Sentencia de Constitucionalidad nº 068/99 de Corte Constitucional, 10 de Febrero de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 43562400

Sentencia de Constitucionalidad nº 068/99 de Corte Constitucional, 10 de Febrero de 1999

Ponente:Alfredo Beltran Sierra
Fecha de Resolución:10 de Febrero de 1999
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Inexequible
RESUMEN

C.c. Art. 1852 parcial. Compraventa de bienes entre conyuges no divorciados. Inexequible.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia C-068/99

VENTA DE BIENES ENTRE CONYUGES NO DIVORCIADOS

Se parte del supuesto de que los contratantes podrían ocultar mediante la compraventa una donación irrevocable, o simular con su cónyuge tras la apariencia de un contrato de supuesta enajenación de bienes de su propiedad, en perjuicio de terceros, lo que es tanto como dar por preestablecida la falta de rectitud, lealtad y probidad de quien así contrata, es decir su mala fe, lo que resulta contrario a la norma constitucional consagrada en el artículo 83 de la Carta Política que, precisamente, dispone lo contrario cuando en ella se instituye como deber el proceder conforme a los postulados de la buena fe, sin que existan razones valederas para que pueda subsistir en la ley la presunción de que los contratantes, por ser casados entre sí actúan de mala fe, como igualmente tampoco resulta admisible la suposición implícita de que, en tal caso, los cónyuges dejan de lado el cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el artículo 95, numeral 1 que impone como deberes de la persona y del ciudadano, entre otros, el de "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios". Habrá de declararse la inexequibilidad parcial del artículo 1852 del Código Civil, así como, también de manera parcial la del artículo 3º de la Ley 28 de 1932 y la del artículo 906, numeral 1º del Código de Comercio, sin que ello signifique que en casos de simulación o de fraude a terceros, estos o el otro contratante queden desprovistos de defensa de sus intereses legítimos, como quiera que podrán ejercer o la acción de simulación, o la acción pauliana, o, en general, cualquiera de los derechos auxiliares que la ley autoriza para los acreedores, sin que en nada se afecten porque desaparezca la sanción de nulidad que en tales normas hoy se establece.

POTESTAD MARITAL-Inexistencia

Si conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional se consagra "la igualdad de derechos y deberes de la pareja", resulta obvio que no podría tener existencia en nuestro régimen jurídico de hoy la potestad marital, la cual, como se sabe, aún antes de promulgada la Constitución de 1991, fue abolida en nuestro ordenamiento positivo en cuanto hace a los bienes de la mujer, por la Ley 28 de 1932 que le dio plena capacidad civil para disponer y administrar los de su propiedad, sin limitación de ninguna especie; y, en cuanto hace a la persona de la mujer casada, el Decreto 2820 de 1974, estableció que en las relaciones familiares ella se encuentra en pie de igualdad con el hombre.

Referencia: Expedientes D-2132 y D-2143 (acumulados)

N. demandada: Inexequibilidad parcial artículo 1852 del Código Civil.

Actores: F.L.G. y J.E.P.P.

Magistrado Ponente:

Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., en acta número nueve (9) del diez (10) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).

ANTECEDENTES

Los ciudadanos F.L.G. y J.E.P.P., en ejercicio del derecho que les confiere el artículo 40, numeral 6º de la Constitución Nacional, en armonía con lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º de la misma, en demandas separadas, presentadas por el primero el 13 de julio de 1998, y por el segundo el 27 de julio del mismo año, impetran de la Corte Constitucional que se declare la nulidad parcial del artículo 1852 del Código Civil, norma que se transcribe a continuación, subrayando para el efecto la parte demandada:

(...)

Artículo 1852 Es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados y entre el padre y el hijo de familia".

La Corte Constitucional, mediante providencia de 28 de julio de 1998 ordenó la acumulación de las demandas aludidas para ser tramitadas y decididas conjuntamente y, en tal virtud, ellas fueron admitidas mediante auto de 10 de agosto de 1998, en el cual se ordenó la fijación en lista por el término de diez (10) días para asegurar la intervención ciudadana conforme a lo dispuesto por los artículos 242 numeral 1º de la Constitución Nacional, y 7º, inciso segundo, del Decreto 2067 de 1991. Además, se dispuso el envío de copias de lo actuado al señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente y se ordenó la comunicación sobre la iniciación de este proceso al señor P. del Congreso de la República, al señor P. de la República y a la señora Ministra de Justicia y del Derecho.

Agotados los trámites establecidos por el Decreto 2067 de 1991, se decide por la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la norma demandada.

LAS DEMANDAS.

Demanda presentada por el señor F.L.G..

El ciudadano F.L.G. expresa que, a su juicio, la norma acusada resulta violatoria de los artículos 4, 13 y 83 de la Constitución Política de 1991.

Funda tal aseveración en que la igualdad jurídica que la Constitución establece en su artículo 13, se hace nugatoria cuando el contrato de compra venta se celebre entre cónyuges, quienes, por esa razón resultan injustamente discriminados en cuanto hace a su capacidad negocial.

En igual forma, se quebranta también el artículo 83 de la Constitución Política, ya que al sancionar con nulidad el contrato de compra venta celebrado entre cónyuges no divorciados por considerar que ellos pueden implícitamente ponerse de acuerdo para burlar los derechos de terceros, equivale a presumir la mala fe de los contratantes.

Demanda presentada por el señor J.E.P.P..

En ella se acusa la norma demandada como violatoria de los artículos 13, 14, 42 inciso 4º, 43, 83, 333 incisos 1º y 2º de la Constitución Política.

A juicio del ciudadano J.E.P.P., la sanción de nulidad a la celebración de contrato de compra venta entre cónyuges no divorciados, limita la libertad económica, menoscaba la libre circulación de bienes y servicios y para la época actual no se justifica, como si pudo ocurrir en el siglo pasado.

Esa norma, fue instituida para proteger a la mujer, por cuanto en virtud del matrimonio no podía ella obligarse por sí misma, ni adquirir derechos sino con autorización o por ministerio de su marido.

Además, la norma cuya inexequibilidad se demanda, también resulta contraria a la Constitución Nacional porque supone que un contrato de compra venta celebrado entre cónyuges "conduce a defraudar a los acreedores", es decir, desconoce la presunción de buena fe establecida en el artículo 83 de la Carta Política, simplemente porque los contratantes se encuentren atados por el vínculo matrimonial.

CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El señor P. General de la Nación, manifiesta que para analizar la constitucionalidad de la norma acusada, no resulta válida la argumentación que la funda en la supuesta o real obsolescencia de la prohibición contenida en el artículo 1852 del Código Civil, como lo sostienen los demandantes.

A continuación, expresa que en el Código Civil no resulta siempre fácil la distinción entre normas de orden público y aquellas que regulan intereses estrictamente privados, pues, de ordinario, "no existen contradicciones entre las unas y las otras, sino que son complementarias, en razón a que se deben proteger tanto los intereses de los particulares como los de la sociedad en general".

Conforme a lo expuesto, en materia contractual el legislador erigió como uno de sus principios el de la autonomía de la voluntad, la cual sin embargo puede limitarse por el Estado, por razones de interés general, "mediante disposiciones de obligatorio e ineludible cumplimiento" por los particulares.

En ese orden de ideas, la sanción de nulidad al contrato de compra venta entre cónyuges no divorciados, "es una norma de orden público, porque busca fundamentalmente proteger los derechos de terceros por motivos éticos y de interés público que podrían verse lesionados por venta simuladas" celebradas entre ellos. Se trata, entonces, de una "incapacidad especial" impuesta por el legislador, razón esta por la cual la celebración del contrato de compra venta entre quienes tengan entre sí la calidad de cónyuges, se afecta de nulidad absoluta por "objeto ilícito", de acuerdo con lo establecido por el artículo 1741 del Código Civil.

Siendo ello así, no se vulnera entonces el artículo 83 de la Constitución Nacional, como quiera que "la buena fe no es un derecho de carácter absoluto que pueda presumirse de cualquier actuación de los particulares de manera indiscriminada, toda vez que el comportamiento de aquellos debe sujetarse a lo previsto en la Constitución y la ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 6º y 16 del Estatuto Superior".

Del mismo modo, tampoco se quebranta el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, porque de lo que se trata es de establecer una restricción a la actividad contractual de quienes sean cónyuges entre sí, "a fin de respetar el interés de la comunidad y el orden público", lo que encuentra justificación "frente a la Constitución por ser una norma de orden público la contenida en el artículo 1852 del Código Civil, mediante el cual se "protege el interés general".

Por tales razones, concluye el concepto del señor P. General de la Nación con la solicitud a la Corte de que se declare la exequibilidad del artículo 1852 del Código Civil, en el aparte objeto de acusación.

INTERVENCIONES

La ciudadana M.F.J., como apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita a la Corte Constitucional que se declare la exequibilidad del artículo 1852 del Código Civil, por cuanto, en su opinión no se quebrantan las disposiciones constitucionales que se dicen infringidas.

Funda su concepto la interviniente en que el legislador puede establecer, en salvaguarda del interés general, algunas "incapacidades especiales en la celebración de ciertos contratos", como ocurre en el de compra venta, "por razones de bien común, de defensa del interés general y de la seguridad jurídica" sobre todo para evitar que se lleguen a cometer al celebrar ese contrato "abusos" por cualquiera de los cónyuges con respecto al otro, o "frente a terceros en el cumplimiento de obligaciones".

Aclara luego que un análisis histórico del artículo 1852 del Código Civil, permite establecer que cuando él se refiere a "cónyuges no divorciados", luego de la reforma al régimen matrimonial introducida por la ley primera de 1976, ha de entenderse que la expresión aludida, hoy se refiere a la "separación de cuerpos", conforme a la doctrina.

Observa, además, que no se quebranta el derecho a la igualdad al sancionar con nulidad el contrato de compra venta celebrado entre cónyuges no divorciados, porque lo que se quiere es garantizar la "seriedad" de los negocios frente a terceros y evitar que dados "los efectos patrimoniales" que genera la sociedad conyugal, puedan defraudarse intereses de terceros, o, en ciertas circunstancias, los de los propios cónyuges.

El legislador no puede, a su juicio, "dejar al arbitrio absoluto de las personas" la regulación de todos los aspectos de carácter contractual, por lo que no resulta inconstitucional establecer algunas limitaciones en razón del "matrimonio, por su posición dentro de la sociedad y las consecuencias que podría traer el hecho de no existir la prohibición" de contratar entre cónyuges, la cual, además, contribuye a "la preservación de la integridad familiar".

Por otra parte, no resulta contrario al artículo 83 de la Constitución que el legislador establezca una incapacidad especial para la celebración del contrato de compra venta entre cónyuges, sino que, "al contrario, el fundamento de la norma debe entenderse" dirigido a "la protección de los derechos", de los cónyuges y de terceros, protección que tiene fundamento en lo preceptuado por los artículos 42 y 43 de la Carta Política, en beneficio de la institución familiar.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Primera.- Competencia.

Dado que la norma parcialmente demandada (artículo 1852 del Código Civil) es de carácter legal, conforme a lo dispuesto por el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Nacional, esta Corte es competente para conocer de las demandas en las que se solicita declarar su inexequibilidad.

Segunda.- Lo que se debate.

Como puede apreciarse, a la Corte corresponde decidir en este caso si la nulidad que establece el artículo 1852 del Código Civil para el contrato de compraventa celebrado entre cónyuges no divorciados es inexequible por quebrantar los artículos 13, 83 y de la Constitución Nacional, o si por el contrario, esa norma se ajusta a la Carta Política.

Tercera.- Cuestión preliminar.

Previamente a la decisión que en relación con la demanda de inexequibilidad del artículo 1852 del Código Civil, en cuanto dispone que "es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados", es necesario establecer si esa norma se encuentra vigente conforme a su texto original, o si fue modificada por el artículo 3º de la Ley 28 de 1932, así como se hace necesario tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 906, numeral 1º del Código de Comercio, al igual que la razón jurídica de lo preceptuado en esas normas legales y los distintos criterios expuestos para su interpretación.

Los artículos 1852 del Código Civil y 3º de la Ley 28 de 1932 y criterios para su interpretación.

Como se sabe, el texto original del artículo 1852 del Código Civil, establece que "es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados", norma ésta en relación con la cual surgieron conflictos interpretativos como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932, cuyo artículo 3º dispuso que "son nulos absolutamente entre cónyuges las donaciones irrevocables y los contratos relativos a inmuebles, salvo el mandato general o especial".

Dos criterios distintos surgieron para interpretar las normas aludidas, que condujeron a conclusiones diversas, a saber: La primera, que sostiene la nulidad de todos los contratos de compraventa celebrados entre cónyuges no divorciados, sin distinguir si el objeto del contrato versa sobre bienes muebles o inmuebles; y la segunda, que limita la nulidad de ese contrato sólo a su celebración respecto de bienes muebles y que la extiende a todos los contratos que recaigan sobre inmuebles, es decir, además de la compraventa sobre bienes de esta especie, a la permuta, al arrendamiento, la hipoteca, la anticresis, y en general, a cualquiera otro contrato sobre bienes raíces.

3.1.3. Quienes sostienen que los contratos de compraventa que se celebren entre cónyuges no divorciados, sobre bienes muebles son válidos, se fundan, esencialmente, en que el artículo 3º de la Ley 28 de 1932 modificó el artículo 1852 del Código Civil, limitando la sanción de nulidad a la celebración de contratos "relativos a inmuebles", por lo que, en consecuencia, quedó excluída la nulidad cuando se trata de contrato de compraventa que verse sobre bienes muebles. (J.J.G., Régimen de Bienes en el Matrimonio, Editorial Temis 1963, páginas 216 y 217; L.F.L. el Estatuto de la Mujer Casada, Ediciones Antena, Editorial Kelly, Bogotá 1941, página 52).

Por el contrario, quienes opinan que el contrato de compraventa entre cónyuges no divorciados sobre bienes muebles es nulo, sostienen que el artículo 1852 del Código Civil es norma especial para la compraventa y que el artículo 3º de la Ley 28 de 1932 es de carácter general, razón por la cual ha de aplicarse aquella norma y no ésta última. (A.P.V., Compraventa y Permuta en Derecho Colombiano, Editorial Temis 1953, páginas 194 a 198; L.E.G., citado por el anterior, "Revista Jurídica Nos. 247 y 248, páginas 1.002 y ss.).

Fundamento y evolución histórica del artículo 1852 del Código Civil.

  1. Analizada la evolución histórica y la razón jurídica en que se inspira el artículo 1852 del Código Civil para establecer la sanción de nulidad a los contratos de compraventa celebrados entre cónyuges no divorciados, se encuentra que esa norma se funda, básicamente, en tres razones, a saber: la primera, en la necesidad de protección a la mujer, cuyo marido ejercía sobre ella la potestad marital, de tal suerte que era una incapaz relativa; la segunda, en que la prohibición de celebrar contrato de compraventa entre cónyuges era un medio de evitar las donaciones irrevocables entre ellos; y la tercera, la de impedir que por la naturaleza misma de la relación matrimonial, los cónyuges acudieran a la simulación del contrato de compraventa en fraude de terceros acreedores. En efecto:

El artículo 1595 del Código de N., incluye como una de las prohibiciones allí contempladas la de celebrar el contrato de compraventa entre cónyuges no divorciados, como un medio para evitar el quebranto de la norma prohibitiva de las donaciones irrevocables entre cónyuges, y, al propio tiempo, en interés de terceros para evitar su defraudación, tal como puede verse en los antecedentes que de aquella exponen P. y R., quienes aseveran que el artículo mencionado "antiguamente se explicaba por la prohibición de las donaciones entre cónyuges" (Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil Francés, Editorial Cultural Habana, 1946, Tomo X, Número 59; J., L., Curso de Derecho Civil Positivo Francés, Tomo II, V.I., Contratos, Traducción Santiago Cunchillos y M., Ediciones Jurídicas Europa-América, B. y Cía-Editores, Buenos Aires, 1951, página 19; A.C. y H.C., Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo Cuarto- Contratos Usuales, Madrid, Editorial Reus, 1925, páginas 34 y 35; H., L. y J.M., Lecciones de Derecho Civil, T.L.A.Z. y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1986, V.I.I, Los Principales Contratos; Lección XLIV, página 104).