presentó a rendir indagatoria, no sin antes reiterar su solicitud de expedición de copias y manifestar que la Corte Suprema de Justicia había perdido la competencia para investigarlo, toda vez que había renunciado a su investidura de miembro del Congreso de la República. Señaló que, aunque L.O. no presentó documento alguno que probara su renuncia a su cargo de congresista, la indagatoria fue suspendida de inmediato, en tanto que la solicitud de copias fue despachada de manera desfavorable, habida cuenta de que el solicitante no era aún sujeto procesal. Aseveró que, tras solicitar la información pertinente a la Secretaría General de la Cámara de Representantes y que ésta informara que Mesa Directiva de la misma no se había aún pronunciado sobre la renuncia de L.O. a su curul, se decidió continuar con la indagatoria el 8 de junio siguiente. Sin embargo, en esa fecha, el imputado se excusó de asistir a la diligencia, argumentando quebrantos de salud.

Por último, el magistrado demandado añadió que el 9 de junio de 1998, la Secretaría General de la Cámara de Representantes informó que la renuncia de L.O. a su curul había sido aceptada, "por lo que el 10, por auto interlocutorio de la Sala, se decidió el envío del expediente a la Fiscalía General de la Nación por cuanto la Corte había perdido la competencia que en razón del fuero personal del congresal se había otorgado por mandato del artículo 225 de la Constitución Política y por tratarse de un delito común el haberse enriquecido con dineros presuntamente entregados por el señor M.R.O.. Esta decisión está en trámite de ejecutoria en la Secretaría de esta Sala".

Por sentencia de junio 30 de 1998, la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó, por improcedente, la acción de tutela interpuesta por el señor J.T.L.O..

Tras considerar que "no es dable en la actualidad interponer acción de tutela respecto de providencias judiciales", el tribunal de tutela estimó que "no encuentra la Sala que se haya configurado la vía de hecho por violación del debido proceso, pues la motivación esgrimida en las providencias judiciales a las que se refiere el escrito de tutela, consistente en que al aquí accionante no se le ha reconocido como defensor al doctor J.Q.M. para todo el proceso que contra él se sigue en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, por ende, la expedición de copias del expediente (...), por cuanto no ostenta la calidad de procesado y consecuencialmente no se le ha hecho notificación personal de los autos por medio de los cuales se abrió investigación preliminar, permite que la Sala advierta que en efecto no existe violación del debido proceso, pues lo que se colige es que cuando se solicitó la expedición de copias se había abierto investigación pero no se había recibido indagatoria".

Agregó que "se pretende mediante la acción de tutela se ordene reconocer causal de nulidad en lo actuado hasta ahora en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con base en que se ha desconocido el debido proceso, pero como se advirtió, los planteamientos expuestos en el escrito de tutela ante esa Alta Corporación y recibida la respuesta que corresponde a la normatividad que rige el proceso penal; por lo que no se desprende que las decisiones hayan sido consecuencia del mero capricho del juzgador".

Mediante apoderada, el actor impugnó la decisión de primera instancia. En opinión de la representante judicial, la sentencia del a-quo desconoce lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 190 de 1995, según el cual "en caso de existir imputado o imputados conocidos, de la iniciación de la investigación, se notificará a éste o éstos, para que ejerzan su derecho de defensa". Señaló que "es obvio que el doctor L.O. ha sido siempre un imputado conocido en el proceso (...) que le adelanta el magistrado G.A., por tanto, al habérsele notificado la iniciación de la investigación, desde ese mismo momento, podía ejercer su derecho a la defensa".

En particular, estimó que su poderdante tenía el derecho a la asistencia de un abogado escogido por él, a un debido proceso público y controvertir las pruebas allegadas en su contra. Así mismo, la apoderada del demandante manifestó que la vía de hecho en que incurrió el funcionario judicial demandado consistió en (1) haber negado a su representado el derecho a designar defensor luego de la apertura de la investigación; (2) haber negado la expedición de copias del expediente; y, (3) haber negado el derecho a controvertir las pruebas allegadas con posterioridad al auto de apertura de la investigación.